El PP no toma medidas contra Albiol después de que el juez le envíe a juicio por presunta prevaricación
Un juzgado de Badalona (Barcelona) ha enviado a juicio al exalcalde y líder del grupo municipal del PP en el Ayuntamiento, Xavier García Albiol, por presunta prevaricación en la instalación de antenas de telefonía en el cuartel de la Policía Local en 2012, cuando era alcalde, informa Europa Press. La Fiscalía pide para él una condena de dos años y 10 meses de prisión.
Lo ha anunciado el mismo Albiol este miércoles en un vídeocomunicado, en el que critica que la acusación se basa "en unas circunstancias que son imposibles que se hayan podido producir" porque se basan en unas reuniones sobre las antenas en agosto de 2012, cuando estaba de vacaciones y había delegado la alcaldía.
Por eso, ha afirmado que cuando comparezca en el juicio acreditará que en ese momento no ejercía la alcaldía "y quedará todo aclarado". "No es casualidad que aparezca esta información a dos meses de las elecciones municipales como tampoco no es causal que hace unas semanas el PSC me pusiera una denuncia porque decían que en un acto público, delante de 500 personas, había habido un acto de violencia con una mujer del PSC", ha reprochado Albiol, que ha afirmado que a pesar del procedimiento seguirá centrado en su trabajo en Badalona.
Tras esta apertura de juicio y según los estatutos del PP, a Albiol deberían abrirle un expediente disciplinario que podría derivar en suspensión de militancia. Desde Génova aún no se han pronunciado a este respeto. La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha manifestado que su formación respeta la presunción de inocencia eludiendo al mismo tiempo responder si la formación tomará medidas tras conocerse el procedimiento.
Preguntada expresamente por si el partido adoptará algún tipo de medias en este asunto, Gamarra se ha limitado a contestar que "es una cuestión en el ámbito de la actividad en el Ayuntamiento y entre otras cosas, para Albiol y a su familia, existe la presunción de inocencia como no puede ser de otra manera", ha declarado Gamarra en una entrevista en Radio Euskadi, recogida por Europa Press. Al hilo, ha incidido en que el PP también respeta esa presunción de inocencia en un procedimiento que, ha insistido, "está vinculado a la actividad propia de un Ayuntamiento".
El PSOE insta al PP a que tome medidas. Fuentes socialistas subrayan que García Albiol, además ser concejal de Badalona y aspirante a la alcaldía en las elecciones del 28 de mayo, fue designado por Alberto Núñez Feijóo responsable de temas municipales en el Comité de Campaña del PP. Reclaman por tanto que el PP "tiene que tomar las medidas oportunas" una vez que se ha decretado la apertura de juicio oral a quien señalan como uno de los colaboradores directos del presidente del PP.
Investigación
Por este caso, la Fiscalía ha pedido condenar a Albiol a dos años y 10 meses de prisión y multarle con 9.500 euros por presunta prevaricación. El Juzgado de Instrucción 4 de Badalona ha instruido esta causa sobre la instalación de unas antenas de telefonía móvil en verano de 2012, y al terminar la investigación el juez explicó en un auto que ante un problema de falta de cobertura en varias zonas de la ciudad, la telefónica Vodafone pidió al consistorio instalar una base de telefonía móvil, con una antena de 20 metros de altura.
Según constató juez al terminar la investigación, la solicitud se hizo "de manera informal, a través de un correo" del director de Tecnología de la Información del Ayuntamiento, que envió la petición al entonces delegado de la empresa municipal Engestur, también investigado en esta causa.
El magistrado recordó entonces que esa instalación necesitaba una licencia urbanística y afirmó que la base se instaló en una finca a la que, de acuerdo con la calificación que tenía en el Plan General Metropolitano de Barcelona, no se le podía dar este uso. Se trataba de una finca municipal, situada en las dependencias de la Policía Local de Badalona, por lo que "se exigía la tramitación del preceptivo expediente patrimonial", pero según el juez no se hizo ninguno de los trámites.
Segunda antena
"De forma absolutamente paralela y análoga", en septiembre de 2012 Telefónica instaló una estación de telefonía móvil, según el juez con la autorización verbal de responsables del consistorio y presuntamente también sin la licencia necesaria. Las dos bases se instalaron de manera provisional y funcionaron hasta 2018, cuando las propias empresas de telefonía las retiraron a petición del consistorio.
El juez instructor constató que el Ayuntamiento no recibió ningún pago por estas instalaciones y que las telefónicas no pagaron ningún cano por usar el espacio público, y señala que la instalación "era abiertamente contraria a la legalidad urbanística y medioambiental vigente en aquel momento".
Según un informe de la Oficina Antifrau que el juez mencionaba en el auto que cerró la investigación, el consistorio dejó de percibir 17.448 de euros por estas instalaciones, y remarcó que las dos infraestructuras se conectaron directamente al suministro eléctrico del cuartel de la Guardia Urbana aunque no ha esclarecido cómo y quién lo hizo.
Quejas de sindicatos de la urbana
La Fiscalía reclama 2 años y 10 meses de prisión a Albiol por presunta prevaricación cuando era alcalde
Ver más
Agentes y sindicatos de la Policía Local se quejaron de las instalaciones ante el investigado y entonces concejal de seguridad ciudadana y participación, que "era perfectamente conocedor de la ilegalidad de las instalaciones, ocultó dicha circunstancia a los responsables" del sindicato policial y les aseguró que eran legales.
Los sindicatos de la Urbana también presentaron quejas ante Albiol, por escrito y con una reunión presencial, pero no hizo "gestión alguna, aún informal, en relación a las solicitudes de información y retirada de las referidas antenas de telefonía", a pesar de tener competencias para conceder licencias y abrir expedientes de disciplina urbanística.
El juez cree que Albiol no ejerció estas competencias, y que tampoco lo hizo el entonces gerente del ámbito de territorio, "a pesar de que, o bien autorizó informalmente la instalación, o bien conoció la misma con posterioridad sin ejercer actuaciones formales o informales para poner fin a su existencia".
