La gravedad de la última crisis financiera obligó a gobiernos e instituciones internacionales a endurecer las regulaciones de los bancos, pero también a desarrollar mecanismos que eviten los riesgos sistémicos y, por tanto, la repetición de descalabros que, como ocurrió en 2008, arrastren al conjunto de la economía. Se llaman “políticas macroprudenciales” y su objetivo es analizar todo tipo de indicadores para identificar desequilibrios, burbujas y otros excesos o desviaciones e impedir que esas vulnerabilidades se extiendan y estallen en forma de crisis.
La semilla de estas políticas preventivas la puso el G-20 en su cumbre extraordinaria de Washington en 2008, cuando acometió el rediseño del sistema financiero mundial, entonces en plena debacle por el incendio que prendieron las hipotecas basura en Estados Unidos. La UE creó la Junta Europea de Riesgo Sistémico (JERS) en 2011 y ésta, a su vez, recomendó dos años más tarde que cada Estado miembro constituyera su propia autoridad macroprudencial. Una indicación que en estos años han seguido todos los países comunitarios, excepto Italia y España.
Hasta este viernes, en que el Consejo de Ministros ha aprobado la creación de la Autoridad Macroprudencial Consejo de Estabilidad Financiera (Amcesfi), un órgano colegiado, sin personalidad jurídica propia, que presidirá la ministra de Economía, Nadia Calviño, y comenzará a funcionar el primer trimestre de 2019.
Aunque el Banco de España ya tiene encomendada la aplicación de instrumentos macroprudenciales para mantener la estabilidad del sistema financiero –los llamados colchones de capital, para asegurar reservas suficientes en el sistema bancario y para reforzar la solvencia de las entidades financieras consideradas sistémicas, las de mayor tamaño–, Nadia Calviño calificó este viernes de “imprescindible” la existencia de esta autoridad, que el ministerio presenta como “independiente”, pese a que estará adscrita a ese departamento, y “transversal”, ya que la integrarán el Banco de España, la CNMV y la Dirección General de Seguros.
En cualquier caso, en el mismo Consejo de Ministros se ha dotado a estas tres instituciones de herramientas adicionales para mitigar riesgos e impedir que las perturbaciones financieras terminen afectando al resto de la economía. Por ejemplo, a partir de ahora el Banco de España podrá establecer restricciones a la concesión de créditos aumentando los requerimientos de capital a los bancos. También podrá limitar la exposición de las entidades financieras a determinados sectores, como la industria, la construcción o la promoción inmobiliaria. Por su parte, la CNMV podrá exigir a los bancos un volumen mínimo de activos líquidos para que hagan frente a peticiones masivas de retirada de fondos de sus clientes. Y a la Dirección General de Seguros también se le permitirá fijar límites a la exposición por parte de las aseguradoras a determinados sectores económicos o activos.
Más de 120 indicadores de riesgo
Según el Ministerio de Economía, la Autoridad Macroprudencial servirá para reforzar las competencias que ya tienen estos tres organismos supervisores. No sólo analizando posibles factores de riesgo, sino también emitiendo “opiniones, alertas y recomendaciones” para evitar nuevas crisis.
Compuesta por un consejo y un comité técnico, la Amcesfi seleccionará sus propios indicadores de riesgo. Los identificados por la Junta Europea de Riesgo Sistémico superan los 120. Desde el crecimiento del crédito bancario, los precios de la vivienda y el esfuerzo que deben hacer los ciudadanos para pagar un préstamo hipotecario, hasta la exposición de la banca en moneda extranjera, los rendimientos bursátiles y la volatilidad financiera –que pueden generar incentivos a la toma excesiva de riesgos– o el nivel de morosidad.
