El PSOE propone pagar las pensiones creando un nuevo impuesto a la banca y estableciendo de inmediato el impuesto a las transferencias financieras que la UE lleva desde 2011 intentando implantar sin éxito. La idea de gravar los beneficios del sector financiero no es nueva: Unidos Podemos presentó una proposición no de ley hace ahora un año que reclamaba un “impuesto solidario” y “temporal” que ayudara a recuperar las ayudas públicas recibidas por las bancos durante la crisis. Ya en 2013 UPyD pidió en otra proposición no de ley “un recargo transitorio en el Impuesto de Sociedades aplicable a los bancos” a fin de recuperar las ayudas públicas recibidas. No llegó a ser tramitada.
Sin embargo, ésta es la primera vez que se liga el impuesto a los bancos con el pago de las pensiones. Según explica a infoLibre Manuel Escudero, secretario de Política Económica del PSOE, se trata de que, “si el contribuyente ha rescatado a la banca, sean ahora los bancos los que rescaten a la Seguridad Social, el sistema que mejor representa el bien común, ahora que padece un déficit estructural”.
Si se cumplieran sus cálculos, podrían recaudarse unos 860 millones de euros al año, por lo que sumados hasta 2050 equivaldrían a 25.000 millones, lejos aún de los 57.000 millones de euros en que el Banco de España ha cifrado el rescate bancario entre 2008 y 2014. El supervisor prevé que sólo se recuperará el 6,8% de esa cantidad.
Para ese impuesto, los socialistas se han fijado en el Banking Corporation Tax Surcharge que el Reino Unido estableció en 2015. Grava el 8% de la base imponible de los bancos que tengan beneficios y el Gobierno conservador de David Cameron lo planteó como la “justa contribución” que las entidades financieras “deben seguir haciendo respecto a los riesgos potenciales que suponen para el sistema financiero del Reino Unido y el resto de la economía”. “Es una especie de seguro”, resume Escudero, “frente al peligro sistémico que puede representar una banca que ha tomado excesivos riesgos y para evitar que se repita en el futuro el perjuicio causado a la sociedad en el pasado”. Ese mismo 8% es el que el PSOE propone también para un posible impuesto a la banca español. “Si se ha establecido en el segundo centro financiero mundial, pensamos que es algo sensato, lógico y viable hacerlo también aquí”, resalta. Según la agencia Bloomberg, el Gobierno británico tiene previsto recaudar 9.000 millones de libras –10.210 millones de euros– hasta 2022 por este concepto. Sólo en 2017 ingresó 1.500 millones de libras.
También en Francia existe un impuesto que grava a los bancos por su riesgo sistémico, la TRS (Taxe de Risque Systémique), que en 2012 se elevó del 0,25% al 0,50% de la base imponible. Desde 2014 ha empezado a reducirse gradualmente hasta su prevista desaparición en 2019, pero en 2015 se creó otro impuesto similar destinado a financiar a los ayuntamientos que contrataron préstamos tóxicos. En 2012 el fisco francés recaudó 500 millones de euros gracias a la TRS.
Para el impuesto sobre transferencias financieras el PSOE se ha inspirado en el caso francés. París no esperó a Bruselas para implantarlo en su territorio. Desde 2011 la UE lleva intentando ponerse de acuerdo para aplicarlo en el mayor número posible de países, de momento son 10 los dispuestos a hacerlo. El Gobierno de Nicolas Sarkozy lo estableció por su cuenta en Francia en 2013. Empezó siendo un 0,2% en la compraventa de acciones de empresas con sede en el país y con un valor en Bolsa por encima de 1.000 millones de euros, apenas un centenar de sociedades. En 2014 se añadió un 0,01% a las transacciones intradía –compraventa en el mismo día–. Y desde enero de 2017 se paga un 0,3% por ambos tipos de operaciones. En 2016 la recaudación por este impuesto superó los 932 millones de euros.
La batalla por gravar los depósitos bancarios
Por el contrario, en España, al menos hasta ahora, la banca sólo paga un impuesto específico que, no obstante, puede considerarse casi simbólico: el IDEC, que grava los depósitos bancarios. Lo creó el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, en 2012, pero con un tipo del 0%; es decir, no se pagaba. La medida pretendía anular los impuestos a los depósitos bancarios que habían comenzado a crear las comunidades autónomas a partir de 2001, aunque lo presentó como una figura necesaria para “homogeneizar” el sistema tributario y mantener la unidad del mercado bancario. La primera en implantarlo, ese año, fue Extremadura, pero le siguieron Andalucía (2010), Canarias, Cataluña y Comunidad Valenciana (2012) y Asturias (2013).
