Sólo tres comunidades cumplen con la ley y han puesto en marcha centros contra la violencia sexual

Era una demanda tradicional de las voces especializadas en violencia sexual. Hace cinco años, las organizaciones denunciaban la ausencia total de políticas públicas para abordar específicamente la violencia sexual. Y sugerían una herramienta que se había demostrado válida a nivel internacional: los centros de crisis 24 horas. Poco después, aquella sugerencia comenzó a tomar forma a través de la apuesta decidida por parte de algunas comunidades. Y algunos años más tarde, se convirtió en mandato: la construcción de al menos un centro de crisis en cada provincia debía ser una realidad antes de finalizar 2023. A día de hoy, sólo tres comunidades han cumplido: Asturias, Cantabria y Madrid. 

Presupuesto y guía orientativa

Las comunidades cuentan desde hace dos años con el crédito necesario y con una guía orientativa para poner en marcha los centros. El Ministerio de Igualdad solicitó dedicar parte de los fondos europeos a tal efecto y la Unión Europea aceptó "sin dudarlo", según explican a infoLibre fuentes que han participado en la coordinación entre ministerio y comunidades desde primera línea. Además, el Plan de Recuperación, Transformación y Resilencia insta a la creación de "centros de asistencia integral 24 horas a víctimas de violencia sexual en todas las provincias y las ciudades autónomas, con atención presencial, telefónica y telemática". Entre 2021 y el primer semestre de 2023, se aprueba el reparto de un total de 83.058.700 euros para dar impulso al proyecto.

A finales de 2021, el equipo de la entonces ministra, Irene Montero, comienza a tener reuniones "formales e informales" con los representantes autonómicos, con el fin de trasladarles todos los detalles necesarios para ejecutar los presupuestos y construir los centros. Todas las nociones básicas, los estándares mínimos y la evidencia producto de la experiencia internacional está contenida en una guía orientativa que entregan a las comunidades.

En el documento, consultado por este diario, se detallan cuestiones fundamentales como los servicios que deben prestar este tipo de centros: desde una línea de información y atención telefónica, hasta un equipo de psicólogas, transporte gratuito para las víctimas y expertas capaces de hacer incidencia política. La guía recoge los principios básicos expuestos por el equipo del Ministerio de Igualdad en suelo europeo en el momento de solicitar el crédito. La prioridad pasaba por consagrar la idea de que los centros específicos son necesarios y en ningún caso pueden ser sustituidos por recursos genéricos para otras formas de violencia. Ese fue, precisamente, uno de los principales puntos de desencuentro entre el ministerio y comunidades. 

Plazo inicial: diciembre de 2023

Pero había que cumplir. Primero, porque se trata de un mandato de los organismos internacionales. El Grupo de Expertos en la Lucha contra la Violencia contra la Mujer y la Violencia de Género (Grevio) calificó de "marginal" y "ni de lejos suficiente" a la red existente en España. Lo hizo en su primer informe de evaluación, publicado en 2020. Los expertos subrayaban que las víctimas de violencia sexual estaban "desatendidas" en una gran parte del país, especialmente en las zonas rurales, e instaban a las autoridades a "tomar medidas que establezcan un número suficiente de centros de ayuda de emergencia para las víctimas de violencia sexual". El propio Convenio de Estambul –texto de referencia en violencia machista a nivel europeo y ratificado por España–, exige la creación de instalaciones de "emergencia para las víctimas de violaciones y de violencias sexuales, apropiados, fácilmente accesibles y en número suficiente, para realizarles un reconocimiento médico y médico forense, y darles un apoyo vinculado al traumatismo y consejos".

Segundo, porque así se establece por ley. Por un lado, a través de la aprobación en Consejo de Ministros de la autorización de gasto para la construcción de los centros, en abril de 2021 e inmediatamente después de la concesión de los fondos europeos. Y por otro lado, mediante la incorporación de los centros en el artículo 35 de la ley del sólo sí es sí. El objetivo era claro: cada provincia debería contar con al menos un centro de estas características. La ley emplazaba a hacerlo en un periodo de seis meses, pero el ministerio decidió ampliar el plazo hasta finales de 2023 porque era el tiempo concedido para liquidar los fondos europeos.

Falta de compromiso y prórroga

Todas las comunidades estaban obligadas a cumplir: si una sola fallaba en los propósitos marcados, las demás tendrían que devolver los fondos. Pero "no era una prioridad para ellas", señalan las fuentes consultadas, "durante años lo van posponiendo y alegan problemas burocráticos, administrativos y de gestión pura y dura". 

En la última Conferencia Sectorial entre las autonomías y el Ministerio de Igualdad, la representante de Extremadura (PP), recién llegada tras las elecciones del 28M, denuncia que "ni siquiera se habían licitado los centros", señala una fuente presente en el encuentro. La cosa no va de colores, la tónica general ha sido la de postergar esta obligación hasta dejarla completamente desatendida, en comunidades timoneadas por gobiernos conservadores y progresistas. "Es de una gravedad extrema", inciden las fuentes consultadas. 

En esa tesitura, las comunidades deciden solicitar una prórroga. Lo hacen de manera abrumadora: la inmensa mayoría está de acuerdo. A dos meses de que finalice el tiempo concedido, la Comisión Europea aprueba "una adenda" para prorrogar la puesta en funcionamiento de los centros a diciembre de 2024, señaló a finales de octubre el Ministerio de Igualdad. Es la respuesta a una "petición en cadena que hicieron las comunidades" y que el Estado ha negociado con la Unión Europea. "Para Igualdad no es una buena noticia que tengamos que esperar un año más para que las víctimas de violencia sexual puedan acceder a su derecho a la atención especializada", reconoció entonces el equipo de Montero. 

