España será “un país mejor” con “más transporte público y menos Lamborghinis”. Son palabras del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y han levantado polvareda. Según fuentes del sector, “no llegan a 270” los automóviles de esa firma italiana de lujo que se habrían matriculado en el país en la última década, aunque este año ya son 34. El precio de un Lamborghini puede variar, “en función del modelo y los elementos de confort que se elijan, entre los alrededor de los 230.000 euros, hasta más del millón. Y asegurarlo puede costar entre 4.000 y 5.000 euros anuales”, detallan.
El secretario general del Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha), José María Mollinedo, explica a infoLibre que sus propietarios “tienen que pagar el impuesto de matriculación en España”, una cantidad que variará “en función de las emisiones oficiales de dióxido de carbono, cuyos modelos superan ampliamente los 200 gramos por kilómetro”, y habrán de hacerlo “aunque se traiga importado, salvo que sea alguien que haya residido en el extranjero al menos un año, traslade su residencia habitual a España y haya utilizado el vehículo durante los seis meses anteriores al cambio". A ello se suma “el impuesto municipal de circulación, que se abona en función de los caballos fiscales y estos modelos sobrepasan los 20”, y por el combustible “el IVA -del 21%- y los impuestos especiales de hidrocarburos”. En cualquier caso, aunque el aporte a Hacienda pueda ser de miles de euros, el total anual no será una cifra muy significativa para las arcas públicas, dado que los que adquieren esos vehículos no llegan ni a cuarenta personas.
De hecho, las fuentes sondeadas del ámbito económico, relacionan el comentario sobre los Lamborghinis con otra afirmación de Sánchez en la inauguración del nuevo curso político: “Vamos a gravar fiscalmente a quienes ya tienen en el banco suficiente dinero para vivir 100 vidas”. Que podrían traducirse, a la espera de mayor concreción por parte del Ejecutivo, en que no se descartan más medidas tributarias enfocadas a los ricos. De acuerdo al informe Perspectivas sociales y del empleo en el mundo: Actualización : Septiembre de 2024 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la brecha entre las rentas del trabajo y las del capital crece. El estudio revela que la proporción mundial del ingreso laboral disminuyó en 0,6 puntos porcentuales de 2019 a 2022 y desde entonces se ha mantenido estable, lo que agrava una larga tendencia a la baja. Si la proporción hubiera sido la de 2004, las ganancias de los trabajadores habrían aumentado en 2,4 billones de dólares en 2024.
En España, únicamente 15.186 contribuyentes declararon ingresos del trabajo en el IRPF superiores a los 601.000 euros anuales en 2022, que les permitirían afrontar con cierta holgura los gastos de la adquisición de un Lamborghini medio. Eran el 0,07% del global de declarantes de ese impuesto, aunque están al alza. Y, a la luz del último dato de la serie histórica de la Agencia Tributaria, aquel ejercicio se alcanzó el récord de personas que han amasado más de 30 millones de patrimonio. Superaron las 850, pero sólo 235 aportaron fondos a través del Impuesto de Patrimonio. Para intentar paliar esa diferencia, posible gracias a que, entre otras cuestiones, en algunas comunidades como Madrid se bonificó esa carga fiscal, el Gobierno implantó a finales de aquel ejercicio el Impuesto temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas (ITSGF), que grava el patrimonio neto de las personas físicas cuando éste sea superior a los tres millones.
Más allá de ese movimiento y de vuelta a las aseveraciones actuales de Sánchez, ¿tiene margen de maniobra el Ejecutivo para incrementar la recaudación vinculada a los millonarios? Mollinedo cree que sí y expone algunas vías: “Se podría crear un tramo más del impuesto de Solidaridad para que, por ejemplo, a partir de los 30 millones se tribute por encima del 3,5%”, propone. Y en relación a ese mismo gravamen recuerda que “los socios del Gobierno han planteado que tenga carácter permanente, no temporal, para que se siga exigiendo en el futuro”. En ese punto, anota que comunidades gobernadas por el PP como Madrid “han condicionado la aplicación del Impuesto de Patrimonio, que recuperaron tras estimar el Tribunal Constitucional la validez del impuesto de Solidaridad, a que perviva éste”. “Más de la mitad de las fortunas mayores de 6 millones de euros y el 60% de las de más de 30 millones de España residen en Madrid, hablando de patrimonio neto individual”, aporta. Y apostilla: “Son cantidades importantes y no es raro porque normalmente quien tiene un patrimonio tan abultado es porque obtiene grandes rentas y quien las percibe suelen ser los consejeros o los presidentes de las corporaciones que cotizan en bolsa, con domicilio fiscal en esa comunidad, futbolistas o deportistas de elite y personas que detentan presidencias de entidades e históricamente son grandes fortunas”. Dicho de otro modo: “Quienes tienen grandes rentas pueden seguir formando un gran patrimonio”, condensa.