En 2014, para cumplir con una sentencia del Tribunal Supremo, Montoro elevó el IDEC hasta el 0,03%. Con ese tipo tan bajo, el Estado tenía previsto recaudar en 2017 sólo 237 millones de euros, según consta en los Presupuestos Generales ahora prorrogados. Esa cantidad la reparte Hacienda entre las comunidades autónomas, que no pueden aplicar sus propios IDEC desde que el Tribunal Constitucional los anuló en junio de 2015. El tribunal dictaminó que los impuestos autonómicos eran “idénticos” al estatal, por lo que vulneraban la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (Lofca) y la propia Constitución. De hecho, sólo se diferenciaban por la cuota. Las autonómicas eran mucho más altas. La catalana estaba fijada en un 0,3% para las entidades que captaran depósitos por importe de 150 millones de euros; en un 0,4% si la cantidad depositada se situaba entre 150 y 600 millones, y en un 0,5% si superaba los 600 millones de euros.
Cuando Cataluña anunció que impondría una tasa a los depósitos, en diciembre de 2012, el consejero delegado del Banco Sabadell, Jaume Guardiola, advirtió de que las entidades lo “repercutirían en los clientes”. También la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA) mostró su rechazo a la medida “especialmente en un contexto de crisis como el actual, su efecto es un encarecimiento del crédito”.
Ahora, tras conocerse la propuesta del PSOE para crear un impuesto específico, José Luis Martínez Campuzano, portavoz de su patronal, la AEB, adelanta que “establecer un impuesto a la banca sólo en España para costear las pensiones tendría efectos negativos sobre la competitividad” de las entidades financieras, que están “volcadas en la financiación a familias y empresas”. Por eso reclama un “profundo análisis previo que evalúe tanto la eficacia recaudatoria como las posibles consecuencias económicas que podrían derivarse de la medida”. A su juicio, la sostenibilidad del sistema de pensiones públicas es un problema “a escala europea”, que requiere “soluciones a escala europea”.
En cualquier caso, la batalla por gravar los depósitos bancarios no está cerrada. El pasado mes de junio el Congreso aprobó una proposición no de ley que insta al Gobierno a suprimir el impuesto estatal de forma que las comunidades autónomas recuperen su propio tributo. La iniciativa partió de Esquerra Republicana y la apoyaron PSOE, Unidos Podemos, Compromís y el PDeCAT. PP y Ciudadanos votaron en contra.
Montoro y De Guindos, a favor
El conjunto de las 10 cajas de ahorros tampoco paga nada por el impuesto de sociedades
Mientras el sector financiero era rescatado con millones en ayudas públicas, el Congreso debatía e incluso aprobaba decenas de proposiciones no de ley urgiendo al Gobierno para que impulsara en Bruselas los intentos de crear un impuesto europeo sobre las transacciones financieras. Las iniciativas partieron de IU, Podemos, PSOE, UPyD y la antigua CiU. Según los cálculos europeos podría recaudar hasta 60.000 millones de euros, de los que entre 5.000 y 6.000 millones corresponderían a Españaentre 5.000 y 6.000 millones corresponderían a España.
Los ministros Montoro y Luis de Guindos se han manifestado repetidamente a favor de la implantación de esta tasa. Hace sólo un mes, el titular de Economía esperaba de Bruselas un acuerdo “lo suficientemente amplio” a principios de este año. Pero también precisaba que los trabajos continúan “a nivel técnico porque todavía quedan muchos aspectos que definir y limar”. Ya se ha llegado a un consenso, explicó De Guindos en el Senado, sobre el gravamen, las operaciones que estarán sujetas al tributo y los principios territoriales. Pero el principal temor es que se produzca una “deslocalización de las transacciones financieras”: que los operadores se trasladen a países donde no se les cobre el impuesto. Un temor que Manuel Escudero desecha: “No ha ocurrido en Francia”, zanja. Por el contrario, Ciudadanos, en una enmienda a la última proposición no de ley aprobada al respecto objetaba que el impuesto sobre las transacciones financieras puede “distorsionar el funcionamiento de los mercados, fragmentar el mercado único europeo e incluso perjudicar en un 0,5% el PIB”.
En principio, el impuesto europeo se plantea como una tasa del 0,1% sobre el valor de cada acción y del 0,01% sobre los derivados; es decir, una cuota pequeña que grava una base imponible muy grande. El Banco de España recuerda que, además de Francia, otros países como Bélgica, Grecia, Finlandia, Irlanda, Polonia, Reino Unido o Suiza cuentan con impuestos sobre diferentes tipos de transacciones de valores.
El PSOE propone pagar las pensiones creando un nuevo impuesto a la banca y estableciendo de inmediato el impuesto a las transferencias financieras que la UE lleva desde 2011 intentando implantar sin éxito. La idea de gravar los beneficios del sector financiero no es nueva: Unidos Podemos presentó una proposición no de ley hace ahora un año que reclamaba un “impuesto solidario” y “temporal” que ayudara a recuperar las ayudas públicas recibidas por las bancos durante la crisis. Ya en 2013 UPyD pidió en otra proposición no de ley “un recargo transitorio en el Impuesto de Sociedades aplicable a los bancos” a fin de recuperar las ayudas públicas recibidas. No llegó a ser tramitada.