Pretextos, mentiras y medias verdades trufan el texto legal que obligará a los clientes a ceder información privada de los hábitos domésticos de las familias a las compañías explotadoras de la venta de energía eléctrica, para que hagan un uso comercial y estratégico que optimice su beneficio a costa de la intromisión en los domicilios introduciendo aparatos de espionaje que les faciliten qué sucede cada minuto, en cada uno de los hogares españoles: “En lo que se refiere a mayor eficacia, reducciones de los precios, mejora de la calidad del servicio y mayor competitividad […]”. Bla, bla, bla.
“El Consejo Europeo, reunido en Lisboa los días 23 y 24 de marzo de 2000, solicitó medidas urgentes para la plena realización de los mercados interiores de la electricidad y el gas y la aceleración de la liberalización en estos sectores para crear un mercado interior plenamente operativo[…] ”. Bla, bla, bla.
“La apertura progresiva del mercado a la plena competencia debe permitir tan pronto como sea posible eliminar los desequilibrios entre Estados miembros […] ”. Bla, bla, bla.
“Es importante que los Estados miembros adopten las medidas necesarias para proteger a los consumidores vulnerables en el contexto del mercado interior de la electricidad. Dichas medidas podrán diferir en función de las circunstancias concretas de cada Estado miembro y podrán incluir medidas específicas relacionadas con el pago de las facturas de electricidad o medidas más generales adoptadas dentro del sistema de seguridad social […] ”. Bla, bla, bla.
En román paladino: La compañía eléctrica esconde entre las plúmbeas líneas de la Orden IET/290/2012, de 16 de febrero, por la que se modifica la Orden ITC/3860/2007, de 28 de diciembre, por la que se revisan las tarifas eléctricas a partir del 1 de enero de 2008 en lo relativo al plan de sustitución de contadores; la ganzúa que le permita allanar los hogares españoles acudiendo a sus amigos o empleados en el Gobierno para que, mediante una ley arbitraria, los usuarios y clientes de las compañías eléctricas estén obligados a sufragar el alquiler de un chivato que espíe la intimidad de sus hogares, facilitando información privada, irrelevante para suministrar el servicio, pero comercialmente sensible, publicando entre otras cosas los hábitos sobre el uso de energía eléctrica de cada familia, para que las compañías puedan apretar mejor y con mayor exactitud las tuercas del precio del servicio que proporcionan a sus clientes, atendiendo exclusivamente al interés de las compañías comercializadoras de electricidad y violentando el de los usuarios.
Estamos hablando de una pequeña central de espionaje al servicio de las compañías, no de un contador. La información suministrada nada tiene que ver con el servicio prestado. El contador facilita el total de kilovatios gastados durante el período a cobrar. Tantos kilovatios gastados, a tal coste el kilovatio, tantos euros. La máquina soplona que pretenden hacer pasar por un inocente contador, membrillea a qué temperatura tienes la casa, cuándo te acuestas, cuándo te levantas, cuándo entras en casa, cuándo sales, cuándo no hay nadie, si los fines de semana te vas o te quedas… y otras informaciones que no deberías estar obligado a dar a la compañía. _______________
Fernando Pérez Martínez es socio de infoLibre
Pretextos, mentiras y medias verdades trufan el texto legal que obligará a los clientes a ceder información privada de los hábitos domésticos de las familias a las compañías explotadoras de la venta de energía eléctrica, para que hagan un uso comercial y estratégico que optimice su beneficio a costa de la intromisión en los domicilios introduciendo aparatos de espionaje que les faciliten qué sucede cada minuto, en cada uno de los hogares españoles: “En lo que se refiere a mayor eficacia, reducciones de los precios, mejora de la calidad del servicio y mayor competitividad […]”. Bla, bla, bla.