El Tribunal Supremo anuló el pasado 22 de febrero el convenio colectivo de una empresa de seguridad de bajo coste, Sinergias de Vigilancia y Seguridad. Sólo una semana antes, el Juzgado de Instrucción número 5 de Las Palmas admitía a trámite la querella que había presentado el fiscal contra Miguel Ángel Ramírez, su mujer, dos de sus primos y otras cinco personas por desviar fondos y bienes para evitar su embargo. Ramírez es el dueño del grupo Ralóns y antes lo fue de Seguridad Integral Canaria (SIC), una de las empresas de seguridad privada que más contratos públicos consiguió durante toda la crisis gracias a sus bajos salarios.
Entre esos cinco querellados se encuentran también el gerente de la citada Sinergias de Vigilancia y Seguridad, Jacobo López Redondo, así como el director general de Marsegur –ahora llamada Novo Segur–, Antonio Redondo Álvarez, y su administrador, Jesús Miguel Acosta Ramos. En su informe, el fiscal intenta demostrar que tanto Sinergias de Vigilancia como Marsegur-Novo Segur son propiedad de Miguel Ángel RamírezMiguel Ángel Ramírez, una tesis que los sindicatos del sector llevan años esgrimiendo y el polémico empresario canario siempre ha negado.
Tanto estas dos empresas como Seguridad Integral Canaria, que fue vendida por Ramírez el pasado mes de junio a su administrador durante años, Héctor de Armas –también parte de la querella–, han sido el blanco de las denuncias de los sindicatos por sus pésimas condiciones laborales. Las tres aprovecharon la reforma laboral de 2012, que da prioridad a los convenios de empresa sobre los sectoriales, para establecer unos salarios que recortaban hasta en un 40% los fijados para el resto del sector. Gracias a ello, se hicieron con un buen número de concursos públicos. Pero su grado de cumplimiento de los contratos ha dejado mucho que desear. Los retrasos en el abono de las nóminas cuando no el impago total de los sueldos ha sido una constante en estas empresasuna constante en estas empresas. Sólo el año pasado los vigilantes han denunciado la falta de ingreso de los salarios en centros públicos de Córdoba, Málaga, Canarias y Alicante.
Uno de ellos es también la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo (Fundae). Encargada de gestionar las subvenciones para los cursos de formación destinados a ocupados y parados, la Fundae es una fundación estatal –la mayoría de su patronato corresponde al Estado– en la que participan la patronal y los sindicatos más representativos. En noviembre de 2017 la Fundae adjudicó a Sinergias de Vigilancia y Seguridad un contrato de dos años para vigilar su sede central en Madrid por importe de 341.331 euros. Con ese dinero debía pagar a seis vigilantes. Sin embargo, lleva meses retrasando el pago de las nóminas y desde enero, ha dejado de abonarlas. Los vigilantes empezaron a protestar el pasado mes de septiembre con el apoyo de los sindicatos. Incluso el resto de la plantilla de la Fundae hizo un plante en solidaridad con ellos.
Los incumplimientos de Sinergias de Vigilancia y de Marsegur ya han supuesto la rescisión de sus contratos en otros ministerios como el de Defensa y en gobiernos autonómicos como el de Castilla-La Mancha. Pero ni las denuncias constantes de los trabajadores ni la pérdida de estos servicios han impedido al resto de las administraciones seguir concediéndoles contratos. Es más, el principal adjudicador a estas dos empresas, pese a su pésimo cumplimiento laboral, ha sido el Ministerio de Empleo. Desde 2015, Sinergias de Vigilancia consiguió 54 contratos, de los que 17 corresponden al Ministerio de Empleo, según consta en la Plataforma de Contratación del Estado. De los 13 adjudicados a Novosegur, dos proceden de ese mismo departamento. Sólo en los tres meses de este año, ya con el nuevo Gobierno, Sinergias de Vigilancia se ha hecho con seis concursos públicos, de los que uno procede de la Dirección Provincial del Servicio de Empleo Público Estatal (SEPE) de Castellón y dos de la Tesorería General de la Seguridad Social en Sevilla. También el Instituto de la Juventud le ha encomendado que vigile sus instalaciones en Madrid. Y la Agencia Tributaria de Canarias, pese a que agentes del Servicio de Vigilancia Aduanera, dependientes de ese organismo, se han encargado de realizar seguimientos por orden de la Fiscalía a los nueve querellados por desviar fondos para no pagar al fisco y a la Seguridad Social.
