CCOO y UGT lo quieren todo y lo quieren ahora: una subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) “en la banda alta” de la propuesta que ha hecho la comisión de expertos, 1.082 euros mensuales, o incluso superior, 1.100 euros, para incorporar el alza de la inflación. Y sin esperar a que se revise dentro de seis meses como recomienda el informe de los 12 sabios reunidos por el Ministerio de Trabajo. Entonces, explican, debería tenerse en cuenta el “contexto de alta inflación” y el “impacto asimétrico” de los alimentos y la energía en el poder adquisitivo de las rentas más bajas, “entre los que se encuentran los hogares perceptores del salario mínimo”. En concreto, el documento menciona que el 70% de los hogares con al menos un perceptor del SMI se localiza en los estratos más bajos de distribución de la renta. En realidad, no hace más que recoger lo que establece el artículo 27 el Estatuto de los Trabajadores, que prevé una revisión semestral del salario mínimo en caso de que “no se cumplan las previsiones” sobre el IPC.
Sin embargo, los sindicatos no ven muy funcional esa revisión en junio, tampoco como una manera de distribuir la subida y hacerla más llevadera, siendo más moderada ahora y postergando el resto para dentro de seis meses. “Tampoco es una buena solución para las empresas”, coinciden los responsables de Acción Sindical de CCOO, Mari Cruz Vicente, y de UGT, Fernando Luján. Vicente explica que, al subir el SMI, tendrán que hacerlo también los sueldos de las categorías profesionales más bajas de muchos convenios, lo que aboca a renegociar las tablas salariales a mitad de año. “Un follón”, resume. Que provocará “tensiones en la tesorería de las empresas y tensiones en el Diálogo Social”, añade Luján.
Sólo ha ocurrido dos veces que se revisara el SMI a mitad de un ejercicio para adecuarlo a la inflación. Fue en 1978 y 1979, cuando aún no existía el actual Estatuto de los Trabajadores. La Ley de Relaciones Laborales mandaba ajustar el salario mínimo al IPC cuando éste superaba el 5%. Y esos años la inflación se situó por encima del 15%. Así que en octubre de 1978 el SMI aumentó un 9,5% y en 1979 un 7,8%. En 2004 hubo dos subidas del salario mínimo: la primera en enero, del 2%, y la segunda en julio, tras llegar el PSOE al Gobierno, de un 6,6%, para compensar la pérdida del poder adquisitivo sufrida por los perceptores del SMI entre 1996 y 2004, que se calculó en esa cifra.
En la reunión a la que fueron convocados por el Ministerio de Trabajo, los sindicatos señalaron cuáles son sus “líneas rojas” para subir el SMI de 2023, que para CCOO parten de los 1.082 euros indicados por la comisión de expertos, aunque también pide que la inflación se refleje en el alza y se alcancen los 1.100 euros. Para UGT, el salario mínimo debe situarse en ese máximo. “La coherencia del Gobierno empieza en el 8,5% [que les ha subido a los pensionistas]”, resume Fernando Luján.
La CEOE no acudió a la cita, su primer gesto tras anunciar la semana pasada que rechazaba la “interlocución con el Ministerio de Trabajo”, por entenderla “tramposa y contraria a la buena fe”. La patronal considera una “traición” que el Gobierno haya pactado con EH Bildu una enmienda que faculta a la Inspección de Trabajo para que compruebe si las empresas cumplen debidamente las causas fijadas por la ley para ejecutar despidos colectivos.
Como había avanzado la víspera su presidente, Antonio Garamendi, la CEOE envió por la mañana al ministerio una propuesta por escrito, que incluye una subida del SMI del 4% –que lo situaría en 1.040 euros, inferior a la propuesta mínima de los expertos, de 1.046 euros–, medio punto más de la que estaban dispuestos a conceder hasta ahora, pero supeditada a dos condiciones. La primera, que el Gobierno acceda a aumentar las deducciones en cotizaciones sociales de que disfrutan las empresas del sector agrario. En concreto, citan una reducción del 20% sobre la cuota empresarial por contingencias comunes. Y la segunda, que se permita a las empresas repercutir el aumento del SMI en los contratos públicos que se les han adjudicado.
CCOO, UGT y CEOE a favor de que se revisen los contratos públicos
En esta última petición los empresarios se encontrarán con el apoyo de CCOO y UGT. La prohibición de revisar el precio de los contratos que licitan las administraciones públicas, establecida en la Ley de Contratos del Sector Público de 2017, ya ha supuesto problemas, explica Mari Cruz Vicente, en la negociación de algunos convenios. “En algún momento el Gobierno tendrá que afrontarlo”, advierte Fernando Luján. El Ministerio de Trabajo, a preguntas de infoLibre, no comenta la propuesta de los empresarios y se limita a indicar que la revisión de los contratos públicos no es una cuestión de su competencia ni entra en el ámbito de negociación del SMI. Lo mismo ocurre con las deducciones de cuotas del sector agrario, que corren a cargo del Ministerio de Seguridad Social. No obstante, CCOO recuerda que estas empresas ya cuentan con un buen catálogo de incentivos y UGT rechaza que se aplique un SMI distinto en función del sector.
