Transportes negocia con ERC modificar el concepto de gran tenedor para desatascar la ley de vivienda

El trámite para aprobar los Presupuestos Generales del Estado sigue su curso en el Congreso. Después de que el pleno rechazara hace unas semanas las enmiendas a la totalidad presentadas por la derecha, el Ejecutivo negocia con sus socios habituales las enmiendas parciales. Sin embargo, la negociación no ha comenzado de la mejor manera: el PSOE se ha unido al PP para vetar tres de las cuatro enmiendas presentadas por Unidas Podemos, ERC y EH Bildu en materia de vivienda.

Los socialistas justifican este rechazo amparándose en un informe de los letrados en el que desaconsejan incluir en el orden del día dichas enmiendas al considerar que "son ajenas a la materia presupuestaria". Sin embargo, a juicio de la ministra Ione Belarra, resulta “penoso" y "lamentable" que su socio se una a los conservadores en lugar de "avanzar" apoyado en la mayoría progresista. Una mayoría progresista que presiona para desatascar la ley de vivienda en paralelo a la negociación presupuestaria. 

Tal y como explican fuentes de la dirección de Esquerra Republicana a infoLibre, una de sus principales reclamaciones es “redefinir” qué es un gran tenedor —o gran propietario—. En el proyecto de ley aprobado por la coalición, se considera gran tenedor a la persona física o jurídica que sea titular de más de diez inmuebles urbanos, excluyendo garajes y trasteros, o una superficie construida de más de 1.500 m2. 

Desde el ministerio de Transportes, Movilidad y Materia Urbana confirman a este periódico que el concepto de gran tenedor es una de las cuestiones que se está negociando con ERC. “Nosotros siempre hemos dicho que en esto hay voluntad de llegar a un acuerdo. Es decir, que se pueden analizar propuestas intermedias y buscar puntos de consenso”, explican fuentes del departamento dirigido por Raquel Sánchez. 

Desde Transportes evitan dar más detalle, ya que la negociación sigue su curso. “Se sigue trabajando y hablando de las cuestiones pendientes como esta y confiamos en llegar a acuerdos pronto”, señalan. Sin embargo, la formación dirigida por Gabriel Rufián en Madrid es más pesimista y destaca los “escasos avances” que se han producido hasta la fecha.

“Estamos intentando avanzar vía presupuestos, pero la legislación en ámbito de vivienda debe avanzar mediante ley de vivienda. Para que se desatasque es necesario que alcancen, al menos, los niveles de protección de la ley catalana parcialmente suspendida por los tribunales estatales y que la ley en cuestión no produzca invasión competencial”, sostienen fuentes de ERC. 

ERC quiere que empresas y particulares bajen por ley los precios

Los republicanos consideran que 10 es un número muy alto de propiedades y apuestan por rebajarlo —a 8 o menos inmuebles— y, sobre todo, quieren que todos los grandes propietarios, tanto empresas como particulares, estén obligados a rebajar el precio de sus alquileres —y no solo a congelarlo— cuando los pisos se encuentren en zonas declaradas como de mercado tensionado. Una propuesta que también apoyan formaciones como Unidas Podemos, Bildu y BNG.

Actualmente la ley solo obligaría a los grandes tenedores, es decir, aquellos fondos o empresas que tengan 10 o más viviendas, a bajar por ley los precios. Esta medida no afecta a las personas físicas, que solo estarían obligadas a congelar los precios, pudiendo elevarlos incluso un 10% en determinadas circunstancias.

Según los datos de la Dirección General del Catastro de 2020, dependiente del Ministerio de Hacienda, a los que ha tenido acceso este medio, con 10 o más inmuebles urbanos hay 276.667 propietarios. Un dato que excluye a Navarra, comunidad que cuenta con su propia gerencia catastral. El País Vasco también tiene su propia Hacienda foral, pero sí ha aportado datos.

La suma de todos se sitúa en una horquilla que va de 276.000 a 300.000 personas, según las fuentes consultadas. Es difícil conocer el número exacto pero esa es la estimación que maneja el Gobierno sumando los datos de los gobiernos forales. En total, menos del 1% de la población mayor de edad, algo más de 41 millones de españoles.

Rebajar la moratoria de 18 meses

La ley establece una moratoria de 18 meses antes de que rija el índice de referencia de los precios en las áreas tensionadas. Es decir, el Gobierno se da a sí mismo, y ofrece a los grandes fondos, un periodo de adaptación de año y medio para configurar un sistema de precios más preciso. Un plazo que tanto Unidas Podemos como ERC y Bildu quieren reducir.

Pese a que la ministra Raquel Sánchez aseguro que el texto estaría listo a final de año —una previsión "demasiado optimista" según el resto de fuentes consultadas— eso ya implicaría que el control de precios no entrase en vigor hasta la próxima legislatura. La titular de Transportes justificó ese plazo alegando que "hay que atender a una realidad, que es el establecimiento de un sistema complejo".

A todas estas dificultades se le suma que el Gobierno ha dejado la opción de implementar la ley en manos de las comunidades autónomas y las gobernadas por el Partido Popular ya anunciaron que no lo aplicarán. Asimismo, la definición de área tensionada también tendrán que hacerla las comunidades autónomas.

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Sobre el papel, el objetivo del ala socialista del Ejecutivo es estimular fiscalmente el alquiler de la vivienda habitacional de manera asequible con deducciones que van del 50% al 90% en el IRPF. En las áreas tensionadas en las que los caseros bajen un 5% la renta respecto al contrato anterior, la bonificación ascenderá al 90%. La deducción será del 70% si se alquila por primera vez a jóvenes de 18 a 35 años en esas zonas tensionadas. Si en el inmueble se han realizado obras de rehabilitación o mejora, la bonificación será del 60%.

Además, con el texto actual, los propietarios que firmen un contrato de, al menos, 10 años podrán librarse de la congelación de los precios en las zonas tensionadas y podrán incrementar el alquiler hasta en un 10% a cambio de ampliar la duración del contrato.

La única enmienda que el PSOE ha aceptado a sus socios habituales es la relativa a incentivos fiscales en materia de arrendamiento de viviendas. En concreto, esta propuesta de Unidas Podemos, ERC y Bildu busca contribuir a la contención de los precios de la vivienda mediante reducciones fiscales a los propietarios que actúen "con responsabilidad social".