Global Leiva, la empresa dueña de la cadena de tiendas de moda Blanco, ha pagado 1,4 millones de euros a su antiguo propietario, Bernardo Blanco, y a su esposa, Teresa Pérez, mientras se encuentra en pleno concurso de acreedores. Son 475.000 euros más de los 925.000 que el Juzgado de lo Social número 2 de Móstoles había condenado a la empresa a abonarles por su despido improcedente. Bernardo Blanco, hijo del fundador de la cadena de moda, trabajaba como director general de la enseña, fue despedido junto a su mujer cuando la empresa fue adquirida por el fondo dubaití AC Modus. En noviembre pasado fue readmitido como director creativo hasta el pasado mes de febrero. Global Leiva se encuentra en concurso de acreedores desde diciembre y ha mandado a sus más de 800 trabajadores al Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) tras cerrar el centenar de tiendas que poseía. infoLibre ha intentado contactar con la empresa para conocer su versión, pero representantes de la misma han señalado que no harán "ningún comentario".
Según las facturas a las que ha tenido acceso este diario [consultar en este enlace], la empresa realizó un pago de 1.146.377 euros a Bernardo Blanco en concepto de ejecución de la sentencia del juzgado de Móstoles, el mismo por el que abona 164.103,12 euros a Teresa Pérez. Sin embargo, esta sentencia únicamente contemplaba indemnizaciones de 890.997 euros para el primero y 34.594 para la segunda. Además, Global Leiva realiza un tercer pago a favor de la empresa Inversiones Blasol, que posee el matrimonio de forma conjunta. Lo hace en concepto de "pago de facturas contra la masa" del concurso, y el importe asciende a 119.100,15 euros.
La plantilla, agrupada en la Plataforma de Afectados de Blanco, denuncia que el pago a Blanco y su esposa vulnera el orden de prelación establecido por la ley para los acreedores: en primer lugar cobran los acreedores privilegiados, como la Seguridad Social, la Agencia Tributaria y los trabajadores; después los ordinarios y finalmente los subordinados, como es el caso de la indemnización a un directivo. La plataforma explica, además, que tras el abono de esa cantidad superior a la dictada por el juez de lo Social, el matrimonio ha retirado la queja que había presentado ante el juez de lo Mercantil de Toledo, Juan Ramón Brigidano Martínez, a quien no consideraban competente en el concurso de acreedores de Blanco. También los trabajadores de Blanco presentaron una reclamación en los mismo términos contra el magistrado. Pese a que el domicilio social de Global Leiva se encuentra en Alcorcón (Madrid) y en Toledo, en la localidad de Seseña, la empresa sólo posee una nave con cuatro trabajadores, ésta solicitó el concurso en el juzgado de Toledo. Brigidano Martínez resolvió este pasado jueves sobre estas reclamaciones, reafirmando su competencia, ante lo cual, según indican fuentes de la plataforma en conversación con este diario, los trabajadores plantean presentar una denuncia por prevaricación.
Además, los trabajadores denuncian que el administrador concursal, Antonio Muñoz Perea, coincidió en otro concurso anterior, en el mismo juzgado, con el abogado de Deloitte que ahora representa los intereses de Global Leiva, Santiago Hurtado. En aquella ocasión, la quiebra de la Autopista Madrid-Toledo, Hurtado era administrador en representación de Caixabank. El titular del único juzgado de lo Mercantil de Toledo, juez decano desde 2002, ha llevado el concurso de Blanco “con una velocidad insólita, resolviendo la extinción de contratos laborales y admitiendo escritos de la empresa sobre la extinción de los contratos de arrendamiento” de las tiendas, destaca la Plataforma de Afectados. Precisamente Bernardo Blanco poseía a través de otra empresa, Inversiones Blasol, algunas de las tiendas mejor situadas de la cadena, como las de Madrid (calle de Goya) y Barcelona (calle de Pelayo).
