Las cotizaciones que pagan las empresas no han dejado de bajar desde los años 80 y se sitúan por debajo de la media europea

La cotización a la Seguridad Social por contingencias comunes es en España del 28,3% del salario bruto de cada trabajador. De ese porcentaje, el 23,6% lo paga la empresa y el 4,7%, el empleado. El ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, ha propuesto a patronal y sindicatos crear una cotización adicional del 0,5% para alimentar el Fondo de Reserva y sufragar las pensiones. Tanto el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, como la patronal de las pequeñas empresas (Cepyme) han advertido de que una subida de las cuotas a la Seguridad Social “lastrará” la competitividad y frenará la recuperación y la creación de empleo. En la misma dirección se han pronunciado también el PP y Ciudadanos. Los conservadores, porque lo consideran un nuevo “impuesto al trabajo” y los naranjas, porque es un “parche” que carga sobre las empresas las necesidades de financiación de las pensiones.

En cualquier caso, el aumento del 0,5% sería el primero que sufrirían las cotizaciones sociales en décadas. De hecho, no han dejado de disminuir desde 1982. Entonces la cotización por contingencias comunes era del 32,1%. Las empresas aportaban el 27,28% y los trabajadores, el 4,82%. Es decir, han caído 3,8 puntos la general y 3,7 puntos la empresarial. La de los empleados sólo se ha recortado 0,12 puntos.

Al año siguiente, la cuota se quedó en el 30,6% –25,8% para las empresas–, y en 1984 en el 29,1%, pero mientras para las empresas se redujo al 23,1%, para los trabajadores aumentó hasta el 6%. En 1985 se quedó en el 28,8%, con un 24% para los empleadores y un 4,8% para los empleados. Así permaneció hasta 1993 y 1994, cuando experimentó un repunte hasta el 29,3%, con un 24,4% para los empresarios y un 4,9% para los asalariados.

Finalmente, en 1995, volvió a bajar hasta el 28,3%, con un reparto que ha permanecido inamovible hasta la actualidad. Ese fue el año en que se firmó el Pacto de Toledo, que en una de sus recomendaciones condiciona la evolución de las cotizaciones sociales al “mantenimiento del equilibrio financiero” del sistema de pensiones y a no poner en peligro “el equilibrio de las cuentas públicas”.

En cualquier caso, la propuesta del ministro Escrivá no precisa cómo se repartirá ese aumento del 0,5%, pero fuentes sindicales consultadas por infoLibre advierten de que no tiene por qué ser al 50% entre empresario y trabajador. Por el contrario, entienden que debería conservarse la relación de uno a cinco que mantienen ahora las cotizaciones de empleadores y empleados.

España, el quinto país que más gasta en bonificaciones de cuotas

Para los sindicatos, hay margen para subir las cotizaciones. No sólo por la rebaja del tipo general de que han disfrutado históricamente, sino también porque desde 1995 las empresas se han beneficiado de otras reducciones selectivas: las bonificaciones, deducciones y tarifas planas.

Según el informe que sobre incentivos a la contratación elaboró en 2019 la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), España fue en 2018 el quinto país de la UE-15 –los países de la Unión Europea en el periodo 1995-2004– que más dinero gastó en este tipo de estímulos, a los que destinó algo más de tres décimas del PIB. De hecho, España es el país con mayor porcentaje de la población activa que tiene un empleo incentivado, por encima del 5%. Más del doble que Suecia y el triple que Francia y Portugal. A la Seguridad Social esos estímulos en forma de cotizaciones no pagadas por las empresas le costó en 2018 unos 2.900 millones de euros, de acuerdo con los cálculos de la AIReF.

En 1997 se creó el sistema de bonificaciones de cuotas que sigue vigente, con modificaciones, en la actualidad. Para conseguir que los empresarios contrataran a personas con discapacidad, desempleados, jóvenes, mayores de 45 años, mujeres… se les ofrecían descuentos en las cotizaciones a la Seguridad Social. Desde 2006, esos porcentajes son cuantías fijas. Los más típicos son los incentivos a la contratación indefinida. Los gobiernos de Mariano Rajoy publicitaron con generosidad diversas “tarifas planas” de contratos, con mínimos exentos de cotización. Además, las comunidades autónomas cuentan con sus propios programas de reducciones de cuotas para estimular la contratación de jóvenes, mujeres, parados o emplear a trabajadores indefinidos.

Pero desde hace años, son múltiples las voces de expertos, sindicatos y partidos políticos que reclaman la reordenación y supresión de estos descuentos en las cuotas a la Seguridad Social. Por dos motivos. El primero, porque su eficacia es dudosa, según demuestran numerosos estudios: subvencionan contratos que se habrían suscrito igualmente aunque no existiera el incentivo, excepto en los casos en que se trata de incorporar al empleo a colectivos muy delimitados. El segundo, porque causan un agujero apreciable en las ya de por sí delicadas cuentas de la Seguridad Social.

