El Gobierno rechaza que el referéndum esté sobre la mesa y reprocha a ERC apostar por "fórmulas de conflicto y fracaso"

Los ministros de Agricultura de la UE han pedido este lunes a la Comisión Europea relajar aún más los requisitos medioambientales para acceder a la financiación de la Política Agraria Común (PAC), para lo que plantean la simplificación de las medidas asociadas a la protección de humedales y turberas --grandes sumideros de dióxido de carbono-- o una subida del tope de las ayudas 'de minimis' para la agricultura.

Para recibir el apoyo de la PAC al que tienen derecho, los agricultores deben respetar un conjunto mejorado de nueve normas beneficiosas para el medio ambiente y el clima conocidas como 'BCAM', un principio de condicionalidad que se aplica a cerca del 90% de la superficie agrícola utilizada en la UE y desempeña un papel importante en la integración de prácticas agrícolas sostenibles.

En concreto, los Veintisiete han pedido a Bruselas que estudie la posibilidad de ofrecer una mayor flexibilidad de los requisitos de condicionalidad vinculados a la BCAM 2, relativa a la protección de las turberas y humedales, según ha explicado el ministro belga de Agricultura, David Clarinval, que ostenta la presidencia rotatoria del Consejo.

Asimismo, ha informado de que los Estados miembro han apuntado a una redistribución del presupuesto interno de la PAC, así como una subida del tope de las ayudas 'de minimis' para la agricultura como posibles medidas a estudiar.

Iniciativa Liberal (IL) y el Partido Social Demócrata (PSD) no serán socios del nuevo Gobierno del primer ministro, Luís Montenegro, después de que no hayan prosperado los "contactos" que ambas formaciones han mantenido desde los apretados resultados de las últimas legislativas.

"No habrá avances en este momento hacia la conclusión de amplios entendimientos, incluidos los relativos a la formación del nuevo Gobierno", han informado este martes ambos partidos en un mismo comunicado.

Tanto IL como PSD han señalado, no obstante, que el diálogo ha de mantenerse durante la legislatura, en la que los socialdemócratas gobernarán en minoría, "comprometiéndose a debatir, siempre que estuviera justificado, las mejores soluciones en asuntos relevantes para la vida y el futuro de los portugueses".

Ambas formaciones han subrayado que los encuentros que han mantenido a lo largo de estas últimas semanas se han dado en "un clima de gran apertura, respeto total y buena fe", en un momento "muy exigente que impone a los actores políticos un elevado sentido de la responsabilidad".

La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), entidad dependiente del Ministerio de Hacienda y a través de la cual el Gobierno ya posee un 3,044% del capital social de Telefónica, tendría aparcado otro 2% más en derivados financieros, por lo que, una vez que los haga efectivos, su peso en la teleco se elevaría al 5%, según han indicado a Europa Press en fuentes del mercado.

También han subrayado que la intención del Ejecutivo es aflorar "en breve" ese 2% adicional depositado en un 'swap' y situar la participación del Estado en la compañía en el 5%, un peso en el capital social de la teleco similar al que tienen ahora mismo Caixabank (si se suma la participación de CriteriaCaixa) y BBVA, dos de los integrantes del denominado núcleo estable de Telefónica.

La SEPI ha rechazado realizar comentarios sobre ese 2% del capital de Telefónica en derivados financieros que se prevé que aflorará en breve.

En este contexto, cabe recordar que Telefónica celebrará el 12 de abril su próxima junta general de accionistas, en la cual se prevé, según figura en el orden del día de la misma, la "reelección, ratificación y nombramiento, en su caso, de consejeros".

Las bases de EH Bildu votarán este miércoles si ratifican el preacuerdo con ERC y BNG para concurrir conjuntamente a las elecciones europeas y repetir, por tanto, la coalición Ahora Repúblicas con el objetivo de "profundizar en el trabajo conjunto y en la defensa de los derechos de los pueblos sin estado".

