Este jueves se presenta animado en la Sociedad General de Autores Españoles. Es día de Asamblea General Ordinaria, y si estas suelen ser por sí mismas un campo de batalla, esta se anuncia especialmente dura. La entidad de gestión de derechos de autor se encuentra inmersa en el caso de la llamada "rueda de las televisiones", una supuesta red delictiva que investiga la Policía Nacional. La operación se saldó el martes con 18 detenidos, entre ellos varios socios de la entidad y un exempleado, y salpica también a directivos de grandes cadenas como TVE, Antena 3 o Canal Sur. El presidente, José Miguel Fernández Sastrón, tendrá que hacer frente a un secreto a voces: la rueda era conocida por los socios y fue denunciada por Antón Reixa, expresidente, en 2013.
La Audiencia Nacional acusa a los detenidos de formar una organización criminal y de un "delito continuado de estafa". Pero la rueda está íntimamente ligada al complejo funcionamiento de la entidad, cuya opacidad es criticada por sus propios socios y por los organismos de control desde hace décadas. Este es el asunto que más urgentemente deberá atajar la SGAE, y el que monopolizará la Asamblea, pero no es el único. infoLibre analiza algunas de las claves que llevan a la entidad de escándalo en escándalo, del caso Saga en torno a Teddy Bautista a la última investigación en el Palacio de Longoria.
La rueda de las televisiones
El escándalo saltó el martes, aunque el modus operandi de la supuesta trama se conoce desde 2013. De hecho, algunos de los detenidos —como Rafael Tena, compositor de sintonías y hermano del fallecido Manolo Tena, o Manuel Carrasco Tubio, compositor y pianista— fueron ya señalados con nombres y apellidos por el entonces presidente de la entidad Antón Reixa. La denuncia de varios socios, unidos en la Coalición Autoral, ha tardado cuatro años en dar frutos. Ahora la Audiencia Nacional estudia si las prácticas que se llevan acabo, según denunció Reixa, desde 2007, son constitutivas de delito.
El procedimiento era el siguiente. El dinero que pagan las televisiones por utilizar el repertorio de la SGAE supuso en 2015 102,7 de los 263 millones de euros recaudados en total. La Audiencia Nacional investiga ahora si para recuperar parte de esta cifra las cadenas, sus editoriales y ciertos autores idearon la llamada rueda. Las cadenas —están siendo investigadas TVE, Antena 3, La Sexta, Telecinco, Canal Sur, Telemadrid, EiTB o Castilla-La Mancha Televisión, entre otras— programan de madrugada largos espacios en los que se emite música en directo o grabada, además de la llamada "música inaudible" que llega hasta el prime time. Apenas puede ser percibida por el espectador, pero está ahí, sonando tras la voz del vidente de turno. Estos temas son compuestos por unos autores que tienen también un contrato con una editorial, una empresa que debe velar por la difusión de su obra a cambio de un porcentaje de sus derechos, en estos casos de hasta el 50%. Nada de esto es ilegal.
¿El truco? Las editoriales eran propiedad de las cadenas, de forma que mediante la programación de un gran número de obras musicales una parte sustancial de lo invertido volvía a las televisiones. La investigación policial trata de dirimir si había acuerdos económicos entre autores, editoriales y cadenas, y si estas últimas privilegiaban a aquellos que formaban parte de la trama. La Policía Nacional investiga también si los derechos de las obras fueron registrados de forma ilegítima. Por ejemplo, registrando como arreglos sinfónicos cambios imperceptibles en obras libres de derecho, como pueden ser las creaciones de Mozart o Bach. O inscribiendo como autores a personas que no lo son, algo que señalaba Reixa en la lista que filtró a El País en su día. Según esta, Gloria Tubio, madre de Manuel Carrasco Tubio, aparecía como creadora de 275 obras entre 2006 y 2012.
Empresas cesionarias de derechos —testaferros de los autores— pasaron de registrar 14 obras en 2005 a más de 20.000 entre 2006 y 2012, según los datos de Reixa. Rafael Tena inscribió 14 también en 2005, y 11.374 en los seis años siguientes.
