'Franco', de Julián Casanova

Nadie ha condicionado tanto la historia contemporánea de España como Francisco Franco Bahamonde. A pesar de su omnipresencia –de las monedas a las aulas, del NODO al actual debate público—, el dictador sigue siendo un desconocido, oculto tras una maraña de maniqueísmos y de mentiras. El profesor Julián Casanova, el mejor historiador de su generación y también columnista de infoLibre, nos ofrece una biografía reveladora sobre la persona y el personaje que determinó el destino de España durante cuatro décadas.

Cincuenta años después de la muerte del dictador, Julián Casanova revela en su nueva obra aspectos desconocidos por sus coetáneos y traza, para las nuevas generaciones, el retrato definitivo del dictador. Para ello ha indagado en decenas de testimonios, libros y documentos que, con el poso de toda una trayectoria académica y de investigación, le permiten una aproximación precisa y novedosa.

infoLibre ofrece a continuación un extracto de la obra. El libro, editado por Crítica, llega este miércoles a las librerías:

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La política social de «limpieza» de los años cuarenta dio paso desde 1953, con la ejecución de los últimos maquis, a la violencia controlada bajo la apariencia de legalidad. La jurisdicción civil dejó gradualmente de ejecutar y a partir de los años sesenta las condenas a muerte fueron emitidas por consejos de guerra. La creación del Tribunal de Orden Público redujo las atribuciones de la jurisdicción militar. El extraordinario incremento de los conflictos sociales a finales de los años sesenta provocó, sin embargo, un endurecimiento del castigo, de las penas contra delitos de carácter político, terrorismo y «atentados contra el orden público», tipificados en el decreto ley de agosto de 1968 «sobre la represión del bandidaje y terrorismo», juzgados por tribunales de guerra.

En ese escenario se desarrolló el proceso de Burgos, fomentado por el sector más ultra, que encontró en la VI Región Militar a los ejecutores adecuados, el capitán general Tomás García Rebull, el coronel auditor Fernando Suárez de la Dehesa y el capitán, vocal ponente, del Cuerpo Jurídico Militar Antonio Troncoso de Castro. El ministro de Información y Turismo, Alfredo Sánchez Bella, hermano del consiliario del Opus Dei en España, intentó sobornar a Troncoso a través de Carlos Rojas, alto funcionario de la Dirección Nacional de Prensa. A cambio de no condenar a ninguno de los acusados a la pena de muerte le ofrecieron la vicepresidencia del Banco Hipotecario, el Banco de Crédito Agrícola o el de Crédito de la Construcción. Troncoso rechazó el soborno, «las penas que se pongan han de ser serias, dada la gravedad de los hechos», pero después, en febrero de 1971, la Auditoría de Guerra le abrió un sumario. En el interrogatorio acusó a Sánchez Bella, aunque el proceso no siguió adelante.

Los años que siguieron fueron los más agitados de la dictadura. ETA salió fortalecida al incorporar a centenares de jóvenes, muchos de ellos del PNV, atraídos por la imagen de una organización que respondía con violencia a la persecución del «pueblo vasco». Los conflictos se extendieron por todas las grandes ciudades y se radicalizaron por la dura represión de los cuerpos policiales, cuyos disparos dejaban a menudo muertos y heridos en las huelgas y manifestaciones. La violencia policial llegó también a las universidades, donde crecían las protestas y se multiplicaban las minúsculas organizaciones de extrema izquierda. La respuesta de las autoridades, con Carrero Blanco al frente, fue siempre mano dura y una confianza inquebrantable en las fuerzas armadas para controlar la situación. Para que no apareciera siempre el Gobierno como actor de la violencia, desde el servicio de inteligencia de Carrero se organizaron, con la ayuda de su amigo Blas Piñar, bandas parapoliciales, matones a sueldo y policías fuera de servicio, que aterrorizaban con impunidad y complicidad de las autoridades a sacerdotes progresistas, dirigentes sindicales y estudiantiles y libreros «rojos». La fiebre conspiranoica contra la subversión se apoderó de autoridades y jerarcas del Movimiento en aquellos años de quiebra de la paz de Franco.

