La señora Pradas no sabía que no sabía
El pasado viernes asistimos a un escándalo más de la larga cadena de hechos inéditos que han tenido lugar tras la DANA: La declaración de la que era consejera de la Comunidad valenciana, la señora Salomé Pradas, derrumbándose ante la jueza de Catarroja diciendo que no tenía ni idea de emergencias. Sí, la misma que ostentaba, precisamente, el cargo de consejera de emergencias (más info aquí).
Las declaraciones han escandalizado –qué menos– porque se trata de una de las mayores tragedias de las últimas décadas en España, por lo que adquiere una trascendencia especial. Sabemos, sin embargo, que no es la primera persona –y ojalá sea la última, aunque lo dudo– que toma posesión de un alto cargo de gestión pública sin saber exactamente qué está asumiendo ni qué compromisos adquiere. Lamentablemente, lo estamos comprobando de la forma más dura y siniestra. Con 228 muertos y un pueblo, el valenciano en primer lugar, y con él el español, en estado de shock.
La frivolidad hace que no sean pocos quienes dan el sí quiero a una propuesta política, con o sin atribuciones de gestión pública, sin saber exactamente dónde se meten ni cuál es su responsabilidad a la hora de desarrollar las tareas propias del puesto. Digo “responsabilidad” porque el papel de quien se dedica a la política no es tanto disponer de los conocimientos expertos del área que le toque trabajar –en el gobierno o en la oposición–, como del criterio político que le lleve a tomar las mejores decisiones posibles tras escuchar a las personas expertas.
El presidente Ximo Puig no se ha cansado de decirlo: cuando había avisos de DANAs o de alertas meteorológicas, el CECOPI se reunía jornadas antes, con él a la cabeza. ¿Era, acaso, el presidente Puig, o sus consejeros, expertos en emergencias? En absoluto. Pero sabían lo que sabían y lo que no sabían, y sobre todo, cuál era su responsabilidad.
Un cargo político no está en su puesto para mostrar su solvencia técnica, sino para escuchar a las personas expertas –los expertos médicos en la pandemia, las personas expertas en emergencia en la DANA, los economistas en la guerra arancelaria de Trump, etc.– y, tras entender sus diagnósticos y propuestas, aplicar su criterio político para tomar las decisiones, pues sólo esa persona tiene la legitimidad democrática para hacerlo.
Ni los políticos pueden decidir sin escuchar a quienes tienen conocimiento experto, ni éste puede tomar decisiones intentando hacer valer una pretendida “neutralidad científica” que nunca existe
La relación entre el conocimiento experto y el criterio político es siempre compleja, y a menudo se necesita hilar muy fino para saber dónde acaba una y empieza otra, pero ni los políticos pueden decidir sin escuchar a quienes tienen conocimiento experto, ni éste puede tomar decisiones intentando hacer valer una pretendida “neutralidad científica” que nunca existe.
El conocimiento experto tiene que poner encima de la mesa los datos existentes y los distintos escenarios que se pueden dar. Luego, es quien ostenta la responsabilidad política quien debe tomar la decisión correspondiente, aplicando unos valores y criterios de interés público. ¿Confinamos a toda la población cuando el Covid comienza a extenderse o sólo a los territorios más afectados? ¿Con qué criterios, en qué medida? ¿Lanzamos la alerta ya el día de antes arriesgándonos a que se nos acuse de un excesivo alarmismo –como pasó un año atrás con la DANA en Madrid– o preferimos prevenir males mayores aun a riesgo de que se nos llame alarmistas y se quejen quienes, por ejemplo, han sufrido cancelaciones en establecimientos hosteleros o han tenido que parar las fábricas? A grandes rasgos, y aun a costa de simplificar en exceso, puede decirse que la valoración y el criterio son políticos. Los datos sobre los que ese criterio debe operar, técnicos.
El caso de la señora Pradas causa especial indignación por la magnitud de la tragedia. Lamentablemente, no es la única responsable política que no sabe que no sabe y lo que es peor: que no sabe lo que tiene que saber. Es decir, en qué consiste su responsabilidad.
En un momento en que los grandes riesgos globales –la crisis climática, los aspectos geopolíticos, la revolución tecnológica, etc– necesitan cada vez de más y mejores conocimientos expertos, quienes tienen responsabilidades políticas han de saber lo que saben, lo que no saben, y lo que deberían saber.
