El Hospital Severo Ochoa de Leganés (Madrid) agotó el pasado 30 de junio el presupuesto de todo el año para pagar las peonadas, que es como se conoce en el sector sanitario a las retribuciones que reciben sus profesionales por operar o hacer pruebas diagnósticas por las tardes a fin de reducir las listas de espera. Así lo comunicó la gerencia, según las fuentes que ha consultado infoLibre. No es algo inusual: cada hospital tiene asignada una partida anual para este fin que, a veces, no llega para cubrir el ejercicio. Cuando se agota, los hospitales pueden pedir a la Consejería de Sanidad –en realidad, a la de Hacienda, que es la que paga– que se la amplíen para gestionar los meses que faltan hasta diciembre.
La primera consecuencia de la falta de dinero en el Severo Ochoa: los pacientes recibieron una llamada para informarles de que se les aplazaba sine die la prueba que tenían programada. Al menos es lo que este periódico ha podido saber sobre las pruebas del servicio de radiología del hospital. La segunda, las nóminas de muchos médicos, enfermeras y celadores han encogido de forma sustancial. “Como los salarios no son muy buenos, a muchos la peonada les supone un sobresueldo importante”, explica Marisol Castro, portavoz de la Federación de Sanidad de CCOO en Madrid.
Lo que no quiere decir que este sistema para reducir listas de espera sea del agrado del sindicato. De hecho, es un método controvertido desde que se instauró. “[A la Consejería de Sanidad] le sale más barato pagar peonadas que contratar el personal que falta”, abunda por su parte Javier Ortega, responsable de atención hospitalaria de la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (Amyts). El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso “no quiere invertir en recursos humanos, en capital humano, más que en lo básico”, resume. Los delegados de Amyts en el Severo Ochoa ya han pedido a la gerencia una reunión en septiembre para solicitar más dinero a Sanidad.
A preguntas de infoLibre, la consejería niega que haya “problemas” este verano en el hospital de Leganés relacionados con las peonadas. Por el contrario, asegura que “la demanda de pacientes se atiende con todas las garantías de manera óptima”. “En julio y agosto”, añade, “nunca se realizan jornadas extraordinarias por la baja demanda de pacientes para el abordaje de tratamientos, así como por las vacaciones de los profesionales”. Pero no contesta si se ha agotado ya el presupuesto anual para peonadas de todo el año en este hospital. “No disponemos de la información sobre los presupuestos [de los hospitales]” , asegura un portavoz.
Esas partidas se asignan en los contratos programa que los hospitales de la red pública firman con el Servicio Madrileño de Salud (Sermas) cada año. En 2023, Sanidad ha repartido un total de 38,4 millones de euros entre 23 hospitales y la Unidad Central de Radiodiagnóstico. La cantidad se ha reducido apenas un 0,6% respecto a 2022. El centro que más dinero recibe es el Doce de Octubre, 4,72 millones de euros, seguido del Ramón y Cajal y el Gregorio Marañón, con 3,05 millones cada uno. El que menos, el Hospital del Tajo, sólo 157.446. “Algún año se nos acabó el presupuesto en octubre”, admite Javier Ortega, que es cirujano en ese hospital. El Hospital Severo Ochoa consiguió 956.225 euros este año, un poco más que en 2022 –745.497 euros–, pero mucho menos que en 2019, antes del covid, cuando se le concedieron 1,56 millones de euros.
En 2019, el año previo a la crisis del covid, Sanidad repartió 26,9 millones de euros entre 18 hospitales y la Unidad Central de Radiodiagnóstico. Es decir, ha aumentado el gasto en peonadas un 42,7% en cuatro años. Sólo gastan hoy menos que en 2019 los hospitales de La Paz, el Gregorio Marañón, el Severo Ochoa, el Clínico San Carlos y el del Sureste. Javier Ortega también advierte de que algún hospital no ha agoado el dinero que se le había dado, por una gestión inapropiada o porque no hubo personal suficiente que quisiera trabajar por las tardes. Entonces, el sobrante se devuelve y se reparte entre otros centros.
Sin embargo, los resultados de esa “actividad extraordinaria” fuera de la jornada laboral, como la denomina la consejería en sus documentos oficiales, están lejos de ser los mejores. “La lista de espera siempre sube, porque la gente vive más años, aumentan las patologías, su diagnóstico es cada vez más precoz, y el sistema no puede absorber la mayor demanda, la esponja ya está llena”, describe. Por las tardes, además, sólo se hacen operaciones de cirugía ambulatoria, las que no requieren ingreso en una cama: hernias, varices, cataratas, prótesis de cadera y rodilla, vasectomías, extirpación de vesícula…
78.497 pacientes llevan más de tres meses esperando una cita
Según las estadísticas que publica la Comunidad de Madrid en su página web, la lista de espera quirúrgica la integran, a fecha de junio de 2023, 81.711 personas, de las que 64.892 forman parte de la lista de espera estructural, la demanda que no se puede atender con la “organización y recursos disponibles”. Otros 9.229 pacientes no han sido operados después de haber rechazado la propuesta de la consejería de ser derivados a un “centro alternativo, público o privado”. La demora media en la lista de espera estructural es de 44,96 días, aunque 9.594 pacientes llevan en la lista entre 90 y 180 días, y otros 371 más de 180 días. Pero los que rechazan ser derivados al hospital alternativo propuesto por la consejería sufren una demora media de 93,12 días e incluso hay 65 que llevan más de 360 días, más de un año, esperando. El Plan Integral de Mejora de la Lista de Espera Quirúrgica 2016-2019 del Sermas tenía como objetivo reducir a 150 días el tiempo máximo en lista de espera estructural y en 240 días el resto. Respecto a junio de 2022, se ha rebajado el número de pacientes de la lista de espera estructural, pero no la de quienes rechazan ser derivados. También se ha recortado la demora media estructural, que entonces era de 64,54 días, pero ha crecido dos días la de pacientes que rechazan la derivación.
