En 2050 habrá solo un trabajador por pensionista: el envejecimiento desafía el sistema de dependencia
La tasa de dependencia es un índice demográfico que expresa la proporción entre la población dependiente y la activa. Es decir, el primer grupo depende de las prestaciones y cotizaciones que generan aquellos que están trabajando. En España el envejecimiento está condicionando este delicado equilibrio, de hecho, la tasa de dependencia de la población mayor de 64 se situó el año pasado en el 31,3%, casi ocho puntos porcentuales más que hace diez años. Más personas mayores se traduce en un mayor gasto en pensiones pero también en sistemas de ayuda a la dependencia y, en este sentido, los expertos de Fedea y el Consejo de Economistas advierten de que este será uno de los principales desafíos para la economía. Así, según las estimaciones de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), en 2050 solo habrá un trabajador por cada pensionista, frente a los dos que hay actualmente.
“No todo debe centrarse en las pensiones, también debemos garantizar un sistema de atención que responda a las necesidades actuales y futuras de nuestra población”, apuntó el economista Ángel de la Fuente, director ejecutivo de Fedea, en la presentación de los datos. Porque la sostenibilidad de las pensiones suele acaparar este debate, pero otro de los grandes desafíos será garantizar que quienes se hacen mayores dispongan de la asistencia necesaria, y eso, también requerirá de un esfuerzo económico mayor por parte del Estado.
Este escenario tendrá un serio impacto en el Sistema para la Autonomía y la Atención a la Dependencia (SAAD), conocido a secas como sistema de dependencia. Esta figura está pensada para atender las necesidades de personas dependientes o vulnerables y se financia desde el Gobierno y desde las autonomías. Los datos presentados por los economistas, señalan que en los últimos años el dinero que se ha aportado a estos proyectos ha ido aumentando, pero el ritmo al que crece la población mayor también es muy alto. En 2022 el presupuesto en dependencia creció un 19% y en 2023 lo hizo un 15%, hasta los 7.116 millones. Esto hizo que mejorasen algunos aspectos como las listas de espera para acceder a algún tipo de asistencia, que se redujeron en un 11% desde 2019. Sin embargo, los tiempos de tramitación siguen siendo muy largos, de 334 días desde que se realiza una petición formal. De hecho, datos de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, apuntan que desde 2020 han fallecido 126.133 personas a la espera de su ayuda.
“Si bien ha habido avances, esto evidencia que no son suficientes”, apunta la nota remitida por el Consejo de Economistas. “El gasto en cuidados de larga duración será una de las principales presiones sobre las finanzas públicas en los próximos años debido al proceso de envejecimiento que ya enfrenta la sociedad española”, coincidió Ignacio Fernández-Huertas, director de la División de Análisis Presupuestario de la AIReF. Por comunidades, algunas tienen peores perspectivas que otras. Nueve comunidades están por encima de la media nacional (31,3%) y el peso de los mayores se acentúa sobre todo en Asturias, Castilla y León o Galicia, donde los tres territorios rebasan el porcentaje del 40%.
En las previsiones de la AIReF, esperan que la población española pase de los 47,4 millones, hasta los 50,3 en 2050. En estas estimaciones tienen en cuenta que cada vez vivimos más años y también que llegan más migrantes. Aunque cabe destacar, que los beneficiarios de ayudas a la dependencia de larga duración se concentran más allá de los 75 años. Es decir, no solemos requerir atención continuada antes de esa edad (solo en torno a un 4% de mujeres y un 5% de hombres la recibe) y el coste promedio de este servicio oscila entre los 3.700 y los 10.000 euros, dependiendo de la franja de edad y del grado de dependencia.
Pero la longevidad de la población española (la esperanza de vida en España se sitúa en los 82,2 años en mujeres y en los 79,5 en hombres) y el aumento de la población mayor harán que el gasto en estas prestaciones de cuidado siga creciendo. En concreto, el gasto en cuidados de larga duración se situó en 2022 en un 0.8% del PIB nacional y las estimaciones de los expertos señalan que para 2050 representará el 1,7%.
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En España, en el año 2022, el 13,6% de la población de 65 años o más recibía ayudas para la dependencia, lo que representa un incremento de 1,2 puntos porcentuales respecto al año 2021 y un porcentaje significativamente superior al promedio de la OCDE. Las ayudas mejoran la vida de los asistidos, pero también contribuyen a rebajar la carga de trabajo de familiares o cónyuges.
“Es cierto que el grueso de la ayuda a la dependencia recae en los familiares. Sin embargo, la tendencia desde la introducción del SAAD en 2007 es a la reducción de las prestaciones familiares y el aumento de las prestaciones de servicios, facilitando la reducción de la carga familiar, sobre todo de las mujeres”, explica Sergi Jiménez-Martín, catedrático de Economía de la Universitat Pompeu Fabra. Porque ellas siguen siendo las que más cuidan y, según los datos oficiales, en diciembre de 2023, el 88,2% de las cuidadoras registradas como no profesionales eran mujeres. Por ello, y con la llegada a la edad de jubilación de la prolífica generación del baby boom, que aumentará la probabilidad de necesitar mucho más estos servicios, los expertos señalan la necesidad de profesionalizar y potenciar las condiciones de este sector.
“Queda mucho camino que recorrer de cara a posibilitar un cambio de paradigma”, concluyó el experto de la Universitat Pompeu Fabra. Entre las propuestas, los expertos inciden en la necesidad de promover una mayor estabilidad laboral en el sector y unos salarios más competitivos. Finalmente, otras de las líneas de actuación que han explorado, es la recomendación de establecer una coordinación entre el sistema público de atención sanitaria y la atención a la dependencia para evitar duplicidades.
