La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) acaba de hacer públicas las 619 aportaciones que empresas, hospitales, colegios médicos, consumidores/pacientes, académicos y expertos le han enviado como respuesta a la consulta pública sobre seguros de salud que abrió el pasado marzo. La mayoría de quienes enviaron comentarios no han permitido a la CNMC publicar su identidad, aunque sí se han dado a conocer las patronales del seguro (Unespa) y de los grupos hospitalarios privados (ASPE), aseguradoras como Sanitas y Adeslas, la organización de consumidores Facua, los colegios médicos de Madrid y Barcelona y algunas asociaciones profesionales de ginecólogos, anestesistas, fisioterapeutas…
A tenor de la información suministrada por todas las partes implicadas y del funcionamiento del sistema que describen, la CNMC tiene mucho trabajo por delante. Según explican a infoLibre fuentes del organismo, el informe que saldrá del estudio de todas las aportaciones no estará listo hasta el año próximo, en una fecha aún por determinar. No es para menos, y no sólo por el volumen de comentarios, sino también por el conflictivo paisaje que dibujan: las compañías de seguros se quejan del elevado grado de concentración de los grupos hospitalarios, mientras que éstos señalan que las cinco principales aseguradoras copan el 74% del mercado. Se acusan mutuamente de imponer precios y condiciones fuera de mercado. Los médicos, por su parte, ya sea a través de sus colegios profesionales o de la asociación Unipromel, disparan a ambos lados y denuncian que no existe competencia ni entre las aseguradoras ni entre los grandes grupos hospitalarios. Y que ambos abusan de su poder de negociación.
“Es un cártel puro y duro, en el que los pagafantas son los médicos y los pacientes”, resume Juan Carlos Lluch Cerdá, corredor de seguros y uno de los participantes en la consulta pública de la CNMC. Lluch empezó en 2006 a asistir a personas y empresas “víctimas de malas prácticas” en el mundo del seguro, y hasta hoy han pasado por sus manos más de 15.000 casos, apunta. Por su experiencia, no duda en tachar de “oligopolio de aseguradoras y hospitales” el mercado de la sanidad privada en España. Un triángulo, el formado por compañías de seguros, grupos hospitalarios y médicos, además, muy mal avenido. “Son fuentes en tensión, y quienes sufren las consecuencias son el paciente, al que se araña la calidad de la cobertura, y los médicos, a los que los grupos hospitalarios quitan entre el 20% y el 50% de unos honorarios ya de entrada tercermundistas”, denuncia.
El objetivo de la CNMC al abrir la consulta pública es analizar “la concentración en la oferta de seguros sanitarios y en los servicios de asistencia sanitaria”, así como los efectos de “la integración y relación vertical” entre aseguradoras y hospitales. También quiere comprobar si hay “diferencias de poder negociador entre los diferentes agentes que intervienen en el sector, incluyendo a los facultativos y a los ciudadanos”. Y si se producen “asimetrías de información” para estos últimos.
Pues bien, según la mayoría de las aportaciones identificadas, existen evidentes problemas de competencia en la oferta de seguros y en los servicios sanitarios, agravados por la integración vertical entre unos y otros. Además, tanto aseguradoras como hospitales abusan de su posición de dominio a la hora de negociar precios y condiciones. Finalmente, la información facilitada a los ciudadanos a la hora de contratar una póliza de salud deja mucho que desear.
Por supuesto, tanto la patronal Unespa como Sanitas y Adeslas, las dos principales compañías por volumen de primas, sostienen que el mercado de los seguros de asistencia sanitaria en España disfruta de una “intensa competencia”. Para Adeslas –que pertenece a la Caixa y a Mutua Madrileña–, el hecho de que 10 aseguradoras se repartan casi el 80% de las primas no es síntoma de excesiva concentración, sino de concurrencia sin trabas. El número total de empresas en este sector es de 82, a cierre de 2022, según los datos de ICEA, el centro de estudios de las aseguradoras. Sanitas, por su parte, destaca como otra muestra de elevada competencia en el sector la gran movilidad de asegurados entre entidades –un extremo que niegan los médicos, Facua y los hospitales–. Unespa presume también de que, en los “múltiples” tipos de seguro de enfermedad existentes, se ofertan diferentes coberturas, con distintos cuadros médicos e infraestructuras, así como técnicas de tratamiento.
