Los hijos de 142 mujeres en riesgo alto o extremo por violencia machista también están en peligro

El pasado sábado, un hombre asfixiaba hasta la muerte a una mujer en un barrio al sur de Madrid. Lo hacía en presencia de sus dos hijos menores, de tan solo dos y tres años. La madrugada del lunes, otro hombre mataba a su pareja y a su hija, que apenas alcanzaba los cinco años. Y a última hora del miércoles, la expresión más cruenta de la violencia machista volvía a aparecer: una mujer era asesinada a manos de su pareja en Sagunto (València). El hombre le quitó la vida en la intimidad del hogar, una vez más bajo la mirada aterrorizada de dos menores de ocho y trece años. Esta última, la hermana mayor, permanece ingresada en el hospital tras precipitarse por una ventana, según las primeras pesquisas tratando de escapar. En Tenerife, este mismo jueves, otro agresor machista ha incendiado la casa de su cónyuge, actualmente en coma, con su hijo de cuatro años dentro.

En tan solo una semana, la violencia machista ha mostrado su cara más insoportable: cuatro asesinatos, una mujer en coma, una menor grave en el hospital y cuatro pequeños huérfanos.

Los últimos datos actualizados del Ministerio del Interior muestran que a día de hoy existen un total de 142 mujeres en riesgo alto o extremo por violencia de género y con hijos menores a su cargo que también conviven con el peligro de sufrir violencia a manos de un agresor machista. Son datos contenidos en VioGén, el sistema de seguimiento integral de los casos de violencia de género.

Según los parámetros por los que se guía la herramienta, basados en valoraciones policiales protocolizadas, existen cinco niveles de riesgo: no apreciado, bajo, medio, alto y extremo, todos ellos con una serie de medidas asociadas. Además, el sistema contempla también los casos en los que existen menores a cargo, en dos sentidos: por un lado, aquellas situaciones en las que se detecta que los menores pueden encontrarse en situación de especial vulnerabilidad; por otro lado, aquellas en las que la violencia ejercida por el agresor sobre la víctima podría extenderse al menor. En este último apartado nos centramos.

A día de hoy, un total de 139 mujeres se encuentran en riesgo alto y 3 en riesgo extremo con menores a su cargo que, a su vez, tienen el mismo riesgo a sufrir violencia por parte de agresores machistas. En esta misma situación, pero en riesgo medio, se encuentran 1.254 mujeres. En total son 1.396.

Según la Macroencuesta de Violencia sobre la Mujer, el 54,1% de las mujeres que han sufrido violencia en el marco de la pareja o expareja y tenían hijos en el momento en que tuvo lugar el maltrato, afirman que sus hijos presenciaron o escucharon los episodios de violencia. De todas ellas, el 89,6% manifiesta que los niños eran menores de edad y entre estas, el 51,7% reconoce que los pequeños sufrieron también la violencia de forma directa. 

La Macroencuesta, publicada en 2019, estimaba que un total de 265.860 menores viven en hogares en los que la mujer está sufriendo violencia física o sexual de alguna pareja. De estos, 232.818 serían hijos menores de edad de la mujer y 33.042 otros menores que conviven con ella.

En cuanto a los datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el último informe disponible –correspondiente al segundo trimestre de 2023– indica que las medidas específicas de protección del menor para evitar un peligro o perjuicio sólo supusieron el 0,74% del total de medidas judiciales civiles derivadas de las órdenes de protección y de otras cautelares. En el primer trimestre del año, este porcentaje fue del 0,64% y a lo largo de todo el año pasado, se instaló en el 0,59%.

Conocer su realidad

Blanca Hernández era delegada del Gobierno para la Violencia de Género cuando, en el año 2015, los hijos menores de las víctimas empezaron a ser consideradas como víctimas directas. "Son víctimas de la violencia de género, empírica y legalmente", dice hoy a preguntas de infoLibre. Lo fundamental, explica la también letrada de las Cortes Generales, es primero contar con datos y "conocer la realidad" para poder hacerle frente "con leyes y políticas públicas". 