El Caudillo estaba cada vez más alejado de los complejos y variados asuntos que esa década de desarrollo había provocado en la administración, en la economía y en la sociedad. La corrupción quiebra de la paz salió de nuevo a la luz a finales de marzo de 1972 y en esa ocasión el escándalo salpicó a su hermano Nicolás. La Comisión de Abastecimiento y Transportes (CAT) denunció la desaparición de cuatro millones de kilos de aceite de oliva almacenados como reserva estatal en los depósitos de la empresa Reace (Refinerías del Noroeste de Aceites y Grasas, S. A.) en Guixar, Vigo. La CAT había alquilado esos depósitos para guardar toneladas de aceite e intervenir de esa forma en el mercado y los precios de los productos básicos. Los responsables de la empresa, fundada en 1956 en Redondela, negociaban con el aceite a espaldas de los organismos públicos. Nicolás Franco era desde 1964 uno de los principales accionistas del consejo de administración. En el curso de las investigaciones judiciales aparecieron seis personas muertas. Los libros de contabilidad habían desaparecido y cuando se celebró el juicio, en octubre de 1974, presidido por Mariano Rajoy Sobredo, se anunció que el sumario se había perdido a causa de las reformas en la Audiencia de Pontevedra. Para que no se aireara el escándalo como en el caso Matesa, se dispuso por parte de los funcionarios de Información y Turismo una operación de control de la prensa y de encubrimiento para silenciar la relación de Nicolás Franco con los acusados del fraude. El juez no llamó a declarar al hermano del Caudillo.

Unos días antes de estallar ese escándalo, la familia Franco Martínez-Bordiú había vivido un momento extraordinario de felicidad, un regreso a aquella época de usos aristocráticos que tanto habían complacido a doña Carmen. En la tarde del 8 de marzo de 1972, se había celebrado en la capilla de El Pardo el enlace matrimonial de María del Carmen Martínez-Bordiú Franco con Alfonso de Borbón y Dampierre, primogénito de don Jaime y primo de Juan Carlos. En las invitaciones de boda y en la crónica del NODO de unos días después lo llamaban «Su Alteza Real», un título que no ostentaba. Franco entró a la celebración del brazo de su nieta, vestida por Balenciaga, el modista preferido en El Pardo; el novio, del de su madre, Emanuela de Dampierre, duquesa de Segovia; el príncipe Juan Carlos, con doña Carmen; y Sofía, con el 364 franco infante Jaime de Borbón. Ofició la ceremonia el cardenal Vicente Enrique y Tarancón. Asistieron dos mil invitados, con representantes de las realezas europeas, entre ellos los príncipes de Mónaco, y la primera dama de Filipinas, Imelda Marcos, amiga de los Martínez-Bordiú.

Los novios fueron de luna de miel a las Bahamas y doña Carmen dio instrucciones a los sirvientes para que su nieta fuera tratada como una princesa, «Alteza», y le hicieran la reverencia. En las maquinaciones de la camarilla de El Pardo, Alfonso de Borbón había intentado que Franco le diera un título equiparable al de Juan Carlos, príncipe de Borbón, y tener derecho así a ser tratado de Alteza Real. Don Juan de Borbón, jefe de la familia real, se opuso y accedió a que se le concediera el título de duque de Cádiz. Doña Carmen y el marqués de Villaverde vieron en ese enlace la posibilidad de que hubiera una dinastía real dentro de la familia, de que Franco pudiera cambiar su elección del monarca sucesor. No lo consiguieron, pero trabajaron de firme para desprestigiar a Juan Carlos y a los ministros tecnócratas que lo apoyaban.

Franco cumplió ochenta años el 4 de diciembre, en medio de un creciente declive mental y físico. En junio del año anterior, el embajador de Estados Unidos, Robert C. Hill, le había comunicado a Nixon: «Recientemente ha empezado a tener ataques en los que le dan arcadas, su digestión falla y empieza a vomitar». Pasaba horas delante del televisor. Mostraba todos los síntomas externos del párkinson: inexpresividad facial, temblor de las manos, mirada fija, voz débil y monótona y rigidez corporal. Un anciano frágil, que contrastaba con aquellos años en que se destacaba su inagotable capacidad para el trabajo. En la grabación del último mensaje del año 1972 le pidieron repetir varias veces porque se equivocaba. Estuvieron presentes el ministro de Información, Sánchez Bella, y el director general de radio y TVE, Adolfo Suárez. En diferido, apareció ante la cámara de pie, decrépito, y finalizó con la habitual declaración de que seguiría «de servicio a España y a los españoles [...] el tiempo que Dios quiera».

