El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso aprobó el 18 de marzo un Protocolo que prohibía trasladar a hospitales a mayores que vivían en residencias si tenían un determinado nivel de dependencia o de deterioro cognitivo. Los datos oficiales del propio Ejecutivo madrileño, que destapó Manuel Rico en infoLibre, reflejaron que 7.291 residentes fallecieron en los geriátricos sin recibir previamente atención hospitalaria en marzo y abril. Una cifra que se ha convertido en un símbolo en la lucha de los familiares durante estos cuatros años y que también da nombre al reciente documental que narra todo lo sucedido.
Las dos horas de metraje de 7291 principalmente se basan en momentos de la Comisión sobre la gestión del Gobierno que tuvo lugar en la Asamblea de Madrid, la Comisión Ciudadana por la Verdad en las Residencias de Madrid y otras comparecencias en la sede parlamentaria regional.
Una gran cantidad de datos y discursos oficiales que están reforzados por explicaciones que profundizan y también ponen cara en esas 7.291 víctimas. Además de los testimonios de los familiares, el periodista Manuel Rico, el exconsejero de Políticas Sociales de la Comunidad de Madrid en 2020, Alberto Reyero, el periodista de El País Fernando Peinado y políticos de la oposición de la Asamblea explican en qué consistió el Protocolo de la Vergüenza del Gobierno de Ayuso.
Tanto la presidenta de la Comunidad como su consejero de Sanidad en la pandemia, Enrique Ruiz Escudero, fueron invitados a dar sus propias explicaciones, pero ni siquiera respondieron a la petición. No obstante, aparecen representados a través de algunas intervenciones que han llevado a cabo en los plenos de la Asamblea.
El documental nace de la mano del cineasta Juanjo Castro, un realizador de series de televisión y director de películas modestas, que no formaba parte de ninguna asociación de víctimas, pero que no dio crédito cuando se enteró de lo ocurrido en las residencias de Madrid en marzo y abril de 2020. Castro comenta a infoLibre que toda esa información le apabulló al leer el libro Morirán de forma indigna de Alberto Reyero.
A partir de aquí comenzó un arduo camino de documentación y de visionado sobre la actuación de la Comunidad de Madrid con el objetivo de realizar un documental "lo más imparcial posible y dando cabida a todas las partes". "Yo en el documental intento ser lo más ecuánime e imparcial posible. Trato de mostrar muchos datos y que cada uno saque sus propias conclusiones", amplía el realizador.
Castro señala que otro momento difícil del montaje fue la selección de los testimonios de los familiares en la comisión ciudadana. Se vivieron situaciones en las que muchos de ellos se derrumbaron al contar sus experiencias y el autor señala que "es algo que he querido evitar".
La lucha de las familias ante la inacción de la Fiscalía impide a Ayuso enterrar su Protocolo de la Vergüenza
"Yo no quería caer en el amarillismo, pero claro el problema es que detrás de la cifra 7.291 murió mucha gente. Hay que mostrar eso con cuentagotas, pero que a su vez permita poner cara a todo lo sucedido", explica el director. Una presencia que también considera "importante" es la de los trabajadores de los centros geriátricos, ya que "no daban abasto y veían morir constantemente a la gente a su lado".
Su llegada a los cines
Una vez realizado un primer pase para los familiares y haber recibido todo su apoyo, 7291 busca llegar a la gran pantalla. Castro conoce la industria y sabe que se trata de un camino "lento y en el que hay que ir poco a poco". Estoy merodeando la posibilidad de una distribución en salas, una posible venta a alguna plataforma y, sobre todo, acudir a algún festival para que tenga un mínimo de repercusión", detalla el director de 7291.
La película se finiquitó unos pocos días antes del pase que realizó el pasado sábado y cuenta con dos montajes: el original de dos horas y otro en formato reducido de 55 minutos. Castro espera que esas primeras llamadas que ha realizado sean respondidas y que 7291 llegue al mayor numero de gente posible.
El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso aprobó el 18 de marzo un Protocolo que prohibía trasladar a hospitales a mayores que vivían en residencias si tenían un determinado nivel de dependencia o de deterioro cognitivo. Los datos oficiales del propio Ejecutivo madrileño, que destapó Manuel Rico en infoLibre, reflejaron que 7.291 residentes fallecieron en los geriátricos sin recibir previamente atención hospitalaria en marzo y abril. Una cifra que se ha convertido en un símbolo en la lucha de los familiares durante estos cuatros años y que también da nombre al reciente documental que narra todo lo sucedido.