Burofax mediante, Leo Messi abandona el Barça, y es más que probable que también España, sin haber puesto al día su poco ejemplar currículo fiscal. El próximo 8 de septiembre se reanuda en el Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional la causa contra el jugador argentino, su padre y su hermano, por delito fiscal, contable, estafa y blanqueo de capitales en relación con la Fundación Leo Messi. Ese día se tomará declaración al denunciante, Federico Rettori, un ciudadano argentino que trabajó para la citada fundación entre 2012 y 2015. La declaración se fijó en principio para el pasado 17 de marzo, pero el estado de alarma y el confinamiento forzaron su traslado al próximo mes.
Según detalla Rettori en su denuncia, la fundación que lleva el nombre del futbolista recibió pagos que no fueron destinados a los fines sociales que según sus estatutos está obligada a cumplir. “Fondos que originalmente debían ser destinados a acciones sociales fueron desviados a otro tipo de actividades privadas o cuentas distintas a las declaradas por dicha fundación”, asegura. Utilizando “beneficios fiscales que legalmente no le correspondían”, la denuncia sostiene que el FC Barcelona y la fundación se ahorraron millones de euros en el pago de impuestos.
Esos mismos hechos también se encuentran bajo investigación judicial en Argentina. De hecho, el Juzgado Federal en lo Penal Económico tiene en el punto de mira a los Messi por un supuesto blanqueo de dinero a través de la fundación. La Fiscalía Nacional de ese país solicitó en su día que se levantara el secreto bancario y fiscal de la fundación y de la madre del futbolista, Celia María Cuccitini, que aparece como titular junto a su marido, Jorge Horacio Messi, de una de las empresas de la familia, Limecu. También pidió al Banco de la Nación Argentina que detalle todos los movimientos de la cuenta corriente de la fundación y requirió a los tribunales españoles que solicitaran al FC Barcelona la relación de donaciones, pagos y transferencias que el club hubiera realizado a las dos fundaciones de nombre similar –Fundación Privada Leo Messi Argentina y Fundación Privada Leo Messi– creadas por la familia del delantero culé en su país de origen.
Ambos procesos pueden suponer el regreso de los Messi a los tribunales, que ya los condenaron por delito fiscal con sentencia firme. En mayo de 2017 el Tribunal Supremo ratificó la sentencia de la Audiencia de Barcelona que había condenado casi un año antes a Leo Messi a 21 meses de prisión por tres delitos contra la Hacienda Pública. A su progenitor le rebajó la pena como cooperador necesario de 21 a 15 meses. Ambas sentencias se refieren exclusivamente a los derechos de imagen del jugador, por cuyos ingresos no tributó en España. En concreto, Messi defraudó al fisco un total de 41,1 millones de euros entre 2007 y 2009. Ni el delantero ni su padre pisaron la cárcel tras conmutar la Audiencia las penas de prisión por una multa de 252.000 euros el primero y de 180.000 euros el segundo.
Sin embargo, el delantero argentino, su familia y su fundación tienen más frentes fiscales abiertos en España. Ya no por los derechos de imagen, sino por el IRPF. A partir de febrero de 2016, la Agencia Tributaria sometió al FC Barcelona a una inspección de los ejercicios comprendidos entre 2011 y 2014, que en noviembre se amplió a 2015. Y, en junio de 2017, los inspectores también comenzaron a investigar las facturas fiscales de la Fundación Leo Messi, a la que el Barça había pagado 12,7 millones de euros en donaciones entre 2010 y 2016. Los inspectores sospechaban que esos importes eran parte de los rendimientos del trabajo del deportista, lo mismo que los pagos realizados a dos sociedades, Sidefloor y Limecu, en las que el padre del jugador figuraba como su agente. Para reducir la cuantía del “salario” de Messi –y por tanto para pagar menos IRPF, cuyo tipo máximo es del 45%–, el club y el argentino firmaron unos contratos cuyo objeto no era real.
Se trata del mismo esquema fiscal que el Barça utilizó también con el brasileño Neymar da Silva. Tras ser denunciado igualmente por la Agencia Tributaria, el acuerdo entre el club, la Fiscalía y la Abogacía del Estado que condenó al FC Barcelona a una multa de 5,5 millones de euros en diciembre de 2016 constataba que estos contratos “simulaban” el objeto real de los pagos y encubrían las verdaderas retribuciones del ahora jugador del PSG.
Recurso en el TEA
Según los documentos de Football Leaks en poder de Der Spiegel que la revista alemana comparte con el resto de los miembros de la red European Investigative Collaborations (EIC), a la que pertenece infoLibre, el FC Barcelona abonó un total de 11,14 millones de euros al padre de Messi a través de las dos sociedades citadas, Sidefloor hasta 2014 y Limecu en 2015 y 2016. Como publicó este periódico, el club, temeroso del resultado de las inspecciones fiscales a las que estaba siendo sometido entonces, recomendó a Messi que presentara una declaración complementaria, tanto por los pagos a su padre como a la fundación.