En un comunicado, la formación soberanista ha recordado que ya anunció la existencia de ese preacuerdo en la Asamblea General ordinaria celebrada en Bilbao el pasado 13 de enero, y ahora corresponde a las bases adoptar una decisión al respecto.

En esta ocasión, Ahora Repúblicas ha logrado sumar más adhesiones que hace cinco años, ya que la federación balear de partidos AraMés se ha unido a esta alianza. AraMés la integran, además de ERC, los partidos Més per Mallorca, Més per Menorca y Ara Ibiza.

El preacuerdo para el Parlamento Europeo debe ser ratificado ahora por cada partido, según sus procedimientos internos y, de ser así, se presentará y firmará próximamente. En todo caso, la coalición seguirá abierta "al apoyo de diferentes fuerzas progresistas y soberanistas de otras naciones del Estado".

El Senado ha convocado este miércoles la Comisión de Suplicatorios, el primer paso para tramitar la instancia que ha pedido el Tribunal Supremo (TS) a la Cámara Alta para dirigir el procedimiento penal contra el senador del PP José Manuel Baltar por un delito contra la seguridad vial por presuntamente conducir un coche a 215 kilómetros por hora en la autovía A-52.

Según el calendario fijado por el Senado, la Comisión de Suplicatorios se reunirá a las 12:00 horas para dar audiencia al propio Baltar de que tramitará este suplicatorio, a la vez que designará a los encargados de los grupos de redactar el texto que finalmente se someterá a votación.

Después de eso, la Comisión de Suplicatorios tendrá que votar si sigue adelante con el trámite, y si así ocurre, el suplicatorio llegará al Pleno del Senado, donde el PP cuenta con mayoría absoluta, para decidir antes del 10 de mayo si la Cámara alta da su 'plácet' a que el parlamentario Baltar sea juzgado.

La Sala de lo Penal adoptó la decisión de pedir al Senado el suplicatorio después de que la magistrada instructora de la causa, Ana Ferrer, elevara una exposición razonada para que se solicitara la autorización a la Cámara Alta con el fin de suspender la inmunidad que goza el senador como aforado y proceder penalmente contra él al haber apreciado indicios de delito.

El pleno del Parlament ha aprobado este martes la Ley de creación del registro de transparencia y control del patrimonio y de las actividades de los cargos públicos de Baleares, que impulsa el PP, y que en la práctica supone liquidar, en el plazo de seis meses, la Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción.

La aprobación de la norma ya supone, en el momento de su publicación en el BOIB, la supresión del cargo de director, que hasta ahora ejercía Tòfol Milan, que ha acudido a la sesión plenaria de la Cámara. Con esta medida, Baleares se convierte en la primera Comunidad Autónoma que elimina un organismo de estas características.

Al margen de la eliminación de la Oficina, la norma contempla que las declaraciones de patrimonio y actividades de los altos cargos pasarán a ser parcialmente confidenciales y que las denuncias no podrán presentarse amparándose en el anonimato. De momento, será un ente dependiente de la Conselleria de Presidencia quien custodie los expedientes que están en tramitación.

La norma crea el Registro de Transparencia como órgano administrativo adscrito al Parlament y la Mesa, encargada de adoptar las medidas pertinentes en relación a los recursos materiales y humanos que sean necesarios para el buen funcionamiento. Este registro, dice la ley, tendrá carácter reservado y, además, cualquier acceso quedará registrado.

El portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, cree que el recurso presentado por el PSOE en el Tribunal Constitucional para la iniciativa del Parlament que pide declarar la independencia en Cataluña es una "coartada" y una "cortina de humo" que no va a comprometer las relaciones con los independentistas porque mientras tanto negociarán el referéndum.

"Este recurso es una simple coartada, lo retirarán según le diga (Marta) Rovira -dirigente de ERC- desde Ginebra o (Carles) Puigdemont -líder de Junts- desde Waterloo", ha advertido Tellado durante una rueda de prensa este miércoles en el Congreso, donde ha considerado además, que esta iniciativa de Pedro Sánchez "no va a comprometer ninguna votación" en el Congreso.

