La quita de deuda, el otro 'ómnibus' que pende del voto de Junts y obliga al Gobierno a mirar al PP
La financiación autonómica y la deuda de las comunidades autónomas está en el centro del debate desde que el Gobierno anunció que pondría en marcha la condonación de deuda que pactó con Esquerra Republicana al comienzo de la legislatura. El importe de la medida, a la que se podrán acoger todas las comunidades autónomas, asciende a 83.252 millones de euros, un 25% del total agregado. Si sale adelante en el Congreso, algunas comunidades, como Canarias, verán condonado hasta el 45% de su deuda y otras como Valencia, la que menos porcentaje de deuda verá perdonada en la primera fase, se quedarán en un 11,5%.
La maquinaria de acuerdos parlamentarios para que se apruebe parece que seguirá en marcha hasta el último momento, ya que Junts no ha aclarado si votará a favor, aunque ERC sí que lo hará. Con la negativa del partido de Puigdemont, que pretende un perdón de la deuda restringido a Cataluña y no a todas las comunidades, el Gobierno necesitaría el apoyo del Partido Popular (PP) y se replica la situación que hace meses hizo decaer el denominado decreto ómnibus. Los populares vuelven a estar en la tesitura de dar una negativa a una medida que beneficiaría a las comunidades en las que gobiernan.
Ante la propuesta, Alberto Núñez Feijóo ha reiterado este martes su rechazo a la condonación de la deuda, pero no aclaró si las comunidades gobernadas por el PP aceptarán la oferta de Hacienda en caso de que la medida se ratifique en el Congreso. Los populares justifican la negativa alegando que es una medida que premiará a las comunidades que peor han gestionado su deuda y que se ha diseñado pensando en Cataluña. “La deuda no se condona, se trasvasa de un lugar a otro. La deuda que tenían como madrileños la tendrán también como españoles. La deuda que un catalán tiene como catalán por la falta de gestión eficiente de la Generalitat, ahora la va a tener como español”, ha detallado. Por su parte, desde el Ejecutivo, Pilar Alegría señaló en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que el PP estaba poniendo “excusas peregrinas” y que la negativa significaba “votar en contra de los intereses de sus comunidades y de los intereses de sus ciudadanos”.
El dilema de los barones populares es si acogerse como representantes autonómicos a una medida a la que se han opuesto como partido. Por ejemplo, entre Andalucía, Valencia y Madrid, las comunidades del PP que más se beneficiarían de la condonación, suman una quita de más de 38.500 millones en deuda. Para poder acogerse, tendrían que realizar la petición formal de manera individual dentro de unos meses, cuando se apruebe en el Congreso y se concreten los detalles de la tramitación.
Ninguna de las comunidades gobernadas por el Partido Popular ha aclarado si renunciará a acogerse a la condonación en caso de que saliese adelante. Aunque algunos representantes autonómicos han dejado algunas pistas. El presidente Andaluz, Juanma Moreno Bonilla, no rechazó abiertamente la fórmula, aunque sí puso el acento en que habría que conocer “la letra pequeña”. Desde Valencia, una de las regiones con más deuda, la consejera de Hacienda, Ruth Merino, señaló que votarían que no, aunque no quiso aclarar si de salir adelante la propuesta, pedirían una quita para su comunidad. Desde Madrid, Isabel Díaz Ayuso también se mostraba en contra de “asumir la deuda en lugar de quienes la han provocado en Cataluña”. En Galicia, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, seguía la misma línea argumental acusando al gobierno de “socializar” la deuda.
¿Cómo se hará la quita de deuda?
El diseño del proceso tendrá tres fases de aplicación. En el primero se calcula el grado de endeudamiento de cada comunidad en las crisis financieras. En concreto, se comparan los periodos 2010-2013 (relativo a la crisis financiera y donde el gasto de las regiones creció en 109.582 millones) con 2020-2023 (aquí la crisis provocada por el coronavirus y la inflación posterior apuraron de nuevo las cuentas de las comunidades hasta una deuda de 29.272 millones). En la segunda crisis el pasivo avanzó menos que en la primera, algo que la ministra de Hacienda atribuyó al diferente abordaje que habían hecho, con respecto a las políticas de Mariano Rajoy en la primera crisis. Así, con la diferencia entre las dos cifras, se obtienen los 80.310 millones de sobrendeudamiento que calcula el Gobierno.
Una vez establecido esto, cada comunidad recibirá un porcentaje de ayuda en función de sus datos de población ajustada, teniendo en cuenta, por ejemplo, factores como las edades medias o la distribución geográfica. En una segunda fase, y con el fin de asegurar de que ninguna región quede por debajo de un 19% de condonación, Hacienda introduce correcciones para elevar la aportación a aquellas que se quedaban por debajo de esta cifra. Además, se establece una compensación adicional para las áreas territoriales que hayan mantenido al alza el IRPF entre 2010 y 2022, con el fin de “reconocer el esfuerzo fiscal”, señalan en el documento oficial.
Así, las comunidades que más dinero se llevan en este reparto serían Andalucía (18.791 millones), Cataluña (17.104 millones), Valencia (11.210 millones), Madrid (8.644) y Castilla la Mancha (4.927 millones). La deuda de las comunidades puede ser con entidades privadas o con el Fondo de Liquidez Autonómico, una línea de crédito creada por el Gobierno en 2012 y que da soporte a las regiones que no puedan o no quieran acudir a los mercados. En cualquier caso, el mecanismo cubrirá la deuda tanto si es con entidades privadas como si es con el fondo de liquidez. “Se trata de un esfuerzo sin precedentes que beneficia a todas las comunidades de régimen común, tengan o no deuda con el Estado”, puntualizó María Jesús Montero.
En los datos sobre deuda autonómica que elabora el Banco de España, las comunidades con mayores déficits a septiembre de 2024 eran Cataluña, Valencia, Andalucía o Madrid. Aunque las que más porcentaje de deuda sobre su producto interior bruto sufren son Valencia (40,8%), Murcia (30,3%), Cataluña (30,1%) y Castilla la Mancha (29,2%). Entre las que menos tienen están Navarra, Canarias y País Vasco, que rondan el 11%.
Según la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), el total de deuda de las comunidades autónomas se incrementó hasta los 333.000 millones de euros en septiembre de 2024, un 2,4% más que un año anterior y equivalente al 21,3% del PIB. Las cifras son enormes y la gestión siempre ha planteado desafíos. Según un informe del think tank Funcas, uno de ellos es la gran diferencia de endeudamiento entre unas regiones y otras. Una brecha que va desde los 88.000 millones de Cataluña, hasta los 1.600 de La Rioja, la menos endeudada. Otro punto, son los problemas de acceso al crédito privado de comunidades muy endeudadas —que no tienen más remedio que financiarse con sobrecostes— y el alto importe de los intereses que dificulta la reducción efectiva de las deudas.
