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La Comunidad de Madrid recibió el pasado 1 de febrero la orden judicial de recuperar casi 3.000 viviendas sociales vendidas al fondo buitre Goldman Sachs-Azora en 2013. La orden la emitió a través de un auto el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 29 de Madrid tras un litigio que comenzó en 2018 y terminó en septiembre de 2020 con una histórica sentencia del Tribunal Supremo anulando la venta de 2.935 VPO. Sin embargo, el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso se resiste a reapropiarse de los pisos sociales de acuerdo con un recurso de los letrados de la Comunidad presentado el 15 de febrero al que ha tenido acceso infoLibre.
El juzgado dio 10 días al Ejecutivo regional para recuperar los pisos vendidos en la etapa de Ignacio González, pero los letrados de la Comunidad han preparado la enésima estrategia para retrasar la ejecución de la sentencia: los abogados insisten en que, según su interpretación, el fallo afecta solo a una de las 2.935 viviendas (la del denunciante) repartidas en 32 promociones. Y recurren a argumentos inéditos para reforzar su opinión: por ejemplo, se destaca la "enorme complejidad y volumen" de recuperar las casi 3.000 VPO; se enumera el coste de los "trámites registrales"; se habla de la "dispersión" de registros o se advierte del riesgo de "ocasionar un perjuicio irreparable a miles de afectados".
En el recurso no hay ninguna mención a los miles de afectados que, en agosto de 2013, se despertaron viendo cómo su casero pasaba de ser el antiguo Instituto de la Vivienda de Madrid (Ivima) a un fondo de capital riesgo internacional en busca de beneficios. Pero sí hay múltiples alusiones a terceras personas que habrían comprado algunas de las 3.000 casas en estos siete años (nadie ha dicho cuántos son). "La ejecución del contenido del auto recurrido no es una cuestión baladí", dice el recurso; "las consecuencias jurídicas que la ejecución del auto implica, el número de personas y familias afectadas, así como la naturaleza sensible de los derechos e intereses implicados, imponen la máxima cautela y prudencia en las acciones a realizar, so pena de ocasionar un perjuicio irreparable a miles de afectados".
Otro de los argumentos más sorprendentes es que la posición de la Comunidad "reitera y mantiene que el alcance de la ejecución de la sentencia se limita a la vivienda de Don Rachid Bouikou" (el inquilino del Ivima de Navalcarnero que junto con su abogado César Pinto han doblado el pulso al Gobierno regional y al fondo buitre desde 2018). A lo largo del recurso los letrados autonómicos insisten en el "alcance" limitado.
Pero la literalidad del auto que ordena a Madrid recobrar la propiedad de todas las VPO no coincide con lo que dice el Ejecutivo regional. Según el auto, "se declara que la sentencia de este Juzgado de fecha 21 de mayo de 2018 alcanza a la anulación de la adjudicación a Azora Gestión del contrato de enajenación de las 32 promociones y con ello de la totalidad de los inmuebles que las integran". Es decir, que la sentencia de 2018 y los autos posteriores tumban la enajenación de 2.935 pisos sociales.
"Mantener la situación de las viviendas afectadas en el estado actual es la solución que garantiza más y de mejor forma los intereses implicados a la espera de la resolución del núcleo de la controversia", continúa el texto sin explicar a qué intereses se refiere. La Abogacía Jurídica asume el rol de portavoz de los terceros compradores -que nadie ha identificado-. Los letrados dicen que "no parece aventurado afirmar que habrá otros muchos ocupantes que deseen que permanezca el statu quo creado sin alteraciones de calado en su régimen jurídico".
Trámites "complejos"
Por eso, prosigue el recurso, "de seguir adelante la reversión de las viviendas" se acometerían "trámites de enorme complejidad y volumen con los que se llegaría a una situación material difícilmente reversible". Entre esos trámites complejos, el primero sería "solicitar 2.935 certificaciones de dominio y cargas de las viviendas enajenadas con sus anejos vinculados (plazas de garaje y trasteros), 235 certificaciones de dominio y cargas de las plazas de garaje no vinculadas, y 45 certificaciones de dominio y cargas de los locales comerciales".
Aquí, los letrados describen la supuesta complejidad. "Ha de tenerse en cuenta, asimismo, que dichas gestiones no están centralizadas en un solo Registro", dicen, "sino que, dependiendo de la ubicación de la finca registral, han de realizarse hasta en un total de catorce Registros diferentes en diez municipios distintos". La Abogacía enumera más trámites, con el fin de demostrar una presunta complejidad: la "autoliquidación por el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados", "presentar una instancia por cada uno de los inmuebles en el Registro de la Propiedad correspondiente" o "abonar la inscripción efectuada". "Los trámites registrales alcanzarían, en consecuencia, un total aproximado de 505.719,50 euros", esto es, algo más de medio millón de euros.
Por debajo del precio de mercado
El mercado inmobiliario europeo, en las garras de los fondos buitre
Las 2.935 viviendas sociales fueron enajenadas por debajo de precio de mercado por 201 millones de euros. Y esto para la Comunidad de Madrid es otro problema, a pesar de que se presenta la oportunidad de aumentar el parque de alquileres asequibles. "La concreción del importe que habría de devolver la Agencia de la Vivienda Social a Encasa Cibeles, S.L. [el vehículo inmobiliario de Goldman-Azora] requeriría tomar en consideración diferentes conceptos que implican una negociación sumamente compleja", protestan los letrados. Así, además de los 200 millones aparecen "gastos vinculados a la compraventa que asumió la adquirente como Notaría y Registro", "intereses devengados" o la "determinación de la cuantías que en concepto de renta habría venido percibiendo la sociedad por cada inmueble".
"En definitiva", concluye la Comunidad de Madrid, "razones de seguridad jurídica unidas a una necesaria y deseable prudencia, imponen la suspensión de la ejecución de los autos recurridos".
Este medio ha preguntado a la Comunidad de Madrid por sus dudas en el recurso sobre el alcance de la sentencia, cuando el auto del Juzgado del pasado 1 de febrero se refiere directamente a las 32 promociones. "Para recuperar las viviendas han de ser primero los tribunales los que deben determinar cuántas y cuáles", insisten portavoces regionales. Sobre el precio a pagar, los portavoces señalan que "su determinación se va a establecer durante la ejecución de la sentencia". "En este momento no podemos saber si estará o no por debajo del valor de mercado", agregan.
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