Trabajo aún no ha presentado una propuesta a los sindicatos, según revelan ambos. CCOO y UGT exigen que ésta sea “de Gobierno, no de ministerio”. Porque es en el seno del Ejecutivo donde a partir de ahora se va a desarrollar la negociación para dar con la subida exacta del SMI, una vez hechos los cálculos por la comisión de expertos y consultados los agentes sociales. Yolanda Díaz ha subrayado que el compromiso del Gobierno es que el SMI alcance “al menos” el 60% del salario medio, tal y como establece la Carta Social de la UE. Por su parte, la vicepresidenta primera y ministra de Economía, Nadia Calviño, ha mostrado en público su confianza en que el futuro acuerdo sobre el SMI forme parte del pacto de rentas, una iniciativa que, meses después de ser anunciado, aún no tiene siquiera un listado de materias.
Los expertos piden a Trabajo que revise el SMI en seis meses por el impacto de la inflación en las rentas bajas
Todas las fuentes consultadas coinciden en que, en cualquier caso, la subida del SMI no estará lista para su aprobación en el último Consejo de Ministros, el próximo 27 de diciembre. Por lo que habrá que esperar hasta mediados de enero para que entre en vigor. Pero su aplicación será retroactiva, ya ha avanzado Trabajo.
Acuerdo de salarios en enero
En enero también esperan los sindicatos que la CEOE vuelva a sentarse con ellos para negociar el acuerdo de salarios que quedó bloqueado el pasado mayo. Pese al rechazo a seguir debatiendo con el Ministerio de Trabajo y a las duras declaraciones de Antonio Garamendi tras su reelección al frente de los empresarios en noviembre, CCOO y UGT confían en que el acuerdo salarial “no sufra” por el “ruido político” general ni por el cambio de tono de la CEOE. Sindicatos y patronal no han dejado de mantener “contactos” durante estos meses, aseguran a infoLibre ambas partes, a la búsqueda de “fórmulas alternativas para la revisión salarial”, en palabras de Mari Cruz Vicente. Porque fueron las cláusulas para recuperar la inflación la causa de la ruptura hacia siete meses: la CEOE está dispuesta a subir salarios, pero no a igualar su alza con la inflación. Garamendi pide un aumento “moderado”, porque una mejora elevada “invade la negociación colectiva” y crea “indefensión” en las empresas.
Fernando Luján cree que la “sobreactuación” de Garamendi tras la enmienda pactada con EH Bildu “pasará” y se recuperará el Diálogo Social. Con Seguridad Social aún están abiertas la mesa que debate la reforma de las pensiones y con Trabajo la negociación del Estatuto del Becario, en la que el ministerio aún no ha presentado una propuesta sobre las prácticas extracurriculares a la que se comprometió. “Si toda la reforma de las pensiones se va a cargar sobre la empresa [el Mecanismo de Equidad Intergeneracional planteado por el ministro de Escrivá se basa en un aumento de las cotizaciones], no es sostenible el sistema que se está planteando por mucho que se quiera”, lamentó el presidente de la CEOE este martes en Valencia. A la vista de los escollos, tanto el SMI como las pensiones y el Estatuto del Becario van a quedar en el tintero del Diálogo Social para el año que viene.
CCOO y UGT lo quieren todo y lo quieren ahora: una subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) “en la banda alta” de la propuesta que ha hecho la comisión de expertos, 1.082 euros mensuales, o incluso superior, 1.100 euros, para incorporar el alza de la inflación. Y sin esperar a que se revise dentro de seis meses como recomienda el informe de los 12 sabios reunidos por el Ministerio de Trabajo. Entonces, explican, debería tenerse en cuenta el “contexto de alta inflación” y el “impacto asimétrico” de los alimentos y la energía en el poder adquisitivo de las rentas más bajas, “entre los que se encuentran los hogares perceptores del salario mínimo”. En concreto, el documento menciona que el 70% de los hogares con al menos un perceptor del SMI se localiza en los estratos más bajos de distribución de la renta. En realidad, no hace más que recoger lo que establece el artículo 27 el Estatuto de los Trabajadores, que prevé una revisión semestral del salario mínimo en caso de que “no se cumplan las previsiones” sobre el IPC.