La SGAE, el INAEM, la reventa: los tres desafíos que el Gobierno tiene pendientes

Si José Guirao, ministro de Cultura y Deportes, ha tenido malos sueños en los últimos meses, hay tres candidatos a protagonizarlos. Primero, el enfrentamiento con la SGAE, una institución asediada por el caso rueda y la división interna en la que el Ejecutivo ha amenazado con intervenir. Segundo, el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (INAEM), que cuando Guirao llegó al Ejecutivo estaba en pie de guerra por la posible subrogación del teatro de la Zarzuela al Teatro Real, finalmente paralizada, y que se encuentra ahora en pleno proceso de renovación. Tercero, el problema de la reventa de entradas de espectáculos en directo, que el Gobierno quiere combatir con una ley estatal aún en preparación. Estos conflictos sin resolver, que han ocupado buena parte del trabajo del Ministerio durante 2018, llenarán probablemente también el 2019. 

Y no es que haya sido tampoco un año sencillo en la organización interna de Cultura. Por él han pasado tres ministros distintos en los últimos 12 meses: Íñigo Méndez de Vigo, titular desde 2015 con Mariano Rajoy; Màxim Huerta, primer ocupante de la cartera, que duró seis días en el cargo antes de dimitir por fraude fiscal; José Guirao, su sucesor, en el sillón desde junio. Si el primero planteó in extremis la cesión de la Zarzuela, el último la paralizó. La crisis de la SGAE estalló con Méndez de Vigo, fue Huerta quien se puso serio con la entidad enviándole un requerimiento, y es Guirao quien tiene ahora la patata caliente. El problema de la reventa de entradas ha preocupado tanto al Gobierno del PP como al del PSOE: el ministro conservador lo definió como una "estafa"y pidió que Interior interviniera; si todo va según lo previsto, la ley que lo limite se aprobará con el ministro socialista. 

La gran deuda saldada del Ministerio ha sido quizás la bajada del IVA de las entradas de cine del 21% al 10%, que entró en vigor con la aprobación definitiva de los Presupuestos en junio. Si este era el principal dolor de cabeza del Gobierno del PP, muy criticado con la industria, el choque entre ambos actores se redobló cuando los conservadores decidieron reducir en 2017 los impuestos a los espectáculos en directo, pero no al cine. Finalmente, la propuesta de reducir 11 puntos el IVA entró en la negociación de los Presupuestos Generales, firmados por el Consejo de Ministros conservador en marzo, pero refrendados por las cámaras ya bajo la presidencia de Pedro Sánchez. Los otros tres grandes frentes siguen abiertos de cara a 2019 tras un año agitado. 

La rueda y la SGAELa rueda

El supuesto fraude conocido como la rueda de las televisiones no se ha destapado en 2018. El funcionamiento de la trama, que investiga la Audiencia Nacional, es el siguiente: un grupo de autores registra irregularmente un volumen muy alto de canciones, algunas de dominio público o con modificaciones ínfimas, a su nombre o al de familiares; ceden la mitad de los derechos a editoriales musicales asociadas a cadenas de televisión; estas cadenas emiten la música de madrugada, en franjas horarias casi sin audiencia; cuando la SGAE realiza su reparto, autores y cadenas se dividen los ingresos, de forma que las televisiones recuperan, en una rueda, parte del canon pagado a la entidad.   

Pero la rueda no es ya solo un caso judicial, sino el objeto de un enfrentamiento entre la entidad y el Ministerio. El Gobierno envió el pasado septiembre un apercibimiento a la entidad "para que cumpla la ley", instándola a modificar sus estatutos antes de tres meses, bajo la amenaza de intervenir la entidad y/o retirarle la autorización para operar. Los requisitos del área de Guirao eran tres: la reforma de los estatutos, una modificación del sistema de reparto y la implantación del voto electrónico. El plazo se cumple el 27 de diciembre, y Cultura no se achanta: "Si el 27 de diciembre no cumplen, mi Ministerio pedirá a un juez la intervención de la SGAE. Que es lo que me piden todos los sectores", decía Guirao en una entrevista el pasado noviembre. No ha sido el único recado que el Estado ha dejado a la sociedad de autores: el Congreso también aprobó a finales de noviembre limitar al 20% el reparto que puede dedicarse a la música emitida en televisión de madrugada. "En esta situación tan delicada llama la atención la postura del Ministerio de Cultura", lanzaba hace unos días en un comunicado el nuevo presidente de la SGAE, el músico José Ángel Hevia. 

Porque fue él el elegido, en las elecciones celebradas el 26 de octubre, en un clima de tensión y con unos apoyos frágiles. La cercanía del gaitero a una de las implicadas en la rueda no ha tranquilizado, precisamente, a los socios que ya criticaban tanto el presunto fraude como el sistema electoral, que da más votos a quien más dinero recibe, beneficiando a los enriquecidos por la rueda. Pero los enfrentamientos están lejos de apaciguarse: en las votaciones regionales previas a la asamblea que debe votar los Estatutos el próximo 27 de diciembre, el no supera con creces al sí. La SGAE ha lanzado una campaña que advierte de que sin los Estatutos, y con la intervención consiguiente, "la SGAE corre un serio riesgo de desaparecer". Pero la oposición parece querer, justamente, que se produzca la intervención del Ministerio. El desenlace (temporal) del drama está en manos de los socios y del equipo de Guirao.  

