Begoña Gómez cambia de estrategia en un caso con mil frentes abiertos que se van desinflando
Silencio absoluto. Esa había sido la estrategia de defensa seguida por Begoña Gómez en sede judicial. "Me acojo a mi derecho a no declarar", es lo poco que había podido escuchar de su boca el titular del Juzgado de Instrucción nº41 de Madrid, Juan Carlos Peinado. Pero este miércoles ha cambiado de táctica. Y, por vez primera, ha comenzado a defenderse. En la que ha sido su tercera visita a Plaza de Castilla, la mujer del presidente del Gobierno ha decidido prestar declaración. Eso sí, respondiendo solo a su abogado, que está intentando hacer naufragar a golpe de correo electrónico una causa con mil frentes abiertos y ningún avance determinante.
La investigación judicial contra Gómez, iniciada a raíz de una querella interpuesta en base a informaciones periodísticas por el colectivo ultra Manos Limpias, giró en un primer momento en torno a dos delitos: tráfico de influencias y corrupción en los negocios. En concreto, se centraba en una serie de contratos adjudicados por Red.es Innova Next, una de las firmas del empresario Juan Carlos Barrabés y unas cartas de recomendación que el mismo había aportado en dichas licitaciones –alguna de ellas suscrita por la propia Begoña Gómez–. Un asunto que poco a poco ha terminado desinflándose y pasando a un segundo plano.
Los investigadores no han encontrado, de momento, un solo indicio sólido de delito en estas adjudicaciones. "No se han hallado que los tres expedientes analizados se hubieran valorado de forma distinta a otros expedientes similares", dijo la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil en un primer informe. Dos de ellos, dejaron de formar parte de la causa después de que la Fiscalía Europea asumiera su investigación. No así el tercero, sobre el que volvió a pronunciarse en el mismo sentido la UCO: "La preparación, inicio, tramitación, licitación, adjudicación, formalización y ejecución de los contratos se habría desarrollado, aparentemente, con normalidad y bajo los principios que rigen la contratación pública".
Barrabés, tanto en su declaración como testigo como en la posterior comparecencia como investigado, negó irregularidades en torno a esos contratos. Igual que el ex director general de Red.es Alberto Martínez, quien rechazó haber recibido o haber dado instrucciones para adjudicar contratos a Barrabés. "Ni se me ocurriría dar instrucción a ningún técnico para decantar ninguna puntuación", dijo durante la comisión de investigación del caso Koldo que se está desarrollando en el Senado. En su declaración judicial de este miércoles, Gómez también ha negado a preguntas de su letrado haber "intervenido" o hecho "gestión" alguna para que esos contratos recayesen en Barrabés.
La esposa del presidente del Ejecutivo también ha quitado peso a las famosas misivas de recomendación. Así, ha dicho que no son otra cosa que "cartas modelo" enviadas a la universidad que no evidenciaban el apoyo a una empresa, sino que respaldaban –como aquellas remitidas por otras entidades y Administraciones, algunas del PP– "la importancia de un proyecto". Explicación que también dio Barrabés cuando compareció como investigado. Y que resulta coincidente con la que ofreció el ex director general de Red.es en el Senado: "No hay una recomendación de que tenga que resultar adjudicatario; simplemente lo que está haciendo es apoyar el programa del Fondo Social Europeo".
El frente de la Complutense
Este primer frente de la investigación, que la Audiencia de Madrid ha permitido continuar, ha ido perdiendo fuerza con el paso del tiempo. De hecho, las fuentes jurídicas consultadas explican que no se ha "aportado" a la causa nada nuevo al respecto. A medida que fue disminuyendo el interés en este punto, fue incrementándose el relativo a su relación profesional con la Universidad Complutense de Madrid. Se puso el foco sobre los dos másteres y la Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva que codirigió. Pero tampoco en este punto hay, por el momento, nada que apunte con claridad hacia una suerte de trato de favor.
El rector del centro, Joaquín Goyache, quien tuvo que comparecer como investigado después de que Peinado le cambiase la condición que tenía como testigo, ha negado una y otra vez irregularidad alguna en la creación de la cátedra. "No cabe duda de la legalidad", dijo la pasada semana el vicerrector de Relaciones Institucionales, José María Coello de Portugal, en la comisión de investigación puesta en marcha en la Asamblea de Madrid. Un órgano por el que también han desfilado este miércoles la excoordinadora de uno de los másteres de Begoña Gómez y el excodirector de la cátedra. Ambos, han negado influencia alguna del líder del Ejecutivo en este ámbito.
"Es símplemente absurdo", ha dicho el profesor José Manuel Ruano. Este miércoles, a preguntas de su abogado y ante la atenta mirada de un instructor que ha solicitado recientemente documentación adicional a un exvicerrector que declaró como testigo, Gómez ha recordado que su relación profesional con la Complutense se remonta a 2012, seis años antes de que Pedro Sánchez alcanzara La Moncloa. Además, ha recordado que no cobró nada por la cátedra y que percibió 15.000 euros por los dos másteres, una cantidad que, ha completado su letrado al término de la declaración, "pone de manifiesto que no pretendía lucrarse con lo que estaba haciendo".
