Las multinacionales españolas están obligadas, desde 2017, a presentar información sobre sus negocios en todos y cada uno de los países en que operan. También las grandes compañías europeas. Las directivas comunitarias, poniendo negro sobre blanco las medidas incluidas en el Plan BEPS de la OCDE contra la erosión de la base imponible, están acotando los márgenes de que disfrutan las grandes compañías para eludir el pago de impuestos mediante la ingeniería financiera y los paraísos fiscales. La última iniciativa es del pasado 13 de marzo, cuando los ministros de Economía y Finanzas de la UE aprobaron un proyecto de directiva que obliga a auditoras, asesores fiscales y abogados a informar a las autoridades de cada país de las operaciones que puedan considerarse planificación fiscal agresiva.
Pero las compañías se lo están tomando con calma. La Fundación Compromiso y Transparencia ha analizado las prácticas de una muestra de 35 multinacionales implantadas en España y los resultados no han sido muy aleccionadores. Sólo dos de ellas informan sobre los impuestos que pagan en España. Se trata de Heineken y Leroy Merlin.
La cervecera explica en su informe de sostenibilidad que en 2015 pagó un 26,59% de “tasa efectiva de impuestos”. Y cifra en 311 millones de euros su factura fiscal, de los cuales el 38% corresponde al IVA, el 27% a impuestos especiales, el 10% al impuesto de sociedades y el 2% a otros impuestos. En la presentación de resultados de 2016, Leroy Merlin dice que abonó un total de 238,6 millones de euros a Hacienda: 105 millones en concepto de IVA, 69,6 millones en cotizaciones a la Seguridad Social, 23,7 millones por el impuesto de sociedades, 19,6 millones en el IRPF y 20,1 millones por otros impuestos.
Además, tampoco desvelan detalles sobre cuál es, en general, su política fiscal 29 de las 35 multinacionales estudiadas. Y ocultan su política de compras y si sus proveedores son locales 30 de ellas. Tampoco son muy explícitas a la hora de hacer público el importe de sus inversiones en España: sólo Airbus, Amazon, Leroy Merlin y Nestlé precisan proyectos y volúmenes. Ni siquiera revelan su número de empleados en el país: 19 compañías silencian el dato. “Algunas de estas empresas presumen de llevar más de un siglo radicadas en España, pero no hacen nada por informar de la riqueza generada y distribuida gracias a su actividad”, lamentan los autores del informe.
De las 35 multinacionales bajo la lupa –el mismo número de empresas que integran el ÍBEX, el selectivo de la Bolsa española–, la fundación califica de “opacas” a 29 de ellas. Las catorce menos transparentes son las tecnológicas Apple y Google, la cementera Cemex, Coca Cola, Decathlon, la química Dupont, las automovilísticas Ford, Nissan, Peugeot, Volkswagen y Volvo, la farmacéutica Pfizer, la petrolera Total y la tabacalera Imperial Tobacco.
Las españolas tampoco informan
Las multinacionales españolas se parecen mucho a sus competidoras internacionales en su aversión a la transparencia. El informe de la fundación analiza cada año los mecanismos con los que divulgan información sobre su actividad y resultados las compañías del ÍBEX 35. La mitad de ellas, un total de 17, no publican ni en su informe de responsabilidad corporativa ni en el de sostenibilidad ni en un documento específico los impuestos que pagan en cada uno de los países donde tienen negocios, tampoco las subvenciones recibidas. Además, 20 de las 35 no informan de si tienen litigios fiscales y denuncias por evasión fiscal en esos países. Y las que sí, lo hacen “de manera poco detallada, escondida en las cuentas anuales y acompañada de frases exculpatorias de carácter genérico que señalan que las actuaciones se han ajustado a derecho y que, de haber discrepancias, los pasivos no afectarán a los resultados económicos”, protestan los autores del estudio.
Son más aún, 23, las grandes empresas que no informan si están presentes en territorios considerados paraísos fiscalesparaísos fiscales. Una vez más, las que publican datos sobre su actividad en centros financieros de baja o nula tributación y baja o nula transparencia fiscal lo hacen de forma ciertamente desganada, con “manifestaciones generales sobre la evitación de adquirir, constituir o hacer uso de estructuras societarias opacas y residentes en paraísos fiscales”. Es lo que ocurre con el BBVA –con actividad en Islas Caimán–, Caixabank, Endesa –Holanda y Luxemburgo–, Iberdrola –Delaware– y Repsol –Bermudas, Liberia, Islas Caimán y Mauricio–, Acerinox –Dubai, Singapur, Hong-Kong, Suiza y Luxemburgo–, ACS –Macao, Islas Caimán, Fiyi, Gibraltar, Hong-Kong, Panamá y Singapur–, Gas Natural Fenosa –Islas Caimán–, Indra –Bahrein, Hong-Kong, Omán y Panamá– y Banco Santander –Jersey, Gernesey, Isla de Man, Islas Caimán–. Tampoco cuentan si aplican mecanismos para luchar contra el blanqueo de capitales 15 grandes empresas del ÍBEX.
