La dirección de la SGAE aprueba unos nuevos Estatutos para responder a Cultura y a la CISAC

La Junta Directiva de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) ha aprobado este martes un nuevo texto de los Estatutos de la sociedad, en respuesta a las "exigencias" tanto del Ministerio de Cultura como de la Confederación Internacional de Autores y Compositores (CISAC), según un comunicado hecho público por la entidad. El pasado febrero, el Ministerio de Cultura solicitó permiso a los tribunales para intervenir la entidad, y la CISAC, que reúne a 239 sociedades de autores de 122 países, hizo pública hace unos días su voluntad de expulsar a la SGAE del club durante un año, algo que deberá decidirse el 30 de este mismo mes.

Estos nuevos Estatutos deberán ser ratificados por la Asamblea General de la sociedad, que se celebrará el próximo 24 de junio. Y este trámite no es baladí, porque fue este organismo el que el pasado diciembre tumbó el intento de la anterior dirección, con José Ángel Hevia como presidente, para modificar la normativa: aunque entonces votaron a favor un 58%, no alcanzaba la mayoría necesaria de dos tercios para su aprobación. 

La dirección de la entidad, con Pilar Jurado a la cabeza desde finales de febrero, asegura que este nuevo texto "responde a la totalidad de las exigencias legales" de la nueva Ley de Propiedad Intelectual, aprobada por el Congreso también en febrero. Los nuevos estatutos contemplan, según el comunicado, la creación de un "órgano de control y supervisión", denominado Comisión de Supervisión, cuyo objetivo sería "el control permanente de los órganos de gobierno". Esta era una de las 17 exigencias de la CISAC para mantener a la SGAE entre sus miembros. 

La Confederación Internacional de Autores decide expulsar durante un año a la SGAE

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Siempre según la entidad, la Junta Directiva ha ratificado el acuerdo tomado por el Consejo de Dirección sobre el desarrollo del voto electrónico para las asambleas y los distintos procesos electorales, una decisión que responde al "deseo de ofrecer las máximas posibilidades de participación a los socios". La implantación del voto electrónico para las princiales elecciones de la entidad ya se había puesto en marcha el pasado marzo, durante la primera Junta de la nueva presidencia. Esta era una de las exigencias de Cultura, que llegó a enviar desde julio de 2017 hasta 13 requerimientos y un apercibimiento a la entidad. Además de este punto, el Gobierno exigía la modificación de los Estatutos, ahora pendiente de la Asamblea, y la revisión de los criterios de reparto, incluida la distribución del pasado diciembre, que aún está en liza. 

La intervención de la entidad por el Ministerio de Cultura está pendiente de la respuesta de la Audiencia Nacional, pero también del cambio de Gobierno, que podría ralentizar el sistema. El conflicto abierto con la CISAC sigue adelante, con un nuevo capítulo previsto para finales de este mes.