La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) está preocupada por los casos de "presuntas prácticas irregulares" que salpican a varias grandes empresas en los tribunales. En un comunicado hecho público este miércoles, el supervisor presidido por Sebastián Albella recuerda que "este tipo de situaciones puede comprometer la imagen y reputación" del mercado de valores. "La creciente importancia que dan los inversores, incluidos los grandes inversores internacionales, a los aspectos relacionados con la ética en sus decisiones de inversión hace especialmente relevante la cuestión", apunta la CNMV, que evita poner nombres sobre la mesa y se limita a señalar que solo afectan a "algunas empresas" y son imputables "a un número reducido de personas". Ni una referencia al BBVA, FCC o la tecnológica Indra, que se encuentran investigadas como personas jurídicas.
El supervisor bursátil avisa en el comunicado a las empresas cotizadas y emisores de valores españoles de que "deben tratar de impedir o reducir al máximo la probabilidad de que se produzcan prácticas de carácter irregular y asegurar, en cuanto se detecten, el cese en ellas y la exigencia de responsabilidades". Para ello, consideran imprescindible que los órganos de gobierno tengan establecidas "políticas y controles adecuados" para prevenir prácticas de este tipo, así como para la "identificación, evaluación, gestión y control de los riesgos y de los potenciales impactos asociados". "Asimismo, es esencial que se cercioren de que las políticas y controles se aplican con el máximo rigor", continúa la CNMV, que resalta también el "especialmente relevante" papel que juegan los consejeros independientes y externos como "contrapeso" con respecto a los consejeros ejecutivos.
El organismo presidido por Albella también pone el foco en la importancia, "sin perjuicio de la responsabilidad del Consejo de Administración", de la Comisión de Auditoría de las compañías, a la que la normativa atribuye la función de "supervisar la eficacia del control interno y de la auditoría interna". A este órgano le recuerda que las firmas están obligadas a describir en el estado de información no financiera "las políticas establecidas" para atajar estas prácticas irrgulares. Y que deben, además, mencionar en el informe anual de gobierno corporativo los principalesriesgos a los que se enfrenta, incluidos "los derivados de la corrupción". "La información debe ser suficiente para que el mercado y los inversores puedan entender el alcance e importancia de los hechos y riesgos correspondientes", asevera el comunicado.
Buena parte de la nota se centra en la necesidad de una transparencia máxima. Así, recalca que todos esos detalles mencionados anteriormente tienen que incluirse en los primeros informes elaborados "tras el momento en el que se haya tenido conocimiento de las prácticas irregulares o riesgos correspondientes". Y se hará, dice la CNMV, "con independencia de que hayan trascendido o no públicamente a través de medios de comunicación o de otro modo". "Este tipo de información debe asimismo incluirse en los folletos informativos que los emisores deben publicar con ocasión de la realización de ciertas operaciones", prosigue la nota del supervisor, que insta a los órganos de gobierno de estas empresas "a revisar sus políticas y procedimientos" para asegurarse de que "son suficientemente exigentes y se aplican realmente".
FCC, BBVA, Indra o Caixabank
La ausencia de mecanismos eficaces para frenar la corrupción es lo que ha provocado la imputación de la constructora FCC en el marco de una investigación en la Audiencia Nacional relacionada con el caso Odebrecht, la gran trama de sobornos de América Latina. Así, el auto del magistrado Ismael Moreno señala que hay indicios de participación de varios exdirectivos en acuerdos de presunta corrupción respecto a varias obras en Panamá, Costa Rica, El Salvador y Nicaragua. Estas personas, apunta el escrito, "actuaron desviadamente durante 4 años, periodo temporal en el que se comprometió el pago de más de 82 millones de euros" en comisiones, lo que evidencia indiciariamente que "no se definió una ética de empresa, ni existieron instrumentos de prevención dirigidos a instaurar una cultura de respeto a la legalidad vigente".
Un buzo logra extraer un fardo de droga del primer narcosubmarino localizado en Galicia
La imputación de FCC, cuyo representante jurídico tuvo que declarar el pasado viernes en la Audiencia Nacional, se suma a la del BBVA, Indra y Caixabank. El segundo banco más importante de España está investigado por la relación que mantuvo durante años con el comisario jubilado José Manuel Villarejo, en prisión desde noviembre de 2017 en el marco de la Operación Tándem, quien presuntamente habría montado operaciones de espionaje para la entidad financiera, mientras que contra Caixabank se abrió un procedimiento en abril de 2018 por presunto blanqueo de dinero de mafias chinas. La firma tecnológica, por su parte, está bajo la lupa de la justicia en el marco de la Púnica por la financiación irregular del PP de Madrid.
Otras empresas como OHL o Iberdrola, aunque todavía no han sido imputadas, también caminan por el alambre. La primera por una de las piezas separadas del caso Lezo. La segunda, por los jugosos negocios del comisario jubilado José Manuel Villarejo.
La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) está preocupada por los casos de "presuntas prácticas irregulares" que salpican a varias grandes empresas en los tribunales. En un comunicado hecho público este miércoles, el supervisor presidido por Sebastián Albella recuerda que "este tipo de situaciones puede comprometer la imagen y reputación" del mercado de valores. "La creciente importancia que dan los inversores, incluidos los grandes inversores internacionales, a los aspectos relacionados con la ética en sus decisiones de inversión hace especialmente relevante la cuestión", apunta la CNMV, que evita poner nombres sobre la mesa y se limita a señalar que solo afectan a "algunas empresas" y son imputables "a un número reducido de personas". Ni una referencia al BBVA, FCC o la tecnológica Indra, que se encuentran investigadas como personas jurídicas.