La salud del Caudillo preocupaba a muchos y los amigos y amigas de doña Carmen le presionaban para que el Gobierno solucionara las tensiones políticas y sociales con mano dura. Creían que el ministro de Gobernación, Garicano Goñi, y el de Asuntos Exteriores, López-Bravo, eran débiles y desleales. En febrero de 1973, la Señora le dijo a Carrero que debería actuar frente a ellos. Garicano se oponía a las «medidas extremas e indiscriminadas» que reclamaban falangistas y generales «azules» como Tomás García Rebull y Carlos Iniesta Cano. La ruptura entre Garicano y el director de la Guardia Civil comenzó a fraguarse por las críticas de este al Gobierno por imponer «una conducta de paciencia y debilidad a nuestras fuerzas de orden público» que ocasionaba que «las masas llegan a agredir y desarmar a los guardias, seguras de que estos tienen instrucciones de no comportarse con energía».

El 2 de mayo, Garicano dimitió. En la carta de renuncia que envió al Caudillo se quejó de la protección que algunos ministros y militares daban a los Guerrilleros de Cristo Rey. Al día siguiente, Franco le pidió a Carrero que comenzara a formar la lista de ministros porque le iba a nombrar presidente del Gobierno. Las jefaturas de Estado y Gobierno se separaron por una ley que Franco firmó el 8 de junio. López-Bravo fue destituido y López Rodó perdió su poder e influencia en la política interior, pese a su incondicional fidelidad al Caudillo, y pasó al Ministerio de Asuntos Exteriores. También tuvo que abandonar el cargo Sánchez Bella, nombrado presidente del Banco Hipotecario, el lugar que le había ofrecido al capitán Troncoso en el intento de soborno en el proceso de Burgos. Carlos Arias Navarro sustituyó a Garicano en Gobernación y entraron también como nuevos ministros dos falangistas de línea dura cercanos a Girón, José Utrera Molina en Vivienda y Francisco Ruiz-Jarabo en Justicia. La influencia de los ultras de la que se había quejado Garicano se había impuesto. Carrero Blanco, que llevaba mucho tiempo controlando los asuntos cotidianos, no tenía ningún interés en introducir reformas.

Carrero era el preferido de Nixon y de la administración estadounidense, el hombre que garantizaba en España el orden y la estabilidad que tanto deseaban. Henry Kissinger se reunió con Carrero el 19 de diciembre en Madrid. La entrevista duró una hora, en presencia de López Rodó y del teniente general Manuel Díez-Alegría, jefe del Alto Estado Mayor. El nuevo secretario de Estado consideraba a la dictadura española menos represiva que las comunistas de los países de Europa Central y del Este y quería que la España de después de Franco fuera admitida en la OTAN.

El orden público fue una preocupación constante de Carrero desde el mismo momento en que se convirtió en consejero de Franco, un desvelo que creció en los años finales, cuando la proliferación de los incidentes violentos deterioró la imagen creada de un régimen pacífico que siempre lo mantenía. El día que lo asesinaron, Carrero Blanco iba a presentar un documento en la reunión de ministros en el que mostraba su obsesión por los grandes demonios de su amado Franco: el comunismo y la masonería. Eran, como se había repetido machaconamente desde la victoria en la guerra, los principales enemigos de España, infiltrados, tras el desarrollo y la modernización, en la Iglesia y en las universidades, en las clases trabajadoras y en los medios de información.

Frente a ellos, siempre quedaría «el espíritu de nuestro Movimiento, la virilidad, el patriotismo, el honor, la decencia...». Y la receta que ofrecía para atajar la infiltración del comunismo en la enseñanza se parecía mucho a la que ya habían aplicado con éxito los militares rebeldes y las autoridades franquistas durante la guerra y posguerra: «Hay que borrar de los cuadros del profesorado de la Enseñanza General Básica y de la Universidad a todos los enemigos del régimen y hay que separar de la Universidad a todos los alumnos que son instrumentos de subversión».

La respuesta era la represión, afrontar «una situación de guerra» con «moral de guerra». Hora de tomar medidas. Esa mentalidad de asedio, de resistencia a ultranza, murió el 20 de diciembre de 1973.