El voto
La denuncia de la rueda supuso la destitución de Antón Reixa en 2013. En su contra estaban las editoriales y los socios denunciados con nombre y apellido, es decir, la enemistad de algunos de los socios que más recaudan en la entidad. Esto se agrava por el sistema de voto de la entidad, que es ponderado. Esto quiere decir que no se respeta la máxima de "un hombre, un voto", sino que tienen más poder los que más recaudan. Se establece, además, un mínimo: los autores deben haber recaudado por sus derechos de autor el salario mínimo durante al menos un año, y editores y herederos deben haberlo cuadruplicado.
"Según la Secretaría General de SGAE, el porcentaje de socios con derecho a voto en 2016 es del 18,01%", cuentan Ainara LeGardon y David G. Aristegui, socios de la entidad, expertos en derechos de autor y autores del libro Sgae: el monopolio en decadencia (Consonni, 2017). En esa asamblea, solo participaron con su voto 441 personas (que acumulan 8.433 votos en total) de los 117.509 que podían hacerlo. O sea, que solo votó el 0,38% de los socios. Esta falta de participación se debe también a la falta de información que sufren los socios por parte de la entidad y que denuncian los autores.
Ante este fenómeno de concentración del poder de decisión en muy pocas manos, resulta más fácil controlar los votos. La justicia investiga, de hecho, si implicados como Javier Valero, responsable de contratación en Telemadrid, o N.B.R, gerente de la editorial de Antena 3 y La Sexta, trataron de presionar a varios miembros de la Junta Directiva.
El pendiente
El pendiente de identificar, conocido como el pendiente, es una hucha fantasma. Fantasma, pero de peso, porque en 2015 alcanzó los 17,5 millones de euros. O, más bien, lo hizo el pendiente que no encontró su propietario. Vamos por partes. La SGAE recauda por disponibilidad, no por uso efectivo. Es decir, que no cobra por las canciones que realmente han sido emitidas, por ejemplo, por una emisora de radio, sino por las que dicha emisora puede emitir. La entidad solo identifica las obras a posteriori, y no en todos los casos, por lo que acaba recaudando por obras que no identifica dentro de su catálogo. Estas cantidades van al pendiente.
Puede suceder que, siendo el autor de la pieza socio de la entidad, no la ha declarado aún o lo ha hecho erróneamente. O que el autor esté identificado pero no sea socio de la entidad. O incluso que la obra en cuestión esté libre de derechos. En cualquiera de los casos, a los cinco años, el pendiente prescribe y pasa definitivamente a las arcas de la entidad. Durante un tiempo, la entidad acostumbraba a repartir el pendiente entre sus socios, de manera proporcional a lo ya recaudado, en lo que se conocía como "el aguinaldo". Uno de varios millones de euros.
¿Y si un autor que no es socio de la SGAE reclama el dinero que esta ha cobrado en su nombre? Pues que no puede hacerlo. La sociedad solo les da una opción: asociarse a una gestora de derechos que lo haga en su nombre. El problema es que la SGAE ha sido hasta ahora un monopolio, duopolio junto a DAMA en la gestión de derechos audiovisuales. El grupo sevillano Pony Bravo, defensor del copyleft y muy lejos de hacerse socios de la SGAE, lleva años tratando de impedir que esta cobre por su trabajo. Por ahora, la entidad sigue recaudando por las canciones de Pony Bravo sin que estas figuren en su repertorio, es decir, por un trabajo cuyos derechos no gestiona.
La SGAE asegura que es imposible que no se genere ese pendiente. José Miguel Fernández Sastrón, su presidente desde 2016, asegura en el libro de LeGardon y Aristegui: "Cuando se representa un repertorio universal universal y se licencia por 'disponibilidad' a usuarios como las televisiones o plataformas online, es posible que estas emitan obras cuyo detalle desconozcan". Pero DAMA tiene un pendiente muy cercano a cero. Y en Alemania y Suecia se recauda por uso efectivo de las obras, lo que eliminaría automáticamente el pendiente.
