Desde el inicio del procés en Cataluña, las fuerzas independentistas han venido reclamando al Gobierno de España una consulta pactada para comprobar la voluntad del cuerpo electoral en Cataluña sobre una eventual independencia de ese territorio respecto del resto de España en base al ejercicio del derecho de autodeterminación de los pueblos. De manera sistemática, desde el ámbito político especialmente se ha negado tal posibilidad, tan solo mentarlo exponía a la fuerza política a nivel nacional que se le ocurriera atender a semejante temeridad a una sangría de votos en las próximas elecciones dada la consumada traición a España que supone hablar sobre esta cuestión y la previsible ruptura de la integridad territorial.
Ciertamente podemos encontrar en ámbitos académicos literatura suficiente sobre este asunto tanto a favor como en contra, pero tengo la sensación de que, como sucede con otras cuestiones –por ejemplo, cómo luchar contra la corrupción–, el ámbito político es impermeable a lo que se debate en el mundo académico. Y yo me pregunto, ¿cuál es en realidad el problema en hablar sobre ello? Me refiero al hecho de que a lo largo de estos años desde el ámbito (mal llamado) constitucionalista no se ha dado la batalla discursiva sobre el derecho a la autodeterminación, no había nadie en la portería para intentar parar el gol que ha supuesto la construcción de un discurso independentista que, revestido de democracia, hace aguas por todos lados y es completamente falaz.
En lugar de eso, se ha preferido dar la batalla en una guerra perdida de antemano, que es la emocional. Digo perdida de antemano de cara a aquellos ciudadanos catalanes que han estado durante muchos años militando en el catalanismo no independentista y que, finalmente, llevados al terreno emocional, se han visto seducidos por un discurso más sexy de un independentismo que ha disfrazado de democracia el derecho a la autodeterminación (¿quién no está de acuerdo con votar?). Y ello en contraste con la defensa de la sagrada unidad de España, defendida por la derecha autobautizada como constitucionalista, que se ha situado en las mismas coordenadas emocionales e identitarias que el independentismo, con el fin de asegurar los votos extramuros de Cataluña, sopena de ser residuales en el territorio catalán (y vasco) y de exacerbar a la extrema derecha, con un discurso rancio y uniformador que se ha olvidado de defender la unidad en la diversidad de las nacionalidades y regiones y la descentralización territorial del poder, de defender que la Constitución no es nacionalista española, sino todo lo contrario (profesa un nacionalismo cosmopolita), que no pretende la uniformidad del castellano sino que reconoce la autonomía de nacionalidades y regiones, que ha permitido recuperar instituciones como la Generalitat de Cataluña o la foralidad y los hechos históricos diferenciales, que admite sin tapujos la cooficialidad de las diferentes lenguas, que ha integrado a los nacionalismos en los procesos de toma de decisiones a través de los diferentes órganos constitucionales y estatutarios, que establece un sistema electoral generoso con tales territorios hasta el punto de poner y quitar Gobiernos en el conjunto del Estado o de resultar agraciados en los presupuestos anuales en detrimento de otras zonas de España más necesitadas, máxime cuando hemos decidido como país que buena parte de nuestro Estado social se gestione desde las comunidades autónomas.
El derecho de autodeterminación que pretende ser ejercido en un Estado democrático no es posible ni deseable. No es posible porque un territorio que forme parte de un Estado democrático no puede imponer una decisión de esa parte del territorio al resto, no sólo de su propio territorio sino del conjunto del Estado; no es difícil de entender que el resto de la población integrante de este Estado algo tendría que decir en cuanto al impacto en sus pensiones, salarios, servicios públicos, los cuales se verían seriamente afectados, en definitiva, a su nivel de vida y expectativas futuras de prosperidad.
En segundo lugar, no es deseable, porque no es posible sostener un Estado (del bienestar) que esté sometido a la permanente tensión de la amenaza de un referéndum de autodeterminación por parte de los territorios en cuanto sus pretensiones no sean acogidas. No es posible considerar a los territorios como entes preestatales que en cualquier momento pueden amenazar la integridad del Estado ante la más mínima tensión política. Precisamente para esto está la democracia: para canalizar las distintas preferencias. Cabe recordar que una aspiración política basada exclusivamente en lo territorial es muy legítima, pero también lo son las aspiraciones económicas o sociales que defienden diferentes opciones políticas en una democracia y lo mejor que tiene ésta es que ningún partido va a poder conseguir materializar su aspiración política máxima, ya sea para unos, una sociedad socialista, o para otros una sociedad neoliberal, por ejemplo. Por tanto, lo territorial no es diferente ni tiene más derecho que otro tipo de aspiraciones políticas como lo social o lo económico, que deberán sujetarse en todo momento a los procedimientos democráticos previamente establecidos como sucede con el resto de aspiraciones políticas.
Por este motivo, los partidos independentistas no pueden esperar que su aspiración sea cumplida en sus máximos, como el Partido Popular o Vox no pueden esperar que su aspiración más neoliberal o centralista sea atendida o que Unidas Podemos pretenda que su programa de gasto público sea asumido y en caso contrario “sacar las urnas a la calle”. Para que estas cosas sucedan, deben persuadir y convencer a una mayoría muy amplia del electorado no sólo de su territorio sino del conjunto del Estado, que difícilmente es alcanzable en una democracia pluralista.
¿Esto significa que es posible que nunca puedan cumplir su ideal? Es muy posible, pero los demás partidos políticos muy probablemente tampoco (Vox debe saber que difícilmente los españoles van a querer desmantelar el Estado de las autonomías y que el destino de los territorios se decida dependiendo de lo que diga Madrid). El independentismo debe entender que deben convencer y persuadir a los votantes de PSOE, PP y Cs (más los partidos regionalistas) para que la Constitución se reforme y permita el derecho de autodeterminación y realizar un referéndum. Es verdad que eso es muy difícil, pero en otras latitudes como el referéndum por la independencia de Escocia fue posible por un acuerdo de ambos gobiernos, el británico y el escocés, es decir, el partido conservador británico, entonces en el Gobierno británico, quería el acuerdo, pero si aquí no lo quiere ni lo desea ninguno de los partidos que defienden la integridad territorial de España, tal acuerdo no es posible y aunque se produjera habría que modificar la Constitución y dar la voz a los ciudadanos.
Por lo tanto, no hay que tener miedo a hablar de todo porque hablar no significa ceder y porque afortunadamente por mucho que se quiera hablar, nada puede pasar si la mayoría de ciudadanos no quiere y de eso debemos felicitarnos todos porque eso es la democracia. ______________
Luis Fernández Caballero Lamana es socio de infoLibre
Desde el inicio del procés en Cataluña, las fuerzas independentistas han venido reclamando al Gobierno de España una consulta pactada para comprobar la voluntad del cuerpo electoral en Cataluña sobre una eventual independencia de ese territorio respecto del resto de España en base al ejercicio del derecho de autodeterminación de los pueblos. De manera sistemática, desde el ámbito político especialmente se ha negado tal posibilidad, tan solo mentarlo exponía a la fuerza política a nivel nacional que se le ocurriera atender a semejante temeridad a una sangría de votos en las próximas elecciones dada la consumada traición a España que supone hablar sobre esta cuestión y la previsible ruptura de la integridad territorial.