Los 'baby boomers', o cómo pagar las pensiones al club de jubilados más numeroso y longevo de la historia

Esa generación “más ancha” de la que habló el ministro José Luis Escrivá el pasado jueves en TVE se está convirtiendo en protagonista a su pesar de la reforma de las pensiones. Los también llamados baby boomers, los nacidos entre 1958 y 1977, actores del estallido demográfico que llevó aparejada una economía inusitadamente próspera tras la Segunda Guerra Mundial, también van a convertirse en el mayor club de jubilados de la historia. De jubilados con pensión, se entiende. Y ahí está el problema. O por lo menos es a quienes se menciona cuando de reformar el sistema público de pensiones se trata, un debate recurrente que no termina de cerrarse pese a los sucesivos cambios legislativos.

La mención del titular de Seguridad Social al “ajuste pequeño” que deberán sufrir en su pensión los nacidos en los años 60 y 70 cuando se jubilen de aquí a 2050 ha encendido las alarmas de los recortes, justo cuando sindicatos, patronal y Gobierno acaban de dar por enterrada la reforma de 2013. La misma que limitó las subidas anuales de estas prestaciones públicas desligándolas del IPC y establecía un factor de sostenibilidad a partir de 2019 que reduciría la pensión inicial de acuerdo con el aumento de la esperanza de vida de cada generación.

En efecto, en los años 60 y hasta 1975 la tasa de natalidad en España se disparó hasta los 20 nacimientos por cada 1.000 habitantes. A partir de 1981 la tasa de fecundidad empezó a caer: entonces estaba en 2,04 hijos por mujer, en 1998 ya era de 1,13. En 2019, tras un ligero repunte como resultado de la mayor fecundidad de las mujeres migrantes, se ha quedado en 1,23. En cualquier caso, inferior a los 2,1 hijos por mujer necesarios para mantener la población.

Según las estadísticas del INE, en estos momentos en España hay 14,34 millones de personas entre 44 y 63 años. De ellos, son población activa –en disposición de trabajar– 10,53 millones de personas. Integran esa generación “ancha” que está empezando a jubilarse y que lo hará de forma masiva hasta 2050. Después, el número de personas en edad de retiro descenderá al mismo ritmo que lo hizo la natalidad desde los 80.

Además, esas cohortes demográficas van a disfrutar de una mayor esperanza de vida que sus predecesoras. España tiene una de las más elevadas del planeta, tanto al nacer como a partir de los 65 años. En el primer caso, se sitúa en 83,2 años –86,1 años para las mujeres–, sólo por detrás de Japón y Suiza. Pero es que, a partir de los 65 años, los españoles viven de media 21,6 años más, sólo un poco menos que los franceses, que viven una media de 21,9 años tras la jubilación. No hay que olvidar que, a principios del siglo XX, esa etapa de la vida no superaba los 10 años. Pero en 2050 se llegará a los 23,7 años. La esperanza de vida aumenta un año cada siete.

Es decir, no sólo va a crecer el número de pensionistas, sino que también van a cobrar pensión durante más años. Una prestación que cada vez es más alta: desde los años 60 el nivel de estudios de los españoles y su capacitación profesional no han hecho sino mejorar; por tanto, también sus salarios, a la par que la prosperidad económica. 

La tasa de dependencia se duplicará

Esa mayor presión ha hecho saltar las alarmas sobre la capacidad de respuesta del sistema público de pensiones, más aún con las sucesivas crisis económicas y de empleo. Pese a que la llegada de migrantes a partir de 2000 rejuveneció la población –no sólo porque los migrantes son más jóvenes, sino porque las mujeres migrantes tienen más hijos que las españolas y los tienen antes–, la tasa de dependencia no ha dejado de crecer. Ésta resulta del cociente entre la población mayor de 67 años –y cobra una pensión– y la población menor de esa edad –y que está en edad de trabajar–. En España es del 29,7%, aún por debajo de la media de la UE, que alcanza el 32%, según los datos de Eurostat para 2020.

Pero las previsiones del organismo estadístico comunitario la sitúan en el 59,9% en 2050, incluso por encima de la media de la UE, un 52%. De forma que España será el cuarto país con mayor tasa de dependencia tras Portugal, Grecia e Italia. El INE calcula una tasa inferior del 53%. Según explican José Ignacio Conde-Ruiz, investigador de Fedea, y Clara I. González, economista del Banco de España, en El futuro de las pensiones en España, recién publicado por Cajamar, hoy en día de cada 100 personas, 16 tienen menos de 15 años, 67 están edad de trabajar –entre 16 y 66 años– y 17 son mayores de 67 años. Pero en 2050, de cada 100, 13 serán menores de 15 años, 58 estarán en edad de trabajar y 29 estarán jubiladas. Para entonces, la generación del baby boom tendrá más de 75 años y representará el 18% de la población española, que rozará los 50 millones de habitantes, si el INE acierta en sus previsiones y contando con un flujo acumulado de 6,8 millones de migrantes hasta ese año. Hoy, los mayores de esa edad equivalen al 9,8% de la población, que suma 47,39 millones de personas. Su número, por tanto, se habrá duplicado.

