La Amazonía y los pueblos indígenas corren peligro por el giro en la política medioambiental de Lula

A finales de mayo, en plena noche, fue aprobado por la Cámara Baja del Parlamento brasileño, sin contratiempos ni peleas, el Proyecto de Ley 490 (PL490). La mayoría de los parlamentarios del Partido de los Trabajadores (PT) votaron en contra, resignados y sin ilusión alguna, conscientes de la fuerza de los diputados vinculados a la agroindustria, los ruralistas, que son 241 de los 513 parlamentarios.

Los treinta y tres artículos de la ley contienen, sin embargo, un mosaico de medidas que restringen derechos de los pueblos indígenas, una amenaza sin precedentes desde el retorno de la democracia. Entre otras disposiciones, el PL490 limita las reclamaciones de nuevas tierras, amenaza a los pueblos aislados y abre la puerta a la explotación agrícola o minera en territorios indígenas.

Un desastre que podría provocar una deforestación masiva en las tierras mejor conservadas del país. El proyecto, que aún debe pasar por el Senado, puede ser vetado por el presidente o declarado inconstitucional por el Tribunal Supremo. Sin embargo, simbólicamente es desastroso para el presidente Lula, en visita por Europa esta semana. Ni con Jair Bolsonaro, los ruralistas habían llegado tan lejos. Porque además, los diputados impondrán en breve una reorganización de los ministerios, quitando varias prerrogativas a los de Medio Ambiente y Pueblos Indígenas.

En Brasilia se sospecha que Lula está haciendo concesiones en medio ambiente para sacar adelante otros proyectos considerados prioritarios. Sin mayoría, las negociaciones políticas son en cualquier caso complejas, especialmente con Arthur Lira, presidente de la Cámara de Diputados.

Arthur Lira, vinculado a la agroindustria y controlando un gran número de parlamentarios, condiciona su apoyo al gobierno a la asignación de cargos y subsvenciones para garantizar la influencia que logró durante el mandato de su ex aliado Jair Bolsonaro, al tiempo que se opone a la agenda ambiental del actual gobierno. "La situación es muy mala en el Congreso, especialmente en la Cámara de Diputados. En los años 2000, el Ejecutivo controlaba mejor el juego institucional, pero ahora tiene que reaccionar para evitar ser rehén del Legislativo", dice Suely Araújo, especialista en políticas públicas del Observatorio del Clima.

Ya era conservador, pero el Congreso se desplazó aún más a la derecha en las últimas elecciones. Jair Bolsonaro ha hecho de gran parte de su mandato una cruzada contra la legislación medioambiental y "algunos parlamentarios parecen dispuestos a resistirse a la reestructuración propuesta por Lula", dice Lorena Fleury, profesora de la Universidad Federal de Río Grande do Sul.

El regreso del Estado a la Amazonia

Sometidos a presión, Lula y Marina Silva intentaron reaccionar a estos duros reveses. El 5 de junio, el presidente anunció su veto a una ley que amenazaba la mata atlántica, un ecosistema especialmente frágil. Junto a él, su ministra de Medio Ambiente relanzó el Plan de Acción y Prevención contra la Deforestación en la Amazonia (PPCDam), instrumento esencial para reducir la destrucción de la selva durante su primer mandato (2003-2008).

Para Suely Araújo, el gobierno debe ser más activo en la defensa de sus compromisos. "Son muy pocos los parlamentarios que defienden el medio ambiente. Por sí solos, no tienen ninguna posibilidad". A pesar de su escasa influencia en el Congreso, el presidente puede apoyarse en la legislación existente y en instituciones como el ICMbio, responsable de la gestión de las áreas protegidas, y el Ibama, para la protección del medio ambiente.

Pero estos dos organismos han recorrido un largo camino. Sus funcionarios lo han pasado mal durante cuatro años: vilipendiados por las más altas instancias del Estado, agredidos sobre el terreno, perseguidos por superiores elegidos entre las fuerzas armadas o la policía, mal financiados. “Por fin podemos trabajar sin trabas y el ambiente ha cambiado radicalmente", exclama André (nombre falso a petición propia). “Ahora presionamos al gobierno para que reorganice una institución que estaba desmantelada".

André se alegra del aumento de los presupuestos (aunque limitado), que le ha permitido, junto a otros, participar en la gran operación contra la extracción de oro en tierras yanomami. Durante el último mandato, sus superiores le impidieron acercarse a la zona. A pesar de las restricciones, sobre todo de personal, el regreso del Estado a la Amazonia ha permitido el primer descenso de la deforestación: un 31% menos en cinco meses en comparación con el mismo periodo de 2022.

