La Comisión Europea ha anunciado este miércoles nuevas orientaciones que cambiarán sustancialmente las reglas fiscales, que los países miembros adoptaron en 2012. Según estas reglas, los Estados deben evitar un déficit público superior al 3% (es decir, la diferencia entre ingresos y gastos, en relación al PIB) y la deuda pública debe estar por debajo del 60%. Pero la pandemia y la oleada inflacionista como consecuencia de la invasión rusa de Ucrania han revelado la imposibilidad de alcanzar dichos objetivos, especialmente en los países donde las cuentas públicas más han sufrido. Según los datos de media de los Estados europeos de 2021, previo a la guerra, el déficit se encontraba en un 4,7% (España, en un 6,9%) y la deuda pública en un 88% (118% en este país).
Por este motivo, y por la diferente situación de los países a lo largo y ancho del continente, la Comisión ha presentado un plan que se adapte más a la situación de cada país. Para ello, busca que los diferentes Gobiernos tengan la iniciativa de elaborar planes fiscales a medio plazo que la Comisión estudiará uno a uno. Esto dejará un mayor margen a los países para proponer sus propias trayectorias fiscales. “Yo creo que la reforma tiene algunas cosas positivas, en primer lugar, partir del hecho de que las reglas hasta ahora no eran realistas”, señala Antonio Sanabria, profesor de Economía Aplicada de la Universidad Complutense de Madrid.
“El plan de reducción de deuda tenía hasta ahora una falta de realismo. Es como cuando vas al médico y te dice que tienes exceso de peso y que la solución es perder peso. Hala, solucionado”, ironiza el profesor Antonio Sanabria. “Era demasiado uniforme. Mismas reglas para todos. La crisis financiera demostró que esto era lo que no había que hacer, las reglas de ajuste agravaron la crisis financiera. En una situación de alto endeudamiento privado, meter también a la administración pública a recortar gastos. La idea era que hacer esto visible iba a suponer un beneficio, porque el mercado lo valoraría y la inversión volvería, pero esto no ocurrió”, lamenta el profesor.
Esta nueva propuesta de la Comisión Europea deja de lado la conocida como regla del 1/20. Hasta ahora, los Estados debían reducir la deuda a un ritmo de una veinteava parte del exceso más allá del 60% sobre el PIB. Esto significa que, por ejemplo, en el caso español, la deuda del 118% debe reducirse al 60% en 20 años. La diferencia entre el ratio actual y el objetivo se divide en 20 partes iguales, que es lo que España tendría que ir amortizando cada año. En cuanto al déficit fiscal, se mantiene como objetivo mantenerlo por debajo del 3%.
“La regla del veinteavo aplicada a todos los países por igual era un disparate. El fenómeno de la deuda es más complejo de lo que cabe ver en las estadísticas, y abordarlo de manera individual a mí me parece un cambio positivo. No se trata de hacer un cortar y pegar, sino ajustar la senda de contención de deuda a la situación concreta de cada país, con incentivos para acelerar las reformas, en lugar de solo dar “palos” ante incumplimientos. Esa es la parte positiva”, añade el profesor Sanabria.
La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, ha valorado de manera positiva la iniciativa de la Comisión Europea, que ha calificado de “buena base de trabajo”. Durante una entrevista en el programa Las Mañanas, de Radio Nacional España, Calviño ha señalado que es “equilibrada” y que va en la línea de las ideas que había presentado España junto con Países Bajos. La ministra también ha defendido que la responsabilidad fiscal ha sido “uno de los principios” de la política económica: “Ya el año pasado hemos empezado a reducir el déficit y la deuda sobre el PIB (...). La senda nos lleva a estar por debajo del 3% en 2025, con lo cual estamos en una dirección que es la correcta”, ha señalado.
El think tank Real Instituto Elcano elaboró una propuesta, poco antes de la invasión rusa de Ucrania, que señalaba que la pandemia “hacía inevitable una reforma”: “El escenario macroeconómico actual, con niveles de deuda pública por encima del 100%, agrava los problemas y deficiencias del Estado (...). No reformar no es una opción. O la Comisión aplica de forma estricta las reglas vigentes, lo que podría hacer descarrilar la recuperación, o las ignora, minando la autoridad y la reputación de las instituciones europeas”.
Sanciones más bajas para evitar el “efecto látigo”
En la práctica, estas nuevas orientaciones permitirían a los países más autonomía para diseñar sus propios planes fiscales. En un principio, la Comisión propondrá una senda para un período de cuatro años, que garantice que los países pueden reducir sus deudas y al mismo tiempo, mantener el déficit público por debajo del 3%. Los países presentarán sus mencionados planes, en los que podrán alargar la meta tres años más, es decir, siete años, si lo acompañan de una justificación de reformas e inversiones que acompañen el principio de “sostenibilidad de la deuda”.