El aumento planteado por Escrivá supondrá entre cinco y 10 euros más de descuento en las nóminas, a partir de 2023 y durante 10 años. Esa recaudación adicional se destinará exclusivamente para cubrir las desviaciones del gasto en pensiones. El ministerio calcula que con el 0,5% adicional conseguirá 1.000 millones de euros anuales más con los que nutrir el Fondo de Reserva. La conocida como hucha de las pensiones se ha quedado con sólo 2.138 millones de euros tras ser vaciada a partir de 2012 tras ser vaciada a partir de 201para hacer frente al déficit de la Seguridad Social. En sus mejores años llegó a tener un saldo de 63.000 millones.

Dos puntos por debajo de la media europea

Las fuentes sindicales consultadas consideran que ese aumento de 1.000 millones es asumible para las empresas. Hay un motivo adicional: la comparación europea.

Las cotizaciones sociales representan en España el 35,2% de la recaudación fiscal total, según las cifras del informe sobre Tendencias Fiscales en la UE 2021, elaborado por la Comisión Europea. Ese porcentaje es ligeramente superior a la media comunitaria, el 32,7%, y de la zona euro, el 34,4%. La superan Eslovaquia, Chequia, Eslovenia, Rumania, Alemania y Polonia. En los cuatro primeros países, las cotizaciones sociales equivalen a más del 40% de la recaudación. En Alemania suman el 39,5%.

Sin embargo, en relación con el PIB, las cotizaciones sociales suponen en España el 17,5%. Un porcentaje que la coloca en la mitad de la tabla europea: el puesto 14 de 27. La media comunitaria es del 18,4% y del 18,7% en la zona euro. En Alemania, las cuotas equivalen al 20,4% del PIB, en Francia al 21,2% y en Italia al 18,2%. Es decir, lo que se recauda por ese impuesto al trabajo en España está por debajo de la norma en Europa: dos puntos por debajo de la media y entre tres y cuatro de Alemania y Francia.

Donde sí hay diferencia es en el porcentaje de PIB que se cobra a empresas y a trabajadores. En España el 9% lo paga el empleador y el 7,1% el empleado. La media de los 27 es un 8,2% para la empresa y un 10,2% para el trabajador, casi lo mismo que para la zona euro. En Alemania también es más lo que contribuyen los empleados, el 13,5% del PIB, que las empresas, el 6,9%. Pero en Francia e Italia, el reparto es equivalente al español: un 12,4% del PIB lo retribuyen las empresas francesas –casi tres puntos y medio más que las españolas–, por un 8,8% sus trabajadores, mientras que el 9,8% corresponde a los empleadores italianos y un 8,4% a sus asalariados.

El mismo informe utiliza otro concepto para medir la carga tributaria sobre el trabajo: la cuña fiscal. Mide la suma del IRPF y las cotizaciones sociales del trabajador y del empresario y resta los subsidios familiares. Se trata de un porcentaje de los costes laborales totales; es decir, de la suma del salario bruto y las cotizaciones a la seguridad social pagadas por la empresa.

En España, la cuña fiscal para un trabajador de bajos ingresos –que cobre el 50% del salario medio– sin hijos era en 2019 y en 2020 del 27,9% de los costes laborales totales. En 2007, antes de la crisis financiera y del ladrillo, alcanzaba el 30,9%. Ha bajado tres puntos. Y llegó a su máximo en los peores años de la crisis, 2012 y 2013, con un 32,1% y 32,3%, respectivamente. Pues bien, esa cuña es inferior a la media de los 27, que asciende al 31,3%. Ha descendido desde el 33,4% en que estaba situada en 2007. Donde es mayor el bocado que se le quita en la nómina a los trabajadores es en Alemania, donde la cuña fiscal se eleva al 41,9% del coste laboral bruto. En Italia es del 35,2%. En Suecia, del 38,9%. Y en Hungría llega al 43,6%.

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Las rebajas de cuotas casi no se notan en el empleo

Frente a la demanda empresarial recurrente de rebaja en las cotizaciones, un estudio firmado por los profesores Óscar Bajo Rubio, de la Universidad de Castilla-La Mancha, y Antonio Gómez Gómez Plana publicado en la revista de Funcas, la fundación de las cajas de ahorro, concluye que ese recorte tendría unos efectos “muy moderados” en los niveles de actividad y una reducción “muy ligera” de la tasa de desempleo. Según las simulaciones que realizaron ambos autores, un descenso del 10% en las cotizaciones sociales a cargo de los empresarios sólo aumentaba el PIB un 0,3% y el empleo entre un 0,8% y un 1%, mientras que recortaba la tasa de paro en apenas el 0,5%.

Ahora, el aumento de cotizaciones, tanto para empresas como para trabajadores, sería del 0,5%. “No es un drama”, aseguró ayer el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, “en 1982 estaban en el 32% y ahora se encuentran algo por encima del 28%, por lo que se han reducido cerca de cuatro puntos desde entonces”. El dirigente de CCOO, Unai Sordo, ha pedido “medidas adicionales” al alza de las cuotas porque ésta es “muy limitada”. “Sólo con esa subida no se podrá afrontar el reto futuro del mayor gasto en pensiones”, advirtió en declaraciones a RNE.