El Tribunal Militar Central ha condenado a dos años de cárcel cada uno a dos tenientes coroneles del cuerpo de Intendencia del Ejército de Tierra por haber recibido dinero, regalos, invitaciones al palco del Real Madrid e incluso conseguido contratos para sus hijos, a cambio de facilitar a un buen número de empresas información sobre los concursos que convoca el Ministerio de Defensa, prestarles asesoramiento para conseguir los contratos y redactarles recursos si no se los adjudicaban.
Los tres jueces que conforman el tribunal también han condenado por cohecho a tres directivos de otras tantas empresas, aunque su pena ha sido mucho menor, sólo dos meses de multa, a razón de 10 euros diarios, un total de 600 euros, tras haber llegado a un acuerdo con el fiscal, reconocido el delito y reparado el daño. En la sentencia, a la que ha tenido acceso infoLibre, el tribunal admite que las condenas a los tres ejecutivos son “extraordinariamente livianas”, pero explica que por imperativo legal no puede agravar las penas solicitadas por el fiscal y el abogado del Estado. No obstante, deja en manos de la Junta Consultiva de Contratación del Estado que ésta les imponga la prohibición de contratar con el sector público por un periodo de entre cinco y diez años. Además, recomienda que se les inhabilite para obtener subvenciones y para percibir incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante ese tiempo.
La sentencia incluye el voto particular del presidente de la Sala, el general Rafael Eduardo Matamoros, quien considera que los dos tenientes coroneles deberían ser condenados a tres años y la pérdida de su empleo, lo que significaría su baja en las fuerzas armadas. El general argumenta que, dado el alto rango de los oficiales, los destinos de relieve que ocupaban y siendo ambos expertos en contratación pública, su “comportamiento criminal” ha “denigrado la imagen, no solamente suya como militares en activo, sino también del cuerpo al que pertenecen y de las fuerzas armadas en general”. Más aún, les culpa de la “paupérrima opinión de los militares” que puede generar el hecho de que aceptaran “comisiones, agasajos y obsequios” a cabio de información sobre contratos. También considera que por su “evidenciada inidoneidad” para el desempeño de sus funciones en el cuerpo de Intendencia del Ejército deben perder sus puestos. Con los dos años de cárcel a los que han sido sentenciados, ambos militares sólo serán suspendidos en sus respectivos empleos. La sentencia puede ser recurrida aún ante el Tribunal Supremo.
El fiscal había pedido para los dos oficiales una pena de tres años por un delito consumado y continuado contra el patrimonio en el ámbito militar, con pérdida de empleo, así como otros tres años por actividades prohibidas a funcionarios públicos.
Pliegos con antelación
El relato de los hechos que describen las casi 200 páginas de la sentencia describe una operativa que ambos tenientes coroneles llevaron a cabo de forma continuada entre 2010 y 2015. Los tenientes coroneles Cruz Picazo Ramírez y Epifanio Ramírez Requeno contactaban con empresas contratistas de Defensa o interesadas en serlo y les ofrecían y proporcionaban información sobre contratos “presentes o en proyecto o fase interna”, también les daban apoyo o consejo para presentar ofertas e incluso llegaron a redactar alegaciones y recursos para algunas de ellas cuando no resultaban las adjudicatarias. Para ello “se prevalieron” de su condición de oficiales destinados el primero como jefe del Área de Estrategia de Compras de la Subdirección General de Contratación del Ministerio de Defensa, y el segundo en la Unidad de Contratación de la Subdirección General de Servicios Económicos.
Por tanto, establece la sentencia, Cruz Picazo intervenía en los expedientes de contratación y en la adjudicación de los contratos, y participaba en la redacción de los pliegos de condiciones técnicas y administrativas de los concursos. Epifanio Ramírez era el encargado de las “cuestiones prácticas” de los contratos que interesaban a las empresas. El tribunal destaca que el teniente coronel Picazo estaba en las comisiones de seguimiento de 12 o 14 acuerdos marco, de los 18 que llegó a haber en el Ministerio de Defensa. Se trata de un instrumento que sirve para centralizar multitud de contratos en uno solo, normalmente de ámbito nacional, lo que redunda en ahorro de costes.
