Trato inhumano, explotación y negocio: lo que esconde la "felicidad" de la portada de Ana Obregón en '¡Hola!'
Sentada cómodamente en una silla de ruedas y con el retoño en brazos, Ana Obregón abandona la clínica de Miami donde acaba de nacer el bebé que la actriz y presentadora ha adquirido valiéndose de la gestación subrogada. "Ya nunca volveré a estar sola", decía este miércoles, después de que la revista ¡Hola! publicara en exclusiva "las emocionantes imágenes de la felicidad de Ana". Los análisis alrededor de todo el entramado sobre el que se cimenta esta práctica abrieron telediarios, ocuparon tertulias y corrieron como la pólvora en redes sociales. También entre los principales líderes políticos. Pero si alguien lleva años poniendo el foco en los vientres de alquiler, ha sido el movimiento feminista. Sea Ana Obregón la protagonista o cualquier persona anónima.
La práctica de los vientres de alquiler no es legal en España. Así lo establece la Ley sobre técnicas de reproducción humana asistida, una norma que vio la luz durante la primera legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero, en su décimo artículo: "Será nulo de pleno derecho el contrato por el que se convenga la gestación, con o sin precio, a cargo de una mujer que renuncia a la filiación materna a favor del contratante o de un tercero".
El Tribunal Supremo lleva años pronunciándose sobre esta práctica. Y en algunos casos, con cierta dureza. En una sentencia de marzo de 2022, la Sala de lo Civil señalaba que los "contratos de gestación por sustitución" vulneraban los derechos fundamentales tanto de la mujer gestante como del propio niño, que son tratados como "meros objetos" y no como "personas dotadas de la dignidad propia de su condición de seres humanos". "Se obliga [a la madre biológica] a someterse tratamientos médicos que ponen en riesgo su salud", completaba.
El alquiler de vientres sí que es legal, sin embargo, en diferentes países. Obregón, por ejemplo, lo ha hecho en Florida, Estados Unidos. Otros, recurren a México, Rusia, Georgia o Ucrania, el considerado útero de Europa. Todo ello vehiculado a través de unas agencias intermediarias que han empezado a florecer con el paso de los años y cuyos precios varían en función del lugar en el que se vaya a realizar o las prestaciones ofrecidas. Empresas sobre las que la Fiscalía de la Audiencia Nacional puso la lupa en 2019, sin que haya vuelto a saberse absolutamente nada de aquella investigación.
En su sentencia de hace un año, el Supremo no se olvidaba del perfil socioeconómico de las mujeres gestantes: "No es preciso un gran esfuerzo de imaginación para hacerse una cabal idea de la situación económica y social de vulnerabilidad en la que se encuentra una mujer que acepta someterse a ese trato inhumano y degradante".
"Los vientres de alquiler están defendiendo el deseo, que no el derecho, de ser padre de la gente millonaria. La gente pobre no puede pagarlos. No sólo está defendiendo la cosificación de la mujer, la mercantilización de los bebés y la deshumanización de la maternidad, sino que lo hace para que los ricos puedan seguir abusando de las mujeres pobres", decía la jurista y escritora Núria González, autora del libro Vientres de Alquiler (2019, Lo que no existe), en entrevista con infoLibre. Al otro lado del teléfono, recuerda que las feministas llevan "mucho tiempo intentando concienciar a la gente" sobre el trasfondo de la práctica.
González abunda en su crítica desde un punto de vista de clase, recordando que la única línea que separa la actuación impune de Ana Obregón y el reproche legal hacia los detenidos en Don Benito (Badajoz) es, simple y llanamente, el dinero. "La Fiscalía, cuando quiere, sí actúa". Se refiere a los cuatro detenidos tras un posible caso de vientre de alquiler en el municipio extremeño, después de que una mujer embarazada viajase desde Rumanía para dar a luz a un bebé que, presuntamente, habría sido gestado a cambio de 2.000 euros.
Violencia contra las mujeres
La Ley del Aborto también centra parte de sus esfuerzos en la batalla contra este tipo de prácticas. De hecho, desde la entrada en vigor de la reforma, se considera "ilícita" toda publicidad que promueva prácticas comerciales para la gestación por sustitución y la misma técnica es considerada "violencia contra las mujeres en el ámbito de la salud sexual y reproductiva". Durante la elaboración de la norma, sin embargo, el Ministerio de Igualdad trató de ir un paso más allá en la lucha contra los vientres de alquiler. En concreto, pretendía que se pudiese perseguir penalmente a las personas que recurriesen a la gestación subrogada fuera de nuestras fronteras. Pero Justicia se opuso a la propuesta.