Una apropiación indebida e intrusismo que rebate con correos
Poco después del aval de la Audiencia de Madrid y del archivo de todas las querellas que contra él se interpusieron por prevaricación, Peinado decidió dar otro empujón a la causa y abrió una derivada más. Lo hizo en base a una querella interpuesta por el colectivo ultracatólico Hazte Oír. De los dos delitos iniciales, se pasó a cuatro. Al tráfico de influencias y la corrupción en los negocios se añadieron los delitos de apropiación indebida e intrusismo profesional. Todo ello, en relación con un software para pymes que se desarrolló para la Complutense con la ayuda de empresas privadas cuando ella era codirectora de la cátedra.
La querella recogía que Gómez había registrado la marca TSC Transformación Social Competitiva. Y también un dominio web en el que quedó alojada una plataforma basada en el software creado para la cátedra. En su declaración de este miércoles, ha dicho que ella "jamás" pretendió cobrar por el uso de dicha plataforma, que siempre estuvo a disposición de la Complutense y que era "gratuita". Y ha dicho que la universidad tuvo pleno conocimiento de la inscripción del dominio. Es más, su Oficina de Patentes y Marcas le indicó en un correo como debía hacerlo: "Os enviamos un enlace sobre cómo registrar un dominio, puesto que nunca se ha realizado ese trámite desde la OTRI-UCM".
Con correos electrónicos se ha defendido también de la acusación que sobre ella pesa por intrusismo profesional al haber elaborado "los pliegos de prescripciones técnicas" para la contratación por parte del rectorado de "un servicio de asistencia y asesoría técnica y tecnológica para la creación de una plataforma de gestión y medición de impacto para la pequeña y mediana empresa". "El pliego de prescripciones técnicas ha de firmarlo Begoña", escribieron desde la Escuela de Gobierno el 24 de abril de 2023. "Adjunto la propuesta del pliego de cláusulas administrativas particulares. Tiene que ir firmada por un responsable de la cátedra", insistieron unos días después en relación con dicho contrato.
El Instituto de Empresa
Otro de los frentes abiertos por Peinado en esta causa convertida en una suerte de hidra de mil cabezas es el relativo a la relación de Gómez con el Instituto de Empresa. En relación con esto, ha prestado declaración este miércoles también en el juzgado Juan José Güemes, exconsejero de la Comunidad de Madrid en la época de Esperanza Aguirre y hoy alto cargo del IE. Él es, como Barrabés o Goyache, otro de esos comparecientes que Peinado ha convertido de testigos a investigados. En su caso, lo hizo al entender que el testimonio que había dado entraba en contradicción con algo que realmente nunca dijo la directora de recursos humanos del centro.
Según la transcripción publicada por El Periódico, la testigo vino a decir simplemente que se había firmado por ambas partes una cláusula de especial conflicto de interés motivada porque Gómez era la mujer del presidente del Gobierno. Un mes después, Güemes se sentó frente a Peinado. "La directora de recursos humanos manifestó en esta sede que fue usted quien le dijo que había que formalizar el contrato y que la razón o la motivación, en concreto, era por ser la esposa del presidente del Gobierno", soltó el instructor. "Desde luego, no se contrató a Begoña Gómez por ser la esposa del presidente", respondió el exconsejero. Y, tras esto, se suspendió su comparecencia y pasó a estar investigado.
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El directivo del IE ha vuelto a insistir este miércoles, aunque solo a preguntas de su abogado, en que no se fichó a Gómez por ser la mujer del líder del Ejecutivo. Es más, ha dicho que los contactos con ella comenzaron a finales de 2017, antes de que Sánchez llegara a La Moncloa. Y que se la contrató para encabezar el África Center porque tenía un perfil que encajaba en el proyecto. Además, ha asegurado que Gómez cobraba de fondos "estrictamente privados".
Más allá de esto, Peinado continúa indagando en el patrimonio de la investigada. En una providencia de la pasada semana, el magistrado pide a la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil que compruebe si existen, además de las ya facilitadas a través del Punto Neutro Judicial, más cuentas bancarias titularidad de Gómez. Además, de las ya identificadas, pide los movimientos y saldos de diciembre de 2019 a noviembre de 2024. Y autoriza a los agentes a que "puedan solicitar y recibir cuantas aclaraciones, ampliaciones o documentación complementaria relacionada con dichos productos y con cualquier operación efectuada con origen o final en las cuentas bancarias relacionadas".
Del mismo modo, en otra providencia de la pasada semana, ha solicitado a Presidencia que facilite "la relación de puestos de trabajo de los distintos trabajadores y asesores que desempeñan sus labores en el Palacio de la Moncloa. Este viernes, ya está citada a declarar como testigo una asesora que, según algunas noticias, habría enviado emails a empresas que colaboraban con Gómez.