A cambio de información y asesoría, el tribunal considera probado que ambos recibieron diferentes cantidades de dinero, como los 4.000 euros pagados por la empresa de seguridad Proman, en un sobre entregado en un restaurante de Madrid, y los 20.000 euros que Ucalsa transfirió a Epifanio Ramírez y con los que pagó parte de un Audi A5 Sportback, valorado en 43.777 euros. Otra firma, Tecnove, dedicada al carrozado de vehículos militares, regaló a Cruz Picazo un reloj Hublot con un precio de 2.870 euros.
Además, estas y otras empresas proporcionaron a ambos oficiales entradas para distintos partidos del Real Madrid en el palco del Santiago Bernabéu y entradas para el Mutua Madrid Open de Tenis. Finalmente, el hijo del teniente coronel Ramírez fue contratado en Easy Sea East, del grupo Proman, en noviembre de 2014, con un contrato indefinido como auxiliar de servicio y un sueldo de 752 euros al mes. Curiosamente, su lugar de servicio era el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA), dependiente de Defensa. Y el hijo del teniente coronel Picazo consiguió otro contrato primero como conductor y luego como coordinador de comidas a domicilio –1.203 euros al mes– en Ucalsa.
Una denuncia y una grabación de Miguel Ángel Ramírez
Además de los directores generales de estas tres empresas, fueron igualmente imputados por el juzgado instructor los responsables de otras 10 compañías, que luego fueron desimputadas. Entre ellas, Cleanet, Clece –filial de ACS–, Willis Iberia, Beyond Solutions y TRC Informática. Sin embargo, la sentencia hace un relato pormenorizado de las entrevistas, comidas e intercambio de favores que se produjeron entre los dos tenientes coroneles y esa decena de contratistas. Por orden judicial, todos los implicados fueron objeto de pinchazos telefónicos y seguimientos: las comidas fueron grabadas en vídeo y vigiladas por agentes de la Policía Judicial. También fueron investigados los patrimonios de los dos oficiales y registrados sus despachos y domicilios particulares. Picazo y Ramírez fueron detenidos el 28 de abril de 2015 y permanecieron cinco días incomunicados. Salieron en libertad provisional el 12 de mayo de ese año. Igualmente fueron arrestados los tres empresarios ahora condenados.
El caso se inició a finales de 2014, cuando un asesor de Seguridad Integral Canaria denunció al CNI que los dos tenientes coroneles le habían pedido 20.000 euros mensuales, durante una comida, a cambio de facilitarle con una antelación de tres meses los pliegos del nuevo macrocontrato de seguridad del Ministerio de Defensa, así como de ayudarles con los problemas que la empresa padecía en la prestación del servicio que se le había adjudicado. El representante de la firma, propiedad del empresario líder de las seguridad low cost Miguel Ángel Ramírez, organizó una segunda comida en el mismo restaurante con la intención de grabarla, según explicó en su declaración al juez. No pudo “por un problema en su móvil”. A ella acudió también el mismo Miguel Ángel Ramírez. Así que, por sugerencia del CNI, convocó una tercera reunión, que sí pudo grabar. Sin embargo, el tribunal no admitió ese audio porque no entiende acreditada su autenticidad. Además, la teniente de la Policía Judicial adscrita a la Jurisdicción Militar que se hizo cargo del caso negó ante el juez que el CNI hubiera intervenido en él. De hecho, aseguró que el asesor de Seguridad Integral Canaria contactó directamente con ella para denunciar el supuesto cohecho.
El tribunal, en cualquier caso, considera probado que el CNI comunicó la denuncia a Defensa y la Subsecretaría del ministerio la trasladó al fiscal, que abrió diligencias de investigación el 30 de diciembre de 2014. Como queda dicho, cuatro meses después, los dos tenientes coroneles y los tres directivos fueron detenidos.
