El extrenador del Real Madrid José Mourinho firmó el 3 de julio de 2015 un acta de conformidad con la Agencia Tributaria por el que reconoció que no había declarado los más de seis millones de euros que había ingresado en 2011 y 2012 por sus derechos de imagen y aceptó una sanción de 1,14 millones de euros. Dos meses más tarde pagó al fisco español los 3,28 millones de euros de las cuotas del IRPF que había eludido en su momento. Sin embargo, año y medio después, en diciembre de 2016, lo que se había resuelto con una mera sanción administrativa, se convirtió en una investigación por delito fiscal.
Der Spiegel, junto con Mediapart [socio editorial de infoLibre] y el resto de los miembros de European Investigative Collaborations (EIC), publicó el día 16 de ese mes que detrás de la sociedad Koper Services, domiciliada en el paraíso fiscal de las Islas Vírgenes Británicas, no sólo se escondía un fiduciario, Operating Nominees Limited, sino que además Mourinho había extendido su estructura para rebajar la factura fiscal hasta Nueva Zelanda, con un fideicomiso denominado Kaitaia Trust. La Agencia Tributaria reabrió entonces la investigación, que ha terminado con la condena a un año de prisión del entrenador portugués.
¿Cómo es posible que los inspectores de Hacienda no supieran de la existencia de Kaitaia Trust? El 23 de julio de 2014 le habían comunicado a Mourinho la apertura de una investigación sobre sus declaraciones del IRPF de 2010 a 2012, así como del Impuesto de No Residentes de 2013. En ese momento, los inspectores empezaron a pedir documentos a los asesores del entrenador, los despachos españoles Garrigues y Senn Ferrero, contratados por su abogado, Carlos Osório de Castro, para que llevaran los asuntos fiscales del portugués.
Según los documentos en poder de Der Spiegel que la revista alemana comparte con EIC y que han sido consultados por infoLibre, el 13 de marzo de 2015 uno de los abogados de Senn preguntaba en un correo electrónico a los asesores suizos de Mourinho quién era el “primer dueño” de las acciones de Koper Services. Dudaba si se trataba de Operating Nominees, también con sede en Islas Vírgenes, o de dos sociedades neozelandesas, Denton Morrel LimitedDenton Morrel Limited y Kaitaia Holdings Limited, pues los tres nombres aparecían en documentos distintos que se les habían hecho llegar. Irene Genevieve Jornod, de GoTrust, una asesoría fiscal de Ginebra, le contesta el 16 de marzo que las acciones están registradas a nombre de Operating Nominees Limited, que las posee en nombre de Denton Morrell y Kaitaia Holdings. En el correo figuran en copia los nombres de Miguel Marques, el banquero portugués de Mourinho, empleado del suizo Sankt Galler Kantonalbank, y el socio del departamento fiscal de Garrigues en Barcelona Diego Rodríguez Titos. Este último aclara ese mismo día a los abogados de Senn Ferrero que Operating Nominees “es un fiduciario”. Y a continuación les propone “mantener lo de Operating Nominees para no liar más a los inspectores”. Es decir, aconseja no mencionar a la Agencia Tributaria que detrás de ese fiduciario se encuentran las dos sociedades neozelandesas. “En el fondo, lo relevante es a quién se le deben imputar todas las rentas que obtiene Koper”, explica.
Diego Rodríguez fue el encargado de preparar las declaraciones de Hacienda no sólo de Mourinho, sino también de Cristiano Ronaldo, a su vez cliente tanto de Osório como de Jorge Mendes, el superagente portugués compartido por otros futbolistas de élite –Ángel di María, Radamel Falcao, James Rodríguez, Ricardo Carvalho, Fabio Coentrao…–. De hecho, fue llamado a prestar declaración como testigo en octubre de 2017 por la jueza que instruyó el caso Ronaldo.
“Máxima colaboración”Máxima colaboración
“Esperemos que haya suerte”, termina su correo el abogado, “sigo pensando que esto hay que cerrarlo en conformidad imputándole a la persona física las rentas obtenidas por Koper (menos un margen, si la inspección lo acepta), a imagen y semejanza de los que aceptaron en el caso de UK”. Se refiere a la inspección a que fue sometido Mourinho por el HMRC (Her Majesty Revenue & Customs), la Hacienda británica, por ocultar 1,68 millones de euros por sus derechos de imagen entre 2004 y 2007, mientras entrenaba al Chelsea, y que se saldó con el pago de una multa de 413.000 euros tras admitir “un fallo” en el cumplimiento de todas sus obligaciones fiscales.
