Hacienda recaudó en 2017 por el impuesto sobre sociedades 23.143 millones de euros, casi la mitad de lo que ingresó una década antes. En su último informe de recaudación, la Agencia Tributaria reconoce que, pese a haberse “culminado el proceso de recuperación” de los beneficios de las empresas entre 2016 y 2017, no lo han hecho ni la base imponible –los beneficios a efectos fiscales– ni el impuesto que los grava. Un comportamiento bien distinto al del IRPF, que no sólo triplica la recaudación del impuesto sobre sociedades –con unos ingresos de 77.038 millones en 2017–, sino que, además, supera ya las cifras precrisis, cuando los asalariados pagaron un total de 72.614 millones de euros al fisco.
El mismo informe atribuye a las grandes compañías un tipo efectivo de sólo el 6,14% para 2016 –no aporta datos aún de 2017–, mientras que el resto de las empresas, las que no integran grupos consolidados, tributan al 15,4%, más del doble. En ambos casos, muy por debajo del tipo nominal del impuesto, que es del 25%. Esos tipos efectivos se refieren a la cantidad que pagan las empresas respecto de sus resultados contables. La Agencia Tributaria también calcula el tipo efectivo respecto de la base imponible y, aunque es superior, el 19,01% para las grandes empresas y el 22,6% para las demás, ambos grupos siguen por debajo del tipo nominal.
Si entre las mayores compañías se pone el foco en las entidades financieras, su contribución en el impuesto de sociedades es aún menor. Según las declaraciones a las que ha tenido acceso infoLibre, del Banco Santander, Bankia, BMN y Banco Popular, la factura fiscal fue igual a cero en 2015 y 2016 para los tres primeros. El último pagó 24 millones de euros en 2015. Santander también abonó cero euros al fisco por sus beneficios en 2013 y 2014. Es más, el informe de contribución fiscal que la CECA, la patronal de las antiguas cajas de ahorro, lleva elaborando desde 2016, revela que el saldo con el fisco por el impuesto sobre sociedades les ha salido a su favor a estas entidades en 175 millones de euros los dos últimos ejercicios.
El colador de las deducciones
Los bancos se pueden aplicar, al igual que cualquier otra empresa, toda una batería de deducciones y bonificaciones sobre su base imponible, que la rebajan y pueden proporcionarles una cuota líquida –lo que deben pagar– que en los casos citados más arriba llega a ser igual a cero. Como Hacienda exige que a lo largo del año se adelante el pago del tributo “para anticipar fondos al Tesoro Público a cuenta del impuesto definitivo”, cuando se hace la liquidación final, el fisco les devuelve todo el dinero que han adelantado. O incluso más como en el caso de las antiguas cajas.
Según la Agencia Tributaria, en 2015 las entidades financieras se aplicaron deducciones, exenciones y otros ajustes a sus resultados contables por un importe total de 24.453,27 millones de euros, de los cuales casi un tercio –8.789,2 millones– corresponden a exenciones por doble imposición sobre los dividendos y las rentas que las entidades reciben de filiales de las que poseen al menos un 5% del capital o en las que su participación supera los 20 millones de euros.
Estas figuras están sujetas a permanente discusión. En su informe Apuesta por el crecimiento del pasado mes de marzo, la OCDE recomienda a España que “elimine gradualmente las exenciones al impuesto sobre la renta, el impuesto de sociedades, el IVA y los impuestos medioambientales”. En julio, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, anunció que la intención del Gobierno es eliminar esa “arquitectura de deducciones” que reduce el tipo por el que realmente tributan las grandes empresas.
Ya el anterior titular de Hacienda, Cristóbal Montoro, propuso suprimir algunas de ellas. También lo hizo el comité de sabios que reunió el Gobierno de Mariano Rajoy para preparar la reforma fiscal de 2014: en concreto, la deducción por reinversión de beneficios, por actividades en I+D+i o las vinculadas a la creación de empleo.
Por los llamados beneficios fiscales –el conjunto de las exenciones, deducciones y bonificaciones– el Estado dejará de recaudar este año un total de 34.825,11 millones de euros, tal y como está previsto en los Presupuestos Generales. Un 9,3% más que el ejercicio anterior. De esa cantidad, corresponden al impuesto de sociedades 3.453,44 millones de euros, nada menos que un 62,3% por encima de las ventajas fiscales concedidas en 2017.
