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La derogación de los aspectos más lesivos de la reforma laboral, quizá la promesa estrella del Gobierno de coalición y con más fuerza del socio menor, Unidas Podemos, ha vivido este viernes su episodio más difícil. Y no por descarrilamiento del diálogo social, sino por las diferencias entre PSOE y UP sobre determinados puntos de la reforma, cuya primera parte se halla en plena negociación con el objetivo declarado de enviársela a Bruselas antes del 31 de diciembre. Los morados acusan a la vicepresidenta primera y ministra de Economía, Nadia Calviño, de "intromisión" en los asuntos que competen a la vicepresidenta segunda y titular de Trabajo, Yolanda Díaz. Y Pedro Sánchez ha dicho poco después que no hay intromisión alguna, en un espaldarazo claro a Calviño.
¿Cuál es la fotografía actual de la reforma laboral? La respuesta más correcta sería "en plena negociación", de momento sin visos de acuerdo aunque en el equipo de Díaz hay una fe ciega en el pacto. La ministra de Trabajo ha concertado en lo que va de legislatura diez mesas de diálogo social con acuerdo de todos los agentes sociales y otras dos mesas con acuerdo solo de los sindicatos, recuerdan en su equipo. La última, la subida del salario mínimo en 15 euros, aumento que no tuvo el visto bueno de la CEOE. Allí donde le preguntan, Yolanda Díaz insiste en que hay tiempo para resolver el primer bloque antes de fin de año con la patronal, CCOO y UGT y remitir el resultado a la Comisión Europea para las fechas navideñas.
Si las discrepancias entre Díaz y Calviño vienen por la prevalencia del convenio de empresa sobre el sectorial –como decretó la reforma laboral de Mariano Rajoy 2012 y Díaz quiere invertir–, las desavenencias con la CEOE han pivotado principalmente en torno a la temporalidad. A lo largo del año, Trabajo ha presentado varias propuestas en forma de borrador sistemáticamente rechazadas por la patronal. No obstante, la confianza de la vicepresidenta segunda en el diálogo social es ciega, y no sería la primera vez que una discusión aparentemente abocada al fracaso se termina pactando. Ocurrió con la ley rider.
El primer bloque puede dividirse en dos temas: convenios y temporalidad. De cada uno salen subtemas: en el primero, además de la prevalencia de un convenio sobre otro, aparece la ultraactividad –si un convenio caduca mientras se negocia uno nuevo, continúa la aplicación del caducado–, eliminada en la reforma de 2012. Sobre temporalidad, hay varias ramificaciones: el número de tipologías contractuales existentes, la duración máxima, el número máximo de empleados temporales en una empresa, la causalidad para contratar o la subcontratación, en la que reina la modalidad de obra y servicio. Trabajo ha hecho propuestas en dos ocasiones: antes de la irrupción de la pandemia –cuando buena parte de la reforma laboral quedó negociada para irse inmediatamente al traste con el estado de alarma– y después, a lo largo de 2021. Especialmente en los últimos meses.
El primer no patronal vino antes del surgimiento del covid-19: en febrero del año pasado, Garamendi rechazó que los trabajadores de las subcontratas (obra y servicio) gozaran de las mismas condiciones que la empresa matriz. Aunque el presidente de la CEOE reconoció aquí un "punto de partida", advirtió que "muchas empresas subcontratadas verían peligrar su viabilidad y, con ella, muchos puestos de trabajo". Meses después, el 24 de diciembre, la subcontratación recibió un golpe letal en forma de sentencia del Tribunal Supremo: prohibió aplicar la modalidad contractual en determinados casos. Según el alto tribunal, "quienes ofrecen servicios a terceros y desarrollan su actividad esencial a través de la contratación con estos" tendrían vetada la subcontratación ya que es "ilógico sostener que el grueso de la actividad tiene el carácter excepcional al que el contrato por obra o servicio debe atender".
La subcontratación volvió al debate en junio de este año: aprovechando el regalo del Tribunal Supremo, Díaz planteó sustituir los contratos temporales, especialmente los de obra y servicio, en caso de que hubiera un "incremento ocasional e imprevisible de la actividad empresarial que no pueda ser atendido con la plantilla habitual". Propuso sustituirlo por una figura ya existente más estable: el contratado fijo discontinuo, pero la CEOE amenazó con no volver al diálogo social y Trabajo reformuló la propuesta.
Fijos discontinuos en vez de obra y servicio
En paralelo, en abril, Yolanda Díaz habló de simplificar los contratos y reducirlos a tres: indefinido, temporal y de formación. En junio, coincidiendo con la propuesta sobre subcontratación, la vicepresidenta segunda planteó limitar la duración del contrato temporal a a un año como máximo, además de estudiar la posibilidad de que todas las personas que hubieran encadenado temporales durante dos años adquiriesen la condición de fijos. En julio, el ministerio dio un paso más y respaldó que las empresas elaboren un censo anual con su personal fijo-discontinuo para identificar la temporalidad.
Poco después, también en julio, la CEOE estalló ante la cascada de propuestas: acusó a Trabajo de "partir de la desconfianza y la sospecha hacia la empresa, arrojando a la opinión pública dogmas confusos como la asimilación de temporalidad y precariedad". "Se alteran las reglas de salida, en un ejercicio de cinismo, que debilita la capacidad de adaptación del sector privado frente a las soluciones otorgadas al sector público", se desmelenó la patronal en un comunicado. Pese a la virulencia de algunas expresiones, las partes insisten en que siempre se ha mantenido la sintonía entre Trabajo y CEOE, concretamente entre Díaz y Garamendi. Éste último propuso igualmente que los contratos temporales duraran un máximo de tres años frente a los 365 días de límite que pedía la ministra.
Finalmente, el pasado 13 de octubre, Trabajo llevó a los agentes sociales otra medida para limitar al 15% el número de trabajadores temporales en una empresa. La patronal volvió a responder que no y el diálogo volvió a derivar en bronca. Hay que tener en cuenta que las negociaciones relacionadas con la reforma laboral han estado rodeadas de otros acuerdos: pensiones, ERTEs, Ingreso Mínimo Vital, SMI... Hay desgaste entre sindicatos, patronal y ministerio. En mayo, Yolanda Díaz cayó enferma y solicitó una mínima pausa para recuperarse.
Huelga de funcionarios: interinos de toda España se lanzan a las calles contra el abuso de la temporalidad
Díaz cayó enferma
La nueva polémica del Ejecutivo a costa de la prioridad de según qué convenio llega un poco sorpresivamente. En enero de 2019, Garamendi declaró a El País: "Por ideología, no podemos admitir la primacía del convenio sectorial". Pocos meses después, se declaró favorable a entablar negociaciones en este punto. "No entendemos por qué intercede Calviño para defender el convenio de empresa frente al sectorial", dice una importante fuente sindical. "En teoría no es algo que afecte especialmente al ministerio de Economía".
Todos se agarran a Bruselas: Díaz para defender una reducción drástica de los contratos temporales, Calviño por cuestiones de flexibilidad interna y CEOE apela a la libertad de empresa. En julio, la patronal acusó al Gobierno ante tanta iniciativa de estar "poniendo en juego en último extremo la recepción ágil de los fondos europeos que el país necesita para la reconstrucción tras la pandemia". "CEOE y Cepyme rechazan la reforma laboral que se pretende, ajena a las solicitudes europeas y resultado de un pacto de Gobierno que no nos obliga y que, además, es lesivo para el empleo".
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