El Grupo de Estados Contra la Corrupción (Greco) del Consejo de Europa, un organismo creado en 1999 y al que pertenecen 49 Estados, ha criticado en un informe publicado hoy la confusión de intereses entre políticos y empresas en España (las denominadas "puertas giratorias") que acaban por afectar a la credibilidad de las instituciones.
El informe Greco coincidió con la publicación de un estudio de la consultora Deloitte para la Marca España en el que se muestra una muy positiva evolución de las inversiones extranjeras en España.
En 2012, según el estudio de Deloitte, España registró un incremento de las inversiones extranjeras directas del 3,5%, hasta elcanzar los 20.300 millones de euros. Fue el cuarto país de la UE en recepción de inversiones y el decimocuarto del mundo.
Pero las cifras positivas, que sitúan la inversión extranjera instalada en el país en el nivel más alto de la historia (463.000 millones de euros) no pueden ocultar que el país tiene un problema. El Alto Comisionado para la Marca España, Carlos Espinosa de los Monteros tuvo que admitir que los casos de corrupción tienen un "relativo efecto negativo" en la inversión extranjera en el país.
España pierde en transparencia
Porque lo cierto es que España no ha mejorado mucho en cuanto a imagen en los últimos años. Al contrario, ha empeorado. España estaba en 2008 entre los 30 países menos corruptos del mundo, según el Índice anual de percepción de la corrupción de Transparency International. En 2012 perdió 10 puntos y en el último año se sitúa en el puesto número 40.
Por ello, el Consejo de Europa recomienda a las autoridades españolas adoptar un código de conducta parlamentaria, que facilite la prevención de conflictos de intereses, en la relación entre parlamentarios y grupos de presión.
Tras las advertencias del informe Greco están las incorporaciones de políticos y altos cargos de la Administración a los consejos de administración de las grandes empresas, especialmente del sector de la energía, al que se sumaron ex presidentes como José María Aznar (asesor de Endesa) o Felipe González (aún en el consejo de Gas Natural Fenosa, aunque ha anunciado su próxima retirada).
En julio de 2013, la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético (PNME) presentó en la Fiscalía Anticorrupción 91.420 firmas (50.000 de ellas con DNI) en apoyo de un escrito de denuncia para que investigue la incorporación de expolíticos a los consejos de administración de las grandes compañías eléctricas, por si hubieran cometido "hechos que pudieran ser constituivos de delito de prevaricación por desviación de poder y/o de tráfico de influencias".
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Presuntos delitos
La Plataforma, de la que forman parte entre otras organizaciones Ecologistas en Acción, Equo, la Fundación Renovables o Greenpeace, considera que las denominadas "puertas giratorias" entre las empresas y la política pueden haber ocultado presuntos delitos a favor de las grandes empresas y en perjuicio de sectores concretos, como el de las energías renovables.
El úitmo informe del Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) sobre las empresas que forman el Ibex 35 de la Bolsa mostraba que en 2011, 34 consejeros (7% del total) habían tenido cargos en la administración pública en los últimos diez años. Se trata de ex ministros, ex secretarios de Estado y ex directores generales. La mayor parte se concentra en 19 de las 35 sociedades. El Observatorio recoge datos de la CNMV para afirmar que en 2011, un tercio del Ibex 35 (11 empresas) "han identificado situaciones de conflicto de intereses que afectaron a 60 consejeros".
El Grupo de Estados Contra la Corrupción (Greco) del Consejo de Europa, un organismo creado en 1999 y al que pertenecen 49 Estados, ha criticado en un informe publicado hoy la confusión de intereses entre políticos y empresas en España (las denominadas "puertas giratorias") que acaban por afectar a la credibilidad de las instituciones.