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La criticaron duramente las organizaciones agrarias patronales, Asaja, Coag o UPA. Le dijeron que se quedaba corta los sindicatos CCOO y UGT. Pero al final lo que ha demostrado el incremento de las inspecciones laborales en el campo, campaña lanzada por la ministra de Trabajo Yolanda Díaz en mayo, es que las visitas de los inspectores ministeriales están más que justificadas. Así lo demuestran los datos a los que ha accedido infoLibre: más de siete de cada 10 visitas a los centros de trabajo agrarios termina con algún tipo de infracción.
Hasta el líder de la oposición Pablo Casado cargó contra Díaz: "No hay esclavitud en el campo". Pero los datos del Gobierno y las noticias frecuentes sobre casos de explotación en el mundo agrario español están dando la razón a la ministra. De las 1.647 visitas realizadas por la Inspección de Trabajo a diferentos centros se han levantado un total de 1.178 infracciones. Es decir, las sanciones se dan en el 71,5% de las inspecciones totales.
"En el año 2020 se ha planificado una campaña agraria que supone un incremento, respecto a los años precedentes, en cuanto al número de actuaciones", dicen en Trabajo. Las situaciones detectadas de "economía irregular" en las 1.647 visitas han comportado sanciones por importe de 7.274.540,03 euros. Igualmente se han levantado actas de liquidación por valor de 427.323,55 euros y se ha regularizado la situación de 330 trabajadores a través de las altas de oficio.
Según Trabajo, "se trata de actuaciones de carácter integral", en las que se comprueba "in situ mediante visita de inspección todos los aspectos de la relación laboralin situ". Las infracciones responden, pues, a casos de "economía irregular, tanto de personas trabajadoras nacionales como inmigrantes, garantía del respeto a sus condiciones de vida, laborales y de seguridad y salud, incluida el control de las condiciones de los alojamientos puestos a disposición por el empresario". "Todo ello", agregan portavoces, "dirigido a la consecución de un trabajo decente".
343 multas por falta de medidas anti-covid
También se han realizado visitas relativas a las medidas de seguridad adoptadas contra el covid-19 para proteger a los trabajadores del campo. Los resultados no son nada prometedores a pesar de que las infracciones son relativamente escasas: 1.698 visitas a centros de trabajo y 343 infracciones. Pero un dato inquietante: la Inspección de Trabajo ha realizado 3.491 "requerimientos de subsanación y de deficiencias comprobadas", es decir, a una media de dos apercibimientos por centro de trabajo.
No es posible saber el número de empresas afectadas porque el dato no se ha facilitado. Tampoco la procedencia de las personas trabajadoras en situación irregular, aunque los sindicatos denuncian sin titubeos que se trata de inmigrantes sin papeles faenando y viviendo en condiciones paupérrimas.
"Que hay explotación en el campo lo sabe todo el mundo", clama Javier Velasco, responsable del sector del Campo de CCOO. "Por supuesto, no se puede meter a todos en el mismo saco. Pero si no hay explotación o casos de esclavitud, ¿por qué no se facilita el trabajo a la inspección por parte de los empresarios agrícolas". Para Velasco, las inspecciones lanzadas por parte del ministerio son positivas pero "insuficientes". "Necesitamos a más inspectores. Este sector pide continuamente ayudas, pero quiere ser la excepción en todo: en pagar el salario mínimo interprofesional o en fichar para controlar el horario de los trabajadores", denuncia el sindicalista.
"Sacar los tractores contra las inspecciones"
Más del 70% de los empleos que se perdieron en 2020 pertenecían al comercio y hostelería, según Adecco
"Las inspecciones son mínimas, insignificantes para la cantidad de trabajadores del campo", dice Emilio Terrón, del sector agrario de UGT. "Cuando planteamos denuncias a la Inspección de Trabajo, tardan un mínimo de cuatro meses en acudir. Pero hay que reconocer que en el último año se han incrementado las visitas", concede.
Fuentes del sector celebran que en el ministerio decidieran "ponerse las pilas" al poco del nombramiento de Yolanda Díaz. Y apuntan a la denuncia que hizo en febrero el relator de la ONU, Philip Alston constatando que "hay dos Españas", una de "prosperidad" y otra que es "el hogar de un porcentaje muy alto de personas viviendo al borde de sus posibilidades". Una de las visitas de Alston fue a un campo de recolectores de fresa en huelva. "Las condiciones que vi en los trabajadores migrantes que recogen la fresa en Huelva eran peores que en un campo de refugiados", subrayó.
Una de las patronales más beligerantes contra las inspecciones es Asaja, la Asociación Agraria Jóvenes Agricultores. Su presidente en Navarra, Félix Bariáin, colgó un vídeo en junio amenazando a Yolanda Díaz: "Usted no va a tirar por tierra este sector, se lo garantizamos", desafió Bariáin en su cuenta de Twitter. "No sé en que fase se podrán sacar los tractores a la carretera, pero le doy mi palabra que esta vez no vamos a ser pacíficos. Como no retire las inspecciones y no retire ese cuestionario, no vamos a ser pacíficos".
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