El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha pedido a las Fuerzas de Seguridad del Estado que localicen el paradero de Fawaz Abdulaziz Alhokair, presidente del grupo saudí Alhokair, para que declare como investigado –el antiguo imputado– por los delitos de estafa, alzamiento de bienes e insolvencia punible. Alhokair compró la cadena de tiendas Blanco en 2013 y se la vendió tres años más tarde a un fondo dubaití, AC Modus, del que Fawaz Abdulaziz Alhokair es consejero delegado. Sólo tres meses después de la operación, Global Leiva, la sociedad propietaria de Blanco, pidió el concurso de acreedores y, en diciembre, la liquidación. La cadena despidió a 850 empleados y cerró una red de 102 tiendas.
Los trabajadores de Blanco presentaron entonces una querella contra la empresa saudí, el fondo dubaitíy los administradores de Global Leiva. El ex consejero delegado de la cadena textil, Gerry Waters, y su director financiero, Nuno Ferreira, acudieron a declarar ante el titular del Juzgado Central de Instrucción número dos de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, el pasado mes de febrero. También fueron llamados a comparecer otros dos administradores de la empresa, Simon Marshall y Mohamed Hussein Mohamed Masud.
Aunque el presidente del grupo saudí no estaba incluido en la querella, Fernando Andreu, que está en funciones en el Juzgado Central de Instrucción número dos de la Audiencia Nacional, ha accedido a la petición de unos de los acreedores de Global Leiva, la empresa Lopcas Inves, para que declaren Fawaz Abdulaziz Alhokair y Catherine Becket, la auditora de Ernst & Young que dio el visto bueno a las cuentas de Alhokair. Becket no vio ninguna irregularidad en la venta de Blanco al fondo AC Modus, que se publicitó por un precio de 83 millones de euros, cuando según las escrituras de compraventa éste fue sólo de 1.197.963,46 euros, el equivalente de cinco millones de riales saudíes. Esa cantidad, además, debería haberse pagado en cinco plazos, a razón de un millón de riales –239.592,692 euros– al año. Pero el fondo no llegó a abonar ni euro.
Alhokair es una gran compañía saudí propietaria de un centenar de centros comerciales en 14 países repartidos por Oriente Próximo. Además, gestiona en régimen de franquicia en esa zona, Asia Central y el Cáucaso hasta 88 marcas internacionales, todas las de Inditex pero también Gap, Mango, Desigual, Topshop o Nine West, según consta en su página web. Fawaz Abdulaziz Alhokair creó la empresa en 1990 junto con dos de sus hermanos, es multimillonario y vive en la capital saudí, Riad, según la revista Forbes, que además le señala como propietario de un superático de lujo en Nueva York.
“Venta simulada”
En su declaración ante Ismael Moreno, los administradores Waters y Ferreira se negaron a contestar a las preguntas de los abogados de la plantilla. Pero, interrogados por el fiscal, aseguraron que el único valor de Blanco cuando la adquirió Global Leiva en 2013 era la marca. Ambos directivos sí contestaron a sus abogados, pero sólo para intentar desvincular a Global Leiva de Alhokair. Por el contrario, la plantilla de la cadena argumenta que la empresa saudí fue siempre el administrador de factode facto de Global Leiva, que en realidad no era más que una sociedad instrumental “carente de contenido patrimonial y económico”. De hecho, su tesis es que Global Leiva fue la herramienta utilizada por el grupo para quedarse con la marca, “el único bien intangible con algo de valor”, después de descapitalizar la cadena.
Según argumentan los trabajadores en la querella, Alhokair mantuvo el “control absoluto de las decisiones de la empresa”: la venta de Global Leiva, en agosto de 2016, al fondo dubaití fue únicamente una “venta simulada”. Sostienen que el grupo saudí siguió financiando a Blanco y aseguran que el director financiero, Nuno Ferreira, ha actuado siempre como administrador de facto de la empresa y como su portavoz ante la plantilla desde que se presentó el concurso. Gerry Waters, Simon Marshall y Mohamed Hussein Mohamed Masud, además, no sólo eran miembros de la alta dirección de Alhokair, sino que el grupo saudí también les pagaba sus sueldos.
Una historia de 57 años
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Blanco solicitó la liquidación tras perder en su último año 72,5 millones de euros, el triple que en 201572,5 millones de euros. En ese momento no tenía locales de su propiedad, todas sus tiendas estaban en régimen de alquiler. Y su principal acreedor era Alhokair.
Mientras la Audiencia Nacional investiga la quiebra de Blanco, el Juzgado de lo Mercantil de Toledo tramita aún el concurso de acreedores de Global Leiva. A sus trabajadores el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) les ha abonado los sueldos impagados y las indemnizaciones por despido.
Pese a la entrada de capital saudí y dubaití desde 2014 y el fichaje de gestores extranjeros de renombre, la cadena, fundada por el empresario cántabro Bernardo Blanco en 1960, no consiguió levantar la cabeza. En sus mejores días llegó a tener 1.200 tiendas repartidas por todo el mundo, pero terminó sufriendo dos Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) en tres años. En el primero fueron despedidos 711 trabajadores y en el segundo, 189, mientras se cerraban 12 tiendas. Además, Blanco estuvo a punto de pasar por un tercero que fue retirado por AC Modus a la espera de un inversor que nunca apareció.
El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha pedido a las Fuerzas de Seguridad del Estado que localicen el paradero de Fawaz Abdulaziz Alhokair, presidente del grupo saudí Alhokair, para que declare como investigado –el antiguo imputado– por los delitos de estafa, alzamiento de bienes e insolvencia punible. Alhokair compró la cadena de tiendas Blanco en 2013 y se la vendió tres años más tarde a un fondo dubaití, AC Modus, del que Fawaz Abdulaziz Alhokair es consejero delegado. Sólo tres meses después de la operación, Global Leiva, la sociedad propietaria de Blanco, pidió el concurso de acreedores y, en diciembre, la liquidación. La cadena despidió a 850 empleados y cerró una red de 102 tiendas.