Según el portavoz popular lo que pretenden los socialistas con esto es crear una "cortina de humo" mientras que se negocia el referéndum en Ginebra. "Estamos asistiendo a la vuelta del procés", ha advertido, pero en este caso "patrocinado" desde la mesa del Consejo de Ministros.

"Si ERC pide referéndum, Sánchez se lo dará como ha pasado siempre, el independentismo exige y Sánchez claudica en defensa de sus propios intereses políticos", ha afeado.

La Comisión Europea ha asegurado este martes que "sigue disponible" para mediar entre el PP y el PSOE para buscar una solución al bloqueo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) después de que la próxima reunión prevista para este miércoles fuera aplazada a petición del PP y de que el comisario de Justicia, que ha solicitado una excedencia para defender su candidatura al Consejo de Europea pero sigue ejerciendo aún como comisario, constatara que las partes necesitan "tiempo".

"Las discusiones están en curso entre los partidos y la Comisión Europea sigue disponible en contacto con ellos", ha indicado en una rueda de prensa el portavoz de Justicia, Christian Wigand, al ser preguntado por el plazo de dos meses dado inicialmente por Bruselas para lograr un acuerdo y que en principio concluye cuando acabe el mes.

Fuentes comunitarias indicaron el lunes a Europa Press que el comisario estaba preparado para viajar a Madrid el próximo miércoles pero que finalmente decidió el viernes aplazar sin fecha el encuentro, a petición del PP, y tras constatar que las partes "necesitan más tiempo". Las mismas fuentes aclararon que el aplazamiento "en absoluto" respondió a razones de agenda del comisario.

Preguntado por este asunto, el portavoz comunitario ha evitado entrar en detalles y ha dicho que no hay nueva fecha "programada" para retomar la mediación, pero que el Ejecutivo comunitario sigue trabajando para "encontrar soluciones" en el marco del diálogo con las partes.

A finales de enero, Reynders aceptó el papel de facilitador dentro de un "diálogo estructurado" entre el PP y el PSOE que ciñe los contactos al desbloqueo del CGPJ, siguiendo las recomendaciones europeas para una renovación urgente del órgano de gobierno de los jueces y emprender "inmediatamente después" el proceso de reforma de su sistema de elección.

Entonces, el comisario dio dos meses de plazo a los negociadores del PSOE y PP, el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, y el vicesecretario de Acción Institucional del PP, Esteban González Pons, aunque más recientemente el propio Reynders se ha mostrado flexible en los plazos si es para lograr finalmente un acuerdo.

En todo caso, el comisario está ahora pendiente de que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, quién asumió también la decisión de aceptar la mediación, acepte su petición para acogerse a una excedencia sin sueldo que le permita hacer campaña para defender su candidatura como secretario general del Consejo de Europa, órgano ajeno a la Unión Europea.

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha evitado aclarar este martes si la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim) limitará los plazos de investigación en los tribunales como ofreció a Junts el pasado febrero en el marco de las negociaciones para la ley de amnistía.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el titular de Justicia ha anunciado que el Ejecutivo pretende impulsar en este 2024 la reforma de la LeCrim --pendiente de Gobiernos anteriores-- que pretende dejar en manos de los fiscales las investigaciones penales.

Preguntado sobre si la reforma contempla acortar los plazos de instrucción, Bolaños ha incidido en que el texto está en una fase "muy inicial". "Una vez que conozcamos cuál es la opinión que tiene el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), pues volveremos a analizar la norma y tomaremos decisiones sobre distintas cuestiones como la que usted plantea", ha contestado a uno de los periodistas.

El ministro ha insistido en que el texto aún está "en una fase muy inicial de trabajo" porque todavía está pendiente que el CGPJ presente su informe perceptivo, que, según ha recordado, lleva tres años pendiente "cuando el plazo legal es un mes".

Según fuentes del CGPJ consultadas por Europa Press, la semana pasada el Ministerio de Justicia remitió al órgano una misiva en la que le apremiaba a entregar el informe que tiene pendiente desde 2021. Las mismas fuentes apuntaron que era "inviable" que el Consejo presentara sus conclusiones en un plazo de una semana, pero avisaron de que estaban trabajando en el texto.