"No puede ser que todavía, en este país, te violen en Extremadura y no tengas un recurso especializado", denuncian las fuentes consultadas. Amnistía Internacional

es lamentable que las mujeres que sufren violencia sexual tengan que seguir esperando para recibir una atención adecuada tras sufrir una agresión sexual, porque las comunidades autónomas no están mostrando ni interés suficiente ni diligencia a la hora de cumplir con su obligación de protegerlas y atenderlas”, destacó Virginia Álvarez.

Cuatro de los 52 centros previstos

Madrid y Asturias cumplieron antes incluso de que así lo mandatara el Gobierno. En 2019 fue el Ayuntamiento de José Luis Martínez Almeida el que decidió abrir el primer centro, pionero en todo el mapa. En 2020 le siguió Asturias. En los diez primeros meses de 2023, en centro asturiano atendió a 296 personas entre víctimas y allegadas, un 48% más que en el mismo periodo del ejercicio pasado. Además, 44 eran menores de edad, lo que supone un incremento del 76%. Según la última memoria del centro madrileño, en un año fueron atendidas 898 personas, 504 víctimas directas. Madrid abrió un segundo centro en marzo del presente año, esta vez dependiente de la comunidad. Y Cantabria inauguró el suyo este verano. Son las únicas tres comunidades que pueden ponerse la medalla. En total, sólo cuatro de los 52 centros previstos están en funcionamiento. El 7,6%.

La recomendación que ha venido trazando el Consejo de Europa es la de, al menos, un centro de crisis por cada 200.000 mujeres o uno en cada provincia. Las dimensiones del problema son alarmantes. Según el informe más reciente del Ministerio del Interior, entre enero y junio de 2023 aumentaron un 13% los hechos conocidos contra la libertad sexual respecto al mismo periodo del año anterior. La Macroencuesta de violencia contra la mujer de 2019 indica que sólo el 11,1% de las agresiones sexuales terminan siendo denunciadas y únicamente el 8% de las víctimas da el paso de acudir por su propio pie a las autoridades. La existencia de estos centros supone una respuesta, precisamente, al problema de la infradenuncia y a la falta de confianza en las instituciones.

"Para que las mujeres víctimas de violencia sexual confíen en las administraciones y se atrevan a denunciar, es necesario que éstas pongan en marcha servicios que las escuchen, que las atiendan desde el punto de vista médico, que les presten ayuda psicológica y que las asesoren y acompañen legalmente en el caso de que quieran presentar una denuncia", denuncia Virginia Álvarez, responsable de investigación de Amnistía Internacional. La organización lleva años destacando la urgencia de abrir este tipo de instalaciones en todo el país. "Las comunidades autónomas no están mostrando ni interés suficiente ni diligencia a la hora de cumplir con su obligación", reitera la investigadora.

¿Qué sucede, entonces, con las demás regiones? En Andalucía se denuncia la excesiva "burocratización" que atraviesa a la estrategia y en Cataluña "apuestan y defienden su propio modelo", el llamado Servei d’intervenció en crisi (SIC). En Comunitat Valenciana, explican las fuentes consultadas, insisten en criterios técnicos para poner en duda la idoneidad de estos centros. Lo cierto es que en la comunidad cuentan con recursos 24 horas de atención a las víctimas de distintas formas de violencia sexual, por lo que no creen necesaria la "inversión en centros específicos". No obstante, señalan las expertas, sucede que "cuando se unifica la intervención, las violencias sexuales tienden a quedar desatendidas". 

La necesidad de un recurso específico

Así parecen acreditarlo las propias memorias de los centros valencianos: en 2022, sólo un 4,5% de las víctimas que acudieron a estos centros lo hicieron como consecuencia de haber sufrido una agresión sexual; porcentaje que se instala en un 2,8% en el caso de abusos –antes de que la ley del sólo sí es sí unificara ambos delitos– y a un 0,6% cuando se trata de acoso sexual.

El propio Grevio desaconseja atender al mismo nivel y utilizando los mismos recursos a las víctimas de violencia machista en pareja o expareja, y a las de violencia sexual. "Investigaciones en este campo han demostrado que cuando se combinan los servicios de apoyo para la violencia de la pareja o expareja y la violencia sexual, los servicios para la violencia de pareja o expareja son priorizados debido a la naturaleza inmediata del momento de crisis", señala en su memoria de evaluación. Además, añade, "sumar servicios de violencia sexual a los servicios ya existentes" no parece "responder a las necesidades de las víctimas de violación, que requieren de atención médica inmediata y apoyo a su trauma además los exámenes forenses oportunos de cara a un futuro proceso judicial como prueba documental".

El tiempo pasa y aquello que se había definido como la mejor herramienta para combatir la violencia sexual, queda relegada a un segundo plano. "Pero ninguna comunidad renuncia a los fondos, aunque tenían la posibilidad de hacerlo y desentenderse de la creación de los centros", señalan las fuentes implicadas. 

La nueva ministra de Igualdad, Ana Redondo, asumirá ahora el reto de conseguir que esta vez sí, las víctimas de todas las provincias tengan la posibilidad de acudir a uno de estos centros, antes de que finalice 2024.