El martes se pone en marcha de nuevo la Comisión del Pacto de Toledo para acometer la tercera reforma del sistema público de pensiones en cinco años. El déficit de la Seguridad Social, que este ejercicio alcanzará los 18.000 millones de euros y el aviso de que la hucha de las pensiones se vaciará en 2017 han hecho saltar todas las alarmas. El próximo diciembre el Gobierno tendrá que volver a echar mano del Fondo de Reserva para pagar la extra navideña a los casi 9,5 millones de pensionistas españoles. Y la revalorización para el año que viene seguirá congelada en el 0,25% una vez más. La inflación se prevé que alcance el 1,3%; es decir, las pensiones perderán más de un punto de poder adquisitivo.
El séptimo año consecutivo de números rojos obliga, por tanto, a adoptar medidas, y a hacerlo con rapidez. Ya no se trata de recortar la partida de gasto –la cuantía de las pensiones–, después de haber introducido por ahí la tijera con la reforma de 2013. Ése era el cometido del Índice de Revalorización de las Pensiones (IRP) y del Factor de Sostenibilidad: el primero ajusta las prestaciones a la coyuntura económica y el segundo, a la esperanza de vida. La reforma de 2011 ya había aumentado la edad de jubilación hasta los 67 años –de forma progresiva hasta 2027–, el periodo de cómputo –de 15 a 25 años–, y el número de años necesarios para cobrar el 100% de la pensión y retirarse a los 65.
Ahora, en cambio, el desafío son los ingresos del sistema, lastrados por una recuperación económica que está revelando sus flaquezas. “Lo que esperábamos que ocurriera dentro de 10 años se ha anticipado por culpa de la prolongación de la crisis y de sus efectos: la devaluación salarial, la precariedad de los empleos, el paro de larga duración…”, explica el secretario general de Protección Social de CCOO, Carlos Bravo.
Para Santos Ruesga, uno de los economistas que integró el comité de expertos seleccionado por el Gobierno para diseñar la reforma de 2013, el modelo productivo español y la evolución demográfica producen un “decalaje estructural” entre ingresos y gastos que hace necesario un flujo adicional de ingresos a fin de compensarlo.
700.000 nuevos empleos anuales durante 12 años, imposible
A juicio de ambos, la solución no puede ser otra que financiar el sistema mediante impuestos y aumentando las cotizaciones. Los ciudadanos tendrán que pagar de sus bolsillos el reequilibrio de las cuentas de la Seguridad Social. Pese a que la ministra de Empleo, Fátima Báñez, y el secretario de Estado de Seguridad Social, Tomás Burgos, repiten que es la creación de empleo lo que garantiza las pensiones, lo cierto es que harían falta 700.000 nuevos cotizantes anuales durante los próximos 12 años para volver a los números negros, calcula Santos Ruesga. Un ritmo de afiliación imposible de sostener, añade.
Aún hoy el sistema no ha conseguido recuperar 1,8 millones de cotizantes de los 3,5 millones perdidos con la recesión. Y los que han regresado no cotizan tanto como antes. En 2015 el número de afiliados creció un 3,2%, pero los ingresos por cuotas sólo subieron un 1,3%, menos de la mitad. En lo que va de año la Seguridad Social registra casi 700.000 cotizantes más, la cifra mágica calculada por Ruesga, pero el déficit del sistema es el mayor de toda su historia.
Tampoco ajustar al 0,25% la subida de las pensiones durante los últimos tres años ha conseguido embridar el desfase, porque el número de pensionistas y la cuantía de sus pensiones no dejan de aumentar no dejan de aumentara un ritmo constante.
Lo más rápido: subir las cuotas de las nóminas
De ahí que deban inyectarse recursos adicionales. Aumentando los tipos de cotización, aunque sea de forma temporal, apunta Carlos Bravo. Santos Ruesga habla de subirlos un punto y de hacerlo “vía Presupuestos Generales”, para imprimirle “cierta rapidez” a la medida. También sugiere el responsable de CCOO destopar las bases máximas de cotización –“hay millones de euros [en sueldos] que no cotizan porque las superan”, advierte– o bien subirlas, como ya se ha hecho en los dos últimos años, un 5%.
