La Unión Europea apuesta por una política agraria común, Estados Unidos por el proteccionismo

Sólo la Unión Europea sigue convencida de la "eficacia del mercado" en materia agrícola, y la aplica como uno de los fundamentos esenciales de la Política Agrícola Común (PAC). Todos los demás grandes países exportadores han renunciado a ella, en nombre de la seguridad y la soberanía alimentarias, y para proteger los ingresos de sus agricultores. Brasil, India, Rusia, Canadá, Nueva Zelanda, China... todos han adoptado medidas de regulación y protección, restableciendo a veces derechos de aduana o incluso prohibiciones de exportación o importación para proteger su agricultura. 

Pero el caso más llamativo es el de Estados Unidos. "Nunca han abandonado la política de regulación y protección de su agricultura que se introdujo en 1933 en el marco del New Deal", señala Thierry Pouch, economista jefe de las Cámaras de Agricultura e investigador asociado de la Universidad de Reims. 

Sin embargo, a principios de la década de 1980, la administración Reagan defendió de forma convincente las ventajas de la desregulación agrícola. Quería romper con el keynesianismo y todos los mecanismos de ayuda e intervención, que en su opinión costaban demasiado al presupuesto federal, convencida de que la "gran mano invisible del mercado" se aplicaba tanto a la agricultura como a cualquier otra cosa. 

Por ello, abogaba por el abandono de todos los regímenes en favor del "desacoplamiento": se supone que las ayudas directas e indiferenciadas a los agricultores compensan todos los fallos y crisis de los mercados agrícolas. Un modelo adoptado por la Unión Europea con la PAC. 

La idea ganó terreno en todos los círculos económicos, especialmente en el seno del GATT, precursor de la Organización Mundial del Comercio. El acuerdo de la Ronda Uruguay de 1994 introdujo el principio de desacoplamiento, que comenzó a aplicarse en Estados Unidos en 1996. 

Dos años más tarde, la administración americana dio marcha atrás: la crisis asiática había desestabilizado los mercados agrícolas, en particular las principales exportaciones de cereales de Estados Unidos, y el gobierno federal consideró urgente no ir más lejos. 

El hundimiento de los precios agrícolas entre 2001 y 2006, tras la llegada de Rusia y Ucrania a los mercados mundiales, y las tensiones comerciales y geopolíticas llevaron a todas las presidencias sucesivas a mantener esta línea y proteger la agricultura americana a toda costa, que sigue siendo un área estratégica y de seguridad nacional. 

Ayudas contra cíclicas

Ya sea con Bush, Obama, Trump o Biden, ha continuado el desmantelamiento de los grandes principios neoliberales. Todos han optado por volver a una política de intervención y regulación, para garantizar la renta de los agricultores y luchar contra la sobreproducción con mecanismos de garantía y ayudas contra cíclicas, y para garantizar la seguridad alimentaria del país.  

El sistema de ayudas públicas desacopladas –es decir, vinculadas a la hectárea, con independencia de la producción– se ha ido reduciendo a lo largo de los años, suprimiéndose por completo con la Farm bill de 2014 (ley agraria, de programación quinquenal). "La consigna de esta reforma parece ser proporcionar seguridad a los agricultores sin afectar a la competitividad de las exportaciones de productos agrícolas", resumía entonces una nota del Centro de Estudios y Perspectivas del Ministerio de Agricultura. 

Esa línea no ha cambiado desde entonces. La Farm bill de 2023 ha mantenido o reforzado los principales mecanismos implantados en los últimos diez años. 

En lugar de ayudas directas, se han introducido mecanismos sobre los precios o sobre los ingresos para garantizar la renta de los productores de grandes cultivos (trigo, maíz, soja y otros cereales). Se fijan precios de referencia, que determinan cuándo se activa la ayuda en caso de caída de los precios o de crisis. Actualmente, el precio mínimo es de 202 dólares por tonelada. En Europa, donde también existe un precio mínimo de intervención, se ha fijado en 101 euros por tonelada. En 1992 era de 170 euros por tonelada, lo que supone un descenso del 40% en treinta años. 

Garantizar una parte justa del valor añadido

Con la presidencia de Donald Trump, se mejoró aún más la protección de los productores lácteos americanos estableciendo el principio de un reparto equitativo del valor añadido entre productores de leche y transformadores, y entre los propios transformadores. La ley, aprobada en 2017, se ha prorrogado sin grandes cambios desde entonces. 

Cada Estado fija un precio público de compra todos los meses. Existe un sistema de garantías para asegurar que los márgenes de los productores cubren los costes de producción en relación con su precio de venta. En la última ley de 2023 se fija en el 4%. "El sistema protege ante todo a las pequeñas explotaciones, ya que funciona para las 200 primeras vacas lecheras", explica un experto agrícola. 

Con esa misma idea, se han establecido medidas para ofrecer compensaciones a las centrales lecheras y a los transformadores que trabajan con productos de menor valor añadido (leche, leche en polvo) que otros. 

El medio ambiente importa poco

Para completar su red de apoyo, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) subvenciona en parte los seguros de cosechas y catástrofes naturales. También supervisa de cerca las pólizas de seguros agrícolas para garantizar que ofrecen una cobertura asequible y justa a todos los agricultores. 

También se conceden ayudas financieras al sector. Los productores pueden acceder a préstamos subvencionados que les ayuden a modernizarse y expandirse. Hay además otras ayudas financieras disponibles para las explotaciones con deudas excesivas. 

Algunas de estas ayudas están ahora condicionadas al desarrollo de una agricultura sostenible y respetuosa con el medio ambiente, pero los incentivos son débiles. En este sentido, Estados Unidos es todo menos ejemplar. 

Cuando la agricultura entró en los acuerdos de libre comercio

Hasta 1986, la agricultura estaba excluida de los acuerdos de libre comercio. Se consideraba que el sector quedaba fuera de las normas tradicionales del mercado. Como primer exportador mundial, Estados Unidos había firmado acuerdos bilaterales con los principales países productores (Canadá, Argentina y Brasil) para regular la producción y los precios mundiales. Los países importadores también buscaban estabilidad. 

La llegada del trigo europeo a los mercados mundiales en los años 70 alteró todos estos equilibrios. Mientras el continente europeo subvencionaba sus exportaciones de cereales y hacía bajar los precios, Estados Unidos ponía en barbecho hasta un tercio de su territorio para contener la producción y sostener los precios mundiales. Al Gobierno americano eso no le gustaba y llevó el conflicto ante el Gatt, precursor de la Organización Mundial del Comercio (OMC). 

Llevado a la Ronda Uruguay a partir de 1986, el contencioso de los cereales entre los dos continentes se resolvió en 1994. Mientras tanto, Europa había adoptado su reforma liberal de la PAC en 1992, optando por el desacoplamiento. Una solución que el Gatt, totalmente convertido a las ideas neoliberales, había apoyado ardientemente. 

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La OMC, defensora del libre comercio sin trabas, incluye desde entonces la agricultura entre sus prerrogativas. Aboga por la supresión de todas las barreras aduaneras, de todas las medidas de protección y de todas las limitaciones sociales y medioambientales. Preguntado en los últimos meses por el acuerdo entre Europa y Mercosur, Pascal Lamy, Director de la OMC entre 2005 y 2013, defendió enérgicamente el acuerdo, al que sólo vio ventajas. "Vale la pena unos kilos de carne", explicó.

  

Traducción de Miguel López