En pruebas diagnósticas, el número de pacientes de la lista de espera estructural ha crecido en el último año, de 165.872 a 177.226 personas, pero ha disminuido el tiempo de demora medio, de 48,97 a 45,36 días. Aunque aún 78.497 pacientes superan los tres meses de espera sin que se les haya dado fecha para una cita.
También ha empeorado la lista de espera de consultas externas, donde hay ahora 628.846 pacientes, casi 60.000 más de los que había el año pasado. Las peonadas no se pagan para rebajar la presión sobre las consultas. La demora media estructural en este caso ha aumentado igualmente, de 47,25 a 51,12 días. Y hay nada menos que 348.566 personas que llevan más de tres meses sin que se les haya dado fecha para una cita con el especialista; es decir, más de la mitad –55,43%– de quienes figuran en la lista de espera.
Pactos anulados por el Supremo
Cuatro indicadores que explican por qué crece el descontento con la Sanidad pese al aumento del gasto
El pago de las peonadas se regulaba mediante unos “pactos de gestión” que firmaba anualmente la gerencia de cada hospital con los jefes de los servicios implicados. Formaban parte del Plan Integral de Mejora de la Lista de Espera Quirúrgica antes citado. Pero esos pactos de gestión fueron anulados por una sentencia del Tribunal Supremo de 2018, después de que CCOO interpusiera una demanda en el Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 24 de Madrid. El Alto Tribunal dio la razón al sindicato, que consideraba contrarios a la libertad sindical dichos pactos: se habían adoptado sin negociación colectiva previa unos acuerdos que modificaban las condiciones laborales del personal sanitario. El hecho de que el trabajo extra por las tardes fuera de carácter voluntario, dictaminó el Supremo, no obsta para que sea negociado con los representantes sindicales. “Cada centro y cada jefe de servicio tenía la potestad de fijar la cuantía de las peonadas y a qué trabajadores se les ofrecían”, protesta Marisol Castro, quien asegura que la nueva consejera de Sanidad, Fátima Matute, prometió revisar este asunto cuando el sindicato se reunió con ella. Porque desde que la sentencia que anuló los 44 pactos de gestión existentes entonces, no ha habido nuevos acuerdos, asegura Castro.
450 euros para los médicos en Castilla y León
En Castilla y León, la Consejería de Sanidad publicó el pasado mayo una orden con la que se asigna una partida de nueve millones de euros para reducir las listas de espera: siete millones para la quirúrgica y dos millones para Atención Primaria. Las peonadas para operar por las tardes serán de 450 euros para un médico especialista, 300 euros para una enfermera, 110 euros para un auxiliar de enfermería y 90 euros para un celador. Para consultas y pruebas diagnósticas, la retribución es menor: 322 euros para el médico, 214 euros para el enfermero, 155 para un técnico en imagen para el diagnóstico, 80 para un auxiliar de enfermería y 60 para el celador. En cambio, en Madrid, “no existen tablas ni nada parecido en la orden de nóminas”, apunta Marisol Castro.
Pese a que tampoco Javier Ortega considera las peonadas el sistema óptimo para reducir las listas de espera, cree que son preferibles a derivar a los pacientes a la sanidad privada como también está haciendo el Gobierno de Madrid. “Cualquier complicación la tenemos que asumir luego en la pública”, lamenta. A su juicio, sería más adecuado crear un turno de tarde o incluso utilizar el Zendal, “llenándolo, no de enfermos, sino de personal”. CCOO reclama planes de choque contra las listas de espera. “¿Por qué no normalizar que los quirófanos estén operativos los fines de semana?”, se pregunta Marisol Castro.
El Hospital Severo Ochoa de Leganés (Madrid) agotó el pasado 30 de junio el presupuesto de todo el año para pagar las peonadas, que es como se conoce en el sector sanitario a las retribuciones que reciben sus profesionales por operar o hacer pruebas diagnósticas por las tardes a fin de reducir las listas de espera. Así lo comunicó la gerencia, según las fuentes que ha consultado infoLibre. No es algo inusual: cada hospital tiene asignada una partida anual para este fin que, a veces, no llega para cubrir el ejercicio. Cuando se agota, los hospitales pueden pedir a la Consejería de Sanidad –en realidad, a la de Hacienda, que es la que paga– que se la amplíen para gestionar los meses que faltan hasta diciembre.