La 'Tax The Rich' que no llega
Junto a lo expuesto, el secretario general de Gestha aborda otro camino de actuación: “Las medidas que se están promoviendo a nivel de la OCDE para las mayores fortunas del mundo”. En concreto durante la Presidencia de turno brasileña del G20 se ha recogido el guante lanzado por el Observatorio fiscal de la Unión Europea (UE) para crear un impuesto mínimo a los multimillonarios, la iniciativa conocida como Tax The Rich, equivalente al 2% de su riqueza. Esto permitiría meter en las arcas públicas “entre 200 y 250 mil millones de dólares por año a nivel mundial de unos 3.000 contribuyentes” y, si se extendiera la carga a los centimillonarios, “agregaría entre 100 y 140 mil millones de dólares". Gestha, que respalda el establecimiento del gravamen, ha calculado que en España recaudaría sobre 27 grandes fortunas por encima de los 1.000 millones de euros.
Sin abandonar la órbita de la OCDE, Mollinedo señala que, en paralelo al debate sobre ese impuesto, lo que sí entra en vigor en el país este año es “el acuerdo para exigir una tributación mínima para las multinacionales ligada al resultado contable”. Aquí también ve espacio de mejoría, dado que “España exige el 3,5%, pero sobre la base liquidable, donde no están los patrimonios exentos, que son aproximadamente la mitad del total”. ¿Cuáles no están? “Los bienes de patrimonio histórico artístico, cuando contribuyentes como los miembros de la Casa de Alba tienen una fortuna mil millonaria en palacios y elementos artísticos, y los activos del negocio, en el caso de autónomos o profesionales”, lo que alcanzaría “al paquete de acciones de los principales accionistas de un banco, como Ana Patricia Botín, o los presidentes de cualquier otra gran empresa”. Para terminar, aclara que “el impuesto del 2% a nivel global sí incluiría a esos patrimonios exentos, descontadas las deudas y gravámenes que pesen sobre esos bienes”, aclara.
Una comparación con cara b
Para Juan Gimeno, ex rector de la UNED, coordinador general de la Plataforma por la Justicia Fiscal y miembro de Economistas Frente a la Crisis, “es evidente que un impuesto para los mil millonarios no afectará a los Lamborghinis, porque quienes tengan que pagarlo seguirán pudiendo comprarse varios, o Mercedes, o lo que quieran”, lanza. A su entender, la comparación del presidente del Gobierno, “sólo tiene sentido si se van a fortalecer las políticas que se han venido haciendo durante los últimos años de subvencionar el transporte público, limitar la circulación de vehículos privados o similares, lo que además es muy positivo desde la perspectiva de la reversión de emisiones de CO2”, sostiene. “Aunque ahí -enlaza- el Gobierno estatal no tiene todas las competencias, siempre se pueden favorecer”.
Es más, manifiesta que “una de las ideas que dan fuerza a la propuesta del impuesto a los ultra ricos”, que respalda y sigue de cerca, “es que no va a variar para nada su régimen de vida, es decir, que el coste marginal para ese grupo es mínimo pagando esa tasa”. Gimeno confía en que la medida no acabe en un callejón sin salida, aunque es consciente de que, pese a existir “un aparente consenso internacional, los mil millonarios tienen un poder de influencia tan brutal, que hace difícil que al final los gobiernos se atrevan”, reconoce. Con todo, espera que éstos “pierdan el miedo”. “Para los ultra ricos, el impuesto que se propone no altera ni su consumo ni su poder ni su nivel de vida, lo que pasa es que la ambición no tiene límites”, remata.
España será “un país mejor” con “más transporte público y menos Lamborghinis”. Son palabras del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y han levantado polvareda. Según fuentes del sector, “no llegan a 270” los automóviles de esa firma italiana de lujo que se habrían matriculado en el país en la última década, aunque este año ya son 34. El precio de un Lamborghini puede variar, “en función del modelo y los elementos de confort que se elijan, entre los alrededor de los 230.000 euros, hasta más del millón. Y asegurarlo puede costar entre 4.000 y 5.000 euros anuales”, detallan.