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A sólo seis días de las elecciones a la presidencia del FC Barcelona, los Mossos d’Esquadra han detenido este lunes a Josep María Bartomeu y a otros tres de sus principales directivos así como registrado durante horas las oficinas del club y los domicilios particulares del expresidente y de su mano derecha, Jaume Masferrer. El Barçagate vuelve a las portadas un año después de desvelarse que el club había contratado a una empresa llamada I3 Ventures y que ésta era la responsable de un buen número de perfiles en redes sociales dedicados a denigrar a algunos jugadores como Leo Messi o Gerard Piqué, y a atacar a los opositores de Bartomeu. Además, el contrato había costado un millón de euros al año, una cantidad por encima de la tarea asignada y de los precios de mercado, que se había repartido en facturas de 198.000 euros para eludir el preceptivo control de la junta directiva.
El golpe judicial no hace más que aumentar la presión sobre el club tras desvelarse su pésima situación económica, con unas pérdidas que el candidato a la presidencia Joan Laporta elevó a entre 150 y 250 millones para este ejercicio, y el peso que en ellas tiene el macrocontrato que los blaugrana le firmaron a Leo Messi, superior a los 100 millones de euros anuales.
Desde el pasado abril, la titular del Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, Adriana Gil, investiga al Barça por administración desleal y corrupción entre particulares, tras la denuncia presentada por Dignitat Blaugrana, una asociación de aficionados del mismo club. La jueza ha tenido que extender seis veces el secreto del sumario: la última prórroga acababa el próximo día 10.
Seis dimisiones y dos suspensiones de empleo
No obstante, lo que se bautizó como Barçagate ya se cobró sus primeras víctimas cuando el programa Què T'hi Jugues de la Cadena Ser de Barcelona desveló en febrero de 2020 el contrato. A Jaume Masferrer, responsable del Área de Presidencia desde 2018 y antes asesor de Bartomeu, se le consideró responsable y fue apartado de sus funciones. Y dos meses después, el presidente del club blaugrana pidió la dimisión de cuatro directivos: los vicepresidentes Emili Rousaud y Enrique Tombas; el responsable del Barça B, Sílvio Elías, y del responsable del Área Comercial, Josep Pont.
Ellos dejaron sus cargos y se les añadieron dos nombres más, los de Maria Teixidor, responsable del Barça femenino, y Jordi Calsamiglia, presidente de la Comisión de Disciplina. Todos ellos enviaron una carta a los socios criticando “los criterios y las formas de gestión” del club y asegurando que se habían enterado del Barçagate por la prensa.
En junio, el FC Barcelona también suspendió de empleo y sueldo a la encargada del control interno del club, Noelia Romero. En octubre, Masferrer fue destituido finalmente por la junta gestora que se había hecho cargo del club tras la dimisión de la directiva en pleno. Todos ellos hicieron entrega entonces al notario de cierta documentación de laque se desconoce si ha llegado a manos de la jueza.
Una auditoría exculpatoria
Mientras la juez Gil investigaba, el FC Barcelona encargó una auditoría a PricewaterhouseCoopers, que en julio de 2020 descartó que el Barça hubiera encargado y pagado para difamar a sus jugadores o a opositores a Bartomeu e incluso consideró de mercado el precio abonado a I3 Ventures. “No existió ninguna conducta corrupta. No hemos detectado evidencias de que por parte del equipo directivo del club se haya obtenido beneficio económico directo derivado de los contratos, del servicio y/o pagos realizados por los proveedores objeto de análisis”, concluía el informe. La consultora ayudaba así al club a salir del paso de las acusaciones que había lanzado en una entrevista en RAC1 el exvicepresidente Emili Rousaud. “Creo que alguien ha metido la mano en la caja”, aseguró nada más dimitir, “si pagas un millón de euros por un trabajo que tiene un coste de mercado de 100.000... Blanco y en botella”.
No obstante, PwC estableció que el club no había cumplido los protocolos internos para aprobar el contrato, al haber dividido el pago total anual en abonos menores para evitar los controles. Aunque, al tiempo, apuntaba que del proyecto había sido informada “formalmente y en varias ocasiones” la junta directivala junta directiva del club. Finalmente, desvelaba que los trabajos realizados por por I3 Ventures estaban incompletos. Apoyado en la auditoría, la directiva del FC Barcelona anunció una querella contra Rousaud y contra todos los que habían atacado al club por el Barçagate.