Aumentar el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) supondría igualmente un alza en la recaudación. El mismo efecto tendría que los autónomos cotizaran por sus ingresos reales; la mayoría lo hacen ahora por la base mínima, por lo que luego sus pensiones también son escasas y en muchos casos deben complementarse.
José Enrique Devesa, profesor de la Universidad de Valencia que también formó parte de la comisión de expertos de 2013, no es partidario, sin embargo, de subir las cuotas que pagan empresas y trabajadores. “Aumentaría el coste laboral, desincentivaría la contratación”, explica. Carlos Bravo lo rebate: “No penaliza el empleo, ningún empresario contrata o deja de contratar porque le suban o bajen un punto la cotización”.
Refrescos, grasas, sucesiones, patrimonio...
Además, será necesario tapar los agujeros de recaudación: las 200.000 empleadas de hogar que no cotizan, los becarios, las horas extraordinariaslos becarioslas horas extraordinarias que ni se pagan al trabajador ni tampoco tributan… Sin olvidar las tarifas planas de cuotas, que tanto Ruesga como Bravo y buena parte de la oposición parlamentaria quieren suprimir. El Gobierno, en cambio, parece decidido a seguir aplicándolas, pese al agujero que han hecho en las cuentas del sistema: desde 2012 se ha quintuplicado la cuantía de estas reducciones de cuota. Hace cuatro años ascendían a 441,7 millones de euros; para este año la Seguridad Social ha presupuestado 2.100,7 millones.
En lo que sí coinciden los tres expertos consultados por infoLibre es en que habrá que recurrir a los impuestos para financiar las pensiones. Bravo cree que las fórmulas son múltiples: una cuantía anual consignada en los Presupuestos del Estado; un recargo fiscal específico a imitación del que existe en Francia, tal y como ha propuesto el PSOE; que las consecuencias del aumento de la esperanza de vida –el recorte resultante de aplicar el Factor de Sostenibilidad de la reforma de 2013– se paguen con impuestos, como plantea Podemos.
Santos Ruesga no le hace ascos tampoco a que se suba un punto el IVA. O a que se cree un impuesto para las bebidas azucaradas o las grasas, “como ya existe en otros países y que no tiene efectos perversos sobre la demanda”. Otra opción que expone es cargar esa financiación adicional “de forma progresiva” en el impuesto sobre el patrimonio o de sucesiones.
Impuestos para no bajar las pensiones un 2,5%
José Enrique Devesa, por su parte, recomienda pagar con impuestos la diferencia que cada año resulte entre el Índice de Revalorización de las Pensiones “teórico” y el “real”. El primero fue impuesto por el Gobierno para los ejercicios en que la Seguridad Social incurra en déficit, un 0,25% –IPC+0,50% si termina en superávit–. El segundo indica el coeficiente que habría que aplicar cada año para que el sistema estuviera en equilibrio y que, a juicio del economista de la Universidad de Valencia, debería dejarse “fluctuar libremente”.
Así, según sus cálculos, este ejercicio las pensiones tendrían que bajar un 2,52%, en lugar de subir un 0,25%. Y ese 2,52% es el que debería cubrirse con impuestos para impedir que los pensionistas sufrieran una merma de ingresos. Devesa ve el IRP, por tanto, como un “mecanismo de ajuste automático” que detecta el grado de desequilibrio del sistema y permite corregirlo.
“No ha servido para nada”, objeta Santos Ruesga, que fue la voz discordante de la comisión de expertos de 2013. “Ni siquiera ha conseguido el ahorro pretendido y si no se han desvalorizado más las pensiones estos años ha sido porque la inflación ha sido mínima”, argumenta.