La inspección fiscal abierta al Barça en febrero de 2016 concluyó en mayo de 2018 con actas de conformidad de 10,28 millones de euros, más 2,38 millones en intereses de demora, por el impuesto de sociedades, el IVA y el IRPF y las retenciones de no residentes. Así como con 800.000 euros en sanciones. En total, el club pagó a Hacienda 13,47 millones de euros.
Pero también debía abonar 13,49 millones, más 3,29 millones en intereses de demora, derivados de actas en disconformidad en las que el fisco advertía la existencia de “indicios de comisión de infracciones tributarias”. Esas actas están recurridas ante el Tribunal Económico Administrativo (TEA). Y el FC Barcelona ha provisionado 14,29 millones de euros en sus cuentas para hacer frente al posible pago.
Desde 2015 Hacienda examina con lupa los contratos que los agentes de los futbolistas de élite firman con los clubes. Según el criterio de los inspectores, las cantidades que los equipos abonan a estos intermediarios son pagos al deportista y deben ser considerados parte de su salario, puesto que los supuestos servicios que el agente presta al club los presta, en realidad, al jugador, y es éste quien debe luego retribuir a su representante por ellos. De ahí el interés de Hacienda por los contratos firmados por Messi y su fundación con el que ahora deja ya de ser su club.
Pagos en Luxemburgo, Curaçao y Hong Kong
Veinte años después de llegar al Barça, Messi se va por tanto dejando tras de sí una huella fiscal tan clara como la deportiva, generada por varias estructuras especialmente diseñadas para engañar a Hacienda. Football Leaks desentrañó algunas.
Por un lado, Sidefloor. La sociedad que figuraba como su agente deportivo estaba domiciliada en Londres y tenía a su frente a un hombre de paja, un administrador británico que también ejercía como tal en al menos un centenar de empresas. Sidefloor gestionaba los contratos publicitarios de Messi a cambio de una comisión y, al tiempo, recibía pagos del Barça supuestamente por trabajar como cazatalentos deportivo en Argentina –la misma operativa fue utilizada con el padre de Neymar–. Los envíos de dinero se realizaban a través de la sucursal del andorrano Andbank en Luxemburgo. Cuando esta sociedad pantalla –que a su vez contrató la gestión de los derechos de imagen con otra empresa, Forsyl, radicada en Uruguay, otro paraíso fiscal, y propiedad de Jorge Messi– quedó expuesta ante la Agencia Tributaria y la Audiencia de Barcelona, el Barça replicó el mismo sistema de contratos simulados y pagos con Limecu, domiciliada en Rosario (Argentina) y controlada directamente, esta sí, por los Messi.
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Por otro, los Amigos de Messi. El digital francés Mediapart y la revista alemana Der Spiegel también destaparon la operativa oculta tras la gira de partidos benéficos que con ese nombre organizó la Fundación Leo Messi en 2012 y 2013, y que terminó en los tribunales. Los medios de la red EIC consiguieron el informe que la Guardia Civil elaboró en 2015 sobre lo que sospechaban era un caso de fraude fiscal perpetrado por el jugador argentino y su padre. La jueza de Barcelona que lo investigó se negó a enviar las comisiones rogatorias a ocho países diferentes que la Guardia Civil le había solicitado. Tampoco accedió a pedir las declaraciones a Hacienda de Messi y de su fundación desde 2011. Y archivó la causa.
Pero el esquema que dibuja el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) es revelador. La fundación del delantero no percibió ni un euro de la gira Amigos de Messi, pero 1,5 millones de dólares generados por esos partidos se transfirieron a dos cuentas offshore de Curaçao y Hong Kong offshoredesde otra empresa con sede en Uruguay. Unicef, en cambio, sólo recibió 300.000 dólares y no está claro que procedieran del dinero de los partidos. Ninguna ONG de los países donde se celebraron los encuentros –México, Colombia, Perú, Estados Unidos– percibió donaciones, pese a que se los prometieron. En teoría, la recaudación debería haberse destinado a ayudar a niños sirios refugiados y a menores con enfermedades incurables en Argentina. A cambio de entradas con importes desde 55 hasta 2.500 dólares, dependiendo del país, los espectadores podían ver jugar a Neymar, Alves, James, Falcao, Drogba y otras estrellas. Que cobraron cantidades sustanciosas, hasta de 250.000 dólares por un solo partido.
Al frente de la organización de los encuentros se situaba Players Image, propiedad de Guillermo Marín, un agente deportivo cercano a Jorge Messi. Esa sociedad también aparece en la condena contra el delantero dictada por la Audiencia de Barcelona: negoció dos acuerdos de patrocinio, con Telefónica y Pepsi, cuyos ingresos el futbolista ocultó a Hacienda.
Burofax mediante, Leo Messi abandona el Barça, y es más que probable que también España, sin haber puesto al día su poco ejemplar currículo fiscal. El próximo 8 de septiembre se reanuda en el Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional la causa contra el jugador argentino, su padre y su hermano, por delito fiscal, contable, estafa y blanqueo de capitales en relación con la Fundación Leo Messi. Ese día se tomará declaración al denunciante, Federico Rettori, un ciudadano argentino que trabajó para la citada fundación entre 2012 y 2015. La declaración se fijó en principio para el pasado 17 de marzo, pero el estado de alarma y el confinamiento forzaron su traslado al próximo mes.