De ellas, la mayor parte corresponde a los ajustes en la base imponible –la cifra a la que finalmente se aplica el tipo del impuesto–, que incluyen los diferentes regímenes especiales de tributación –navieras, entidades sin fin de lucro– o los incentivos al mecenazgo. Pero también hay deducciones por contratar a discapacitados, por innovación tecnológica, por invertir en Canarias, por reinvertir beneficios extraordinarios, por donaciones… Sin olvidar los tipos reducidos de las cooperativas, las socimi –sociedades anónimas cotizadas de inversión en el mercado inmobiliario– o las sociedades de inversión, por ejemplo.
Una tributación mínima del 20%
José María Mollinedo, secretario general de Gestha, el sindicato de técnicos de Hacienda, cree no obstante que eliminar las deducciones no es tan eficaz como garantizar que los bancos paguen un mínimo sobre el resultado contable en el impuesto de sociedades, que si en el caso de las grandes empresas sería del 15% –tal y como ha propuesto el PSOE– en el de los bancos debería elevarse al 20%, puesto que ya ahora se les aplica un tipo del 30%, cinco puntos porcentuales superior al tipo general del 25%.
A su juicio, esa tributación mínima tiene mayor eficacia recaudatoria que imponer una tasa bancaria sobre el pasivo, otras de las posibilidades manejadas por el Gobierno. Mollinedo calcula que la tasa –a imagen de la Bank Levy británica– sólo se traduciría en un aumento de los ingresos de 1.000 millones de euros. Además, la aplicación del suelo mínimo del 20% tendría efectos inmediatos, mientras que tocar las deducciones requeriría un cambio legislativo sin carácter retroactivo y que, por tanto, no afectaría a las acumuladas de ejercicios anteriores.
Créditos fiscales para desgravar durante años
Además, en los últimos años, los bancos han utilizado con profusión los llamados activos fiscales diferidos (DTA) para rebajar sus pagos al fisco. Su origen está en las provisiones que realizaron durante la crisis –para cubrir el riesgo de los créditos e inmuebles tóxicos–, las aportaciones a los planes de pensiones de sus plantillas y las pérdidas de ejercicios anteriores, así como en ajustes entre conceptos contables y fiscales. Estas cantidades no son deducibles en el impuesto de sociedades, pero Hacienda permite a los bancos acumularlas en forma de DTA y utilizarlos en los siguientes ejercicios para desgravar.
Al menos hasta ahora. Desde este año, las provisiones pasan a ser deducibles fiscalmente en el mismo ejercicio en que se doten y dejan de generar créditos para el futuro. Recortarán igualmente la factura con Hacienda, pero en el año en curso.
En cualquier caso, el BCE calcula que 75 de los 119 bancos europeos que supervisa tiene DTA equivalentes a cinco años del impuesto de sociedades, mientras que otros 10 bancos suman DTA suficientes para no pagar al fisco entre seis y 10 años.
España es el país de la UE cuyos bancos acumulan el mayor volumen de DTA. Al menos en términos absolutos, según publicaba el BCE con datos de 2014 –porcentualmente, el récord lo posee Grecia–. Con cifras de 2017, las entidades integradas en la Asociación Española de Banca (AEB), la patronal del sector, suman 37.973 millones de activos fiscales diferidos netos, mientras que las antiguas cajas de la CECA acumulan 43.071,77 millones. Es decir, el total alcanza los 81.044,77 millones de euros. Es el colchón fiscal con que cuenta el sector financiero español para rebajar su factura con Hacienda en los próximos años.
El Banco de España atribuye el elevado volumen nacional de DTA a dos causas: el “carácter restrictivo de las normas contables y fiscales” y los llamados decretos Guindos, que en 2012 aumentaron “significativamente” la exigencia de provisiones extraordinarias para sanear los balances de las entidades de crédito, atestados de ladrillo tóxico. Como esa mayor cifra de provisiones no las acepta la normativa como gasto fiscal, el volumen de DTA se disparó en los balances de las entidades españolas.
Lo improbable se hizo real
Los seis principales bancos –Santander, BBVA, Caixabank, Bankia, Sabadell y Bankinter– cuentan con unos activos fiscales diferidos netos de 56.975 millones de euros a fecha de 31 de diciembre de 2017, según se extrae de sus cuentas anuales. Proceden de provisiones 36.982 millones, el 65%, mientras que tienen su origen en pérdidas de años anteriores sólo 9.934 millones. Por aportaciones a planes de pensiones de las plantillas se anotan 7.641 millones más.