Pensiones de viudedad temporales
Adonde también se dirigen todas las miradas, incluso las del Gobierno, es a las pensiones de viudedad. Financiarlas con impuestos en lugar de con cotizaciones como ahora se ha convertido en la primera propuesta concreta para atajar el déficit de la Seguridad Social. “Es muy goloso”, resalta José Enrique Devesa, “las pensiones de viudedad suman 20.000 millones de euros, con lo que de un plumazo se cubrirían los números rojos del sistema.
El economista de la Universidad de Valencia, no obstante, duda de que convertir estas prestaciones contributivas en asistenciales sea la mejor solución. Prefiere “rediseñarlas”. “Que sigan siendo vitalicias ahora es difícil de explicar, con lo que ha cambiado el trabajo de la mujer, quizá deberían convertirse en temporales”, indica.
A partir de este abanico de posibilidades podrán debatir los grupos parlamentarios en el Pacto de Toledo hasta el mes de abril cómo devolver la salud al sistema. “No hace falta aplicar todas estas soluciones”, resume Carlos Bravo, “sólo aplicar, a corto plazo, aquéllas en que nos pongamos de acuerdo”. “Sin olvidar que el mercado de trabajo es la fuente fundamental del sistema y que ahora hay que recuperar las rentas de trabajo creando empleo de calidad y con mejores salarios”, advierte el dirigente de CCOO.
¿Planes de empresa con salarios bajos?
Porque sin mejores empleos y mayores sueldos no es posible ni el sistema público de pensiones pero tampoco el privado. Desde junio de 2015 Reino Unido obliga a todos los trabajadores con salarios superiores a 8.105 libras anuales –10.000 euros– a tener un plan de pensiones de empresa. El empleado aporta un 4% de su salario, el empleador un 3% y el Estado, mediante deducciones fiscales, un 1%. En España, el 48,6% de los planes de pensiones privados son proporcionados por empresas, según datos de la patronal Inverco. Pero sólo alcanzan al 20% de los partícipes de fondos privados. Su patrimonio equivale a poco más de la mitad del que acumulan los planes individuales de pensiones.
El Gobierno subirá un 3% la base máxima de cotización en 2017 para ingresar unos 330 millones más
Para José Enrique Devesa constituyen una vía, un “ladrillo más” para apuntalar las pensiones públicas. Pero ve difícil “obligar a las empresas” a implantarlos como se ha hecho en Reino Unido. Carlos Bravo aplaude que se creen este tipo de instrumentos en los convenios colectivos, siempre como complementos de las pensiones públicas. Aunque cree que la prioridad en estos momentos debe ser “subir los salarios inmediatos, más que los diferidos”, como es el caso de las aportaciones a estos planes de pensiones.
Santos Ruesga también prefiere que las empresas hagan sus aportaciones al sistema público de pensiones, por la vía de las cotizaciones, antes que a planes privados. Bravo recuerda que sólo uno de cada 10 trabajadores con un fondo privado de pensiones consigue una prestación de cuantía suficiente. Y que el 60% no hacen aportaciones “porque no pueden o no quieren”.
Además, para conseguir 500 euros más de pensión, es necesario hacer aportaciones superiores a 300 euros al año, detalla Santos Ruesga. Por tanto, con salarios bajos como los que se están pagando durante la recuperación económica, la capacidad de ahorro es reducida. Y la rentabilidad, también. “Son útiles, pero no son la solución”, concluye Carlos Bravo.
El martes se pone en marcha de nuevo la Comisión del Pacto de Toledo para acometer la tercera reforma del sistema público de pensiones en cinco años. El déficit de la Seguridad Social, que este ejercicio alcanzará los 18.000 millones de euros y el aviso de que la hucha de las pensiones se vaciará en 2017 han hecho saltar todas las alarmas. El próximo diciembre el Gobierno tendrá que volver a echar mano del Fondo de Reserva para pagar la extra navideña a los casi 9,5 millones de pensionistas españoles. Y la revalorización para el año que viene seguirá congelada en el 0,25% una vez más. La inflación se prevé que alcance el 1,3%; es decir, las pensiones perderán más de un punto de poder adquisitivo.