Este martes, Bolaños ha asegurado que hasta que el Ejecutivo conozca la opinión del órgano de gobierno de los jueces no podrá determinar "cuál será el alcance" de la reforma. No obstante, ha incidido en que "el objetivo" es "claro": "Adecuar las normas de enjuiciamiento criminal al siglo XXI". "No podemos estar luchando y juzgando delitos del siglo XXI con una norma procesal del siglo XIX. Y, por tanto, creo que es fundamental que seamos capaces de impulsar y de aprobar una Ley de Enjuiciamiento Criminal", ha añadido.

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha insistido este martes en negar negociaciones con ERC para celebrar un referéndum de autodeterminación en Cataluña, al tiempo que ha reprochado al partido independentista que apueste por "fórmulas antiguas, de conflicto y fracaso".

Así lo ha hecho después de que la secretaria general de ERC, Marta Rovira, asegurara durante el fin de semana que su formación negocia con el PSOE una consulta de independencia para Cataluña, algo que los socialistas han negado en sucesivas ocasiones.

Requerido en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Bolaños ha circunscrito las declaraciones de Rovira a la campaña electoral para las catalanas del 12 de mayo y ha asegurado que "no son ciertas".

En cualquier caso, ha querido dejar clara la apuesta del Gobierno por "el acuerdo, por el diálogo, por el futuro y por la convivencia" para Cataluña, en una referencia velada a la Ley de Amnistía a los implicados en el 'procés', frente a fórmulas "antiguas, que llevaron a fracasos colectivos, a tensión, a conflicto y a enfrentamiento".

"A mí lo que me extraña es que haya todavía quien apueste por esas fórmulas", ha insistido Bolaños, que cree que esos posicionamientos, que desembocaron en la declaración unilateral de independencia, ocasionaron a Cataluña "la pérdida de una década". "No llevaron a ninguna parte", ha resumido el ministro.

Bolaños también ha confirmado que el Consejo de Ministros ha aprobado presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional (TC) contra la admisión a trámite por parte del Parlamento catalán de una iniciativa que pedía declarar la independencia, alegando que es "divisiva" y es capaz de crear "tensión" y una "fractura social y política".

En concreto, el titular de la cartera de Justicia ha explicado que el Gobierno ha aprobado impugnar el acuerdo de la Mesa del Parlamento de Cataluña mediante el cual se admitía a trámite la proposición de ley, que partía de una iniciativa legislativa popular. La legislación vigente prevé que la medida acordada en el Consejo de Ministros paralice la iniciativa de forma inmediata precisamente porque parte del Ejecutivo, y Bolaños ha querido matizar que no ocurre así si el recurso lo interpone un grupo parlamentario, como hizo el PSC la semana pasada.

El Gobierno ha condenado este martes los insultos racistas contra el jugador de la selección brasileña y del Real Madrid Vinícius Júnior y ha señalado que son la "antítesis" de los valores que despliega el deporte.

"Yo creo que la violencia, el racismo, la xenofobia, cualquier tipo de violencia cualquier tipo de discriminación, desde luego, son la antítesis, si me permiten, de los valores que despliega el deporte, que son precisamente esa empatía, que es ese respeto, que es ese espíritu de equipo y, por tanto, nuestra condena más rotunda frente a este tipo de insultos, frente a este tipo de actitudes", ha asegurado la portavoz del Gobierno y ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Pilar Alegría, en rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Así lo ha puesto de manifiesto al ser preguntada por Vinícius Júnior, que este lunes abordó ante los medios el tema del racismo entre lágrimas. El futbolista indicó que "solo" quiere "jugar al fútbol y que "todo el mundo tenga una vida mejor". Además, reconoció que está "muy triste" por cada episodio racista, por los que tiene "menos voluntad de jugar" al fútbol.