“Pueden ser 3.000, 9.000 o 100.000 euros”
Para hacerse una idea de cómo procedían los oficiales basta con repetir el relato que la sentencia hace de la comida que ambos mantuvieron en otro restaurante de Madrid con un representante de la empresa Olmata, dedicada a la restauración y que no era contratista de Defensa. Según el informe policial, el teniente coronel Ramírez le ofreció al empresario un “resumen con ejemplos para conseguir la máxima puntuación en cada uno de los tramos del concurso”. A continuación le pregunta cuál va a ser su “parte”. “Tiene que ser algo justo, para no quedarse ni corto ni largo”, le explica el oficial. Cuando el directivo le pide una propuesta, Epifanio Ramírez le contesta que “pueden ser 3.000, 9.000 o 100.000 euros” y que debe hablar primero con el director general de Proman, Lázaro Bernal Moya, también condenado. Los dos oficiales solían pedir a los empresarios que conocían nombres de otros, de diferentes sectores, que pudieran estar interesados en contratar con Defensa. Abarcaban todas las actividades, desde la seguridad privada hasta la limpieza, pasando por los seguros, los vehículos militares, servicios de restauración, informáticos… Buena parte de los empresarios que resultaron imputados en la causa contaron a la policía primero y al juez después que el teniente coronel Epifanio Ramírez les pedía un contrato para su hijo. A Proman, por ejemplo, no sólo le entregó el currículo de su hijo, sino también los de su nuera y otras dos personas, que no consiguieron un empleo.
El fiscal recurrirá ante el Supremo la condena de sólo dos años de cárcel a dos tenientes coroneles por delitos de corrupción
En el caso de Tecnove, el reloj de lujo regalado por su administrador único, Eusebio Ramírez González, también condenado, al teniente coronel Cruz Picazo fue la contrapartida de la adjudicación de los contratos de mantenimiento de la Base Provincial de Apoyo (PSB) del Ejército en Quala i Naw (Afganistán), la construcción del módulo de vida número 13 y los servicios de peluquería, limpieza y gestión del gimnasio. Cruz Picazo desempeñó una comisión de servicio en esa base en el segundo semestre de 2010.
La sentencia considera igualmente hechos probados que Seguridad Integral Canaria pagó a los dos oficiales ahora condenados un total de 17.000 euros por asesorar a la empresa “en materia de contratos fuera del ámbito del Ministerio de Defensa”. Según declaró ante el juez su representante, Cruz Picazo le amenazó veladamente con retrasos en los pagos del ministerio a la empresa y con “apretarle en la ejecución del contrato” si no les pagaban a él y a Epifanio Ramírez por sus gestiones. Este último también admitió ante el juez instructor que había recibido 2.000 euros de la empresa de seguridad Ariete por asesorarla en un concurso del Ministerio de Hacienda. Otros 6.500 euros, entre los dos, cobraron de la empresa Cleanet, a cambio de dos lotes en el concurso de limpieza del ministerio y un contrato de guardería.
El Tribunal Militar Central ha absuelto al teniente Sebastián Gallego Montero, destinado en el gabinete de prensa del Ministerio de Defensa. Aunque dice que su comportamiento “resulta cuanto menos equívoco”, concluye que no queda acreditado que actuara para obtener un beneficio cuando el teniente coronel Epifanio Ramírez le preguntó si conocía “a alguien interesado” en participar en el concurso para atender la cafetería del Ministerio de Defensa. El teniente le preparó una reunión con un representante de Sacyr, al que había llegado a través de un primo suyo.
El Tribunal Militar Central ha condenado a dos años de cárcel cada uno a dos tenientes coroneles del cuerpo de Intendencia del Ejército de Tierra por haber recibido dinero, regalos, invitaciones al palco del Real Madrid e incluso conseguido contratos para sus hijos, a cambio de facilitar a un buen número de empresas información sobre los concursos que convoca el Ministerio de Defensa, prestarles asesoramiento para conseguir los contratos y redactarles recursos si no se los adjudicaban.