El Gobierno estudiará tipificar la violencia económica como una forma de violencia machista

El impago voluntario de la pensión, el control de la actividad laboral o la fiscalisación económica podrán ser consideradas, con todas las de la ley, formas de violencia machista. El Gobierno se ha comprometido a estudiar la tipificación de la violencia económica como una forma de violencia contra las mujeres. El compromiso ha quedado sellado este martes, después de que la jueza Lucía Avilés planteara a finales del año pasado una propuesta en ese sentido. "Es una deuda histórica con las mujeres", defiende la magistrada.

Según ha anunciado la propia magistrada en redes sociales, tres ministerios han dado respuesta a su sugerencia: Igualdad, Interior y Justicia. El primero señala que ya ha elevado la consulta jurídica "a los órganos técnicos sobre el procedimiento a seguir" respecto a la iniciativa legislativa, mientras que la cartera de Fernando Grande-Marlaska agradece a la autora de la propuesta "su sincero interés en que la violencia económica sea tipificada en el Código Penal".

El departamento de Pilar Llop, por su parte, subraya que erradicar la violencia de género "en todas sus manifestaciones" y garantizar la "protección, atención y recuperación de las mujeres que la sufren" debe ser el objetivo prioritario del Ejecutivo. "Desde esa convicción, valoraremos con todo interés la propuesta que nos ha remitido para tipificar de manera adecuada esta forma de violencia de género".

Justicia va un paso más allá en su escrito y reconoce que la Ley contra la Violencia de Género de 2004 "merece ser actualizada y adaptada" a las nuevas formas de violencia que se ejercen contra las mujeres, también en cumplimiento del Convenio de Estambul y el Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Ambos tratados, centrales en la lucha contra la violencia machista, marcan la económica como una de las principales formas de violencia que los maltratadores ejercen contra las mujeres.

Finalmente, Presidencia se dirige a la magistrada para reiterar el "más firme compromiso" del Gobierno de Pedro Sánchez en la lucha por la erradicación de la violencia de género.

En su petición, la jueza planteaba el impago de pensiones como forma específica de violencia económica contra las mujeres. La solicitud llevaba forma de sentencia: la magistrada del Juzgado de lo Penal número 2 de Mataró (Barcelona) dictó en octubre del pasado año una resolución judicial en la que pedía de manera explícita la tipificación de la violencia económica en el Código Penal. Tan solo unos meses antes, era el propio Tribunal Supremo el que tildaba el impago de pensiones como una forma de violencia económica.

"Es una deuda histórica con las mujeres", afirma Lucía Avilés en conversación con infoLibre. A su juicio, la ley debe "adaptarse a la realidad social" y lo cierto es que existe un "condicionamiento económico" que afecta a las mujeres víctimas de violencia machista no solo en cuanto a su "actuación procesal, sino que también determina su proyección vital y la de sus hijos e hijas". La económica es, en opinión de la jurista, una de las tres grandes violencias invisibilizadas, junto a la sexual y la psicológica. "Las tres siempre aparecen entrelazadas en los relatos de las víctimas", abunda la jueza.

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Con este paso, el Gobierno rompe con una "legitimación institucional" de la violencia económica, que ha contado tradicionalmente con la "complicidad del Estado" al no tomar cartas en el asunto y permitir a los agresores valerse de ella. Actualmente, el Código Penal sí recoge el delito de impago de pensiones, pero lo desliga de la violencia contra las mujeres. Además de esta tipología, Avilés señala otras de calado como el control económico y financiero o el "sabotaje laboral".

La ley catalana contra la violencia machista, modificada en diciembre de 2020, incluye la violencia económica entendida como la "privación intencionada y no justificada de recursos para el bienestar físico o psicológico de una mujer y, si procede, de sus hijos o hijas, en el impago reiterado e injustificado de pensiones alimenticias estipuladas en caso de separación o divorcio, en el hecho de obstaculizar la disposición de los recursos propios o compartidos en el ámbito familiar o de pareja y en la apropiación ilegítima de bienes de la mujer".

La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha reiterado en diversas ocasiones su compromiso por combatir la violencia de esta naturaleza. El pasado 25 de noviembre, los grupos parlamentarios avalaron la renovación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género rubricado en 2017, introduciendo como una de las principales novedades "adecuar la normativa estatal al Convenio de Estambul", con el objetivo de ofrecer una "respuesta integral y contextualizada a todas las formas de violencia contra las mujeres incluidas" en el tratado, con previsión "expresa de la violencia económica, la violencia vicaria y la violencia en el ámbito digital".