Aunque se trata de un movimiento voluntario, de las 140 empresas adheridas al Código de Buenas Prácticas Tributarias de la Agencia Tributaria, sólo nueve pertenecen al selecto club del ÍBEX. Y únicamente tres de ellas han presentado el informe anual de transparencia fiscal a dicha agencia: BBVA, Red Eléctrica y Repsol. Endesa y Bankia se limitan a anunciar que los harán en “futuros ejercicios”.
Auditoras que también son asesores fiscales
Como resultado de la última norma comunitaria que pone el punto de mira sobre los intermediarios que hacen posible la elusión fiscal, el informe analiza también la transparencia de las empresas del ÍBEX sobre sus auditoras. Y resulta que 27 de ellas, el 77% del índice, no explican si poseen mecanismos para preservar la independencia de los auditores externos. En ninguno de los informes donde deberían estar detallados: ni en el informe anual de gobierno corporativo, ni en el informe de la comisión de auditoría, ni en el informe sobre la independencia de los auditores que exige la Ley de Sociedades de Capital. Las empresas están obligadas a revelar si las auditoras también realizan para ellos servicios de asesoría fiscal o de consultoría. Pero sólo ocho compañías del ÍBEX respetan esa incompatibilidad. Por el contrario, Abertis, ACS, Amadeus, Banco Santander, DIA, Ferrovial, Gas Natural Fenosa e Inditex tienen contratadas a alguna de las cuatro grandes auditoras internacionales –Deloitte, Ernst&Young, PricewaterhouseCoopers y KPMG– para auditar sus cuentas y recibir al mismo tiempo servicios de asesoría fiscal.
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El informe destaca que este conflicto de intereses “terminará afectando a la reputación” de las empresas “a la vista de las cada vez mayores evidencias que demuestran el activo papel que tienen las Big Four [las cuatro auditoras citadas] como promotoras de los paraísos fiscales y de los modelos de planificación fiscal agresiva”. Los autores del informe no dudan en asegurar que esas cuatro grandes auditoras “son los principales arquitectos de la planificación fiscal agresiva de la multinacionales” y se apoyan en un informe financiado por el Parlamento Europeo y en un estudio publicado en The Journal World Business para advertir de que “contratar con una Big Four constituye por sí mismo un riesgo fiscal”.
Otras 10 compañías, entre ellas Acciona, Banco Santander, Caixabank, Mapfre, IAG y Meliá, ni siquiera informan sobre los servicios adicionales que contratan con sus auditores externos. La fundación se queja del escaso detalle de los informes que elaboran las comisiones de auditoría de las empresas del ÍBEX, así como de que la Guía técnica sobre comisiones de auditoría de interés público, publicada por la CNMV en 2017, “apenas preste atención a los riesgos fiscales”.
El informe elabora un ránking de transparencia sumando todos los indicadores analizados en las 35 mejores empresas. Considera “opacas” a un total de 13. Las más herméticas son Meliá Hotels y Técnicas Reunidas. Les siguen IAG, Merlin Properties y Viscofán. Entre los bancos, el menos transparente es el Sabadell. Por el contrario, señala a Iberdrola y Telefónica como las más abiertas, seguidas de Mediaset y Repsol. Entre los bancos, los más transparentes resultan ser Bankia y BBVA.
Las multinacionales españolas están obligadas, desde 2017, a presentar información sobre sus negocios en todos y cada uno de los países en que operan. También las grandes compañías europeas. Las directivas comunitarias, poniendo negro sobre blanco las medidas incluidas en el Plan BEPS de la OCDE contra la erosión de la base imponible, están acotando los márgenes de que disfrutan las grandes compañías para eludir el pago de impuestos mediante la ingeniería financiera y los paraísos fiscales. La última iniciativa es del pasado 13 de marzo, cuando los ministros de Economía y Finanzas de la UE aprobaron un proyecto de directiva que obliga a auditoras, asesores fiscales y abogados a informar a las autoridades de cada país de las operaciones que puedan considerarse planificación fiscal agresiva.