Pero tras unos meses de euforia, está preocupado. Como consecuencia de esta primera batalla perdida por el ejecutivo, Marina Silva, debilitada, va a perder el control sobre ciertos nombramientos. Tras seis meses de presiones, sus aliados políticos le reclaman ciertos puestos que hasta ahora se ha negado a cederles, en concreto las 27 direcciones locales del Ibama.

"Marina Silva sólo parece capaz de imponer sus opciones en dos estados (Pará y Mato Grosso), que son estratégicos porque allí la deforestación es mayor. En el resto, las conexiones políticas primarán sobre las competencias", señala André. Hay algunos nombres que llaman la atención de los funcionarios, como los de un hombre implicado en un caso de pederastia o un dentista que ha acumulado multas por delitos medioambientales.

Tensiones por un proyecto petrolero

Marina Silva no sólo ha sufrido la supresión de ciertas competencias de su ministerio. No todos en el Gobierno ven con buenos ojos una Ministra de Medio Ambiente demasiado influyente. En particular, la perspectiva de perforaciones petrolíferas frente a la desembocadura del Amazonas ha exacerbado las tensiones. La negativa de Ibama a conceder los permisos de perforación desató una avalancha de críticas, uniendo a aliados del gobierno y fieros opositores.

"Siempre hay disensiones en el gobierno, pero esta discusión está muy por encima de lo aceptable. Sobre todo por una decisión basada en criterios técnicos", lamenta Suely Araújo. Cuando estuvo al frente del Ibama, entre 2016 y 2018, rechazó concesiones en esta zona frágil, poco estudiada y con fuertes corrientes, sin enfrentarse a esas críticas. Sin embargo, Lula se mantiene ambiguo al respecto, declarando que "ese petróleo no será explotado si puede crear problemas a la Amazonia", antes de añadir que lo considera improbable.

Ministros influyentes apoyan este proyecto petrolero, mientras que el PL490 y la reforma ministerial también tienen sus partidarios en el gobierno. Hay un ala "nacional-desarrollista", dispuesta a sacrificar el medio ambiente en aras del crecimiento, que sigue siendo influyente dentro del PT y continúa siendo escuchada por un Lula hace tiempo seducido por sus ideas. Otros grandes proyectos en la Amazonia siguen atrayendo la mirada del gobierno y provocando sudores fríos a los ecologistas.

 

El 49% de las emisiones de gases de efecto invernadero de Brasil proceden de la destrucción de la selva.

A pesar de estas contradicciones, acentuadas por un gobierno elegido gracias a una coalición muy dispar, es imposible imaginar, por el momento, otra dimisión de Marina Silva, acorralada otra vez, como en 2008. Suely Araújo señala que "se ha fijado un enfoque interministerial del medio ambiente. 20 de los 37 ministerios incluyen ahora del tema en sus estatutos. Marina Silva ya no está aislada como en los años 2000. Los discursos de Lula también han ido en la misma dirección". Para ella, esto es una prueba más de que el presidente es ahora consciente de las cuestiones climáticas.

“El mundo ha cambiado", explica Lorena Fleury. “El calentamiento global ocupa ahora un lugar prioritario en la agenda mundial, y Lula está basando su política exterior en esas cuestiones y recorriendo el planeta para ganar influencia y obtener ayuda.” Estados Unidos y el Reino Unido, por ejemplo, han prometido 460 y 94 millones de euros respectivamente. Pero lo cierto es que, aunque Lula habla del tema en sus viajes internacionales, parece más implicado en sus intentos de erigirse en actor central de las futuras negociaciones de paz en Ucrania.

 Aunque la deforestación dista mucho de ser el único problema medioambiental, Lula sabe que se le juzgará ante todo por esta materia, sobre todo porque el 49% de las emisiones de gases de efecto invernadero de Brasil proceden de la destrucción forestal. Una reducción drástica permitiría al país erigirse rápidamente en líder de la lucha contra el calentamiento global.

Pero las cifras para 2023 no parecen muy alentadoras. El informe anual que se publicará en noviembre tiene en cuenta los últimos seis meses del mandato de Jair Bolsonaro, por lo que parte de un pasivo de 7.000 km² de bosque arrasado. En su frágil posición, Lula no puede permitirse un error. "Si se debilita políticamente, podría haber verdaderos reveses", teme Lorena Fleury. Eso abriría las compuertas a un nuevo periodo de depredación medioambiental.

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Traducción de Miguel López