Estos activos fiscales, además, han servido durante estos años para reforzar el capital de máxima calidad de los bancos. Pero la normativa europea obliga desde 2014 a las entidades a ir eliminando los que dependan de los beneficios futuros para ser compensados. Para evitar el agujero que supondría su supresión, el Gobierno del PP decidió garantizar la recuperación de algunos de estos DTA. En concreto, de los que tienen su origen en provisiones para insolvencias o bienes adjudicados, así como en aportaciones para planes de pensiones. Es decir, quedan excluidos los originados en pérdidas. Además, los bancos sólo pueden reclamarlos a Hacienda si tienen pérdidas o en caso de insolvencia o liquidación. Para recuperarlos se les otorga un plazo de 18 años desde que fueron contabilizados, y si lo sobrepasan, las entidades pueden canjearlos por deuda pública.
Cuando se presentó la medida, el ministro de Economía, Luis de Guindos consideró altamente improbable que se produjeran las circunstancias que obligarían a Hacienda a pagar esos créditos fiscales, con el consiguiente impacto en las cuentas públicas. También el Banco de España, en su informe de estabilidad financiera de 2015, veía “muy reducida” la probabilidad de que se dieran las situaciones que obligarían a Hacienda a reintegrar esos créditos garantizados, también llamados monetizables.
Sin embargo, ya ha ocurrido dos veces. La liquidación del Popular ha llevado al Santander, que lo adquirió en 2017, a reclamar al fisco el reintegro de 485 millones de euros correspondientes a 2016 y 1.000 millones a 2017. Y las pérdidas de BMN han permitido a Bankia pedir a Hacienda 38 millones de euros tras absorberlo el año pasado.
Mejor eliminar las deducciones que un impuesto específico
El profesor de Economía de la Universidad Pompeu Fabra José García Montalvo defiende los DTA. “Los bancos utilizan los créditos fiscales como cualquier otra empresa que ha tenido pérdidas antes”, alega. Y para conseguir que el Estado se los garantice deben pagar una prestación patrimonial que, aun voluntaria, “ninguna entidad puede dejarla correr, en realidad es una cantidad forzada”, asegura. En 2017 pagaron 471 millones a Hacienda por este concepto. “Cuestión distinta es si tiene sentido que las empresas puedan deducirse esos créditos fiscales durante años y años”, matiza también.
García Montalvo rechaza que a la banca se le aplique un impuesto específico y critica el recargo y la tasa bancaria que soportan las entidades financieras en Reino Unido. “Es una multa encubierta por lo que hicieron algunos bancos”, explica. Si se quiere subir los impuestos, debe aprobarse para todas las empresas “o por tamaños, pero no por sectores”. O bien podrían eliminarse los agujeros que suponen las deducciones y exenciones fiscales, igualmente a todas las compañías.
Para el profesor de la Pompeu Fabra, el anuncio de un impuesto para la banca es un castigo para un sector al que se ha culpado de la crisis, pero cuya recuperación es, subraya, frágil. La escasa rentabilidad del negocio bancario lastra su cotización en bolsa. García Montalvo recuerda que la acción del Santander ha perdido un 63% desde septiembre de 2008 –cuando quebró Lehman Brothers– hasta ahora. Entonces valía 12 euros; hoy cotiza a sólo 4,36 euros. Los bancos del Íbex 35 han perdido un 20% sólo en el último año. “Si las entidades reducen sus beneficios por la mayor carga fiscal, se recortará su capital y serán más inestables”, analiza.
Caída de márgenes
También Julio Rodríguez, expresidente del Banco Hipotecario y miembro de Economistas frente a la Crisis considera “problemático” un impuesto específico para la banca. Y coincide con García Montalvo en que debería atenuarse la preponderancia de los activos diferidos como descuento fiscal. La tasa sobre las transacciones financieras, otra vía de ingresos que se está desarrollando en la Unión Europea y el Gobierno quiere aprobar en España, es una fórmula más viable, según Julio Rodríguez, que optar por un recargo en el impuesto de sociedades sólo para la banca. “Las entidades financieras ya no tienen los márgenes de antes”, advierte, “y las que carecen de negocio fuera de España lo están pasando mal”.