Desde el año 2013, las estadísticas oficiales se hacen eco tanto del número de menores huérfanos, como los menores víctimas mortales. Son 50 asesinatos de menores desde enero de 2013 hasta el día de hoy y 432 huérfanos los que ha dejado la violencia machista. "Además, las estadísticas de mujeres asesinadas por violencia de género reflejan que la mayoría de ellas se encuentran en los grupos de edad entre los 21 y los 40 años, edades en las que las mujeres suelen tener a su cargo hijos o hijas", incide Hernández.

La exdelegada repara en cuatro de las secuelas de la violencia sobre los niños y niñas. "Condiciona el bienestar y el desarrollo del menor causándole importantes daños, los convierte en instrumentos de dominio sobre sus madres, perpetúa entre generaciones los malos tratos y provoca grandes déficits en la calidad de su educación", expone, en base a las conclusiones del estudio Víctimas invisibles de la violencia de género. Además, sobre las madres pesa el miedo que siembra una posible denuncia y sus consecuencias sobre los pequeños. 

La presencia de la violencia dentro de los hogares "aumenta el porcentaje de menores con trastornos y su gravedad", recuerda la exdelegada, tales como "estrés postraumático, ansiedad, depresión, problemas de conducta y de adaptación social, somatizaciones o retraimiento". Pero sobre todo sucede que los agresores utilizan conscientemente a los menores como un instrumento "para ejercer violencia y dañar a sus madres, manipulándolas, coaccionándolas, haciéndolas sufrir a través de sus hijos y generándoles, a un tiempo, pánico y una sensación de impotencia y de dolor casi imposibles de soportar", reflexiona la exdelegada.

Terminar con el "todo el mundo lo sabía"

La abogada Violeta Assiego, exdirectora general de Derechos de la Infancia y de la Adolescencia, subraya que sí existen las condiciones formales para prevenir la violencia de género y proteger a los menores. El problema, señala, tiene que ver con la falta de despliegue de políticas públicas y con la ausencia de una perspectiva de los derechos de la infancia por parte de todos los agentes implicados. "No se está aplicando el derecho a ser escuchado de los niños y niñas, tampoco se les está considerando víctimas de violencia de género", incide al otro lado del teléfono, "llevamos casi diez años sin que se tome en serio que la violencia machista afecta directamente a los menores". Para hacerlo, defiende, hay que "desterrar la idea de que por encima de los derechos de la infancia está el derecho como padre".

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Y esta idea está presente, especialmente, en el ámbito judicial. No hay una especialización sólida en los derechos de la infancia, a los menores "se les considera personas pegadas al padre o a la madre" y no se tiene en cuenta que "hay toda una integridad propia que se debe proteger". La Ley Orgánica de protección a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, opina la abogada, "deja muy claro lo que hay que hacer respecto a los niños y niñas víctimas de violencia de género" y lo primero es reconocer que "son víctimas directas". 

Aunque la propia norma contiene trampas. "Se garantizará el apoyo necesario para que las niñas, niños y adolescentes, de cara a su protección, atención especializada y recuperación, permanezcan con la mujer" en los casos de violencia de género, "salvo si ello es contrario a su interés superior", dice en su articulado. Para Assiego, se trata de un grave error, puesto que "no se está entendiendo al niño o niña como víctima desde el momento en que se permite la posibilidad de que esté con el agresor". 

Hernández reconoce que, pese a los avances, la situación insostenible de violencia contra los menores obliga a repensar las estrategias. "Hay que seguir estudiando y sacando estadísticas, encuestas y estudios, porque para atacar la realidad hay que conocerla", asiente. La exdelegada propone desplegar herramientas como una gran macroencuesta sobre violencia e infancia o la celebración de conferencias sectoriales monográficas. Pero sobre todo, concluye, hay que "aplicar a rajatabla la ley" y caminar hacia la construcción de una "verdadera red de detección y vigilancia" a través de la formación de profesionales y la sensibilización del entorno. "Para ayudar a detectar, necesitamos a una sociedad centinela", zanja, "no se puede repetir" el mantra de que "todo el mundo lo sabía".