El reparto
La polémica del pendiente de reparto tiene que ver con el reparto mismo. El sistema por el que se decide cómo se distribuyen los ingresos de la entidad. En 2015, 238 millones de euros se adjudicaron a 252.000 autores y editores. ¿Cómo puede hacerse esto, si no se ha recaudado por obra usada, sino por la posibilidad de hacerlo? ¿Cómo se sabe qué autores han sido más requeridos? Mediante sondeos. Estos son realizados por consultoras supuestamente externas, aunque CIMEC, la empresa a cargo de esta tarea actualmente, fue fundada por la consultora Milward Brown y la propia SGAE. Ellas analizan emisoras, cadenas y locales, y la entidad reparte según sus conclusiones. El problema es que esto beneficia a las grandes editoriales y a los autores conocidos, y penaliza a los minoritarios, cuyas cifras pueden ser despreciadas por la estadística.
Sucede, además, que el sistema de reparto no se desgrana en los estatutos de la entidad, que sí están controlados por el Ministerio, sino por sus reglamentos internos, que se consideran privados. La Agencia de Evaluación y Calidad (AEVAL), dependiente del Ministerio de Hacienda, advertía en un informe de 2008 que "por lo común, la media de las cantidades asignadas a editores y productores es más de diez veces la media de las cantidades asignadas a autores y artistas". Los contraros que la SGAE establece con plataformas de streaming como Spotify son asimismo confidenciales, de manera que un autor no puede saber qué justifica los habitualmente magros beneficios que recibe.
Las tarifas
Josele Santiago: "La SGAE está podrida"
Las tarifas han supuesto hasta ahora algunos de los mayores dolores de cabeza para la SGAE y uno de los motivos de su mala prensa. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) le impuso en 2012 una multa de 1,7 millones de euros por abuso de posición dominante en el uso de música en bodas, bautizos y comuniones. En 2014, le llegó otra, esta vez de 3,1 millones por condiciones abusivas a los promotores de conciertos, que debían cederles un 10% de la taquilla (actualmente es el 8,5%). La posición monopolística de la entidad, reconocida por la CNMC, ha exigido la intervención del Gobierno.
La Orden Ministerial de diciembre de 2015, buscando establecer "condiciones equitativas y no discriminatorias", obligaba a pactar las tarifas entre entidades de gestión y usuarios. Las entidades deberían tener en cuenta aspectos como el uso efectivo del repertorio, las tarifas establecidas con otros usuarios o las utilizadas por otras sociedades homólogas en Europa. La CNMC criticaba entonces que la orden no garantizaba la transparencia de la entidad, señalaba que el criterio económico no podría ser el único y advertía de potenciales diferencias de trato entre radios, televisiones y usuarios en línea. José Luis Acosta, presidente por entonces, se quejaba sin embargo la publicación del borrador: "¿Alguien obliga a Apple a fijar el precio de sus iPhones según criterios ajenos a sus intereses?". Pero se le olvidaba que la SGAE no es una empresa, sino una sociedad sin ánimo de lucro.
Este jueves se presenta animado en la Sociedad General de Autores Españoles. Es día de Asamblea General Ordinaria, y si estas suelen ser por sí mismas un campo de batalla, esta se anuncia especialmente dura. La entidad de gestión de derechos de autor se encuentra inmersa en el caso de la llamada "rueda de las televisiones", una supuesta red delictiva que investiga la Policía Nacional. La operación se saldó el martes con 18 detenidos, entre ellos varios socios de la entidad y un exempleado, y salpica también a directivos de grandes cadenas como TVE, Antena 3 o Canal Sur. El presidente, José Miguel Fernández Sastrón, tendrá que hacer frente a un secreto a voces: la rueda era conocida por los socios y fue denunciada por Antón Reixa, expresidente, en 2013.