Las compañías de seguros señalan a los hospitales
Por el contrario, a juicio de las compañías de seguros, es en los grupos hospitalarios donde se sufre un serio problema de concentración empresarial. Tan grave que, en algunas provincias de Castilla-La Mancha y Castilla y León, para algunos servicios sanitarios sólo hay un proveedor hospitalario privado, que cuenta, por tanto, con “un elevado poder de negociación”. Las compañías de seguros se quejan de que, en esos territorios, están “obligadas a llegar a acuerdos con dichos grupos sanitarios para prestar servicios a sus clientes”. Adeslas no duda en calificar de “monopolio” lo que ocurre en algunas provincias de las dos comunidades autónomas citadas. “Toda la oferta de servicios asistenciales hospitalarios privados, tanto de internamiento como de pacientes ambulantes, así como de medios de diagnóstico” se encuentra “en un único hospital o unidad de decisión”, describe la aseguradora de la Caixa.
Así, en Toledo y Ciudad Real es Quirónsalud el propietario del único hospital privado de la provincia. Burgos, Palencia, Salamanca, Segovia, Zamora y Cuenca sólo tienen también un hospital privado, pertenecientes todos ellos al Grupo Recoletas. En Valladolid hay dos, igualmente de este grupo. En León el único centro privado es del grupo HM. El Colegio de Médicos de Madrid cifra en un 50% la cuota del mercado español en manos de Quirónsalud. El de Barcelona destaca que, en esa provincia, el 74,36% de la oferta de camas la agrupan los cinco primeros grupos hospitalarios, y de esa cifra el 42,36% corresponde a Quirónsalud.
Según su página web, este grupo, propiedad del gigante alemán Fresenius, tiene 58 hospitales, además de 131 centros de salud. Un total de 8.267 camas. Es la empresa que más factura, 4.441 millones de euros en 2022, a considerable distancia de la segunda, Vithas, que con 18 hospitales y 2.155 camas tiene una cifra de negocio de 699 millones, de acuerdo con los datos publicados por la Fundación IDIS, que agrupa tanto a hospitales como a aseguradoras de salud. Vithas es propiedad de la familia Gallardo, dueños a su vez del laboratorio Almirall. El grupo HM cuenta con 21 hospitales y 22 policlínicos, gracias a los cuales ingresó 575 millones de euros en 2022. Riberasalud forma parte de Vivalto-Santé, el tercer grupo sanitario privado francés, y posee en España ocho hospitales y 1.056 camas. Es el tercero en facturación, con 585 millones de euros. Recoletas, que se presenta como una empresa familiar cuya presidencia ostenta Amando Rodríguez, ingresó 113 millones el año pasado gracias a sus ocho hospitales, según consta en su página web.
Esa concentración se agrava, desde la perspectiva de los médicos y de ASPE (Alianza de la Sanidad Privada Española), por la integración vertical de aseguradoras y hospitales, una tendencia que se ha acrecentado en los últimos años. Así, HLA, que pertenece a la aseguradora Asisa, es el mayor grupo hospitalario español propiedad de una aseguradora y el cuarto por facturación: cuenta con 18 hospitales e ingresó 576 millones en 2022. Sanitas también se ha lanzado a la caza de hospitales. Tiene cuatro, que suman 398 camas. La aseguradora Caser posee cinco, pero con menos camas, 185.
Según los grupos hospitalarios asociados en ASPE, la creciente integración vertical produce una “distorsión del mercado”, ya que, como sintetiza el Colegio de Médicos, “es una relación imposible porque tienen intereses contrarios”. “La compañía [de seguros] gana dinero cuando el paciente no gasta en el hospital y el hospital gana dinero cuando el paciente gasta en el hospital… Naturalmente, manda la compañía”, pero “pierde el paciente y el médico por cuanto se elimina la competencia”. Unipromel, la asociación que está liderando la guerra de los médicos privados, advierte de que, con la fusión de hospitales y aseguradoras, se impone al facultativo “la decisión que más conviene a la compañía [de seguros], no al paciente, con el fin de reducir costes”. Además, supone la desaparición de los médicos de ejercicio libre, lo que a su vez se traduce no sólo en una menor competencia sino también en una merma de la calidad asistencial. Porque, resalta, se sustituye la decisión del médico por la de la aseguradora o del grupo hospitalario.
