El Gobierno reduce las ratios de trabajadores en el último borrador del nuevo modelo de residencias

El Ministerio de Derechos Sociales está en plena negociación con las empresas que gestionan residencias para personas mayores y con discapacidad y con las asociaciones interesadas para cambiar el modelo, toda vez que la pandemia ha evidenciado las carencias del sistema. En el último borrador el Ejecutivo reduce con respecto a la anterior propuesta las ratios, es decir, el número de cuidadores necesarios por cada usuario.

Las modificaciones han despertado la indignación de las asociaciones de familiares, que se sienten "estafados" y aseguran que, de no producirse un vuelco radical, el resultado final no contará con su aprobación. Fuentes del Gobierno se han negado expresamente a valorar los cambios, asegurando que son documentos de trabajo lejos aún de ser definitivos.

El recorte se ha efectuado mediante la vía indirecta. Por un lado, el borrador pasa a exigir una ratio de 0,41 trabajadores de segundo nivel (que "puede" incluir sanitarios, psicólogos o fisioterapeutas) por cada usuario en las residencias de personas mayores antes del 1 de enero de 2023. En el anterior documento exigía 0,36, por lo que es una mejora. También aumentan los números en cuanto a las personas con discapacidad. Sin embargo, se han cambiado los elementos para hacer la división, lo que modifica el resultado.

"Se acreditará considerando en el numerador el número de jornadas completas según establezca el convenio o normativa laboral que sea de aplicación y en el denominador el número de plazas ocupadas en el centro residencial hasta el límite del 80% de plazas acreditadas", establece el nuevo borrador. Es decir, que para hacer la división se cuentan menos usuarios que antes, lo que, en la práctica, disminuye las ratios un 20%, según denuncian las asociaciones de familiares. "Están haciendo un cambio estético. Se nota mucho la mano de las empresas. Han metido la tijera, han quitado y han puesto a su antojo", denuncia María José Carcelén, portavoz de la Plataforma Estatal de Organizaciones de Familiares y Usuarias de Residencias.

El enfado es palpable: para las asociaciones, las ratios de trabajadores suponen el elemento más importante, vital para garantizar un buen servicio que cuide a mayores y discapacitados y supere el modelo actual, "hotelero y mercantilista", en el que solo se atienda a los usuarios para levantarlos, acostarlos y darles de comer. Carcelén explica a infoLibre otro método que se ha incluido en el borrador para descafeinar este apartado: ya no se exige en el registro que las empresas notifiquen con cuántos dependientes cuentan en los centros.

Así, explica la portavoz, "las empresas pueden pedir que se les bajen las ratios de personal con la justificación de que sus plazas están ocupadas con personas que no están en situación de dependencia o dependencia moderada". No es casual, defiende Carcelén, que se haya hecho esta modificación en el conteo.

El primer documento, consideran las asociaciones, ya era muy pobre en este aspecto, con ratios que "cronifican" las carencias y que permiten, según sus cálculos, la atención a mayores y discapacidados durante apenas dos horas al día, frente a las cinco vigentes en países como Alemania. Con respecto al personal especializado, se mantiene el verbo "puede" con respecto a la contratación de fisioterapeutas, psicólogos o sanitarios. "Son absolutamente imprescindibles. Todos vemos cómo los mayores han salido de los confinamientos. Personas que antes podían caminar y ahora no pueden. ¡Es que eso no es un hotel!", estalla Carcelén.

La portavoz también denuncia que el nuevo borrador elimina los criterios para evaluar el cumplimiento de las empresas que aparecían en el primer documento y pasa de 50 a 90 el máximo de residentes con el que deberá contar cada centro, uno de los aspectos más aplaudidos de la primera versión del documento. No hay mejoras en cuanto al número de inspectores, que se mantienen en uno por cada 30 residencias. "Nosotros proponemos uno por cada 15. Con estos números, Madrid vería disminuido el número de inspectores. Es fundamental para garantizar la dignidad", denuncia Paulino Campos, también portavoz de la plataforma.

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Tampoco hay mejoras en cuanto a la participación de las familias en el día a día de los centros, una de las demandas más importantes para las organizaciones. Los borradores garantizan órganos de participación de los usuarios, pero no para los familiares, a los que solo se les promete canales de información sobre el estado de sus seres queridos y sobre las principales decisiones que se toman en las residencias. "Nos quieren fuera. Quieren garantizar que las familias se quedan fuera", denuncia Carcelén. "Somos parte del régimen del servicio. No es posible que no tengan ninguna intervención en todo lo que afecta a sus familiares", que en su mayoría son grandes dependientes que no tienen capacidad para entender los cambios o para tomar decisiones con autonomía.

Por otro lado, el nuevo borrador exige que el 65% de las habitaciones de las nuevas residencias sean individuales, y el 35% de las que ya han sido acreditadas, manteniendo la exigencia de que los usuarios cuenten con zonas comunes compartidas con otras personas con un funcionamiento "tipo hogar" y permitiendo que elijan, con el asesoramiento de familias y personal, la decoración y la distribución de los espacios. La plataforma lo juzga como positivo, pero a la vista del resto de elementos, la sensación es de "decepción generalizada", como asegura Campos.

"Siguen abiertas las puertas a las vulneraciones de derechos humanos y a la vulneración de los derechos laborales de los trabajadores", resume el presidente de la plataforma. Carcelén afirma: "Nos sentimos estafados. No vamos a dejar que se considere que se ha pactado con las familias. Los aspectos fundamentales no están, en absoluto, resueltos". La negociación continúa en busca de un consenso entre sociedad civil y capital privado que, por el momento, no parece posible.