Las empresas
Con la detención de Bartomeu y de sus principales ejecutivos, el director general Óscar Grau y el responsable del área jurídica, Román Gómez-Pontí, el Barça ha expresado su “máximo respeto” por la presunción de inocencia de todos ellos, además de ofrecer su “plena colaboración a la autoridad judicial y policial” para aclarar los hechos. “La información y la documentación requeridas por la policía judicial se han circunscrito, estrictamente, a los hechos relativos a este caso”, ha explicado el club.
Según han confirmado fuentes judiciales a infoLibre, el juzgado había ordenado cinco registros. No sólo en las oficinas del Barça, sino también en los domicilios de Bartomeu y Masferrer, así como en las sedes de las empresas I3 Ventures, Nicestream y Telam Partners. El expresidente del Barça empezó a declarar en comisaría a las seis y media de la tarde, dos horas y media después de que terminara el registro en las oficinas del club. Al cierre de esta edición, Gómez-Ponti había abandonado la comisaría tras negarse a declarar ante la policía. También salió en libertad Óscar Grau. Pero Bartomeu y Masferrer, que se han acogido a su derecho a no declarar, iban a pasar la noche en la comisaría y no verían a la jueza hasta las nueve de la mañana del martes.
I3 Ventures es una de las filiales de Nicestream, un grupo dedicado a la consultoría de internet y redes sociales en América Latina. Al frente de ambas se sitúa Carlos Rafael Ibáñez Constantino, de nacionalidad uruguaya, que en una entrevista en Radio Catalunya negó ya en febrero de 2020 que el club le encargara “crear contenidos negativos ni positivos”. “Nuestra tarea consistía en monitorizar toda la actividad de las cuentas del Barça y de todo aquello que tiene que ver con el Barça. Nosotros no generamos contenidos. El informe que circula sobre una campaña para desacreditar Víctor Font no es nuestro, no ha salido de nuestra compañía, es falso”. Pero sí que había registrado uno de los dominios, Respeto y Deporte, que se dedicaba a denigrar al FC Barcelona, pero desmintió que gestionara sus contenidos. “Es como si nosotros tenemos un garaje y alquilamos la plaza a alguien, pero el coche no es nuestro. Es una cuenta con opiniones, se puede estar de acuerdo o no, pero no contiene términos insultantes ni hace fake newsfake news”, explicó.
Además, aseguró que los canales que se atribuían a su empresa no eran suyos, sino sólo algunos de los muchos que monitorizaban. “Somos una munición para atacar la directiva. Hay una intencionalidad de utilizar esto como parte de un proceso de precampaña. Es una operación con intencionalidad política. No es espontánea”. Dos días antes, Bartomeu había anunciado que rescindía el contrato con I3 Ventures.
En libertad provisional Bartomeu y Masferrer tras comparecer ante la jueza
Los antecedentes
Nicestream también ha realizado campañas similares, y con intencionalidad política clara, en América Latina y en España. De hecho, tiene una división dedicada a este tipo específico de tareas, Iluminati Lab. Ha trabajado para el conservador Sebastián Piñera, presidente de Chile; según el periódico ecuatoriano El Universo, el Gobierno de Rafael Correa pagó a Nicestream por una campaña de desprestigio contra un diputado opositor, Galo Lara, acusado de un asesinato múltiple y huido a Panamá; también es la responsable de cuentas contra los Kirchner en Argentina. Y fue contratado por el expresidente Mújica.
En España, El País publicó que la empresa de Ibáñez estaba detrás de las más de 900 cuentas que entre 2014 y 2015 se dedicaron a hacer campaña contra el secesionismo en Cataluñael secesionismo en Cataluña. Y que en 2015 I3 Ventures ofreció al PP un trabajo similar al que hizo después para el Barça, pero por un poco más de dinero, 1,4 millones de euros: cuentas falsas para generar una opinión favorable al partido y desprestigiar a sus rivales.
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