Los hospitales acusan a las aseguradoras
Por el contrario, los grupos hospitalarios dicen que la concentración del mercado se da en el lado de las aseguradoras de salud. ASPE, utilizando otro informe de ICEA, eleva hasta el 84,26% la cuota de mercado de las 10 principales compañías de seguros de salud y cifra en 7.071,9 millones de euros la facturación de las cinco primeras, que copan el 74,47% del negocio. El poder de negociación que les otorga ese acaparamiento del mercado obliga a los hospitales a aceptar las condiciones que las aseguradoras les imponen, protesta ASPE. De hecho, abunda, las aseguradoras representan el 64% de la facturación de los hospitales privados.
En el punto de mira sitúan éstos, por ejemplo, el reciente acuerdo entre Sanitas y Generali, mediante el cual la primera ha pasado a gestionar las pólizas de salud de la compañía italiana, tras rescindir los contratos que había suscrito con diferentes hospitales para atender a sus 150.000 clientes. Desde el pasado 1 de enero, esos centros sanitarios tratan a los asegurados de Generali con las condiciones de Sanitas, con unas tarifas un 20% más baratas. ASPE ha denunciado el acuerdo ante la CNMC. Sanitas también acaba de comprar el negocio de seguros de salud de Asefa, especializada en el sector de la construcción, incluyendo sus dos centros médicos. La aseguradora, una histórica de la sanidad privada española, es propiedad desde 1989 de la British United Provident Association (BUPA). “Era la que mejor pagaba, pero desde que entró capital británico es tan agresiva como Adeslas o Asisa”, asegura Ignacio Guerrero, presidente de Unipromel.
Guerrero, oftalmólogo con consulta en Sevilla, niega sin embargo que el conflicto entre aseguradoras y grupos hospitalarios sea real. “Es mentira, se llevan mal sólo de puertas afuera”, replica, “¡si están todos juntos en la Fundación IDIS!”. Creada en 2010, reúne tanto a las principales compañías de seguros de salud como a los grandes grupos de hospitales, con una misión: “Poner en valor la aportación de la sanidad privada” en España.
De hecho, Unipromel ha denunciado ante la CNMC tanto a Quirónsalud como a Sanitas y Asisa, en unos procedimientos que aún están pendientes de resolución. Juan Carlos Lluch advierte de que el mercado de la sanidad privada es un “castillo de naipes” que amenaza con desmoronarse. En su aportación a la consulta de la CNMC, Unipromel habla de una “burbuja” a punto de estallar. Guerrero avisa de que, si aseguradoras y hospitales se siguen negando a negociar, a partir de enero de 2024 se va a producir un “plante espontáneo” de los médicos privados. “Daremos al paciente su factura, con un precio muy razonable, y le diremos que se la reclame a su seguro”, explica el oftalmólogo. O se darán de baja si las aseguradoras pagan menos de una determinada tarifa.
Pero no es probable que acepten sentarse. Adeslas deja claro a la CNMC que las reivindicaciones colectivas de los médicos, “cada vez más agresivas y beligerantes”, incitan a transgredir la libre competencia. Los otorrinos de Badajoz, otras ocho especialidades en Sevilla, incluidos reumatólogos y pediatras, ya han decidido parar en enero, dice Guerrero. “Cuando lo hagan los ginecólogos, se va a liar; los traumatólogos sevillanos ya le han dicho a Sanitas que, o suben los baremos, o no operan”, avanza.
A cambio de qué está pagando menos
El oftalmólogo asegura que Asisa –“la que peor paga”– acaba de subir de 17,03 a 17,27 euros la consulta, 25 céntimos “después de 20 años”. Guerrero acusa a las aseguradoras de “meterse en las consultas” para decirles a los médicos lo que tienen que facturar. Con precios que no se han actualizado desde hace 30 años, cuando no a la baja desde que se instaló el low-cost también en el seguro de salud.