Santiago Carbó, catedrático del Colegio Universitario de Estudios Financieros (Cunef), apunta en la misma dirección: reconoce que las “especificidades” del sector bancario pueden darle “ciertas ventajas”, pero aplicarle un nuevo impuesto “dañará su solvencia, generando un problema adicional que no conviene a nadie”. Por el contrario, Carbó cree que la política adecuada sería que el Estado, la UE y los reguladores bancarios internacionales pusieran “todos los instrumentos posibles para que no haya que utilizar dinero público en la próxima crisis, en lugar de generar más inestabilidad”. Y repite el argumento del mal comportamiento en bolsa de los bancos y sus problemas de márgenes: “No tienen la capacidad de rentabilidad que tenían hace 20 años; además, las exigencias de capital de los reguladores desaniman a los inversores”.
Una reforma fiscal es necesaria, en opinión del catedrático de Cunef, pero “para todos, en profundidad, que aguante 20 años”. Por el contrario, crear nuevos impuestos sólo para el sector financiero se le antoja una medida pensada únicamente para obtener “ganancias políticas” y cuyo origen sitúa en el rescate con dinero público y en la etiqueta de “malos” que se ha colgado a los bancos como responsables de la crisis. “Lo lógico es que se penalice a los díscolos, que devuelvan el dinero o lo que decida la justicia, pero no hay que olvidar que, cuando se les rescató, también se rescataron los ahorros de los ciudadanos”, protesta. Tampoco es partidario Carbó de cambiar la política de recuperación de los créditos fiscales: “Supondría recalibrar la solvencia del sector”.
Para compensar por el rescate público
Montero renuncia a implantar por ahora el impuesto a la banca, pero no descarta hacerlo más adelante
“Los bancos deberían hacer un esfuerzo adicional y pagar más”, opone Josep Bertrán, responsable de programas financieros de EAE Business School. “Puesto que el Estado sale a su rescate cuando tienen problemas, cuando les va bien lo razonable es que lo compensen”, sostiene. A diferencia de lo que ocurre con cualquier otra empresa, que cierra cuando sufre problemas de solvencia, el riesgo sistémico –de contagio al resto de la economía– que se atribuye a los bancos les ha permitido ser rescatados con dinero público que, además, en España se da por perdido, explica Bertrán. “Cuando tengo problemas, me los solventan otros, y cuanto tengo beneficios me los quedo yo”, resume.
El problema estriba en que tanto si se les aplica un recargo en el impuesto de sociedades como una tasa bancaria o cualquier otro tipo de tributo, “el contribuyente efectivo no van a ser las entidades financieras, sino el cliente, que lo acabará pagando siempre en forma de comisiones y servicios”, alerta el profesor de EAE. O bien continuarán los bancos con la “reconversión brutal” en la que están embarcados, cerrando oficinas y recortando plantillas. “Lo que está claro”, concluye, “es que van a seguir ganando dinero”. ¿Una solución? Un sistema fiscal unificado en la Unión Europea, recomienda Josep Bertrán.
Para el profesor de EAE, que reconoce el “momento complicado” que atraviesa el sector, se trata de un tema de “difícil control”. Si los bancos no trasladan a los clientes el impuesto, se reducirán sus beneficios netos y, como sólo afectará a su actividad dentro de España, lo notarán más Bankia, Caixabank o Banco Sabadell,BankiaCaixabank por ejemplo. Pero disiente sobre la mala salud bursátil del sector, que atribuye más a problemas de riesgo que a los menores márgenes. “Es cierto que, con los tipos de interés a cero, los márgenes financieros son más bajos que hace 20 años, pero si se miran las cuentas de los bancos, los ingresos por comisiones se han disparado y te cobran absolutamente por todo”.
Hacienda recaudó en 2017 por el impuesto sobre sociedades 23.143 millones de euros, casi la mitad de lo que ingresó una década antes. En su último informe de recaudación, la Agencia Tributaria reconoce que, pese a haberse “culminado el proceso de recuperación” de los beneficios de las empresas entre 2016 y 2017, no lo han hecho ni la base imponible –los beneficios a efectos fiscales– ni el impuesto que los grava. Un comportamiento bien distinto al del IRPF, que no sólo triplica la recaudación del impuesto sobre sociedades –con unos ingresos de 77.038 millones en 2017–, sino que, además, supera ya las cifras precrisis, cuando los asalariados pagaron un total de 72.614 millones de euros al fisco.