Las ayudas directas a las pequeñas y medianas empresas que diseña el Gobierno se anunciarán próximamente con vistas a aplacar al sector de la hostelería, que atraviesa una situación crítica. La expectación es alta porque el diablo estará en los detalles de la medida: varios ministerios, encabezados por Economía, se debaten entre dar dinero constante y sonante a los empresarios que sufren los efectos de las restricciones por la pandemia, o buscar fórmulas alternativas basadas en reducir la morosidad de las pymes.
Las opciones en la mesa del Ejecutivo las adelantó El País el 17 de febrero: condonar una parte del 70% u 80% que ha avalado el Estado en los llamados créditos ICO o realizar directamente quitas sobre la parte de los préstamos no avalada por el Estado, lo que afecta directamente a la banca. Fuentes de Economía se limitan a decir que la idea está todavía en fase de redacción y que al fin y al cabo una reestructuración de deuda “es una ayuda directa”.
Una de las razones que se esgrimen para respaldar esta tesis es que permite distinguir qué empresas serán viables y cuáles no después de la pandemia, en vez de dar ayudas directas a negocios a los que no le quede otra que cerrar una vez terminen las restricciones. En otras palabras, dar solo ayudas a empresas que sean solventes y no estén abocadas a la extinción. Pero la gran banca está en desacuerdo. “No me parece ninguna buena idea ayudar a las empresas vía quitas”, resume Santiago Carbó, director de Estudios Financieros de Funcas.
“Lo que están haciendo todos los países es dar ayudas directas, y lo que no hacen es legislar para hacer que una tercera parte privada asuma parte o todo de esa supuesta ayuda a través de quitas parciales”, insiste Carbó, que ve dos razones para el rechazo. Primero, porque la reestructuración “puede generar muchos problemas financieros a las entidades de crédito, e incluso llevar a un episodio de inestabilidad financiera”. Y segundo, porque, según el economista, “se crea inseguridad jurídica para el sector. Lo que se ha hecho en todos los países del entorno son ayudas directas provenientes de los recursos públicos, y eso es lo que se debería hacer aquí".
La opinión de Carbó coincide con la realidad: se ha repartido dinero indiscriminadamente a fondo perdido a las empresas en varios países europeos. Por citar varios casos, 50.000 millones de euros en Alemania, 13.500 millones en Francia o Reino Unido, 7.500 millones en Italia... Algunos como Países Bajos (14.700 millones) o Austria (15.000 millones) han destinado el 1,9% y el 3% de su PIB a subvencionar a pymes. En la mayoría de los países, las ayudas se han otorgado con condiciones muy laxas, como demostrar una pérdida de facturación de solo el 20%.
"Lo urgente son las ayudas directas", dice el ex ministro de Industria y profesor de Economía de la Universidad Complutense Miguel Sebastián. "Actuar sobre la morosidad podría venir luego si fuera necesario. Pero si hay una recuperación intensa, no hará falta".
"Agravio respecto a otros sectores"
El portavoz de una entidad financiera indica que aplicar quitas "debilita la seguridad jurídica" y además "supone un agravio respecto a otros sectores". Y un ex directivo de una caja de ahorros que pide anonimato ve una parte buena y otra mala en la propuesta. La parte buena: "Con las ayudas a través de quitas se consigue mitigar parcial o totalmente la deuda de las pymes y autónomos. Y así se cubre mejor el objetivo de las medidas: recordemos que los avales ICO se han concedido a clientes no morosos".
"Sin embargo", agrega el consultado, las quitas aumentarían el riesgo financiero. "Los bancos no van a preferir esta vía. El Estado asumió más riesgo que las entidades al inicio de la pandemia con los avales ICO. Y éstas no son capaces, con sus modelos comportamentales, de identificar indicadores de alerta temprana para lo que queda de pandemia", razona.
Una fuente del Banco de España ve indispensable diferenciar entre pymes con problemas de liquidez y problemas de solvencia. "Existe un sistema muy potente que utiliza el Registro Mercantil llamado SABI que podría ser utilizado por parte del Gobierno para establecer la diferencia. Es una base de datos con la facturación, datos de explotación, ventas, etcétera de millones de empresas que manejan las universidades y los departamentos de análisis económico". Para esta persona, SABI es muy relevante ya que "toda ayuda no devuelta implica déficit". Con todo, el consultado se muestra a favor de dar ayudas directas a fondo perdido, "como en Alemania".
Diferenciar entre problemas de solvencia y de liquidez
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"Se haga lo que se haga, con las ayudas llegamos tarde", opina Juan Laborda, de la Universidad Carlos III. "Tenían que haberse preparado tras el confinamiento de la primavera pasada: la recesión se debe a la pandemia, no a factores económicos. De hecho, es en ese momento cuando cabían las propuestas novedosas, y yo mismo me he manifestado a favor de una muy ortodoxa lanzada por CEPR [Center for Economic and Policy Research, un think-tank]", sugiere. "Se basaba en que el Estado entrara en el capital social de las pymes (con una serie de condiciones como no repartir bonus o garantizar el empleo) y abandonarlo paulatinamente en función de la recuperación de cada una", dice Laborda.
Coincide con Laborda el economista de CCOO Bruno Estrada: "El Gobierno tenía que haberlas repartido hacia julio y a través de planes sectoriales. Creo que era evidente que los sectores que dependían de la demanda extranjera, como la hostelería u otros, iban a quedar muy tocados".
En España sí se han concedido ayudas a sectores como la hostelería. El problema es que esas cantidades las han distribuido las Comunidades Autónomas a su criterio, con los fondos que ha ido liberando el Gobierno procedentes de los acuerdos europeos y destinados, entre otras áreas, a Sanidad, Educación o Servicios Sociales. El Ministerio de Industria siempre ha dicho públicamente que las autonomías disponían de ese dinero para lo que quisieran, y que una de las posibilidades era crear ayudas específicas para pymes y autónomos. De hecho, la única región que no ha creado un plan para la hostelería es la Comunidad de Madrid.