Tras el visto bueno de la Comisión Europea, el organismo supervisaría “continuamente” la ejecución de los planes, mediante los informes anuales de cada país. En este sentido, la Comisión aplicaría sanciones de menor cuantía que las actuales, pero plantean la posibilidad de crear “sanciones reputacionales”, sin especificar cómo se articularían. En cualquier caso, supondría que el Estado que no cumpla sus propios planes, deberá rendir cuentas y justificar este incumplimiento ante el resto de miembros de la UE.
“El régimen de sanciones nunca se ha aplicado en la práctica”, señala Antonio Sanabria. “Solo aplicas la vara de castigar, pero necesitas adaptarte a la situación concreta de cada país. Italia es un ejemplo. Es un país que ha tenido superávit primario durante muchos años, es decir, saldo presupuestario positivo, descontando los intereses de la deuda. Sin embargo, no le ha servido para contener una deuda pública enorme. Italia era un alumno disciplinado que, sin embargo, no conseguía cumplir con las reglas”, añade el profesor.
Las sanciones hasta ahora eran muy contundentes. No cumplir con las reglas implicaba una multa que suponía una cuantía fija del 0,2% del PIB, más otras cuotas variables. En el caso español, el incumplimiento traería pareja una sanción de más de 2.000 millones de euros. “El mecanismo de estabilidad necesita sanciones para incentivar a los países a cumplirlos. Pero las sanciones eran tan fuertes que podían agravar el problema. Una situación de exceso de deuda no necesita un castigo, lo que necesita es ayuda. Puedes poner una sanción para mantener el incentivo, pero no una que suponga un problema añadido. Supondría que es peor el remedio que la enfermedad”, critica el profesor Sanabria.
Una Europa muy diferente a la de 2008, bajo la amenaza de la ultraderecha
Bruselas propone reglas fiscales adaptadas a cada país y un endurecimiento de las sanciones
La propuesta de la Comisión Europea no solo trata de dar respuesta a las diferentes situaciones que presentan las cuentas públicas de cada país, también tiene una lectura política. El avance de las fuerzas ultranacionalistas, que critican las “injerencias externas” sobre la soberanía nacional de los países, ha creado inquietud en Bruselas. “Que Bruselas no parezca un ogro creo que es el otro elemento detrás de esta propuesta”, explica Sanabria. “El auge de la ultraderecha ha provocado una situación de pánico. Había ya luces rojas desde antes de la victoria de Meloni”, añade.
En este sentido, la victoria de Meloni en Italia y la fuerza de Le Pen en las últimas elecciones francesas, que han dejado a Macron en una situación de debilidad parlamentaria, habría influido en Bruselas para dar un golpe en el tablero que muestre una cara más “amigable”, ante el avance de estas fuerzas ultraderechistas. En enero, Portugal vivió el ascenso de la ultraderechista Chega. En abril, Viktor Orbán consiguió mayoría absoluta en Hungría. En septiembre, el partido ultra Demócratas Suecos consiguió ser segunda fuerza en su país. Son varios ejemplos que también han impulsado esta iniciativa.
La propuesta de Bruselas también responde ante la diferente magnitud de la pandemia, en comparación con la crisis financiera. “Aunque la pandemia ha afectado más en términos económicos a países como España o Italia por el sector servicios, esta vez ha sido percibida como algo más común. En la crisis financiera había acreedores y deudores, con intereses muy distintos. Como cuando culpaban de todos los males a los PIGS [acrónimo peyorativo que se empleaba para calificar a Portugal, Italia, Portugal y España, que significa “cerdos”, en inglés]. Por otro lado, los países que más deuda tienen esta vez han actuado haciendo frente común. En la crisis de 2008 predominaba el mensaje de “Yo no soy Grecia”, “Yo no soy Portugal”, etc”, puntualiza el profesor.
La Comisión Europea ha anunciado este miércoles nuevas orientaciones que cambiarán sustancialmente las reglas fiscales, que los países miembros adoptaron en 2012. Según estas reglas, los Estados deben evitar un déficit público superior al 3% (es decir, la diferencia entre ingresos y gastos, en relación al PIB) y la deuda pública debe estar por debajo del 60%. Pero la pandemia y la oleada inflacionista como consecuencia de la invasión rusa de Ucrania han revelado la imposibilidad de alcanzar dichos objetivos, especialmente en los países donde las cuentas públicas más han sufrido. Según los datos de media de los Estados europeos de 2021, previo a la guerra, el déficit se encontraba en un 4,7% (España, en un 6,9%) y la deuda pública en un 88% (118% en este país).