El 12 de diciembre de 2018 la comisión permanente de la Fundae, que actúa en delegación de su patronato, decidió tomar cartas en el asunto. Tanto los sindicatos como la CEOE exigieron a la gerencia que rescindiera el contrato con la empresa de seguridad. “La Responsabilidad Social Corporativa debería incluirse también en los pliegos de condiciones de los contratos de los ministerios”, explica el responsable de Formación de UGT, Sebastián Pacheco, quien reclamó a la Fundae que se respetara un mínimo de “calidad” en la contratación. “La gerencia nos contestó que estudiaba diferentes fórmulas para rescindir con Sinergias”, confirma también la secretaria general de Formación de CCOO, Lola Santillana. El 28 de febrero pasado la Fundae envió a la empresa de seguridad la comunicación de que resolvía el contrato con efectos a 30 de abril, 10 meses antes del plazo fijado en el concurso. El motivo, “incumplir las condiciones esenciales del contrato”.
“Un gesto que la fundación debe a estos trabajadores”
Pero para la CEOE, este paso no es suficiente. “La Fundae debe hacer algo más, debe actuar de forma más proactiva”, insta el representante de la patronal en la fundación Manuel San Juan. “En la Fundae el Ministerio de Trabajo posee la mayoría y su patronato lo preside la secretaria de Estado de Empleo”, subraya, “por lo que es inadmisible que estos trabajadores no cobren sus nóminas”. Además, los vigilantes no tienen expectativa alguna de que la situación se vaya a corregir en los próximos meses ni pueden esperar el tiempo necesario para que otra empresa se haga carga del servicio y subrogue a la plantilla, advierte San Juan. La Fundae publicó el pasado día 1 el anuncio de un concurso negociado y sin publicidad para contratar a una “empresa puente” que preste el servicio de vigilancia durante un año mientras se tramita el concurso abierto para sustituir a Sinergias de Vigilancia y Seguridad. Se ha invitado a ese procedimiento a siete empresas, según las fuentes consultadas por infoLibre. Es decir, los trabajadores aún tendrán que esperar un par de meses, por lo menos, antes de que otra empresa los contrate y empiece a pagarles en tiempo y forma. La previsión es que haya una nueva empresa al cargo del servicio el 1 de mayo.
Por eso, la CEOE presentó a la Fundae y al SEPE una “propuesta formal”, destaca San Juan, para que presentaran una querella criminal por delito contra los derechos de los trabajadores contra Sinergias de Vigilancia y Seguridad. “La Fundae ha pagado puntual y religiosamente a esta empresa las cantidades estipuladas en el contrato, por lo que no tiene motivo para incumplir con sus trabajadores”, protesta el directivo de la CEOE. Ese delito está castigado con penas de prisión entre seis meses y seis años. “Sólo por la composición de la Fundae”, recalca, “no podemos permitir que se vulneren los derechos de los trabajadores delante de nuestras narices”. Se trata de un “gesto que la fundación debe a estos trabajadores”, pero también de una acción clara contra las empresas que compiten de forma desleal, razona.
