Los Veintisiete han comenzado a discutir este jueves en Bruselas el marco presupuestario de la Unión Europea para los próximos siete años. Deben decidir cuál va a ser su límite de gasto y la cuantía de sus ingresos hasta 2027, contando con un contribuyente menos, el Reino Unido, y se barrunta una gran tormenta. La propuesta presentada por el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, incluye un tijeretazo a los fondos de la Política Agraria Común (PAC) y a los fondos de cohesión, que equivalen al 60% del presupuesto y constituyen una fuente de financiación fundamental para España. El recorte es mayor que los planteados tanto por la Comisión Europea como por el Parlamento de Estrasburgo.
En concreto, España puede perder 5.885 millones de euros en fondos agrícolas para los próximos siete años si se aprueba la propuesta de Michel. En el anterior presupuesto –2014-2020–, España tenía asignados 46.400 millones de euros, que se pueden quedar en 40.515 millones si prosperan las cuentas del presidente del Consejo Europeo, una reducción del 12,7%, según los cálculos realizados por la Unión de Pequeños Agricultores. COAG y Unión de Uniones elevan hasta 6.475 y 6.510 millones, respectivamente la cuantía que España dejará de recibir.
Los fondos de la PAC son de dos tipos: pagos directos a los agricultores y medidas de desarrollo rural. El conocido como primer pilar puede quedar recortado en un 10% y el segundo, en un 25%. Las ayudas directas son la partida más voluminosa, 38.100 millones entre 2014 y 2020, también la que más preocupa a las organizaciones agrarias, ya que está destinada a complementar la renta de los agricultores. “El 30% de su renta procede de estos pagos”, destaca Javier Alejandre, del gabinete técnico de UPA. El 70% restante depende del mercado; es decir, de unos precios en caída constante que ni siquiera cubren costes de producción, como han gritado en las últimas semanas agricultores de toda España en sus múltiples protestas.
Si, además, resulta que la renta de los agricultores europeos, no sólo españoles, es un 30% inferior a la renta media de los ciudadanos de la UE, como lamenta José María Castilla, director de la Oficina de Asaja en Bruselas, los 3.800 millones que puede perder España en este capítulo son una amenaza para un sector ya de por sí castigado, coinciden las organizaciones agrarias. “Los pagos directos funcionan como un colchón, un salvavidas que ahora se nos irá desinflando”, compara Javier Alejandre.
El dinero del segundo pilar, destinado a desarrollo rural –modernización, mejora de la competitividad, gestión sostenible de los recursos, relevo generacional–, es mucho menor: 8.300 millones entre 2014 y 2020, que corren el riesgo de quedarse en 6.225 millones para los próximos siete años. Aunque pueden ser cofinanciados por los Estados miembros y las comunidades autónomas, apuntan UPA y Asaja. El problema, precisan enseguida, estriba en que un contexto de recorte del gasto público, como el que sufre España por sus obligaciones de déficit, no es el mejor escenario para conseguir recursos con los que compensar la falta de fondos europeos.
La PAC, reducida a la mitad desde 1990
Lo cierto es que el grifo de dinero europeo para la agricultura se ha ido cerrando de forma progresiva y constante en los últimos años. Aunque la PAC representa aún el 36,1% del Presupuesto anual de la UE, su importancia no ha dejado de disminuir: en los años 80 equivalía al 66%. Respecto a la Renta Nacional Bruta, ha pasado de ser el 0,54% en 1990 a quedarse en el 0,34% en 2020, según cifras del Parlamento Europeo. “Es decir, se ha reducido a la mitad”, protesta José Luis Miguel, director técnico de COAG.
España es el segundo país de la UE en superficie agrícola utilizada, después de Francia; el tercero por su número de explotaciones, tras Polonia e Italia, y el cuarto por el número de empleos en el sector, 749.700 personas. También es el cuarto productor europeo, con 46.807 millones de euros anuales, detrás de Francia, Italia y Alemania. De la PAC recibe el 11,4% de los fondos, lo que le convierte en el segundo mayor perceptor, sólo superado por Francia, que se lleva el 17,5%.
En resumen, las organizaciones agrarias han dado la voz de alarma. “Los bajos precios, los impuestos, los aranceles de Estados Unidos… el recorte de la PAC puede ser la puntilla para el sector”, sentencia José María Castilla. José Luis Miguel no duda de que el impacto se traducirá en una reestructuración del sector, donde sólo sobrevivirán las explotaciones cada vez más grandes, y en la despoblación del campo. Pese a ser un sector estratégico, la UE parece que no quiere cuidarlo, critica el dirigente de COAG. “Ese modelo de agricultura con muchas explotaciones, muy diversas y con producciones de calidad va a terminar desapareciendo”, se queja, “y sólo van a quedar macroexplotaciones, mientras las pequeñas y medianas, que son a las que hay que ayudar, viven en permanente riesgo de quiebra, con los precios hundidos, endeudadas y con las líneas de crédito cerradas”.