Efectivamente, la inspección terminó con un acta de conformidad y una sanción administrativa, ya que los inspectores no pudieron probar que hubiera ánimo de defraudar por parte de Mourinho.
A preguntas de infoLibre, un portavoz del despacho Garrigues indica que Diego Rodríguez “colaboró con el despacho Senn Ferrero en la inspección a que fue sometido José Mourinho por sus declaraciones de 2010 a 2013”. “En ese proceso se prestó la máxima colaboración con la Inspección de Hacienda y se respondió correctamente y de manera concreta a las preguntas que se hicieron”, añadió el portavoz, quien negó que se hubiera ocultado información a los inspectores. Cuando la investigación derivó en una causa penal, Garrigues ya “ni participó ni fue requerido”, añadió. Este periódico también se ha puesto en contacto con el despacho Senn Ferrero, que ha declinado hacer comentario alguno sobre los correos citados.
“El único que podría aportar algo es Garrigues”
Sin embargo, en otro correo fechado el 13 de diciembre de 2016, 10 días después de que se publicara la existencia de Kaitaia Trust, Carlos Osório recibe un correo de los asesores suizos donde le reenvían noticias llegadas desde Nueva Zelanda: la Agencia Tributaria local requería a Denton Morrell, el gestor de Kaitaia, información sobre el titular de ese fideicomiso, su lugar de residencia, quiénes eran sus beneficiarios, con qué activos contaba, balances y estados financieros… Denton Morrell es una firma neozelandesa dedicada a la gestión de grandes fortunas.
Así que Osório pide “ayuda” a los abogados de Senn Ferrero, y pone en copia al banquero Miguel Marques y a Luís Correia, sobrino de Jorge Mendes, director de Gestifute, la agencia para deportistas del anterior, y consejero delegado de Polaris, una de las sociedades irlandesas que gestionaban los derechos de imagen de Cristiano Ronaldo y Mourinho. Julio Senn le contesta que sobre “lo que piden [los inspectores de Nueva Zelanda] y de cómo fue creado todo esto!!!! [sic]”, ellos no tienen “ni la más mínima idea”. “El único que podría aportar algo es Garrigues, ya que fue a quien encargasteis el análisis de esta estructura”. Incluso citan a “Diego Rodríguez, más famoso como D. R., que es quien analizó esta estructura para vosotros en el pasado y quien coordinó la inspección de JM [José Mourinho]”. En la información que sobre el esquema fiscal utilizado por el exentrenador del Real Madrid publicó el 3 de diciembre de 2016 el periódico El Mundo –que entonces formaba parte del grupo de diarios integrantes de EIC– sólo se mencionaba a un “asesor externo” de siglas D. R. Tampoco aparecía siquiera el despacho Garrigues.
“¿Os parece que informe a Diego Rodríguez??”, pregunta Julio Senn, que queda a la espera de “instrucciones”. Así que Carlos Osório pregunta en portugués a Marques y Correia si le “pasa la pelota a Diego”. Y precisa que “algunas cosas implican a Freddy”. El abogado se refiere a Freddie Huxtable, socio de RSM, una de las mayores asesorías fiscales del mundo. Para entonces, Miguel Marques ya había comunicado a abogados y asesores que Mourinho había dado orden de “liquidar toda la estructura que posee” para evitar “cualquier sorpresa o publicación en los medios en el futuro”. “Aunque aceptable fiscal y legalmente, todo lo relacionado con las estructuras debería ser rescindido de acuerdo con la ley”. El banquero dice que antes de tomar esa decisión, Huxtable le había “reasegurado” que “todo lo que tiene el entrenador está conforme a las leyes de Reino Unido”. Al día siguiente los asesores suizos de Mourinho pidieron a Freddie Huxtable un borrador de cómo debería llevarse a cabo la liquidación de la “estructura”, que el experto británico envió el 15 de diciembre.
Como resultado de esa operación, José Mourinho debía recuperar sus derechos de imagen, hasta entonces en manos de Koper Services y cedidos a la sociedad irlandesa Multisports & Image Management Limited (MIM). Entonces los cedería a Polaris Sports, que pagaría por ellos a Mourinho. Finalmente, el entrenador tributaría por ellos ante el fisco británico a un tipo del 45%, puesto que entonces ya era residente sin domicilio en Reino Unido.