Aunque la gerencia de la Fundae se ha comprometido a “analizar posibles respuestas legales” ante las actuaciones que realice Sinergias de Vigilancia una vez comunicada la resolución del contrato, ni la fundación ni el SEPE parecen estar muy dispuestos a presentar la querella y convertirse en acusación particular en este caso. “Lo están estudiando”, asegura Manuel San Juan. La Fundae, a través de una portavoz oficial, dice no tener constancia de la propuesta hecha por la CEOE y se limita a contestar que está haciendo “todo lo posible para resolver una situación no deseada” además de reclamar a la empresa que pague las nóminas. Al SEPE tampoco le consta la petición de la patronal, según contesta su portavoz. Tendrán que ser los trabajadores quienes reclamen individualmente en el juzgado los salarios que les deben, explica.
Tampoco responden la Fundae y el SEPE a la pregunta de si retendrá a Sinergias de Vigilancia la garantía de depósito o aval que están obligados a formalizar las empresas cuando firman un contrato público. El secretario general de la Federación de Trabajadores de Seguridad Privada de USO, Basilio Febles, lamenta que sean “pocas las administraciones que lo hacen” cuando se presenta un problema de estas características. Las fuentes de la fundación consultadas, no obstante, explican que la empresa pretende que le devuelvan el aval depositado y que utiliza el impago de las nóminas como “forma de presión”. Así, la Fundae teme que Sinergias se quede con la fianza y no abone los salarios.
Denuncias en la Inspección de Trabajo y en los juzgados
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Tanto Seguridad Integral Canaria como Marsegur-Novo Segur se encuentran en concurso de acreedores, pero no Sinergias de Vigilancia. Sin embargo, tras la sentencia del Tribunal Supremo, se le avecinan nuevos problemas. USO ya ha presentado una denuncia en la unidad central de la Inspección de Trabajo para reclamarlas cotizaciones a la Seguridad Social dejadas de ingresar desde 2015 por la diferencia entre el salario cobrado por sus trabajadores y el que debería haberles pagado la empresa si hubiera respetado el convenio sectorial. Según los cálculos de Basilio Febles, la suma asciende a un millón de euros por un total de casi 700 trabajadores repartidos por toda España. Además, el sindicato ha convocado una asamblea para informar a los vigilantes de su derecho a exigir ante los tribunales que les resarzan de los salarios dejados de percibir los últimos cuatro años en virtud del convenio anulado.
Antes también fueron anulados por los tribunales los convenios casi idénticos de Seguridad Integral Canaria y Marsegur-Novosegur. “Este modelo de empresas pirata se acaba”, avanza Basilio Febles, “pero surgen otras…”. La nueva Ley de Contratos del Sector Público, en vigor desde noviembre de 2017, pretendió terminar con los problemas que la prevalencia otorgada al precio en la valoración de las ofertas de un concurso ha desencadenado en los últimos años, con unas administraciones abocadas al ahorro para recortar el déficit. Así que estableció en el 49% el límite del peso del precio en la puntuación final. “Pero ahora se están añadiendo otras cláusulas que, aunque no son precio directo, terminan siendo precio igualmente”, advierte el responsable de USO, “como por ejemplo, que se premie con puntos a las empresas que regalan bolsas de horas u ofrezcan vehículos”.
“El precio no lo es todo”, concede por su parte Manuel San Juan. A la vista está con el pobre y tumultuoso recorrido que ha tenido el low cost de la seguridad privada en las administraciones públicas.
El Tribunal Supremo anuló el pasado 22 de febrero el convenio colectivo de una empresa de seguridad de bajo coste, Sinergias de Vigilancia y Seguridad. Sólo una semana antes, el Juzgado de Instrucción número 5 de Las Palmas admitía a trámite la querella que había presentado el fiscal contra Miguel Ángel Ramírez, su mujer, dos de sus primos y otras cinco personas por desviar fondos y bienes para evitar su embargo. Ramírez es el dueño del grupo Ralóns y antes lo fue de Seguridad Integral Canaria (SIC), una de las empresas de seguridad privada que más contratos públicos consiguió durante toda la crisis gracias a sus bajos salarios.