Pero aunque la gestación subrogada sea ilegal, España sí permite el registro de los bebés nacidos en el extranjero a través de esta práctica, gracias a una instrucción emitida en 2010 por la Dirección General de los Registros y del Notariado. Para ello, es necesaria una resolución judicial del país en el que se ha llevado a cabo dicha técnica en la que se determine la filiación del recién nacido. En 2022, los consulados españoles inscribieron a un total de 162 bebés nacidos por gestación subrogada. No obstante, también es posible inscribir al bebé ya en España, siempre que exista vinculación genética con alguno de los miembros que acceden a la práctica –cuando hay donación de esperma o de óvulo–. Una tercera vía es directamente la adopción.
González cree que el paso andado por la reforma de la Ley del Aborto se queda corto. "No se ha hecho nada, es postureo". A su parecer, la única respuesta capaz de resolver la situación es anular la instrucción de 2010, pues "no hay otro resquicio legal por donde entren las criaturas a España".
La abogada Violeta Assiego dice hablar desde la más absoluta cautela, por lo que en su reflexión caben muchos matices. "Hay que reconocer que es una realidad con la que convivimos" y que existen "familias que se han formado" en torno a esta práctica, por lo que es deseable "calmar, sosegar y ampliar los debates". En conversación con este diario, la feminista y ex directora general de Infancia diferencia entre los vientres de alquiler, entendidos como una forma de explotación reproductiva, y la gestación por sustitución. Una cosa, afirma, es "la explotación, el lucro, la mercantilización y el tráfico de niños" y otra es "la gestación subrogada, que trasciende de los vientres de alquiler". Quizá el primer gran debate esté ahí, asiente, en cómo nombrarlo.
Assiego cree fundamental poner en el "centro a las mujeres gestantes", el sujeto "más vulnerable que hay que proteger". Y ahí, añade, reflexionar sobre si estamos dando por sentado que en todos los casos la mujer es "explotada, víctima de la pobreza y vulnerable" o si puede tratarse de "una decisión libre sobre su propio cuerpo". Si bien las situaciones de vulnerabilidad existen, "estamos colocando la premisa de que todas las mujeres gestantes están en esa coyuntura y no toman decisiones de forma libre y consentida", abunda la jurista. Si a esas mujeres gestantes "se les da voz, si tienen agencia, ¿identificarían esa práctica como violencia?", se pregunta.
La abogada percibe, además, la existencia de una doble vara de medir que dificulta el debate. "Se pone el foco en esta práctica y no en otras más cercanas y extendidas" que se llevan a cabo desde "criterios de mercantilización". Las clínicas de reproducción asistida, por ejemplo, funcionan también en base a la "mercantilización de material genético" y sin embargo no generan tanta fricción asuntos como "la donación de óvulos por una cuantía económica sin un seguimiento de las razones que la motivan y sus efectos". Y en lo que respecta a la adopción internacional, cita, existe ahora una regulación garantista, pero "nunca nos hemos preguntado cómo eran esas adopciones, cómo se han dado y en qué situación estaban las familias de esos niños". Assiego es partidaria de replicar las lecciones de experiencias como la adopción para caminar hacia una regulación de la gestación por sustitución basada en el altruismo, como se ha hecho en países como Portugal.
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González rechaza la posibilidad de plano y subraya las diferencias respecto a la adopción. "¿Los bebés se pueden transaccionar? ¿Se pueden regalar? ¿Quién tendría derecho a recibir un bebé regalado? ¿Queremos una sociedad en la que la gente se pueda transaccionar?", plantea. En el caso de las adopciones, continúa, la acción gira en torno al "derecho del menor a tener una familia, un derecho positivo". Se trata de un menor que ha visto "vulnerado ese derecho" porque su familia "no lo ha garantizado", así que el Estado asume su tutela hasta que "lo tenga garantizado". Es decir, no estamos ante "mujeres que se han quedado embarazadas con el objetivo de dar a su hijo" y tampoco se trata de "adultos que tengan derecho a la adopción, sino de adultos que se ofrecen a garantizar" ese derecho vulnerado del menor.
Otra de las grandes diferencias es la edad máxima para ser madre. Con carácter general, en nuestro país se fija en el entorno de los cuarenta años el límite de edad máximo de las mujeres para acceder a tratamientos de reproducción asistida, una barrera que no se impone en el caso de los hombres. Y en cuanto a la adopción, el Código Civil establece que la diferencia de edad entre adoptante y adoptado tiene que ser de al menos dieciséis años y nunca superior a cuarenta y cinco. Obregón acaba de cumplir 68 años.
En cualquier caso, insiste Núria González, desde una perspectiva feminista "la única manera de garantizar" los derechos de las mujeres es "prohibiendo esta práctica". Al final, defiende, ninguna mujer debería "prestarse a vivir para satisfacer los deseos de otros, ese es el estigma que arrastran las mujeres".
