El PP abraza a Puigdemont por Navidad
Las causas judiciales que aparentan una motivación más política que penal terminan por archivarse con cierto daño irreparable. Luego hay otras causas que son lo que parecen y se sabe dónde empiezan pero no dónde acaban. Esta semana, el carrusel judicial del Gobierno ha servido también para diferenciar la amplia toponimia, una casuística que no debería ser tal. Ni todos los jueces instruyen igual, ni todas las causas son iguales. El mejor ejemplo es el caso Koldo, una (presunta) corrupción pura y dura; tras la tercera declaración de Begoña Gómez todavía sigue concretarse dónde están los indicios ni hacia dónde dirige Juan Carlos Peinado la instrucción; y luego está la orden al juez de Barcelona Joaquín Aguirre para que archive “sin excusas” la causa contra Carles Puigdemont a riesgo de cometer “un fraude de ley”.
A Koldo García le favorece que Víctor de Aldama no aporte ninguna prueba. Aunque, como en la canción de Sabina, negarlo todo incluso la verdad, ha sido un error de cálculo. El exasesor de Ábalos tenía hasta 34.000 euros en casa por “tradición familiar” cuando lleva años cobrando un sueldo público, ingresaba dinero en efectivo en su cuenta corriente, no pagaba nada con tarjeta, puso a nombre de su hija menor un piso comprado en Benidorm… toda una serie de chapuzas que visualizan cómo se movía. El piso de Cádiz, el de Jessica Rodríguez, es uno de los detalles de un trasfondo más serio.
En el otro extremo está la causa de Begoña Gómez, donde ni Fiscalía ni Guardia Civil ven indicios penales. Empezó con la acusación de beneficiarse de subvenciones del Gobierno y resultó ser una información falsa. Luego vinieron los contratos del empresario Carlos Barrabés, donde la UCO tampoco vio delito y del que ya no se acuerda el juez. Después el rescate de Air Europa, donde el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ordenó dos veces cerrar esa vía. El juez Ismael Moreno, instructor del caso Koldo también rechazó cualquier diligencia. Luego llegó la apropiación del software del que Gómez registró el dominio url disponible a su nombre por indicación de la universidad. El software era gratuito, un pro bono de grandes empresas que no se explotó comercialmente. El último capítulo es la asesora de La Moncloa haciendo gestiones para Gómez. Un tema de debate sobre la necesaria regulación y transparencia de la figura de la pareja consorte, pero donde no existe tipificación, es difícil que haya delito. También están los testigos que salen como imputados. O las cuentas bancarias que se filtran con errores mientras Juan Carlos Peinado se ha negado desde el principio de la causa a evitar filtraciones.
No hay que descartar que el PP termine maniobrando en el Supremo para que se aplique la ley de amnistía a favor de Junts. Si no fuera por el cinismo y la pista de aterrizaje que necesitan para que vayan aterrizando sus votantes, sería todo un avance
En el fondo, el PP sabe que las denuncias de las asociaciones de ultraderecha –al hermano y a la mujer del presidente– le sirven para hacer oposición mientras estén abiertas pero es difícil que acaben en nada. Son estratégicas y útiles para desgastar a Pedro Sánchez, por eso Alberto Núñez Feijóo habla más del entorno familiar que del caso Koldo y Ábalos. El autor del “no quiero meter a los familiares” es el mismo de “los imputados en la cena de Nochebuena”. Un doble discurso sin pudor a la contradicción que ha llegado para quedarse. Porque mientras la sesión de control al Gobierno se ha convertido en el show de Tellado (coreografías incluídas), a los votantes del PP les traerán un Carles Puigdemont por Navidad. Ahora ya no se rompe España, ni se cede al chantaje, como han machacado durante un año. Mientras evitan hablar de economía o Presupuestos y convertir el control al Gobierno en un monólogo sobre las citas judiciales, la apuesta de Feijóo para 2025 pasa por profundizar en esa relación, convertir al prófugo en un interlocutor válido y cerrar más acuerdos. De importar el procés a Madrid con las manifestaciones en Colón y Ferraz, a dar la bienvenida a la política parlamentaria. No hay que descartar que el PP termine maniobrando en el Supremo para que se aplique la ley de amnistía a favor de Junts. Si no fuera por el cinismo y la pista de aterrizaje que necesitan para que vayan aterrizando sus votantes, sería todo un avance.