En España se pueden encontrar seguros de salud de 12 a 600 euros al mes, detalla Juan Carlos Lluch en sus respuestas a la consulta de la CNMV. Es decir, se venden pólizas “con bajo contenido asegurador, límites muy pequeños y escasas especialidades, tratamientos y tecnologías que, además, recurren a profesionales muy mal pagados”. Pero también otras que admiten libre elección de médico y hospital, tienen elevados niveles de calidad y tecnologías y tratamientos actualizados. Lo que está claro, comenta a infoLibre Lluch, es que si una compañía ofrece “el mejor seguro médico por 24 euros”, está engañando al consumidor. “Con una revisión ginecológica de calidad ya has rebasado esa cantidad”, recalca, “y desde luego no puedes tener un neurocirujano primera espada por 16 euros la consulta”.
Más aún cuando en España, con una sanidad pública universal de calidad pese a todo, la sanidad privada siempre ha sido un “producto suntuario”, precisa el corredor de seguros balear. “Quien recurre a ella busca una habitación privada, evitar las listas de espera, más calidad asistencial o acceso a ciertas tecnologías”, explica, “y eso no es low-cost”. Las aseguradoras, sin embargo, han emprendido “campañas de captación muy agresivas”, con pólizas muy baratas. Pero resulta que, si un paciente consume más del 65% de la prima anual, la compañía entra en pérdidas, señala Lluch, por lo que el negocio para ellas consiste en “quedarse con los clientes que no generan gasto, con los sanos, y echar al resto”. Y el problema es que el consumidor “no es consciente de a cambio de qué está pagando menos, no se lo dicen, y se entera en el peor momento de que el seguro no le cubre”.
El seguro médico factura ya 10.500 millones tras subir un 18% en tres años negros para la sanidad pública
Así, ASPE se queja ante la CNMC del lenguaje “muy técnico y complejo” utilizado en las pólizas, lo que impide que los ciudadanos entiendan cómo funciona el copago o qué tratamientos tiene cubiertos. Por el contrario, Adeslas defiende que la información de las ofertas de seguros es “clara y comparable”. “No es un producto especialmente complejo ni en su estructura ni en su redacción”, sostiene.
Como los recortes a la sanidad pública
A juicio de Ignacio Guerrero, el sistema empezó a estropearse con la aprobación de la Ley Ómnibus de 2009, que prohibió a los colegios médicos fijar los precios de las consultas. Entonces, y pese a la gravísima crisis económica, “se dispararon las inversiones en la sanidad privada, tanto de los hospitales como de las aseguradoras, y el mercado no ha dejado de crecer un 10% anual”, recuerda. A día de hoy, 12 millones de españoles tienen un seguro de salud, el 25% de la población. Guerrero dice que el encarecimiento de la “mano de obra médica” por el que lucha Unipromel puede suponerle al sector un gasto extra de más de 1.200 millones de euros. “Los bajos baremos de la privada son lo mismo que los recortes en la sanidad pública, sólo que esos tienen mala prensa, mientras que, en la privada, el paciente no se entera”, lamenta.
No es de lo único de lo que no se entera el cliente. Juan Carlos Lluch resalta que, en las condiciones generales de las pólizas ofertadas por las seis principales aseguradoras se incluyen como exclusión en la cobertura las epidemias y pandemias. Pues bien, desde el covid, la contratación de seguros de salud se ha disparado un 20%. Lluch duda mucho de que quienes las han comprado sean conscientes de la existencia de ese vacío de cobertura.
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) acaba de hacer públicas las 619 aportaciones que empresas, hospitales, colegios médicos, consumidores/pacientes, académicos y expertos le han enviado como respuesta a la consulta pública sobre seguros de salud que abrió el pasado marzo. La mayoría de quienes enviaron comentarios no han permitido a la CNMC publicar su identidad, aunque sí se han dado a conocer las patronales del seguro (Unespa) y de los grupos hospitalarios privados (ASPE), aseguradoras como Sanitas y Adeslas, la organización de consumidores Facua, los colegios médicos de Madrid y Barcelona y algunas asociaciones profesionales de ginecólogos, anestesistas, fisioterapeutas…