Alegría ha recordado que, por parte del propio Consejo Superior de Deporte, como desde la Liga, como de la propia Federación de Fútbol, hay cada dos semanas reuniones "para sancionar este tipo de conductas violentas y violentas".

"Vamos a continuar en esta línea para desterrar, lógicamente, de los ámbitos deportivos, pero también de la sociedad, conductas xenófobas y conductas racistas como desgraciadamente seguimos viviendo", ha concluido la ministra.

La portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha reiterado este martes que el Ejecutivo no se plantea modificar el nivel de alerta antiterrorista, que en estos momentos se encuentra en nivel 4 de 5, tras el grave atentado terrorista cometido por Estado Islámico en Moscú el pasado viernes que sesgó la vida de, al menos, 130 personas.

"El nivel de alerta antiterrorista ahora mismo que hay en España es el 4 y, desde luego, no nos planteamos la modificación del mismo", ha expresado Alegría en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros recogida por Europa Press.

Como ya indicaban fuentes del Ministerio del Interior durante este lunes a Europa Press, la Mesa de Evaluación de la Amenaza Terrorista, órgano encargado de valorar semanalmente todos los elementos de seguridad que inciden sobre el riesgo terrorista en España, ya había acordado la semana pasada un refuerzo especial de la prevención y la respuesta con motivo de la Semana Santa, si bien se mantenía el nivel 4 sobre 5 de alerta.

En este sentido, el órgano acordó un refuerzo del nivel 4 que consistía en que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado aumenten los controles aleatorios de vehículos y personas en todos aquellos lugares en los que pueda tener lugar una alta presencia o tránsito de personas.

El Gobierno tiene previsto aprobar este año una Ley de juventud y un Estatuto de start up para estudiantes, según anunciado este martes el ministro de la Presidencia, Justicia y Relación con las Cortes, Félix Bolaños, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

También ha avanzado que se prevé aprobar en 2024 otras normas anunciadas por el Ejecutivo como la Ley de prevención del consumo de alcohol en menores de edad, el Estatuto del Becario o ley de protección para los menores en el entorno digital.

"Esa ley de protección para los menores en el entorno digital que también ponga pie en pared a una casi epidemia que sufrimos con el acceso de los jóvenes a contenido no adecuado a su edad, contenido pornográfico, pero no solo, y también vamos a aprobar una ley de prevención del consumo de alcohol y de sus efectos", ha indicado Bolaños.

En concreto, el ministro ha destacado que el plan normativo de la Administración General del Estado para este año 2024 contempla la aprobación de este paquete de medidas dirigida a los jóvenes La ley de juventud prevé mejorar "la capacitación" y las condiciones de acceso al mercado de trabajo a través de las enseñanzas universitarias oficiales de grado, con los requisitos de acceso o también con la prueba de acceso a la universidad.

Bolaños ha señalado que se va a "culminar" la reforma de la Formación Profesional, a aprobar un estatuto de start up para estudiantes así como el estatuto para las personas en formación práctica no laboral en el ámbito de la empresa, el Estatuto del Becario.

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha asegurado este martes que "el plan A" del Gobierno es "agotar todas las posibilidades de diálogo y acuerdo" con el Partido Popular para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Bolaños ha pedido "no hablar de planes B". "Hablemos del plan A que es solicitar que se cumpla la ley y que se cumpla la Constitución sin ninguna condición. Ese es el plan A y es agotar todas las vías de diálogo, de acuerdo, de negociación", ha repetido.

El ministro se ha expresado así después de ser preguntado por la cancelación de la reunión que estaba prevista este miércoles entre el PSOE, el PP y el comisario Justicia europeo, Didier Reynders. "No le quepa duda que vamos a seguir trabajando para lograr un acuerdo y renovar", ha aclarado.

Bolaños, que no ha dado explicaciones sobre los motivos que llevaron a cancelar el encuentro, ha dejado claro que el Gobierno sigue sentado en la mesa de negociación. "Y nos vamos a dar más tiempo para conseguir ese acuerdo que es imprescindible para el buen funcionamiento de nuestras instituciones y en particular del Poder Judicial", ha añadido.