La reventa, limitada por ley

La reventa de entradas da, periódicamente, un disgusto tanto a promotores como a fans: los últimos pagan precios prohibitivos para ver a sus ídolos; los primeros ven cómo páginas web ajenas a la organización se embolsan beneficios millonarios especulando con los tickets. Pero el fenómeno, por ahora en el limbo de la alegalidad —las leyes autonómicas apenas se ocupan de la reventa online—, trae también de cabeza al Ejecutivo, llamado a tomar cartas en el asunto. El Ministerio prepara una ley estatal que combata el fraude en las entradas, sabiendo que juega en un terreno difícil: se antoja casi imposible controlar la acción de unas empresas situadas en su mayoría fuera de España, y tampoco se puede limitar el derecho a la reventa privada, la realizada e forma no profesional por los propios usuarios cuando no pueden asistir al evento. 

Las opciones que maneja el Gobierno, reflejadas en un informe hecho público a finales de octubre, van desde la máxima intervención posible del Estado a medidas sutilísimas. La acción más radical sería la prohibición total de la reventa con ánimo de lucro —es decir, aquella reventa que se realiza por encima del precio original—, aunque el documento recoge que "plantea problemas de proporcionalidad y no favorece la libertad de empresa". La segunda opción sería implantar las entradas nominativas por ley y obligar aforo reservado para venta directa al público, pero los promotores protestan por los "importantes sobrecostes en términos de logística" que esto les supondría. Se plantea también que la Administración empiece a emitir una autorización previa para las empresas de reventa, opción con la que promotores y empresas de reventa minoritarias sí estarían de acuerdo. El informe también propone la obligación de ofrecer una mayor información al comprador en el momento de la venta, que podría ser compatible con todo lo anterior. 

En la presentación del informe, el ministro Guirao se negó a dar fechas para la implantación de la ley estatal, que exige llegar a acuerdos con las distintas autonomías, ya que era una competencia que hasta ahora correspondía a estas últimas. Tampoco desvelaba entonces cuáles eran las medidas preferidas del Gobierno, aunque esperaba "que no se tomen medidas radicales". Después de más de un año de conversaciones y medio centenar de reuniones con distintos agentes del sector, queda aún un largo camino legislativo que recorrer. 

Hacia la reforma del INAEM

El conflicto en el seno del INAEM fue el último del Gobierno conservador y el primero al que tuvo que enfrentarse el socialista. La liebre saltó en marzo, cuando El País filtraba la intención de Méndez de Vigo de subrogar el Teatro de la Zarzuela, dependiente directamente del Ministerio, al Teatro Real, que gestiona una fundación sel sector público. Ni los trabajadores, ni los sindicatos, ni la oposición habían sido informados de los planes. Con esto, quedaba en suspenso el futuro de los 234 empleados de la Zarzuela, que en su mayoría no son funcionarios, y también el de los más de 200 trabajadores del Real, que temían verse afectados por una renegociació del convenio y posibles duplicidades. Ni la huelga de los trabajadores del INAEM, ni las críticas de PSOE, Podemos e incluso Ciudadanos, ni el manifiesto en contra de la cesión firmado por 700 figuras de la cultura hizo dar marcha atrás a los conservadores, que aprobaron la subrogación por Real Decreto en abril. 

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Pero llegó el cambio de Gobierno: en junio, el recién nombrado Guirao cancelaba la subrogación definitivamente, de nuevo mediante Real Decreto, antes de que esta llegara a producirse. La decisión venía, según explicaba un comunicado del Ministerio de Cultura, "tras analizar las incertidumbres jurídicas, técnicas y operativas que implicaba la fusión propuesta, sobre todo en relación con la subrogación de los trabajadores". Pero, de las conversaciones entre los sindicatos y el equipo de Guirao nacía también un compromiso: el de crear una mesa de trabajo con el Ministerio, las direcciones de los distintos centros y los representantes de los empleados para "mejorar la gestión" del instituto.

El nuevo Gobierno atacaba el melón abierto por los conservadores, que acusaban de "rigidez" al INAEM y, suavizando el discurso, proponía adaptar la gestión del INAEM "a la naturaleza de sus actividades y potenciar su labor de difusión nacional e internacional de las artes escénicas y musicales". "No es que el INAEM sea rígido", admitía Comisiones Obreras, "sino que la Administración suele serlo. Hay que negociar y estamos dispuestos". El pasado 21 de diciembre, el ministro recibió el resultado de esa mesa de trabajo, un informe —cuyo contenido aún no se conoce— que propone distintas acciones de reforma para el INAEM. Los distintos participantes en la mesa adelantaban antes el primer acuerdo, alcanzado por unanimidad: la creación de una ley propia largo tiempo ansiada que le dé una entidad jurídica similar al Museo del Prado, el Reina Sofía o la Biblioteca Nacional. El camino queda, pues, abierto, pero el equipo de Guirao ya puede apuntarse un tanto de cara a 2019.