Por el contrario, se quejan los trabajadores, el juez no ha sido tan diligente con la información que le han requerido tanto la Audiencia Nacional como la autoridad laboral. El pasado mes de enero la Plataforma de Afectados presentó una querella criminal contra Global Leiva y sus gestores por alzamiento de bienes, estafa e insolvencia punible. Así que la Audiencia Nacional pidió información al juez de Toledo para decidir si era competente o no. Los trabajadores aseguran que la documentación enviada era “incompleta”. Y que lo mismo ocurrió con la información solicitada por la autoridad laboral para extinguir los contratos de la plantilla: faltaban la memoria explicativa y el informe técnico del Expediente de Regulación de Empleo (ERE). La autoridad laboral, que se encarga de elaborar un informe "para analizar si el ERE tiene sentido o no", señaló que no contaba con información suficiente para dictar un auto, de modo que "lo dicta en condicional", tal y como explican los trabajadores. Ahora, la Audiencia Nacional habrá de decidir si cuenta con la información necesaria para declararse competente, o volverá a pedir información, retrasando como consecuencia los plazos y alargando el proceso.
Dos ERE y una operación bajo sospecha
El pasado 24 de noviembre el Juzgado de lo Mercantil de Toledo declaró en concurso de acreedores a Global Leiva. Pese a la entrada de capital saudí, a través de la multinacional Alhokair durante los últimos tres años y el fichaje de gestores extranjeros de renombre, la cadena no ha conseguido levantar la cabeza. Ha sufrido dos Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) en tres años. En el primero fueron despedidos 711 trabajadores, en el segundo, 189 mientras se cerraban 12 tiendas. Además, Blanco estuvo a punto de pasar por un tercero que fue retirado por AC Modus el pasado 27 de octubre, a la espera de encontrar un nuevo inversor. Sin embargo, ese comprador no apareció y el fondo dubaití optó primero por el concurso de acreedores y, el pasado 7 de diciembre, por la liquidación de la empresa.
Según argumentan los trabajadores en su querella criminal, la saudí Alhokair sigue siendo el administrador de facto de Global Leiva, que en realidad no es más que una sociedad instrumental “carente de contenido patrimonial y económico”. Fue la herramienta utilizada por el grupo para quedarse con la marca, “el único bien intangible con algo de valor”, después de descapitalizar la cadena, explican.
Los querellados son los administradores de Global Leiva, los británicos Gerard Michael Louis Waters y Simon Marshall, así como el saudí Mohamed Hussein Mohamed Masud. También el director financiero, Nuno Abel Ribeiro Ferreira, quien actúa como administrador de facto de la empresa y portavoz ante la plantilla desde que se presentó el concurso. Los tres primeros citados, además, “son miembros de la alta dirección de Alhokair”, cuyos salarios paga, indica la querella.
Ésa es una de las razones que llevan a los querellantes a denunciar que el grupo ha mantenido el “control absoluto de las decisiones de la empresa”: la venta de Global Leiva, en agosto de 2016, al fondo de Dubai AC Modus fue sólo una “venta simulada”, resaltan los trabajadores. Uno de los consejeros de ese fondo es el propio presidente del grupo saudí, Fawaz Abdulaziz Alhokair.
Además, la plantilla revela en su querella que esta operación no se cerró por importe de 83 millones de euros como anunció Alhokair en su momento. Por el contrario, asegura que la venta se formalizó mediante escritura pública ante notario en Madrid por un precio de sólo 1,19 millones de euros.
Global Leiva, la empresa dueña de la cadena de tiendas de moda Blanco, ha pagado 1,4 millones de euros a su antiguo propietario, Bernardo Blanco, y a su esposa, Teresa Pérez, mientras se encuentra en pleno concurso de acreedores. Son 475.000 euros más de los 925.000 que el Juzgado de lo Social número 2 de Móstoles había condenado a la empresa a abonarles por su despido improcedente. Bernardo Blanco, hijo del fundador de la cadena de moda, trabajaba como director general de la enseña, fue despedido junto a su mujer cuando la empresa fue adquirida por el fondo dubaití AC Modus. En noviembre pasado fue readmitido como director creativo hasta el pasado mes de febrero. Global Leiva se encuentra en concurso de acreedores desde diciembre y ha mandado a sus más de 800 trabajadores al Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) tras cerrar el centenar de tiendas que poseía. infoLibre ha intentado contactar con la empresa para conocer su versión, pero representantes de la misma han señalado que no harán "ningún comentario".