Andalucía, el olivar...
En cualquier caso, el recorte de Charles Michael es sólo una propuesta, que fija el gasto del Marco Financiero Plurianual en el 1,074% de la Renta Nacional Bruta. La Comisión Europea quiere un 1,11%. Y el Parlamento Europeo, el 1,3%. Tras aprobar el límite de gasto, y el los Veintisiete tienen que hacerlo por unanimidad, dará comienzo lo que se conoce como trílogo, las negociaciones entre la Comisión, el Consejo y el Parlamento. El procedimiento puede alargarse hasta la segunda mitad del año, por tanto. En octubre debe ingresarse ya el primer pago de la nueva PAC. José María Castilla confía en que el Parlamento ejerza su derecho de veto para defender ese 1,3% que, a su juicio, permitirá satisfacer las políticas más necesarias.
Por eso no quiere detallar quiénes sufrirán más los recortes. Tampoco José Luis Miguel. “La aplicación de los fondos la deciden los gobiernos nacionales”, explica el técnico de COAG, “no se puede decir a priori cuál va a ser la distribución”. No obstante, Javier Alejandre esboza algunas líneas generales. El reparto dependerá del acuerdo al que lleguen el Ministerio de Agricultura con las comunidades autónomas, que tienen transferidas las competencias. Y el reparto no es “neutro”. Unos territorios –regiones agrarias, no comunidades autónomas, precisa– reciben más ayudas que otros dependiendo del tipo de agricultura dominante. Andalucía ha sido hasta ahora la que más ayudas ha recibido, por tanto puede correr más riesgo de perder fondos.
“España es el país de la UE con más diferencia entre territorios, tenemos de todo y con extremos: cereales de regadío muy productivos y otros marginales como ocurre en Los Monegros [entre Zaragoza y Huesca], olivares superintensivos pero también olivares en sierra, tradicionales, que sólo producen 1.000 kilos por hectárea”, describe el técnico de UPA. Con menos dinero para repartir, deberá decidirse “qué modelo de explotaciones modelo de explotacionestiene más sentido apoyar”: si se quiere beneficiar a la ganadería extensiva o si, por el contrario, el olivar que ha percibido históricamente un elevado volumen de ayudas, debe sufrir un mayor recorte. O no, teniendo en cuenta su importancia “social”, puntualiza Alejandre. En cualquier caso, el técnico de UPA cree que aquellos sectores que hasta ahora han recibido ayudas por encima de la media pueden estar en el centro de la diana.
Agricultores genuinos, techo de ayudas
La reorientación de los fondos también puede incluir otras dos medidas ya acariciadas desde hace tiempo: definir qué es un “agricultor genuino” y poner un tope a la cuantía de las ayudas que se pueden percibir. Un agricultor genuino debería ser aquél que perciba de la actividad agrícola al menos el 25% de su renta. “La duquesa de Alba, al fin y al cabo, cobraba [ayudas de la PAC] pero tenía fincas y generaba empleo, pero es indecente que las cobren las pistas de Baqueira Beret o los apeaderos de ADIF”, denunció hace sólo unos días el coordinador estatal de la Unión de Uniones de Agricultores, José Manuel de las Heras. Según sus cálculos, si sólo recibieran estos fondos los “agricultores genuinos”, los 700.000 solicitantes contabilizados en 2019 quedarían reducidos a la mitad.
De modo que se podría mantener el importe individual de unas ayudas cuyo monto total es cada vez más exiguo. Alemania y Francia, subrayó, ya hicieron procesos similares de selección de los perceptores hace tiempo. José Luis Miguel precisa que ya tras la reforma de la PAC en 2013 se les retiraron las ayudas a ayuntamientos e incluso aeropuertos. Y Javier Alejandre cree que también debe reconocerse la “multiactividad”, aquellos agricultores que sólo tienen una explotación agrícola pequeña como complemento de sus ingresos, pero también generan actividad en el mundo rural y consumen pocos recursos.
Otro tema distinto es el tamaño de las explotaciones. Una de las críticas más extendidas a las ayudas de las PAC es que benefician a las explotaciones cuanto más grandes son. Y dejan huérfanas a las pequeñas y medianas, las que más necesitan esos fondos para sobrevivir en un medio hostil de precios hundidos, costes de producción disparados y volatilidad constante en los mercados. De acuerdo con las cifras manejadas por el Parlamento Europeo, correspondientes a 2016, el 1,81% de las explotaciones, un total de 121.713, percibe el 14,57% de las ayudas, con una media de 50.000 euros por explotación. Por el contrario, el 78,8% de los beneficiarios cobró el 15,6% de las subvenciones, menos de 5.000 euros por cabeza. El motivo es que los pagos se conceden por hectárea cultivada, de forma que cuanto mayor es la explotación, mayor es el volumen de dinero público que recibe.