El impreciso referente de 2011

El acuerdo sobre pensiones alcanzado esta semana incluye la derogación del factor de estabilidad incluido en la reforma de 2013 y su sustitución por un nuevo mecanismo de “equidad intergeneracional” que deberá entrar en vigor en 2027. Gobierno, sindicatos y patronal reconocen que van a necesitarlo para equilibrar el sistema por las “necesidades excepcionales y acotadas en el tiempo” que van a suponer “la jubilación de la generación del baby boom y el aumento de la esperanza de vida”baby boom . Para diseñarlo, se comprometen a recuperar “el planteamiento consensuado en la reforma de 2011”. Se refieren al factor de sostenibilidad que apenas se esbozó en el texto que firmaron el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero con los sindicatos y la patronal y que fue aprobado en el Congreso con los votos del PSOE y CiU.

Entonces, el artículo 8 de la Ley 27/2011 de 2 de agosto establecía que, cada cinco años, “los parámetros fundamentales del sistema” –la edad de jubilación, los años de cotización, el periodo de cálculo de la cuantía de la pensión, etcétera– serían revisados “por las diferencias entre la evolución de la esperanza de vida a los 67 años de la población” y la esperanza de vida a los 67 años en 2027 –el año en que se preveía empezar a aplicar el factor–. El objetivo de esa revisión era “mantener la proporcionalidad entre las contribuciones al sistema y las prestaciones esperadas del mismo y garantizar su sostenibilidad”.

Ese factor fue sustituido por el creado en la reforma de 2013, que el PP aprobó en solitario en el Parlamento y sin el acuerdo de los sindicatos. Se trataba de una fórmula matemática que ligaba el importe de la pensión a la esperanza de vida y se aplicaba de forma automática a la pensión inicial. Para ello se iban a utilizar las tablas de mortalidad de la población pensionista elaboradas por la propia Seguridad Social. No llegó a ver la luz, puesto que el Gobierno del PP lo dejó en suspenso en 2018. Pero, de haberlo aplicado, habría recortado la pensión de los nuevos jubilados a partir del 1 de enero, de 2019 de forma que se garantizara que la cuantía total de la pensión cobrada por los trabajadores desde la jubilación hasta su fallecimiento fuera similar, aunque unos vivieran más años que otros.

Ahora, en cambio, recuperando el dibujo de 2011, aunque tampoco siendo mucho más claros y precisos que entonces, Gobierno y agentes sociales pretenden que el nuevo mecanismo de equidad intergeneracional incorpore “indicadores” que ofrezcan “una imagen más fidedigna del desafío que para el sistema supone el envejecimiento de la población”. El texto del acuerdo no concreta qué indicadores, pero el acuerdo menciona que deben “actuar de forma equilibrada sobre el conjunto de parámetros del sistema”. Así se evitará que recaiga sobre “las generaciones más jóvenes” el coste de las pensiones de los baby boomersbaby boomers y “se fortalecerá la sostenibilidad del sistema” en el largo plazo. En otras palabras, no será un recorte automático con un coeficiente reductor como el de la reforma de 2013. Pero sí “ajustará el sistema” actuando sobre el resto de los parámetros, ya sea la edad de jubilación, el periodo de cálculo necesario para cobrar el 100% de la pensión o los años de cotización. De ahí la mención de Escrivá al “ajuste pequeño” o a que los miembros de la generación “ancha” quizá tengan que “trabajar algo más”.

Los ejemplos europeos

Es así como funcionan este tipo de mecanismos en otros países europeos. En Alemania, la cuantía de la pensión se determina según el número de puntos acumulados por cada trabajador a lo largo de su vida laboral, que dependen de sus cotizaciones respecto de la cotización media de todos los trabajadores. El valor de cada punto depende, a su vez, de la relación entre el número de cotizantes y el número de pensionistas, por lo que la esperanza de vida se considera implícita en ese cociente.

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En Italia, para establecer la cuantía de la pensión se utiliza un coeficiente de transformación que se calcula utilizando las tablas de mortalidad de la población. Éste se revisa periódicamente según aumenta la esperanza de vida.

En Francia, el cálculo de la pensión se basa en un coeficiente entre el número de trimestres cotizados por el trabajador y un número máximo de trimestres que se aumenta según lo hace la esperanza de vida a partir de los 60 años.

En Portugal, se utiliza un factor que es el resultado de dividir la esperanza de vida a partir de los 65 años en un año de referencia y la esperanza de vida un año antes de jubilarse. Se aplica sólo a las jubilaciones anticipadas, pero el recorte es considerable: en 2020 era de un 15,2% y este año llegará al 15,5%, por efecto del aumento de la esperanza de vida.