En este contexto, el ministro ha sido preguntado sobre quién pilotará la mediación toda vez que Reynders ha presentado su candidatura para presidir el Consejo de Europa. "Los gobiernos, la Comisión Europea, no dependen, por supuesto, de una persona, sino que la Comisión Europea tendrá que tomar decisión sobre quién continúa con esta mediación", ha respondido.

El ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, ha avanzado este martes que el Gobierno aprobará este año una ley orgánica para reforzar la protección frente a la violencia de género.

"En 2024 aprobaremos una ley orgánica de medidas complementarias para reforzar la protección frente a la violencia", ha asegurado Bolaños en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Además, ha expuesto que el Ejecutivo también aprobará este 2024 una ley de igualdad en el acceso y disfrute de los servicios sociales.

Por otro lado, en materia laboral, Bolaños ha destacado que los permisos de paternidad y maternidad "pronto" se ampliarían de 16 a 20 semanas. Se trata de una medida del acuerdo de Gobierno entre PSOE y Sumar pero que no recoge la Ley de Familias, aunque la intención del Ministerio de Derechos Sociales es que se incorpore a la norma en el trámite parlamentario a través de enmiendas.

"El Gobierno suma y sigue en su proyecto progresista para seguir transformando, para seguir mejorando nuestra sociedad y para seguir estando cerca de los ciudadanos en los problemas de cada día, en los problemas que tienen en su vida cotidiana", ha recalcado Bolaños.

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el Real Decreto de la segunda edición del Programa Cine Senior, para personas mayores de 65 años, al que destinará 12 millones de euros, lo que supone un aumento del 20 por ciento del presupuesto respecto a la primera convocatoria.

Así lo ha explicado el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, en rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, que ha detallado que la medida va dirigida a 9,5 millones de personas de más de 65 años, a los que se les permitirá acudir a las salas de cine por dos euros.

"Es una medida que pretende apoyar a las salas de cine de nuestro país, que son un auténtico patrimonio cultural. Damos un paso más, pero sobre todo, a la garantía del derecho que toda persona en nuestro país tiene de acceder a la cultura, independientemente de su origen, de su edad o de su renta", ha señalado.

Urtasun ha explicado que en esta nueva edición Cultura ha "mejorado" el sistema de reparto en las salas de cine con la creación de un fondo de reserva de 1,75 millones de euros, porque en la primera edición algunas salas se quedaron sin crédito y "no pudieron llevar el programa hasta el final".

"Hemos mejorado el sistema de reparto, destinando más recursos en aquellas salas que acogen un mayor número de espectadores de 65 años o más. Hemos creado un fondo de reserva de 1.750.000 euros para que no se agote el crédito", ha señalado.

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha reclamado "un castigo justo" para los presuntos terroristas detenidos por el atentado del pasado viernes en un auditorio de las afueras de Moscú, que causó al menos 139 víctimas mortales y cerca de 200 heridos.

Putin, que el lunes reconoció la participación islamista pero señaló a Ucrania como autor intelectual del ataque, ha afirmado durante una reunión de la Fiscalía que los fiscales deben hacer "todo lo necesario" para que los detenidos reciban "un castigo justo, como exige la ley rusa".

El presidente ha reiterado que las autoridades están ahora investigando "cuidadosamente" todos los detalles de este ataque, así como el grado de participación de cada sospechoso. El Comité Nacional Antiterrorista coordina estas pesquisas, en las que también participa el Servicio Federal de Seguridad (FSB).

El FSB ha asegurado que los terroristas intentaron huir en dirección a Ucrania, pero la parte ucraniana ha negado cualquier implicación y, de hecho, la filial de Estado Islámico en Afganistán ha divulgado varios mensajes para dejar clara la autoría del asalto.

Sin embargo, este mismo martes el secretario del Consejo de Seguridad de Rusia, Nikolai Patrushev, ha insistido en que, "por supuesto", Ucrania es responsable del atentado, según declaraciones recogidas por las agencias de noticias rusas.

