“Chiringuitos académicos”, el gran arancel universitario
Los “chiringuitos” existen, hay quien regala títulos académicos y cualquiera sabe distinguir las llamadas ‘universidades garaje’, expendedoras de másteres al por mayor donde pesa más lo que pagas que lo que aprendes. Están fuera de los estándares académicos pero compiten en su terreno, socavando los recursos de los centros de excelencia y el derecho fundamental a la educación de calidad. El Gobierno patinó abriendo el debate enfrentando pública contra privada, generalizando sobre ‘títulos regalados’ o centrando el asunto en Madrid y Andalucía, como si fuera solo un tema de izquierda-derecha. ‘Patinó’ porque dejaba el campo abierto para desviar el asunto.
Claro que los datos de Madrid son relevantes, más de treinta años de mayorías de derechas tienen su efecto. Pero el fenómeno ha crecido con fuerza también en Cataluña –en la de ERC incluída–. De qué hablamos cuándo señalamos a los “chiringuitos” académicos y cómo afectan a la calidad pública es un asunto de más calado y fondo del que ocupa en la agenda. Ese choque de títulos fáciles y universidad pública está erosionando en silencio el derecho a la igualdad a través de la educación.
Los chiringuitos sí afectan a la calidad educativa y claro que hay una correlación directa entre su crecimiento y la fragilidad del resto. Absorben estudiantes y recursos
La pública en España está tan descuidada que olvidamos su peso democrático y lo que representa. Y su deterioro ha jugado a favor intencionadamente de la proliferación de esos centros privados de mala calidad. No hace falta demonizarlos para admitir que su misión además es otra, no tienen que garantizar la pluralidad de cátedra, cuidar el sesgo político o la igualdad de acceso. La privada puede dedicar todo su esfuerzo a ser competitiva, a tener una bolsa de empleo más robusta que la pública y fomentar un entorno elitista que nutra las redes de contacto para el futuro de sus alumnos. Es lícito, pero la obligación del Estado y las autonomías es proteger lo público.
El desamparo en estos casos es fácil. Hay quien no se cansa de enviar recursos al Tribunal Constitucional mientras deja sin oxígeno financiero el derecho a la sanidad, la educación o la vivienda. Los chiringuitos sí afectan a la calidad educativa y claro que hay una correlación directa entre su crecimiento y la fragilidad del resto. Absorben estudiantes y recursos. La noticia más importante sobre los presupuestos de 2025 de Isabel Díaz Ayuso fue precisamente la infrafinanciación de las seis universidades públicas madrileñas. Los Consejos de Gobierno se dirigieron a Ayuso en una carta abierta sin precedentes alertando de la imposibilidad de sobrevivir con la financiación que les había dedicado. En datos de 2024, Madrid era la penúltima comunidad autónoma en dotación de la universidad pública, 16 autonomías destinan más dinero a la universidad pública que Ayuso. Madrid está a la cola en inversión autonómica, entre las tres comunidades que más reciben del Estado y la segunda con las tasas más altas.
El ascensor social sube o baja con la fuerza que tenga la palanca financiera de la sanidad y la educación. En la universidad pública se asienta la defensa de la libertad de pensamiento. Fomenta la crítica y la reflexión, la ciencia y la investigación. Garantiza que puedas nacer en Vallecas o en Usera y llegues al mismo sitio que quien nace en La Moraleja o el barrio Salamanca. No es banal que el movimiento global de extrema derecha tenga su campo de batalla en lo académico. Por su ideología antiliberal y su defensa de las élites. Del primer ministro húngaro Viktor Orban a Donald Trump, la universidad ha sido atacada, se han cortado los fondos y han cargado contra cátedras y determinados departamentos. VOX hace lo mismo en su pequeña escala y –cuando puede hacerlo– a través de sus pactos.
No es casualidad que hayan sufrido más las universidades más robustas académicamente que muchas privadas expende-títulos. Si se quiere potenciar la universidad pública, el ejecutivo llega algo tarde al problema de fondo, pero ha hecho bien en reforzar los criterios de los centros privados. Ojalá haya presupuestos generales para financiar el correcto funcionamiento del ascensor social.