Tras analizarlos, la Autoridad Macroprudencial emitirá alertas públicas, dirigidas a todo el sistema financiero, a una autoridad financiera en particular o a un grupo de entidades bancarias. Deberá indicar siempre cuál es el factor de riesgo y su gravedad. Igualmente podrá recomendar al Banco de España, a la CNMV o a la Dirección General de Seguros que adopte medidas para atenuar o prevenir riesgos. Además, estos tres organismos deberán comunicar a la Amcesfi, con siete días de antelación, si van a utilizar alguna de las herramientas antirriesgo que tienen a su disposición: los colchones de capital antes citados, límites a la concesión de créditos, la suspensión del reembolso de participaciones en fondos de inversión, límites al nivel de apalancamiento de esos fondos, la prohibición de las ventas en corto en la Bolsa…
Un consejo y un comité técnico sin aumento de gasto
El consejo de la nueva autoridad lo integrarán siete miembros. La presidenta será la ministra de Economía, a diferencia de las autoridades equivalentes de Países Bajos, Alemania, Dinamarca –donde es el secretario de Estado quien está al frente– o Reino Unido –donde la dirige el subgobernador del Banco de Inglaterra y participan miembros externos–. Su vicepresidente será el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos. A su lado se sentarán el presidente de la CNMV, Sebastián Albella; la subgobernadora del Banco de España, Margarita Delgado; la vicepresidenta de la CNMV, Ana María Martínez-Pina; la secretaria de Estado de Economía, Ana de la Cueva, y el director general de Seguros, Sergio Álvarez Camiña. Aunque a sus sesiones –al menos una cada seis meses– podrán acudir también miembros del FROB, encargado de la restructuración bancaria, o de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF).
El comité técnico, que celebrará reuniones trimestrales, lo compondrán nueve personas, repartidas también entre el Ministerio de Economía, el Banco de España y la CNMV. Lo presidirá la subgobernadora del Banco de España y su vicepresidente será el secretario general del Tesoro. El personal y los recursos materiales para la nueva autoridad correrán a carga de las tres instituciones que la integran, pero sin aumentar sus gastos: no podrán ampliar plantillas ni sus altos cargos cobrarán por sus nuevas atribuciones, según consta en el borrador del real decreto aprobado por el Consejo de Ministros.
La ministra de Economía deberá comparecer ante la comisión de Economía del Congreso después de que se publique el informe anual de la Amcesfi. También serán públicas las opiniones, alertas y recomendaciones que emita el nuevo organismo, salvo que su revelación tenga “efectos perniciosos para la estabilidad financiera”. Además, la Autoridad Macroprudencial no podrá reservarse la información que le requieran los jueces de lo Penal, el Tribunal de Cuentas o una comisión de investigación del Congreso. Aunque su presidenta podrá solicitar que se le conceda una sesión secreta en la Cámara baja o bien se trate la información solicitada como materia clasificada.
El Banco de España ve una desaceleración "en parte prevista" y afectada por el deterioro mundial
Un ejemplo
Un ejemplo de la tarea que ya lleva a cabo el Banco de España y que se pretende reforzar ahora con la nueva autoridad se muestra en el análisis que publicó el supervisor bancario el pasado noviembre. Con datos referidos al mes de junio, el informe sitúa en “situación normal o de ausencia de alerta” los indicadores de crédito, liquidez y desequilibrios macroeconómicos. Así, la tasa de crecimiento del crédito a hogares y a empresas es “negativa, aunque moderada” y la de liquidez de bancos y del mercado es “favorable”. Mientras, la mejoría del déficit público y del endeudamiento externo ha compensado el ligero deterioro de la balanza por cuenta corriente, por lo que no desfavorece el indicador de desequilibrios macroeconómicos. Además, el impacto del Brexit y de las crisis en Italia, Turquía y Argentina ha sido limitado en los mercados financieros, asegura el Banco de España, que considera la exposición de las entidades de crédito españolas a determinados sectores económicos en fase de reducción.
“La economía española”, concluye, “se encuentra actualmente en una fase baja del ciclo financiero que ha venido acompaña de una recuperación económica gradual”. Por tanto, no encuentra motivo para activar “instrumentos macroprudenciales de tipo cíclico”, las herramientas preventivas. Los únicos riesgos los adivina muy lejos en el horizonte el Banco de España. Por un lado, los desequilibrios en el precio de la vivienda, que siguen presentando valores negativos, aunque con una “clara tendencia a la corrección” desde que terminó la crisis. Y por otro, la “importante” reducción del superávit de la balanza por cuenta corriente este año.
La gravedad de la última crisis financiera obligó a gobiernos e instituciones internacionales a endurecer las regulaciones de los bancos, pero también a desarrollar mecanismos que eviten los riesgos sistémicos y, por tanto, la repetición de descalabros que, como ocurrió en 2008, arrastren al conjunto de la economía. Se llaman “políticas macroprudenciales” y su objetivo es analizar todo tipo de indicadores para identificar desequilibrios, burbujas y otros excesos o desviaciones e impedir que esas vulnerabilidades se extiendan y estallen en forma de crisis.