Pese a las prisas –todos los correos se enviaron con el título de “urgente Kaitaia”–, los inspectores de la Agencia Tributaria española no sólo reabrieron la investigación cerrada en 2015 sino que, en junio de 2017, la Fiscalía presentó una denuncia ante el juez por dos delitos contra Hacienda. Al aparecer Kaitaia Trust, Koper Services quedó al descubierto como una sociedad pantalla, sin empleados ni actividad alguna. Por tanto, los gastos que Mourinho se había deducido gracias a Koper Services estaban falseados, no existían. Kaitaia Trust pertenecía al 100% a Mourinho –en caso de fallecimiento los beneficiarios eran su mujer y sus dos hijos– y ésta, a su vez, era la dueña al 100% de Operating Nominees, fiduciaria de Koper Services. Por tanto, no hay diferencia alguna entre Mourinho y la sociedad que le gestionaba los derechos de imagen, explica la Fiscalía.
Entonces sí que apreciaron los inspectores de Hacienda que Mourinho y sus asesores habían tenido intención de ocultar información y, por tanto, de defraudar. La condena fue finalmente de un año de cárcel, con una multa de 1,98 millones de euros. El entrenador portugués aceptó ambas tras llegar a un acuerdo con el fiscal que le evita entrar en prisión.
Asesores que no saben nada
El papel de los asesores fiscales en las complejas tramas que las grandes fortunas utilizan para eludir el pago de impuestos se sitúa en el centro de la polémica cada vez que salta a la luz pública un caso. Si en la investigación sobre Cristiano Ronaldo la juez llamó a declarar como testigo a Diego Rodríguez, y como imputados a Jorge Mendes y Luís Correia, en el de Mourinho ni siquiera han tenido que pisar el juzgado. Por el contrario, han sido procesados Iván Zaldúa Azcuenaga, asesor fiscal del exjugador del Real Madrid Xabi Alonso, así como Ignasi Maestre Casanova, administrador de Kardazli Comercio Serviços de Consultoría e Investimentos LDA, una sociedad ubicada en Madeira a la que el deportista simuló cederle la explotación de sus derechos de imagen, de acuerdo con la denuncia de la Fiscalía.
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Además, la sentencia del Tribunal Supremo que en mayo de 2017 ratificó la condena impuesta por la Audiencia de Barcelona al jugador del Barcelona Leo Messi y a su padre, recriminó tanto a la Fiscalía como a la propia Agencia Tributaria que no hubieran investigado también a los asesores fiscales de ambos.
Sin embargo, los abogados y asesores fiscales suelen eludir sus responsabilidades. Según publicó en su día Der Spiegel, otro despacho, King & Wood Mallesons (KVM), contratado por Carlos Osório en 2014 para gestionar los asuntos fiscales de Cristiano Ronaldo, llegó a declarar ante el juez que nunca había visto la declaración de impuestos del portugués correspondiente a ese año. La revista alemana asegura por el contrario que uno de sus abogados, Pablo Tejerizo, había discutido con otros asesores sobre los últimos detalles de esa declaración el mismo día en que la presentaron y había dado el visto bueno al documento final. Lo mismo ocurrió con Senn Ferrero, añade Der Spiegel. Como en el caso de Mourinho, el despacho español alegó que desconocía la estructura empresarial de Cristiano Ronaldo, aunque había sido el encargado de presentar sus declaraciones entre 2011 y 2013 y “no le sorprendió que no hubiera tributado por sus ingresos publicitarios en esos años”.
Otro tanto hizo Backer & McKenzie, también abogados de Ronaldo. Cuando la jueza que llevó su caso pidió a este bufete internacional que identificara a los asesores fiscales que habían presentado las declaraciones del jugador entre 2011 y 2014, sus abogados señalaron a Garrigues y a Diego Rodríguez Titos, según publicó El Mundo. Garrigues se defendió entonces alegando que sólo había sido “gestor” pero no asesor fiscal del exjugador del Real Madrid. “Nunca le asesoramos sobre sus derechos de imagen”, indican a infoLibre, “sólo hicimos las declaraciones de la renta de Ronaldo basándonos en la información que nos suministraron sus asesores, y por muy poco dinero”.
El extrenador del Real Madrid José Mourinho firmó el 3 de julio de 2015 un acta de conformidad con la Agencia Tributaria por el que reconoció que no había declarado los más de seis millones de euros que había ingresado en 2011 y 2012 por sus derechos de imagen y aceptó una sanción de 1,14 millones de euros. Dos meses más tarde pagó al fisco español los 3,28 millones de euros de las cuotas del IRPF que había eludido en su momento. Sin embargo, año y medio después, en diciembre de 2016, lo que se había resuelto con una mera sanción administrativa, se convirtió en una investigación por delito fiscal.