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el texto para la modificación de la Ley estatal de Suelo y Rehabilitación Urbana, con la que se pretende "dar seguridad jurídica" y "evitar que los errores de carácter formal que sean subsanables" puedan conllevar la nulidad total de los instrumentos de ordenación territorial y urbanística.

"Con esta modificación, se da estabilidad, certeza y, sobre todo, también seguridad jurídica", ha recalcado la portavoz del Gobierno y ministra de Educación y Formación Profesional, Pilar Alegría, en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros.

Asimismo, ha indicado que la modificación da respuesta a una solicitud "muy importante" trasladada por parte de la Federación de Municipios y Provincias (FEMP) y también por numerosos ayuntamientos. El texto aprobado este martes se enviará para su debate y tramitación al Congreso de los Diputados.

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, que ya avanzó que se realizaría una modificación de la Ley de Suelo, concretó que el texto que sale ahora del Consejo de Ministros es el que se presentó y decayó en la pasada legislatura por la convocatoria de elecciones generales.

"Los planes urbanísticos son una herramienta imprescindible para el desarrollo de pueblos y ciudades con criterios de sostenibilidad, la política de vivienda, la generación de empleo y, en general, la economía nacional", destacan desde Vivienda.

Unos 250 tractores bloquean en las primeras horas de este martes el barrio europeo de Bruselas -en donde se reúnen a la misma hora los ministros de Agricultura de la Unión Europea- para reclamar más medidas de apoyo al campo al considerar "insuficiente" la flexibilidad prometida por Bruselas en la aplicación de normas medioambientales previstas en la Política Agraria Común (PAC).

Los manifestantes han aparcado cerca de 250 tractores, según el último recuento de la Policía de Bruselas, en las principales vías de acceso a las calles en donde se ubican las principales instituciones comunitarias, incluidas el Consejo y la Comisión Europea, y han quemado neumáticos y lanzado petardos contra las fuerzas del orden, que han respondido con gases lacrimógenos y cañones de agua.

Un portavoz de la Policía ha confirmado en declaraciones a los medios locales que varios tractores han sido inmovilizados cuando los agricultores han intentado forzar el dispositivo de seguridad instalado por los agentes, aunque no se ha informado de arrestos en la que es la tercera gran movilización agrícola desde comienzos de febrero en Bruselas.

La protesta coincide con una reunión de ministros de Agricultura en la que el bloque ha dado luz verde a la exención de controles y sanciones para las pequeñas explotaciones agrarias, de menos de 10 hectáreas, para aliviar aún más la carga administrativa del campo. Con todo, los manifestantes consideran insuficientes las medidas y reclaman más apoyos, por ejemplo, frente a los acuerdos de libre comercio con terceros países o la situación de los precios del mercado.

El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, ha afirmado que en la Cámara Baja "se están pasando todos los límites" del ataque personal y el insulto, una estrategia por la que ha optado desde el principio Alberto Núñez Feijóo "general del ejército" del PP, mientras que "el otro general" del PSOE, Pedro Sánchez, "ha decidido contestar en los mismos términos".

En todo caso, cree que, si se llegan a aprobar los Presupuestos Generales de 2025, la legislatura podría durar tres años, "conociendo lo que se agarra Sánchez a la barandilla del poder", pero ha admitido que depende de cómo salgan los catalanes de las elecciones en Cataluña y de que posteriormente se pueda mantener un mínimo "equilibrio" en las Cortes Generales.

En una entrevista concedida a Herri Irratia-Radio Popular, recogida por Europa Press, Esteban ha señalado que, "aunque no es nuevo, el nivel de insulto y de ataque en lo personal, familiar, etc" en el Congreso "está pasando todos los límites".

"Yo creo que el PP decidió que tenía que ser así", ha apuntado, para recordar que ha sido lo contrario de lo que se anunciaba con la llegada de Feijóo a la presidencia del PP, del que se decía que "era el hombre que iba a moderar, que iba a venir tan templado de Galicia".