Está claro que una cosa es gobernar, otra legislar y otra juzgar. Son actividades distintas e independientes. Es lo que se conoce como división de poderes, y en España también existe pues somos también un Estado de Derecho. Y esto no es nuevo, ni mucho menos, aunque aquí sea más reciente por la larga dictadura soportada.
En el siglo XVII, por 1670 o por ahí, el médico-naturalista, reciclado como político, Locke ya habló de separación de poderes, si bien él solo citó el Legislativo y el Ejecutivo, fijando como fundamental la función presupuestaria. Él, que en su primera juventud se autoproclamó como “Hobbesiano”, luego se alejó de todo lo relativo al Leviatán de éste, buscando un Estado tolerante para “proteger los derechos y libertades de los ciudadanos frente al Estado”. Tal fue su influencia que expresiones suyas fueron recogidas en la Constitución de los EEUU más tarde. Y unos años después, fue Montesquieu quien insistió en esa separación de poderes, agregando y citándolo expresamente, al poder judicial.
Viene esto a cuento por algunas situaciones que aquí y ahora estamos viviendo. Yo estoy de acuerdo con el magistrado Lesmes, ex Presidente temporal del CGPJ, recientemente dimitido, en que hay que dejar trabajar a los jueces (se lo he oído más de una vez) pero añado que también ellos deben dejar trabajar a los políticos y no meterse en su terreno. O es normal que antes de aprobar la Ley de Amnistía se concentraran Magistrados del Tribunal Supremo en la puerta de su sede contra algo aún no legislado? ¿O lo es que ocho miembros del CGPJ sacaran un comunicado también contra la misma Ley de Amnistía cuando no se había aprobado todavía? A mí, desde luego, no me parece normal. Como tampoco lo es que los magistrados García Castellón y Aguirre se dediquen a buscar y denunciar actos de terrorismo hasta debajo de las piedras en Cataluña, sobre todo el primero de ambos, que cada vez que se anunciaba un avance en las negociaciones políticas, él sacaba un auto en contra. Sus actitudes son inapropiadas por dos razones como mínimo: una, por invadir el campo del Legislativo, y dos, aún peor, por hacerlo contra algo que todavía no es Ley porque no está aprobada.
Las actitudes de los jueces García Castellón y Aguirre no son inapropiadas por dos razones como mínimo: una, por invadir el campo del Legislativo, y dos, aún peor, por hacerlo contra algo que todavía no es Ley porque no está aprobada
La Judicatura en general tiene, según parece, mucho atasco en su trabajo, sea por falta de medios humanos y/o materiales, sea por el exceso de casos a procesar y juzgar o sea por lo que sea; por favor, no pierdan tiempo en meterse en lo que no les incumbe y dedíquense a lo suyo para mejorar la situación. El Legislativo, a legislar y controlar que las leyes aprobadas se cumplen. Y los Ejecutivos de los tres niveles a gestionar lo público, tratando de mejorar la vida de los ciudadanos dentro de su ámbito. Y es aquí donde también surge una prueba evidente de un claro incumplimiento de esa misión que yo, como ciudadano de Madrid, necesito y tengo la obligación moral de denunciar.
No me parece aceptable que tanto la Sra. Díaz Ayuso, Presidenta de la Comunidad, y el Sr. Martínez Almeida, Alcalde de la capital, estén más pendientes de controlar y a veces pseudoinsultar incluso a Pedro Sánchez, Presidente del Gobierno a nivel estatal —a quien por cierto no tengo el menor interés en defender a nivel personal aunque sí a su Gobierno y a casi todo lo que éste hace, aunque podría hacer más y hacerlo mejor—, en vez de dedicarse por entero a sus respectivas tareas. Puentean a su líder oficial, N. Feijóo, y su obsesión es tal que casi podría calificarse de paradigma. A la ciudadanía, en general, nos preocupan mucho más que la amnistía y el “sanchismo” lo ocurrido en las residencias de mayores durante la pandemia, en que fallecieron, totalmente abandonados y como denuncian las actas policiales, más de 7.000 personas; o que hoy todavía se estén detectando que a algunas de estas residencias llegan comidas podridas, gestionadas por las mismas empresas que ya fueron denunciadas antes. Y si hablamos, por ejemplo, de la Sanidad Pública, el abandono que se está dando en la atención primaria; o la casi inexistencia de pediatras en los ambulatorios de barrio (en algunas zonas llevan tiempo haciendo manifestaciones o concentraciones); o las listas de espera en las especialidades; o la saturación, más bien colapso, en las urgencias; o la desatención a la salud mental. Y la falta de viviendas sociales, y aquí hay que recordar que aquellas célebres tres mil entregadas a bombo y platillo por la entonces alcaldesa sra. Botella fueron luego vendidas a un fondo buitre y proporcionó problemas judiciales al Ayuntamiento de Madrid. Y no digamos en lo referido a la Educación, con una insuficiencia clara de presupuesto para la pública y dedicación excesiva a la privada y a la concertada y permitiendo que ésta cobre ilegalmente aportaciones económicas a sus usuarios y además seleccionen al alumnado; o amparando que en la Formación Profesional sanitaria se cobren 500€ a los alumnos. Y en lo que atañe a lo municipal, la desaparición de arbolado y zonas verdes de los barrios periféricos; los ruidos; la contaminación atmosférica; la falta de limpieza, al menos por la zona sur, y ahora, repentinamente y de modo difícilmente explicable, la “mascletá”.
Están convirtiendo Madrid en un paraíso para las sociedades médicas privadas, los negocios dedicados a la educación, las grandes empresas, los fondos y los poderosos en general.
Sí, cada un@ y cada institución a lo suyo y respetando a los demás, y así seguro que todo irá mejor.
________________
Pedro Crespo Rubio es socio de infoLibre.
Está claro que una cosa es gobernar, otra legislar y otra juzgar. Son actividades distintas e independientes. Es lo que se conoce como división de poderes, y en España también existe pues somos también un Estado de Derecho. Y esto no es nuevo, ni mucho menos, aunque aquí sea más reciente por la larga dictadura soportada.