Esta política ha espoleado la agricultura industrial. Entre 2005 y 2013, el número de explotaciones por encima de las 100 hectáreas creció un 16%, que utilizan el 52% de las tierras agrícolas en Europa. Mientras, las pequeñas, de menos de 10 hectáreas –que aún representan el 80% de las explotaciones–, ocupan sólo el 10% de la tierra disponible y su número no deja de disminuir: el 96% de las que desaparecieron entre 2003 y 2013 no llegaban a esa superficie, según los datos del Atlas de la PAC, un estudio elaborado por la Fundación Heinrich-Böll, ligada a Los Verdes alemanes, SEO/BirdLife y la coalición Por Otra PAC, a su vez integrada por 37 organizaciones ecologistas y de consumidores.
La segunda medida, las propuestas para limitar las ayudas de la PAC a un máximo por explotación, se han sucedido en el tiempo, pero no han prosperado. UPA y COAG apoyan aplicarles un techo. Se ha hablado de 60.000, 100.000 e incluso 300.000 euros por explotación. Por el contrario, el representante de Asaja considera que ése es un “debate falso”. “Lo importante es quién desarrolla una actividad agrícola, quién fija población, quién genera riqueza en una zona rural, provee de alimentos de calidad y respeta el medio ambiente”, sostiene, “qué más da el tamaño de la explotación”. Javier Alejandre replica que ese tope es una alternativa para “rescatar recursos”.
Excepciones al derecho de competencia y menos impuestos
El técnico de UPA defiende los pagos directos no sólo por la supervivencia de las explotaciones, sino también porque con pocos recursos –cada ciudadano sólo aporta 116 euros al año a la PAC– se vincula al proyecto de construcción europea a una base socialmente importante como a los agricultores. Por eso insta a situar en el centro del debate un asunto que ahora es “tabú”: desarrollar plenamente el Tratado de Lisboa cuando dice que la PAC está por encima del derecho a la competencia.
A su juicio, en la actividad agrícola ocurre lo mismo que en el mercado laboral, donde se reconoce que el poder de negociación de empresarios y trabajadores no es el mismo y la ley debe proteger a estos últimos. En el sector primario, la diferencia de poder entre los productores y el resto de los eslabones de la cadena deja a los agricultores a merced de los intermediarios y la gran distribución. “Por eso deberían permitirse excepciones operativas al derecho de competencia, como la negociación colectiva de precios”, invita Javier Alejandre, “que hagan posibles unas condiciones generales para luego introducir variaciones según zonas de producción”.
Si los recortes se consuman, la pelota pasará al tejado de los gobiernos nacionales, coinciden las organizaciones agrarias. Indexar los precios a los costes de producción, prohibir la venta a pérdidas en toda la cadena, publicar las sanciones a los grandes distribuidores con un fin ejemplarizantes y crear la figura del mediador para resolver los conflictos conforman el catálogo de sugerencias en la cartera de UPA. Asaja, por su parte, pide rebaja de tipos impositivos para los agricultores así como de las bases de cotización para compensar la subida del salario mínimo. También modificar las tarifas de riego e incluso reducir el IBI.
Los 27 y la Eurocámara son incapaces de lograr un acuerdo sobre la política agraria y lo intentarán de nuevo en junio
José Luis Miguel exige al Gobierno “voluntad política” para pelear las ayudas en Bruselas ahora que “la cohesión se está moviendo hacia el Este de Europa”. “No vaya a ser que estemos poniendo dinero a cambio de nada, por lo menos que tengamos retornos a través de la agricultura”, insta el técnico de COAG. Javier Alejandre critica que, pese a las movilizaciones que han puesto a los agricultores en las portadas y los telediarios, y a las declaraciones de apoyo y comprensión del Gobierno, las organizaciones aún no han “visto ningún papel del ministerio [de Agricultura]”.
“Estamos trabajando para que el recorte para los agricultores sea cero”, aseguraron este mismo jueves fuentes de Moncloa citadas por Europa Press, que explican que España no será en ningún caso “uno de los grandes perdedores” en estas “complejas y complicadas negociaciones”.
“Durante muchos años”, concluye José Luis Miguel, “no nos hemos movilizado lo suficiente y ahora… ha rebosado el vaso”.
Los Veintisiete han comenzado a discutir este jueves en Bruselas el marco presupuestario de la Unión Europea para los próximos siete años. Deben decidir cuál va a ser su límite de gasto y la cuantía de sus ingresos hasta 2027, contando con un contribuyente menos, el Reino Unido, y se barrunta una gran tormenta. La propuesta presentada por el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, incluye un tijeretazo a los fondos de la Política Agraria Común (PAC) y a los fondos de cohesión, que equivalen al 60% del presupuesto y constituyen una fuente de financiación fundamental para España. El recorte es mayor que los planteados tanto por la Comisión Europea como por el Parlamento de Estrasburgo.